La privatización del Registro Civil reportaría más de 1,3 M€ anuales a los registradores de la propiedad de Valladolid

La privatización pergeñada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que pondrá los registros civiles en manos de los registradores de la propiedad reportará a estos últimos unos ingresos anuales superiores a 1,3 millones anuales, sólo en la ciudad de Valladolid.

Este es, al menos, el cálculo que hacen los actuales funcionarios que trabajan en el Registro Civil vallisoletano, que han tomado como referencia los precios que ya han apuntado en los medios de comunicación distintos registradores y notarios para expedir certificaciones (20 euros) o iniciar expedientes (100 euros).

A tenor de los expedientes y certificaciones que se tramitan anualmente, sólo en Valladolid, los funcionarios del Registro Civil calculan que los registradores de la propiedad ingresarían cada año 780.000 euros por las certificaciones de nacimiento, defunción y otras, 210.000 euros por las fes de vida y estado, otros 165.000 euros por los expedientes de nacionalidad, además de 120.000 euros por los expedientes de matrimonio y otros 60.000 euros por otros conceptos.

En total, 1,3 millones de euros que serían ingresados anualmente por los registradores de la propiedad de Valladolid en el caso de que finalmente el Gobierno no dé marcha atrás y cambie de opinión con respecto a este asunto.
Familias

Con todo, lo peor de este nuevo proceso privatizador no son los ingresos que obtendrían los registradores de la propiedad, sino lo que se deberá pagar a partir de ese momento por lo que hasta ahora ha sido un aparente “gratis total” (los registros civiles se financian con los impuestos de los ciudadanos). Los funcionarios del Registro Civil de Valladolid han confeccionado un supuesto sobre los gastos que debería afrontar en tan sólo un año una pareja de hecho que se casara, tuviera un hijo y tuvieran a dos abuelos conviviendo en el mismo domicilio: la ‘mordida’ podría superar los 500 euros.

Y es que el ‘papeleo’, traducido a dinero gracias a la privatización que está promoviendo el Gobierno, no es una cuestión baladí ya que, sólo para el supuesto descrito haría falta: Inscripción de la pareja de hecho (20 €), un certificado de nacimiento de la pareja para iniciar expediente matrimonio (40 €), una tramitación expediente de matrimonio (100 €), la inscripción del matrimonio en el Registro Civil (30 €), unas capitulaciones matrimoniales (60 €), la inscripción de capitulaciones (20 €), el certificado de nacimiento de hijo (20 €), el certificado de nacimiento de hijo para DNI (20 €), el certificado de incapacidad del abuelo (20 €), la inscripción de incapacidad del abuelo (20 €), el certificado de tutela del abuelo (20 €), la inscripción de tutela (20 €), el certificado de fe de vida y de estado civil (20 €) y el certificado de fallecimiento del abuelo (20 x 5 ejemplares = 100 €).

En total 510 euros por algo que hasta ahora no cuesta nada.

Movilización

Hoy a las puertas del edificio de los Juzgados de la calle Angustias en Valladolid se han manifestado contra la privatización del Registro Civil varias decenas de funcionarios de la Administración de Justicia.

A todos los viandantes se les ha entregado una cuartilla en la que se podía leer que “el Registro Civil no se vende, se defiende; es tuyo, es de todos”. Además de criticar que “en el futuro el Registro Civil se convierte en un negocio privado cuyos beneficios irán a engrosar los bolsillos de una minoría privilegiada de registradores”, se apunta como “detalles” que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es registrador de la propiedad y mantiene su plaza en Santa Pola (Alicante); que dos de sus hermanos también son registradores de la propiedad; que la persona que negocia con los registradores en representación del Ministerio de Justicia, a la sazón Director General de Registros y del Notariado, es registrador de la propiedad y mantiene su plaza de registrador mercantil en Zaragoza y ha sido miembro de la Junta del Colegio de Registradores; que el subdirector general de registros y del notariado también es registrador de la propiedad y que una nuera del ministro de Justicia también es registradora de la propiedad.

La descripción perfecta de una función en la que muchos de los protagonistas reman en una misma dirección para que “todo quede en casa”.

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