Los funcionarios de Justicia se concentran en Sevilla contra la privatización

Los funcionarios de la Administración de Justicia han advertido que convocaran una huelga si la privatización de los registros civiles siguen su curso.

El sindicato CCOO ha instado en que este servicio público debe seguir siendo prestado por funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia, y proponen que los encargados de los registros civiles sean secretarios judiciales o personal del Cuerpo de Gestión Procesal.

“Este es el único modelo que garantiza un servicio público gratuito, ya que es obligatorio, y de calidad y además asegura el empleo y la proximidad a la ciudadanía”, ha aseverado el sindicato, por ello el jueves 20 de marzo, a las 11:00 horas, habrá una nueva concentración a las puertas del Registro Civil de Sevilla.

CCOO ha anunciado su intención de convocar huelga en toda la Administración de Justicia del Estado si el Gobierno insiste en su “pretensión” de privatizar los registros civiles. “Si bien el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, informó el pasado 11 de marzo de que se habían roto las negociaciones para ceder la gestión de dichos registros a los registradores de la propiedad y mercantiles, al día siguiente aclaró que mantiene su intención de explorar nuevas vías".

Por este motivo, el Sector de la Administración de Justicia de FSC-CCOO sigue sosteniendo todas las iniciativas en defensa del mantenimiento del Registro Civil como un servicio público, universal y gratuito, gestionado por personal al servicio de la Administración de Justicia.

Asimismo, CCOO ha demandado que se mantengan los 5.200 puestos de trabajo de los registros civiles, los cuales representan un 13% del personal de la Administración de Justicia, así como la atención en todos los municipios a los ciudadanos que acudan a realizar los trámites, casi siempre obligatorios.

CCOO ha considerado fundamental impedir la desaparición de los Juzgados de Paz y de las agrupaciones de Juzgado de Paz, puesto que “supondría alejar un servicio público esencial de la ciudadanía, sobre todo en los núcleos de población más pequeños y alejados de las grandes ciudades, así como evitar la transferencia del tratamiento de datos desde la gestión pública a la gestión privada. Información como las adopciones, los divorcios, los cambios de sexo, etc., especialmente protegida por la Ley Orgánica de Protección de Datos, sobre la cual se debe guardar la máxima confidencialidad”.

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