CCOO, CSIF, STAJ y UGT unen sus fuerzas para garantizar un Registro Civil cercano a la ciudadanía, y el empleo y los derechos laborales de su personal

En la propuesta de modificación de la Ley 20/2011, del Registro Civil que el Ministro de Justicia entregó hace ya un mes a los Consejeros de las Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial solo queda garantizada una oficina del Registro Civil en cada Comunidad Autónoma, Ceuta y Melilla y otra en cada una de las islas que actualmente tienen registro civil. En el resto de partidos judiciales dependerá arbitrariamente de la decisión del Ministerio en su ámbito y de las CCAA con competencias en el suyo; y en los Juzgados de Paz y agrupaciones se pretende cerrar el servicio del Registro Civil. 

Esta propuesta incumple el compromiso del ministro Catalá con las organizaciones sindicales ya que les garantizó el mantenimiento de las actuales oficinas y que el empleo y las condiciones de trabajo del personal no se verían en ningún caso afectados, lo que no queda asegurado con la nueva redacción de la Ley que se ha propuesto. 

Las cuatro organizaciones sindicales de ámbito estatal presentes en la Mesa Sectorial se han unido para no consentir este atropello y, ante la falta de respuesta del Ministerio a las reivindicaciones sindicales y ciudadanas, han acordado: 

1) Reclamar conjuntamente y por escrito al Ministro de Justicia una reunión urgente y exigirle su rectificación. 

2) Solicitar también por escrito y de forma conjunta a la Federación Española de Municipios y Provincias su apoyo y una reunión inmediata. 

3) Mantener reuniones conjuntas, que han pedido por escrito, con todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados en las que les exigirán  un posicionamiento público favorable a sus propuestas y la presentación de las correspondientes enmiendas al proyecto de ley del Gobierno, caso de que éste no rectifique. 

4) Extender esta unidad sindical en cada Comunidad Autónoma al resto de organizaciones sindicales representativas en las mismas. 

5) Ejercer las mismas acciones desde el conjunto de todos los sindicatos en el ámbito de los parlamentos y grupos parlamentarios autonómicos y a las Federaciones de Municipios y Provincias de cada Comunidad Autónoma.

CCOO solicita a las alcaldías, a los concejales y la ciudadanía de las medianas y pequeñas poblaciones su implicación en el mantenimiento de las Oficinas de Registro Civil en su localidad

Utilizando el engaño, el Ministerio de Justicia garantizó a los representantes sindicales el mantenimiento de la actual distribución territorial de las oficinas del Registro Civil abiertas en todas las cabeceras de partidos judiciales y juzgados y agrupaciones de paz. 

Sin embargo, incumpliendo su compromiso, en la Conferencia Sectorial de Justicia, el ministro Catalá presentó a las Consejerías Autonómicas una propuesta de modificación de la Ley 20/2011, del Registro Civil (que entrará en vigor el 1 de julio de este año) con la siguiente redacción: 

En cada Comunidad Autónoma o ciudad con Estatuto de Autonomía se ubicará al menos una Oficina General del Registro Civil. El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en Administración de Justicia podrán crear en sus respectivos ámbitos territoriales, además, una Oficina General del Registro Civil por cada 500.000 habitantes. 

Por razón de la singular distribución de la población o por las características del territorio, se podrán crear otras Oficinas Generales en cada Comunidad Autónoma. 

En atención a las dificultades de acceso derivadas del carácter insular de sus territorios, Canarias y Baleares contarán en todo caso con al menos una Oficina General del Registro Civil en cada una de las islas en que exista un Registro Civil al entrar en vigor la presente Ley. 

Corresponderá al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Administración de Justicia, en sus respectivos ámbitos territoriales, el diseño, creación y organización de las oficinas generales del Registro Civil. 

Esto supone que queda al arbitrio del Ministerio de Justicia en su ámbito y de las CCAA con competencias en el suyo el mantenimiento de la inmensa mayoría de las actuales oficinas sin que quede garantizado un servicio cercano a la ciudadanía ni el empleo ni las condiciones de trabajo del personal que trabaja en los actuales Registros Civiles y Juzgados de Paz y Agrupaciones. 

