Medio centenar de personas se concentran en Lleida contra la privatización del Registro Civil

Medio centenar de personas se han concentrado este jueves ante el Registro Civil de Lleida para rechazar su posible privatización. El representante sindical del STAJ, Jorge Mostacero, ha denunciado que a pesar de que el verano pasado se rechazó esta posibilidad, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha seguido manteniendo reuniones con registradores de la propiedad de manera "clandestina" para convencerles de que se hagan cargo de las gestiones del registro. Mostacero advierte que, si se acaba privatizando este servicio, los ciudadanos tendrán que pagar por todos los servicios que ahora son gratuitos y peligrarían 3.500 empleos en todo el Estado, 400 de ellos en Catalunya y 18 en Lleida.



El representante sindical del STAJ, Jorge Mostacero, ha explicado que hace un año se iniciaron movilizaciones porque el ministro Gallardón empezó a hablar con registradores de la propiedad para que llevaran a cabo las gestiones del registro civil. "En agosto rechazaron el encargo y detuvimos movilizaciones", pero ahora se han enterado, ha asegurado, que el ministro "clandestinamente ha seguido manteniendo reuniones con registradores de la propiedad a espaldas de todos".

Hace tres semanas se enteraron, explica Mostacero, a través de una carta que emitía el presidente del registro de la propiedad a sus colegiados, que había recibido el encargo de que se ocuparan del registro civil. Es por ello que han reiniciado las movilizaciones, como la concentración de este jueves en Lleida. Los motivos son, tal y como explican, la falta de transparencia total y absoluta hacia ellos, la falta de negociación y la falta de transparencia también ante los ciudadanos que se han mostrado "engañados" porque pensaban que la gestión del Registro Civil seguiría en manos del departamento de Justicia, "un servicio público y gratuito dado por funcionarios".

Aunque Mostacero reconoce que el ministerio de Justicia aún no se ha posicionado oficialmente, "nos dicen que siguen estudiando las dos posibilidades". Los funcionarios advierten que, si se traspasa, el registro civil será privado y se deberá pagar por todos los servicios que ahora son gratuitos, además, muchos trabajadores interinos corren el riesgo de perder el trabajo.

La Vanguardia 07.03.2014

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