Gran participación de los trabajadores y trabajadoras en las concentraciones del 6 de marzo contra la privatización del Registro Civil

Hoy, 6 de marzo, como todos los jueves desde hace más de mes y medio viene convocando CCOO, se han celebrados concentraciones del personal de la Administración de Justicia CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES.

En las concentraciones de hoy han participado cientos de trabajadores y trabajadoras, manifestando su contundente respuesta al ministro Gallardón y al gobierno, y exigiendo la paralización inmediata de la decisión de entregar los registros civiles a los registradores, es decir, a la gestión privada y al beneficio privado.

Los registros civiles son un servicio público, universal y gratuito y así deben seguir siéndolo. Los ciudadanos no pueden ser de nuevo castigados con esta nueva privatización de este servicio público que es indispensable y obligatorio para la ciudadanía.

Los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia hemos hecho un llamamiento a la ciudadanía, a los alcaldes de los municipios de toda España, a todos los partidos políticos, a las organizaciones sociales, para que todos conjuntamente hagamos un frente común contra esta nueva privatización.

La ciudadanía debe conocer que esta privatización es simplemente el intento de un ministro, devaluado e incapaz de defender los derechos generales, de favorecer a una determinada profesión, de la que forma parte el mismo Presidente del Gobierno y familiares directos del propio ministro de Justicia.

Actuaciones como la que citamos son perseguidas y calificadas en todos los países de nuestro entorno como de conflicto grave de competencias, si las realizan personas que ocupan altos cargos en la Administración y pretenden adoptar medidas que favorecen a sus intereses directos privados (como el propio Presidente del Gobierno) o intereses de familiares directos (como es el caso del ministro de Justicia). 

CCOO, además de mantener e incrementar las movilizaciones contra esta privatización, se reserva todas las acciones legales que sean necesarias para impedir esta privatización, sin descartar las acciones contra este grave conflicto de competencias.

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