Los funcionarios de Justicia insisten en el riesgo de privatización del Registro Civil mientras los registradores aclaran que no han solicitado asumir este servicio

Funcionarios de la administración de Justicia y representantes sindicales se concentraron ayer ante el Registro Civil de Granada como protesta contra la reforma de este servicio emprendida por el Gobierno, en la que ven un serio riesgo de privatización, además de llevarse a cabo con una «absoluta falta de transparencia y respeto hacia la ciudadanía y los trabajadores públicos afectados». Los sindicatos (STAJ, CC OO y UGT) advierten de que la reforma «no garantiza que siga siendo un servicio público gratuito pues aún no está claro que no vaya a entregarlos para su gestión a los registradores de la propiedad».

Los funcionarios aseguran que el Ministerio de Justicia encargó en su día el proyecto de modificación de la actual ley del Registro Civil «a altos cargos que son registradores de la propiedad, como el propio Mariano Rajoy» y sostienen que una amplia mayoría de registradores rechaza esta reforma. «Otros familiares tanto del presidente como del propio Gallardón son también registradores, lo que en un país normal representaría un evidente conflicto de intereses, sospechoso de parcialidad», denuncian.

Si se confirmase lo que los sindicatos definen como un «regalo» para los registradores, «estos pasarían a controlar buena parte de los trámites jurídicos de la vida civil de los ciudadanos, que actualmente prestan jueces, secretarios judiciales y funcionarios de los cuerpos generales de la administración de justicia».
Contra la demagogia

Los funcionarios y los representantes sindicales se concentraron ayer a las puertas del Registro Civil de Granada entre las once y las once y media de la mañana, para mostrar su «total rechazo» a esta pretendida «reforma privatizadora», ya que supondrá que los trámites que actualmente se llevan a cabo en los registros civiles de forma gratuita, «pasarán a ser de pago».

El decano de los registradores de Andalucía oriental, Pablo de Angulo Rodríguez, lamentó que la «demagogia» y la «confusión» hayan presidido la información sobre esta reforma del Registro Civil, que en principio debería entrar en vigor el próximo mes de julio.

«La ley se aprobó con un gobierno del PSOE pero con gran consenso parlamentario. Fue una reforma con buena voluntad pero muy difícil de llevar a efecto. Además, deja muy abierta la cuestión de quién se encargará de la llevanza de los registros».

Angulo remarca que la ley «no puede entrar en vigor» en la situación actual pues contempla cambios profundos en el servicio, que se digitaliza en su totalidad.

El Colegio de Registradores ha repetido en varias ocasiones que «en ningún momento hemos solicitado esta competencia», aunque el decano de Andalucía oriental se apresura a señalar que asumirla por este colectivo implicaría la necesidad de otorgar más tiempo para llevarla a efecto «y garantías de financiación». Angulo reconoce que algunos de sus compañeros no están por la labor de añadir esas funciones a las que ya desempeñan «pero somos funcionarios públicos -subraya- y haremos lo que diga la ley».

El decano confió en que la decisión final alcance el mismo consenso que la reforma legal aprobada en 2011 y que, si finalmente asumen este trabajo, no vaya en detrimento del servicio que prestan hasta ahora.

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