CCOO se va a dirigir por escrito a los y alcaldes y grupos municipales de las poblaciones que pueden verse afectadas a fin de que exijan al gobierno una rectificación inmediata y de que conminen a sus partidos políticos respectivos para que apoyen el mantenimiento de las oficinas del Registro Civil de todas las localidades. 

Pero para CCOO es la ciudadanía la que tiene que exigir a sus representantes políticos el mantenimiento de los Servicios Públicos gratuitos, universales y cercanos, evitando así, como se pretende con el cierre de centenares de oficinas del Registro Civil, desplazamientos a las oficinas de las grandes capitales o tener que recurrir a gestorías privadas para la tramitación de sus asuntos cotidianos.

El Gobierno otorga por error la nacionalidad a decenas de delincuentes con detenciones o sentencias firmes

Jesús E. G., dominicano, consiguió la nacionalidad española por residencia el 18 de noviembre de 2013. El Ministerio de Justicia consideró que cumplía los tres requisitos que se le piden a cualquier solicitante: un tiempo determinado de residencia legal en España, integración y buena conducta cívica. Ya era un español más.

Sin embargo, a Justicia se le escapó algo. Jesús había sido condenado el 19 de febrero de ese año, es decir, ocho meses antes, por un juzgado de lo penal de Madrid por un delito de tráfico de drogas. Nadie comprobó si Marcial tenía antecedentes penales o policiales antes de hacerle español. De haberlo hecho, Justicia habría visto otra detención, en febrero de 2010, también por tráfico de drogas, y otra de 2009, por asociación ilícita y abuso sexual.

... La Constitución garantiza que “ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad”. ¿Y si no lo es de origen? Se puede, y está sucediendo cada vez más. En apenas cinco años se han multiplicado por 10 los casos de revocación de la nacionalidad española. Han pasado de ser anecdóticos a llegar por decenas hasta la Audiencia Nacional, que solo en solo en 2016 ha dictado una treintena de sentencias, a las que ha tenido acceso EL PAÍS.

La llevanza que por intereses corporativos el Registro Civil de España no se merece....y la desaparición de los juzgados de Paz tampoco

Resulta cuanto menos curioso que algunas asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia se autocalifiquen de adalides en postularse en la llevanza del Registro Civil dentro de la Administración de Justicia y aplaudan al mismo tiempo la Ley 20/2011 de 21 de julio del Registro Civil, cuando esa reforma sacó en la practica al Registro Civil de la Administración de Justicia, y únicamente les garantizaba la posibilidad de ser Encargados de los Registros Civiles pero fuera de nuestra Administración, en servicios especiales, en función compartida con otros funcionarios del Grupo A1 Licenciados en Derecho. 

Pero más chocante es su desconocimiento de la realidad social de España, en que buena parte de su población no vive en capitales de provincia, y en el que se viene luchando contra una creciente despoblación del medio rural, cuando quieren hacer desaparecer uno de los servicios públicos hoy no centralizados en las capitales, como son los Registros Civiles de las sedes de partidos judiciales no ubicadas en capitales de provincia y los Registros Civiles delegados, cuya gestión corresponde a los Juzgados de Paz. No importa la vertebración territorial o la brecha digital, priman intereses corporativos.

