Privatizaciones y robos

En el reciente debate sobre el Estado de la Nación, el Partido Popular rechazó una propuesta de la Izquierda Plural que abogaba por mantener el carácter público y gratuito del Registro Civil. Ello puso de manifiesto que el proceso de privatización de este servicio está ultimado, de manera que en el futuro pasarán a gestionarlo esos ochocientos registradores de la propiedad que operan en régimen de monopolio. ¿Funcionaban mal los registros civiles? En absoluto. ¿Se ahorra el Gobierno recursos al traspasarlos a los registradores de la propiedad? Para nada, pues los funcionarios permanecen en los juzgados. Eso sí, la gente tendrá que pagar por certificados de todo tipo (nacimiento, defunción, matrimonio...) que van a proporcionar a los nuevos gestores unos 180 millones de euros de ganancias sobrevenidas, según cálculos sindicales. Esto después de haber puesto a su disposición los 130 millones que costaron las aplicaciones informáticas del Registro Civil y que pagamos todos los españoles.

Lógicamente, en todo esto no tiene nada que ver el hecho de que Rajoy es registrador de la propiedad (manteniendo su plaza en Santa Pola), así como dos de sus hermanos y la nuera de Gallardón. Así pues, nos encontramos con una maniobra que no era en absoluto necesaria para mejorar el servicio, que no ahorra nada al erario público, pero que sí va a suponer un expolio mayor al bolsillo de la gente y, sobre todo, una fuente importante de ingresos para determinados sectores con poder. Éstos son los patrones que se repiten en todos los procesos privatizadores.

Tomemos el caso del agua, bien que en buena medida una parte de nuestros Ayuntamientos ha adjudicado a grandes empresas privadas. Los ciudadanos, cuando abren el grifo, ven salir el agua exactamente como cuando era pública, pero pagan mucho más por ella. Y el Ayuntamiento se gastó el canon concesional en gasto corriente, no en mejorar las infraestructuras del servicio, con lo que tiene que seguir pagando por unas obras de mejora que la empresa concesionaria ejecuta sin concurso previo y repercutiéndolas sobre las arcas municipales y/o la ciudadanía. Así que no resulta extraño que grandes ciudades europeas como París y Berlín hayan remunicipalizado recientemente el agua. Y en relación a la sanidad, la llamada 'externalización' de determinados servicios de nuestros hospitales públicos ha provocado tanto su encarecimiento como su deterioro. Por no hablar de los fallidos experimentos de su gestión privada completa, que han terminado resultando ruinosos para las arcas públicas y profundamente lesivos para la salud de los usuarios.

Todo lo expuesto hasta ahora evidencia que este afán desregulador esconde una buena carga de irracionalidad e intereses espurios. Pero además hay casos, que afectan a determinados sectores, que ponen de manifiesto que no es razonable ni obedece al interés general que aquéllos sigan siendo privados.

Me refiero, en primer lugar, a las eléctricas. Por activa y por pasiva ha quedado demostrado que estas compañías no pueden operar, por su tamaño y los obstáculos a la entrada que presenta el sector, en condiciones de libre competencia. Conforman, pues, un oligopolio que lleva a cabo prácticas fraudulentas (como el gobierno ha reconocido) y que además amenaza con desinvertir en España en cuanto ve mermadas sus desmesuradas expectativas de ganancia. Es de manual que este sector debiera ser público por su naturaleza estratégica y por la imposibilidad de que sus precios se fijen en un mercado libre.

Con la banca ocurre otro tanto: a los bancos privados no se les puede obligar a que el dinero que obtienen casi gratis del Banco Central Europeo lo destinen a dar crédito a empresas y familias. Pero a un banco público sí. Por eso necesitamos un poderoso sistema financiero estatal que canalice sus recursos no a especular, sino a financiar la economía real y crear empleo. En síntesis, el funcionamiento equilibrado de la sociedad y la preservación del bien común imponen la naturaleza pública de determinadas actividades y servicios. Cuando se entregan a empresas privadas, es que alguien pretende robarnos a todos.

José Haro Hernández en La Opinión de Murcia 10.03.2014

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