Registradores y notarios, por Juan Carlos Arias

El siglo XXI español es testigo de vanguardias y aun de rancios fueros, singularidades, privilegios y otros agravios difíciles de comprender fuera de nuestras fronteras. En terrenos profesionales hay oficios regulados y protegidos por colegios que, al entender popular, sólo entrañan pagos. Un ejemplo: procuradores de tribunales; otro, los gestores administrativos. Pocos entienden por qué pagan estos cualificados mensajeros, mudos en vistas judiciales cuyas minutas ultiman un pleito. Los gestores agilizan trámites burocráticos. En la era de Internet nos preguntamos para qué tanto intermediario.

Sepultados monopolios de agentes de bolsa, corredores de comercio o recaudadores tributarios aún subsisten los de notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. Ellos hacen negocio privado de licencias oficiales. Cosas de la fe pública. Mención aparte son los titulares de oficina de farmacia. No escribimos de sus empleados,también farmacéuticos y mileuristas o parados eternos. Este monopolio medieval permite heredar las licencias de oficina de farmacia, traspasarlas o venderlas. No pueden hacerlo, por ejemplo, notarios o registradores al jubilarse.

Pero registradores y notarios merecen especial atención por su activo lobby a favor de mantener y multiplicar privilegios o minutazos. El gobierno de Rajoy, registrador excedente, con Gallardón de Notario Mayor del Reino, bebe las aguas de sus empobrecidos colegas tras ‘empobrecerles’ el estallido de la burbuja inmobiliaria. La misma que llenó notarías de escrituras y colapsó registros de inscripciones. A los notarios este PP les ha regalado el negocio de los divorcios no contenciosos para sacarlos de los juzgados. Considerando que en España una de cada tres bodas o parejas acaba en ruptura sumen los lectores. La tasa del divorcio es lo de menos. Lo jugoso son las particiones, compra-ventas, comparecencias, actas de notoriedad…

Más escandaloso es que se privaticen los Registros Civiles a favor de los registradores. Este gobierno acometerá una injusticia sobre unos órganos que acercan al ciudadano a la Justicia pues hasta hoy dependían de ese ministerio y lo operan eficaces funcionarios. En todos los países del mundo los registros civiles son parte del Estado o la administración pública. Las inscripciones y certificaciones de nacimiento, bodas, divorcios y fallecimientos no deben estar en manos de un millonario que apenas atenderá al ciudadano si no es para comprobar cuánto gana o se peleará con colegas para aterrizar en algún Registro Civil con alta facturación.

El exalcalde de Madrid y fiscal tiene enfrente a los funcionarios y al ciudadano, pero nadie se movilizará ante este nuevo atropello privatizador de un servicio que tendrá criterios mercantiles sobre el servicio público. No es de recibo que tengamos que pagar a un opositor que estudió duro, pero que cobra muchísimo más que sus iguales en la administración pública. El lobby de los fedatarios no para de inventarse negocios que se basan en normas de políticos que publican en el BOE aventuras empresariales con riesgo nulo y que pagamos sin excepción. No es consuelo que todos los gobiernos beneficien a los suyos. 

Tampoco es admisible que cuando estos políticos cesen se beneficien de los negocios que configuraron mientras pisaron moqueta oficial. Los fedatarios no tendrán que organizar cacerías como las que retrata la película La escopeta nacional en la que se mercadean favores del poder. Sus tentáculos y colegas en el poder saldrán por la puerta giratoria. Y el tema no sólo es patrimonio del PP: una ministra de Zapatero tardó demasiado en pedir excedencia como registradora cuando llevaba la cartera ministerial. Es obvio que la crisis la resuelven algunos esquilmando a otros. Lo próximo será privatizar el aire que respiramos. Al tiempo. 

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