A estas asociaciones no les basta con que con la reforma propuesta del Ministerio de Justicia de la Ley 20/2011, una vez se implante el folio registral único, desaparezcan las competencias de los Juzgados de Paz en materia de Registro Civil. Quieren más. Quieren que dichas funciones desaparezcan desde la entrada en vigor misma de dicha Ley (¿y qué hacemos con las inscripciones no digitalizadas y los asientos marginales de las mismas??). Calificar como califican algunas asociaciones de Secretarios que la estructura que el Ministerio de Justicia quiere mantener sólo hasta la implantación del folio registral único como “decimonónica”, por tener que firmar Jueces y Secretarios de Juzgados de Paz los certificados y los asientos, o por tener que pedir instrucción al Juez Encargado del que dependen para la práctica de muchos asientos, parece fuera de la realidad. Sería como calificar “decimonónica” a la función de fe pública que ejercen dichos Secretarios, o a la obligación establecida en el art. 37 de la Ley de Registro Civil de que Encargado y Secretario tengan que cerrar con sus firmas las inscripciones (¿por qué no basta con la firma del primero?), o que los Secretarios sólo pueden firmar los certificados por delegación del Encargado del Registro civil (art. 17 del Reglamento del Registro Civil). Descalifican la función que ejercen los Jueces de Paz porque conforme la Instrucción de 28 de mayo de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre funcionamiento y organización de los Registros Civiles delegados a cargo de los Juzgados de Paz y su informatización, requieren para la práctica de numerosos asientos la instrucción previa o la calificación del Encargado del Registro Civil del que dependen, cuando dicha Instrucción se dictó precisamente para asegurar que los Jueces de Paz cumplen con lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento del Registro civil, no por desconfianza en su ejercicio (por cierto, los Jueces de Paz tiene delegada ex lege en dicho artículo las mismas competencias que el Encargado puede delegar en el Secretario, y éste en el Gestor, sin que por ello se descalifique la labor del Secretario ni se le tilde de “poco profesional”, pues la labor de calificación corresponde al Encargado)

El mantenimiento o no de las competencias sobre Registro Civil en los Juzgados de Paz no tiene nada que ver con tener un Registro Civil moderno, avanzado tecnológicamente y eficaz, pues todo ello depende de las tecnologías y medios que se utilizan (a la vista está el desastre del Lexnet), y no de las personas que lo sirven.

En España, hasta ahora, hemos tenido simple y llanamente el Registro Civil que podíamos tener, teniendo muy claro que la prioridad era el servicio al ciudadano y la necesidad de que todos los hechos relativos al estado civil quedaban registrados, y no quién presta el servicio. No todo pueden ser servicios especializados, que llevan a la concentración de medios y alejamiento del servicio de muchos de sus ciudadanos. Y ello pasa con la justicia. La justicia de Paz en España tiene un arraigo de nada menos que de 161 años, y si a algunos no les convence que el Registro Civil y el Juzgado de Paz acercan la Justicia al ciudadano no sabemos bien que les convence, quizás el Derecho comparado. Veamos.

Los Juzgados de lo Contencioso de Zaragoza reconocen el derecho de los Gestores Delegados de Registro Civil a una retribución complementaria. ¿Para cuándo el reconocimiento en la ley de las funciones que realmente realiza el personal del Registro Civil?

Mientras Catalá afirma en la Mesa Sectorial con las Comunidades autónomas que la nueva gestión del Registro Civil, que recaerá en los Letrados de la la Administración de Justicia, no supondrá “ningún menoscabo a los derechos profesionales de los funcionarios que trabajan actualmente en los Registros Civiles”, la reforma que ofrece de la Ley 20/2011 no supone ningún reconocimiento de la función que realizan dichos funcionarios, los cuales tienen que seguir llevando a los Juzgados las distintas Administraciones para el reconocimiento de sus derechos.

Ejemplo evidente es la situación de los Gestores Delegados de Registro Civil, al amparo del art. 44 del vigente Reglamento del Registro Civil, que realizan por delegación del Encargado del Registro Civil la extensión (que implica la calificación previa) de inscripciones de nacimiento de hijos matrimoniales, matrimonios canónicos, ordinarias de defunción, notas marginales que no sean de rectificación y cancelación, y funciones de expedición de certificados y fes de vida. El Ministerio de Justicia y demás Administraciones con competencias en Justicia sistemáticamente han denegado el reconocimiento profesional y retributivo de estos gestores, que asumen una mayor responsabilidad, y sólo han sido los Tribunales de Justicia, primero en Cataluña, luego en Valencia, Andalucía o Canarias, los que han puesto coto a esta discriminación. Ahora han sido los 5 Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Zaragoza los que en demandas defendidas por la misma letrada han reconocido de forma unánime el derecho de los Gestores Delegados de Registro Civil de ser retribuidos de forma complementaria por el ejercicio de dichas funciones (se adjunta enlace a extracto de una de las sentencias). Ninguna administración reconoce de oficio este derecho a una mayor retribución por asumir mayores responsabilidades, y sólo se está consiguiendo por la vía judicial. 

