La privatización del Registro Civil supondrá que muchos ciudadanos tendrán que desplazarse para obtener sus servicios

"Si se consuma el traspaso del Registro Civil eso no solo va a suponer un mayor coste para los usuarios, sino también la desaparición del servicio en muchas localidades. Si uno vive en Lekeitio y tiene la suerte de que allí hay un registro de la propiedad, podrá hacer los trámites, pero si no, tendrá que desplazarse a la localidad más próxima que lo tenga", destaca Amaia Goiri.

Esta funcionaria de Justicia detalla que ahora hay Registros Civiles en las tres capitales de la CAV, en las cabezas de partido judicial -"en Gernika, Durango, Getxo, Azpeitia, Irun..."- y en los juzgados de paz, de forma que hay una oficina con esas funciones en cada término municipal. En total, en el País Vasco hay unas 300 personas trabajando con competencias de Registro Civil y 3.500 dedicadas a estas funciones en el conjunto del Estado.

"Cuando los registradores de la propiedad se hagan cargo de los Registros Civiles la incomodidad para el ciudadano no va a consistir únicamente en tener que pagar, que ya es algo que fastidia bastante, sino también en que si quieres obtener una fe de vida, lo que implica ir a la oficina con una persona mayor, en muchos casos te vas a tener que desplazar a otra localidad para poder hacer el trámite", explicó Goiri.

Hay colectivos que vinculan el proyecto con la ley de tasas judiciales y, además de una intención privatizadora, perciben el propósito de aumentar las barreras para el acceso a la Justicia. Otra consecuencia del cambio que prepara el Ministerio es la pérdida de competencias de los juzgados de paz. "Una vez que los juzgados de paz se queden con la mitad de las funciones que tienen, se justificará su desaparición", vaticina Goiri.

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