El registro civil dejará de ser público y gratuito

El Registro Civil, ese lugar donde todos nacemos y morimos oficialmente, está a punto de dejar de ser un servicio público y gratuito para pasar a manos de un colectivo profesional -el de los registradores de la propiedad- que vive del cobro de trámites y aranceles. Aunque aún no es oficial, sí se da prácticamente por seguro que el Gobierno español está a punto de culminar su proyecto de privatización de los Registros Civiles traspasando sus competencias y organización a los registradores de la propiedad, es decir, a los compañeros de profesión de Mariano Rajoy.

Las consecuencias de esta decisión -que es inminente y podría ser anunciada en un próximo Consejo de Ministros- serán muy graves para la sociedad, según alertan plataformas ciudadanas, sindicatos y diversos colectivos profesionales de la Justicia. Van desde tener que pagar por trámites obligatorios y habituales que hasta ahora eran gratuitos, a la posible pérdida de miles de puestos de trabajo, pasando por la falta de control administrativo de datos personales y "sensibles", que pasarán a ser de gestión privada.

"La gente de la calle no es consciente de lo que va a pasar. Se darán cuenta el día que vayan a pedir algo, un certificado de nacimiento, de defunción, una fe de vida... y les cobren", advierte Amaia Goiri, responsable de CCOO de Justicia en Euskadi y presidenta de la Junta de personal de Justicia de Bizkaia. La sindicalista, que organiza y participa en las movilizaciones contra la privatización de los Registros, explica que "la ley en vigor, que fue aprobada por el Gobierno de Zapatero, prevé sacar de la Administración de Justicia el servicio del Registro Civil pero manteniéndolo como servicio público dependiente de otra administración, aunque no especifica si será la local, la autonómica u otra. Esa ley tiene una vacatio legis, un plazo para su entrada en vigor, que acaba en julio de este año. Así que si el ministro Ruiz Gallardón no quiere tener que aplicar esa ley, con el problema que conlleva de traspaso de locales, personal, etc., antes de julio debe llevar a cabo sus planes que, por lo que sabemos, consisten en pasar el Registro Civil a los registradores de la propiedad".

La intención del Gobierno español de dejar los Registros Civiles en manos de los registradores de la propiedad se desveló hace un año y desde el primer momento provocó alarma y protestas, así como toda una serie de iniciativas para intentar impedir la privatización del servicio. Después de doce meses en hibernación, el proyecto del ministro de Justicia ha vuelto a la primera línea de la actualidad debido a que en una carta fechada el pasado 12 de febrero el decano del Colegio de Registradores comunicó a sus colegiados que el Gobierno ha decidido asignarles los Registros Civiles. Esto implica que los colegas de Rajoy asumirán la competencia "con plena capacidad organizativa", material y tecnológica. Tras el revuelo montado por la carta, que no deja lugar a dudas sobre el hecho de que la decisión está tomada y los afectados notificados, el Ministerio hizo una especie de desmentido asegurando que no hay nada decidido y garantizando la gratuidad en las notificaciones y certificaciones.

COBRAR TRÁMITES En este sentido Amaia Goiri señala que "hoy por hoy en el registro Civil todo es gratuito, mientras que los registradores de la propiedad, aunque son funcionarios públicos, su sueldo no lo paga la Administración, ellos cobran a través de los aranceles que repercuten al usuario, así que nadie cree al Ministerio cuando dice que no van a cobrar por los trámites. Cobrarán porque ese es el negocio de los registradores y porque a la gente que tienen empleada, que no son funcionarios públicos, les tienen que pagar".

En ámbitos judiciales y sindicales hay un convencimiento absoluto de que con el cambio de estatus los trámites en el Registro dejarán de ser gratuitos y se habla de una media de 100 euros por trámite administrativo. "El Registro Civil va a pasar a manos de unos funcionarios cuya retribución económica depende de los certificados que expiden y de las certificaciones que realizan", advierte otro sindicalista.

También hay unanimidad en las críticas hacia el colectivo elegido para hacerse cargo del servicio, se habla del lobby de los registradores de la propiedad y de un intento de favorecer a unos profesionales "próximos" al poder político cuyo negocio ha mermado con la crisis.

1 comentario:

  1. Este blog deberia ser más publicitado....el asunto este es más que feo..huele peor que la privatizacion de la sanidad.

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