Todos los que trabajamos en la Administración de Justicia sabemos que normalmente asumimos funciones de Cuerpos Superiores que no nos corresponden, sin que recibamos retribución o reconocimiento profesional alguno por dichas funciones, mientras que nuestros superiores perciben sus salarios íntegros por funciones que no ejercen y hasta productividad por el trabajo que nosotros realizamos. En los Registros Civiles es más que evidente: la función de calificar la inmensa mayoría de los asientos la realizan el personal de la Administración de Justicia destinado en el mismo (Gestores, Tramitadores y Auxilios), y los Encargados se suelen limitar a plasmar su firma en el trabajo que hemos realizado antes. ¿Por qué no reconocer legalmente la función de calificación que ya realizan, y retribuirles por esta función añadida? ¿Por qué no atribuir también a dichos Cuerpos, sin necesidad de delegación previa, la posibilidad de expedir y firmar certificados, cuando ya los están expidiendo, y retribuirles por asignarles dicha mayor responsabilidad? ¿Por qué no asignar a los Gestores licenciados en Derecho la sustitución de los futuros Encargados de Registros Civiles, y sí a otros Letrados de la Administración de Justicia que trabajen en Juzgados que nada tengan que ver con el Registro Civil? La propuesta del Ministerio calla al respecto.

CCOO no firmará ningún acuerdo que no garantice oficinas del Registro Civil en cada Partido Judicial y competencias delegadas en los Jugados de Paz, y solicita al Ministerio de Justicia la retirada de su propuesta

El Ministerio de Justicia, tras la reunión mantenida en el día 22 de febrero con los Consejeros de Justicia de la Comunidades Autónomas con transferencias y la publicación de la nota informativa de dicha reunión en su página web, remitió ayer a las organizaciones sindicales el borrador de la reforma de la Ley 20/2011, de Registro civil, que debería permitir llevar a cabo, al menos, todo aquello a lo que el Ministerio de Justicia se comprometió con las organizaciones sindicales el pasado 7 de febrero, y entre otras cosas que la demarcación territorial será la misma que la actual, con 431 oficinas abiertas, y que se mantendrían las oficinas delegadas en los Juzgados de Paz.

Nada más lejos de la realidad: la propuesta del Ministerio sólo modifica el art. 22.1 de la Ley de Registro Civil para suprimir el límite de oficinas máximas (3 por comunidad autónoma, más una en cada isla donde ya hay registro civil)que puede crear el Ministerio de Justicia o las Comunidades autónomas con transferencias. Pero sigue estableciendo con carácter general que cada Comunidad autónoma sólo está obligada a tener una Oficina General de Registro civil, y le posibilita a crear otra más por cada 500.000 habitantes así como cuantas juzgue conveniente por razón de la distribución de la población o características del territorio. Los Juzgados de Paz carecerán de competencia alguna en materia registral, y sólo podrán recibir solicitudes para su remisión a la Oficina correspondiente. 

Según el proyecto, la demarcación territorial actual, incluidas las oficinas delegadas en los Juzgados de Paz, únicamente se mantendrán hasta la completa implantación de las aplicaciones informáticas que permitan el funcionamiento del Registro Civil de forma íntegramente electrónica. Desde ese momento desaparecerán por completo las funciones registrales de los Juzgados de Paz, y se posibilitará al Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con transferencias en justicia que “determine la organización y ámbito territorial de competencia de cada oficina general del Registro Civil” que no fuera, a la fecha de entrada en vigor de la Ley 20/2011, Registro Civil exclusivo. 

En otras palabras, el proyecto del Ministerio deja a la responsabilidad de la Administración competente (Ministerio de Justicia, Comunidades autónomas con transferencias) la determinación de cuántas oficinas de registro civil va a haber en cada territorio, sin que en modo alguno esté garantizado el mantenimiento de las actuales 431 Oficinas principales de Registro Civil. Esto además puede dar lugar a configuración de Oficinas de Registro Civil completamente dispar en todo el Estado (podría haber una sola oficina en una Comunidad Autónoma y 20 en otra). No garantiza en modo alguno la proximidad del Registro Civil a los ciudadanos, pues va a quedar a criterio de Administración la configuración territorial de sus Registros Civiles. 

