Oposición municipal a la privatización del Registro Civil

La Junta de Gobierno municipal de Valle de Mena (Burgos, Castilla y León, España) ha acordado rechazar la privatización del Registro Civil impulsada por el Ministerio de Justicia con el único fin de favorecer a los Registradores de la Propiedad.

Desde el Ayuntamiento del Valle de Mena recuerdan que el Registro Civil se creó en el año 1870 como consecuencia de la revolución liberal de 1868 que trajo la I República con su laicismo, separando la Iglesia del Estado, ya que hasta entonces era sólo la Iglesia quien inscribía los nacimientos.

El Gobierno de España, y en concreto su ministro de Justicia, está tramitando un anteproyecto de ley para privatizar el Registro Civil, y traspasar esta competencia a los registradores de la propiedad. Hay que recordar que los registradores han visto disminuir sus ingresos con el fin de la burbuja inmobiliaria, y que el propio Mariano Rajoy es registrador de la propiedad en excedencia. En palabras del alcalde, Armando Robredo Cerro, “el gobierno del PP no parece capaz de calmar su voraz apetito de privatizar todo lo público, haciendo negocio de un servicio que funciona eficazmente desde 1870”.

En el texto aprobado por el Consistorio se recuerdan los graves perjuicios que tendría para los ciudadanos esta privatización, como que tendrán que pagar por servicios que hasta la fecha eran gratuitos: inscripciones de bodas, nacimientos, defunciones, etc; creándose un nuevo copago o repago. Además, tendrán que desplazarse para obtener un servicio que hasta ahora se prestaba en su municipio. En la mayoría de municipios no existe Registro de la Propiedad, y obligará a desplazarse a aquel municipio que lo tenga, para poder cumplir trámites imprescindibles para la vida de cualquiera.

Los vecinos del Valle de Mena, pues, tendrían que trasladarse al Registro de la Propiedad de Villarcayo, como consecuencia de la reciente e incomprensible segregación de nuestro municipio de la circunscripción del Registro de Balmaseda para agregarlo al de Villarcayo, aprobada por el gobierno del Partido Popular, en contra de la opinión de los meneses, dando la espalda una vez más a los ciudadanos y sus necesidades verdaderas.

Además esta privatización puede suponer la desaparición de la inmensa mayoría de los juzgados de paz, como el del Valle de Mena, al privárseles de su principal función, con la consiguiente pérdida de empleo público y de servicios de cercanía y generando una vez más, perjuicios e incomodidades a los ciudadanos, subrayan desde el Ayuntamiento del Valle de Mena.

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