El Decano del Colegio de Registradores insiste en que ellos no quieren asumir el Registro Civil pero acatarán lo que decida el Ministerio de Justicia

El Ministerio de Justicia y el Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad rompieron la semana pasada las negociaciones, intensificadas en las últimas semanas, para que la gestión de los registros civiles pase de manos públicas de la administración pública a manos privadas, a los registradores de la propiedad y mercantiles, con el consiguiente coste de determinados trámites para los ciudadanos.

Los registradores no están dispuestos a asumir el Registro Civil sin una contraprestación económica a mayores, a la que se opone el Ministerio de Justicia. Por eso, según informan desde los sindicatos, el Gobierno insiste en privatizar el Registro Civil, marcándose como fecha tope finales de julio, y no da por cerrada la entrega de este servicio público a otros colectivos, sin garantizar que sean funcionarios públicos.

El mes pasado, Gonzalo Aguilera, decano-presidente del Colegio de Registradores de España, ya señaló que “los registradores no queremos asumir el Registro Civil. De todas maneras, si el Gobierno tomara la decisión de asignárnoslo, lógicamente tenemos que aceptarlo, pero, si ello ocurre, proponemos unas sugerencias al Ministerio para que su llevanza sea de la mejor manera posible para el interés público y el interés general”.

A su juicio, “no es una cuestión de dinero, es una cuestión de que se organice adecuadamente, de que nosotros no estamos interesados en la llevanza del Registro Civil, pero que, en todo caso, es una decisión que corresponde al Ministerio y al Gobierno y, si nos encargan asumir su gestión, adoptaríamos las medidas oportunas”.

Y respecto al sistema de cobro, afirma que “habría que estudiarlo cuando llegara el momento, no sé lo que tendrá pensado el Ministerio, que será quien lo tenga que plantear, y no sé qué va a proponer, ni qué sistema tiene pensado. Hay muchas fórmulas para ello. Nosotros lo que sí decimos es que la llevanza del Registro Civil supone un coste muy alto, y lógicamente habrá que buscarle una solución a esa financiación, pero en todo caso será el Ministerio quien lo decida. Propondremos las fórmulas que nos parezcan adecuadas”.

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