Además no se reconoce derecho alguno a trabajar en Oficinas Generales de Registros Civil a los funcionarios que hoy trabajan en Juzgados de Primera Instancia o Primera Instancia e Instrucción con funciones de Registro Civil y que en el futuro, tras la implantación de la nueva aplicación informática y la determinación de la organización territorial por cada Administración competente, desaparezca. 

Todo ello supone que el Ministerio de Justicia mintió a las organizaciones sindicales en la reunión mantenida el pasado 7 de febrero en la que nos garantizó que defendería la permanencia de las oficinas actuales y que ha seguido mintiendo en los contactos mantenidos con posterioridad. CCOO no va a firmar ningún acuerdo que posibilite que no haya Oficinas de Registro Civil en cada partido judicial y que deje sin competencia alguna a los Juzgados de Paz, abocando a los ciudadanos que vivan en dichos territorios a un servicio mucho peor que el que se presta en la actualidad.

En el día de hoy CCOO ha enviado una carta al Director General de Relaciones con la Administración de Justicia que tiene el siguiente contenido:

El proyecto del Ministerio deja al Ministerio de Justicia y Comunidades autónomas con competencias la determinación del número de oficinas generales en cada Comunidad Autónoma

Como complemento del post anterior, podemos afirmar que el proyecto del Ministerio de Justicia del que se dio traslado ayer a las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia deja a criterio del Ministerio de Justicia y de dichas Comunidades el número de Oficinas Generales de Registro Civil que habrá en cada Comunidad (sólo están obligadas a tener una), y que únicamente suprime el máximo de tres oficinas adicionales que por razón de población o territorio establece la vigente Ley 20/2011, para que pueda haber más oficinas. El proyecto suprime desde la implantación de la nueva aplicación informática todas las competencias de los Juzgados de Paz en materia registral, y posibilita a las Administraciones para que a partir de dicho momento reduzcan el número de oficinas generales de registro civil que haya en cada Comunidad autónoma. No está garantizado que se mantengan las actuales 431 oficinas principales de Registro civil, en contra de lo afirmado por el Sr. Ministro de Justicia, sino más bien todo lo contrario, se invita a su reducción pero se deja la responsabilidad a quien tenga competencias en la materia.

Alerta roja: el Ministerio quiere que desaparezca el partido judicial como demarcación de las Oficinas Generales, y que la misma pase a ser la Comunidad Autónoma

En el día de ayer se celebró una esperada Conferencia Sectorial de Justicia con la asistencia del Ministro de Justicia y los consejeros de Justicia de las comunidades autónomas con competencias en la materia, esperada porque se suponía que en la misma el Ministerio iba a avanzar a dichas Comunidades autónomas, entre otros temas y con más detalle que lo hecho anteriormente en las reuniones con las organizaciones sindicales y profesionales, el futuro del Registro Civil dentro de la Administración de Justicia, tras el anuncio realizado por el Ministro Catalá en el mes de diciembre invitando a un consenso en esta materia y su propuesta de que debe seguir dentro de la Administración de Justicia, servido por Letrados de la Administración de Justicia como Encargados del mismo y servidos íntegramente por personal de la Administración de Justicia. 

Expectación motivada, además, porque el Ministerio de Justicia no siempre ha mantenido el mismo discurso en materia de despliegue de oficinas de Registro Civil: mientras que en un primer momento apostó por mantener la misma planta de Registros Civiles que en la actualidad, es decir, una Oficina General por partido judicial con competencias delegadas en los Juzgados de paz (mantenida luego en las reuniones con las organizaciones sindicales), en las reuniones mantenidas con los representantes de los Letrados de la Administración de Justicia el Ministerio de Justicia afirmó que el mantenimiento de dicho despliegue era "transitorio", hasta la implantación del folio único registral, momento a partir del cual se procedería a la revisión de la planta de Oficinas Generales de Registros Civiles. Asunto sobre el cual informamos en este blog (ver enlace).

