Reunión CC. OO.-PSOE de Soria sobre la privatización de los registros civiles

A iniciativa del sindicato CC. OO., se mantuvo una reunión de trabajo, el pasado día 6 de marzo, en la sede del PSOE de Soria, con el diputado socialista por Soria en el Congreso Félix Lavilla y el procurador socialista Javier Muñoz, en el que se abordó la reforma que plantea el Gobierno del PP con relación a los registros civiles, ya que “se pretende privatizar este servicio ahora público y gratuito que pasaría a ser de pago y gestionado por los registradores de la propiedad” por lo tanto sería un servicio de pago, privatizado, en el que solo ganaría este colectivo”. En el transcurso de la reunión se abordó cómo afectaría, de salir adelante, esta reforma a la provincia de Soria, junto con otras medidas que plantea el Gobierno Rajoy, “desmantelando servicios jurídicos, con toda probabilidad, en los Juzgados de Almazán y Burgo de Osma”.

En este sentido, hubo coincidencia total en señalar que “el desmantelamiento de servicios públicos en la provincia de Soria acelera la despoblación del medio rural y agrava este problema, que salvo en los últimos 7 años 2004-2011, con un crecimiento de la población soriana en 3.571 personas, es uno de los principales problemas, situación que se ha agravado con los recortes sociales y de servicios en estos dos años largos de gestión del Gobierno Rajoy”.

En cuanto a los servicios, ahora públicos y gratuitos, que “pasarían a ser de pago”, se señalaron los siguientes:
- Acceso a los Juzgados y Tribunales (desde la aprobación de las Tasas Judiciales ha dejado de ser un servicio gratuito),
- Registro Civil (Con la entrega de este servicio a los Registradores de la Propiedad dejará de ser un servicio gratuito),
- Cercanía a los Juzgados y Tribunales ( Con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y nueva ley de demarcación y planta, se suprimen los Juzgados de Paz, Partidos Judiciales, Audiencias Provinciales y todos los Juzgados unipersonales, lo que supondrá el alejamiento del servicio de los ciudadanos). Los desplazamientos corren por cuenta de los ciudadanos.

“No hay que olvidar que el Gobierno Rajoy en vez impulsar una legislación que favorezca a los ciudadanos lo hace para unas 750 personas en todo el país, concretamente para el registrador de Santa Pola (Mariano Rajoy) y 749 más en perjuicio del interés general y el servicio público”.

Con la privatización de los registros civiles, que eran públicos y gratuitos desde 1870, va a “entregar a los registradores de la propiedad y mercantiles su explotación empresarial a cambio de un arancel que pagaremos todos, en este caso todos los sorianos”.

“La propuesta del PP se agrava puesto que se realiza en plena crisis, unos funcionarios que actúan como profesionales en régimen de absoluto monopolio van a proveerse de un negocio a costa de todos los españoles. Con esta reforma, este lobby va a pasar a controlar desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, pasando por incapacitaciones, emancipaciones, matrimonios, separaciones, divorcios, nulidades”.

“Todos los datos de nuestra vida, incluso los más íntimos, incluso los protegidos constitucionalmente van a pasar a manos privadas fuera del control público y lo van a hacer cobrando”.

Hay que recordar en la pasada legislatura socialista se realizó una inversión y modernización de los registros civiles por importe de 128 millones de euros, como, como subrayaron los representantes socialistas sorianos; por eso Javier Sanz del Caz, solicitó que se realizaran las gestiones parlamentarias precisas para conocer la cantidad de dinero que supuso para Soria.

“Ahora esos 128 millones, de los cuales una parte procede de Soria, destinada a digitalizar e informatizar todos los registros civiles de España el Gobierno del PP entregará gratis a los registradores para que hagan su negocio. Además de entregar, gratis, estos 128 millones de euros que salen del dinero que pagan los ciudadanos, habrá que sumar los ingresos que van a cobrar los registradores de la propiedad a los ciudadanos, que en toda España está calculado en unos 180 millones de euros; de ahí que el representante sindical reclamara a los socialistas a conocer cuánto se podría pagar en Soria”.

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