Privatización de los registros civiles, por María García Gómez

La privatización en la Administración Pública se está convirtiendo en una práctica común. La última ocurrencia absurda y descabellada de nuestro ministro de Justicia Sr. Gallardón, es la privatización de los registros civiles. En España existen 431 registros civiles principales, junto a 7.000 juzgados de paz con competencia de registro civil que van a ser privatizados y que supone la pérdida de 3.500 puestos de trabajo en la Administración de Justicia.

Los trabajadores públicos de justicia de toda España se están movilizando, no sólo por lo que supone la pérdida de puestos de trabajo, sino para evitar que un servicio tan esencial para los ciudadanos como son los registros civiles no sean privatizados, y nos advierten de las consecuencia que puede tener esta decisión, pues todos, de alguna manera, y en algún momento pasamos por el registro civil, inscribiendo a nuestros hijos, matrimonios, defunciones etc., gestiones que hasta ahora eran gratuitas porque las realizaban empleados públicos, y que a partir de la privatización pasarán a manos de los registradores de la propiedad y por los que tendremos que pagar cada vez que solicitemos un certificado, unos 20 ó 30 euros.

Los ciudadanos del medio rural tendrán que trasladarse a la ciudad para realizar gestiones que antes resolvían en su medio, mientras a nuestros políticos se les sigue llenando la boca con lo de asentar población en el medio rural, cuando lo único cierto es que les siguen quitando servicios y derechos.

Los datos que se recogen en los registros civiles deben ser custodiados en archivos oficiales y su protección estar garantizada por los empleados públicos que están obligados a guardar sigilo. Si los privatizamos ponemos en riesgo este principio.

Sorprende que esta cacicada la presentara el ministro Sr. Gallardón fuera de la mesa de negociación sindical y en contra de todos los sectores, usuarios, jueces, operadores jurídicos, alcaldes, y más después de haber invertido 128 millones de euros en digitalizar los registros civiles. Se va a entregar el registro civil, con dinero público, para que los amigos más cercanos al Partido Popular hagan negocio. No olvidemos que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es registrador de la propiedad, dos de sus hermanos y la nuera del ministro de Justicia, como bien han denunciado los sindicatos.

Ante las movilizaciones de los empleados públicos, las críticas y el escándalo que supone una maniobra de este calibre, sobre todo, antes de las elecciones europeas, el ministro “dice ahora” que rectifica y renuncia a delegar el Registro Civil al Colegio de Registradores (después de que éstos se negaran a hacer este trabajo gratis) para seguir estudiando otras ocurrencias.

Pero desde los sindicatos no se fían, y con buen criterio, siguen asegurando que aunque se habla de ruptura con los registradores de la propiedad se sigue negociando bajo cuerda y mucho me temo que, después de la Semana Santa y las elecciones europeas, el ministro hipócrita progresista vuelva a prepararla. Su sed es insaciable, no le vale con legislar contra la libertad y el derecho de las mujeres a decidir si continúan con su embarazo, hacer una ley de tasas que impide la tutela judicial efectiva o mentir diciendo que “mientras sea ministro no daré indultos por corrupción”, cuando la realidad nos muestra que ha indultado a siete cargos públicos por delitos de corrupción en lo que va de legislatura.

El Sr. Gallardón es un personaje cínico y perverso al que se le ha caído la careta y ya no engaña a nadie, pero desgraciadamente está haciendo mucho daño en su paso por el Ministerio de Justicia.

María García Gómez, trabajadora de la sanidad pública, Noticias de Castilla y Leon.com 18.03.2014

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