CCOO y las demás organizaciones sindicales se reúnen con el Grupo Parlamentario del PP en el Congreso, al que traslada su oposición radical a la privatización del Registro Civil

Tras una nueva reunión celebrada el día 18 de marzo, solicitada por CCOO y a la que se ha acudido formando una posición común con el resto de los sindicatos representativos, tuvo lugar el cuarto de los contactos con los diferentes grupos Parlamentarios, en esta ocasión con el grupo parlamentario popular, para trasladarles nuestra radical oposición a la privatización de los Registros Civiles mediante su entrega a la gestión privada.

CCOO ha solicitado al Grupo Popular que sustenta al Gobierno, que traslade al ministro de Justicia su exigencia para que: 

a) Los registros civiles sigan servidos por personal de la Administración de Justicia. 

b) Se mantengan todos los Juzgados de Paz, las Agrupaciones de los Juzgados de Paz y cada uno de los Registros Civiles, tanto los únicos como los que tienen jurisdicción compartida, así como el Registro Civil Central. 

c) Se garanticen todos los puestos de trabajo. 

d) Los encargados de los Registros Civiles sean Secretarios Judiciales o personal del cuerpo de Gestión Procesal. 

Además, han informado al grupo popular de la propuesta completa de CCOO sobre los registros civiles, cuyo texto les trasladaron, propuesta que obra en poder del ministro de Justicia desde el 29 de enero de 2013, sin haber recibido respuesta alguna en 14 meses, y así se lo han hecho saber.

También han advertido, a los responsables del grupo popular en la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, que para CCOO y para los trabajadores y trabajadoras esta cuestión es de vital importancia y que no permaneceremos impasibles ante una eventual privatización. 

La información que ha afirmado tener el portavoz del grupo popular en la comisión de Justicia del Congreso del Ministerio de Justicia, y que les ha trasladado a las organizaciones sindicales, ha sido que el Ministerio de Justicia ha abandonado de forma definitiva las negociaciones con el colegio de registradores y que sigue explorando otras posibilidades, incluida la de que sean los Secretarios Judiciales los encargados de los mismos. 

En su oposición a la privatización del servicio, CCOO ha planteado también nuestra seria preocupación por el alejamiento que supondría para la ciudadanía la desaparición de los Registros Civiles en las pequeñas poblaciones, y una más que segura supresión de la gratuidad de los actos y certificaciones.

Como otro aspecto fundamental, CCOO ha mostrado nuestra extrema preocupación por la pérdida de miles de puestos de trabajo en la administración de justicia que conllevaría el proyecto que manejaba Gallardón.

Los representantes del PP se han comprometido a comunicar al Ministerio de Justicia nuestra posición. Nos ha dado la impresión de que no se encuentran cómodos con la postura recalcitrante de Gallardón y de Rajoy de intentar privatizar los Registros Civiles, y que encontraban razonable la postura que hemos defendido, que no es solo de los trabajadores y trabajadoras y de las organizaciones sindicales representativas, sino de toda la sociedad. 

Finalmente, CCOO ha manifestado que no podemos, en ningún caso, fiarnos de Gallardón porque ha quedado claro, hoy de nuevo en la reunión con el grupo popular, que la decisión final sobre los registros civiles aún no está tomada por el Gobierno, por lo que solo la presión y la movilización lograrán nuestro objetivo: mantener los Registros Civiles públicos y gratuitos y dentro del ámbito de la Administración de Justicia. 

CCOO ya ha anunciado que convocará huelga en la Administración de Justicia si finalmente el Ministerio de Justicia decide la privatización de los Registros Civiles, porque no permitiremos que este servicio público acabe en manos privadas, que se destruyan miles de puestos de trabajo, que se supriman cientos de Agrupaciones y Juzgados de Paz, que se eliminen los Registros Civiles únicos, el Registro Civil Central y los registros que comparten sus tareas con las jurisdiccionales, que se aleje la Administración de Justicia de la ciudadanía y que no se garantice que los datos personales con los que se trabaja en los Registros Civiles se traten con la especial protección, que viene recogida en la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal. 

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