Pues bien: según resulta de la nota informativa difundida por el propio Ministerio de Justicia tras la reunión con los Consejeros de Justicia de las Comunidades autónomas con competencias en la materia, el Ministerio pretende dar una nueva vuelta de tuerca al despliegue de Oficinas Generales de Registro Civil, y defiende ahora "un modelo organizativo asentado sobre una Oficina Central y unas Oficinas Generales en cada comunidad autónoma". Nada que ver con lo manifestado inicialmente y lo propuesto en la reunión con las organizaciones sindicales. 

Se ve que en el Ministerio de Justicia ha hecho mella que alguna organización profesional de Letrados de Administración de Justicia calificara de "puro maquillaje" la propuesta inicial del Ministerio de Justicia en materia de despliegue de Oficinas Generales de Registro Civil "por dejar intacta la adscripción de todo el sistema a juzgados e incluso a juzgados de paz.. manteniendo una estructura judicial y organización anticuada, ineficaz, fracasada y en crisis constante, desnaturaliza por completo las previsiones y el objeto de la Ley 20/2011, aprobada en su día por unanimidad en las Cortes Generales, y deja pendiente la implantación de un Registro Civil moderno, telemático, de calidad, y plenamente desjudicializado que responda a las necesidades de la sociedad actual." Bonitas palabras para no decir absolutamente nada cierto ni relevante. 

El propósito de estas organizaciones profesionales de Letrados de la Administración de Justicia es, única y exclusivamente, que los Letrados que sean Encargados de las Oficinas Generales de Registro Civil queden liberados de cualquier otro cometido procesal, civil o penal, es decir, que se dediquen en exclusividad al Registro Civil. Y como ello no es posible con Oficinas de Registro Civil pequeñas, encuadradas en partidos judiciales de población no inferior a 500.000 habitantes (siguiendo los parámetros establecidos en el art. 27 de la Ley de Demarcación y Planta Judicial), su solución pasa por hacer agrupar los Registros Civiles en una Oficina Provincial o incluso de tamaño superior, aunque ello pueda suponer una pérdida irreparable del servicio público para los millones de ciudadanos que no viven en capitales de provincia. 

Si la estructura actual de Registros Civiles fuese "anticuada, ineficaz, fracasada y en crisis constante", no habría la satisfacción que día tras día nos manifiestan los usuarios de los Registros Civiles que pueden realizar sus trámites en las Oficinas principales y delegadas no ubicadas en capitales de provincia, en cuyas Oficinas, normalmente por carencia de medios pero también en algunos casos por deficiente gestión de sus responsables (y no vamos a hablar de cuánto trabajan algunos de ellos) la atención al público suele presentar carencias. Porque el Registro Civil es, ante todo, un servicio público, dirigido a los ciudadanos, y su gestión debe ir encaminada a prestar el mejor servicio público a todos los ciudadanos, con independencia de donde vivan, promoviendo la igualdad de todos los ciudadanos cualquiera que sea su residencia.  

La demarcación registral establecida en la Ley 20/2011 es un error, y que fuese aprobada por consenso no salva el error. Si además se reduce a "unas Oficinas Generales por cada Comunidad Autónoma", tal y como resulta de la nota de prensa del Ministerio de Justicia tras la reunión de ayer, el error es mayúsculo. La demarcación registral de la Ley 20/2011 no fue pensada en dar la mejor atención a los ciudadanos, sino en dotar de exclusividad en su función a los Encargados de los Registros Civiles. Con todos los respectos, en esta materia los legisladores de 2011 no tuvieron en cuenta a todos los ciudadanos y a sus derechos en el centro de la acción pública, tal y como proclama el preámbulo de dicha Ley, y la previsión establecida en la Disposición adicional quinta de dicha Ley para permitir la presentación de solicitud y documentación ante los Juzgados de Paz no salva el perjuicio tremendo que supondría para los ciudadanos que no vivan en capitales de provincia la supresión de las Oficinas Generales de Registro Civil de las sedes de partidos judiciales que no sean capitales de provincia.  El Registro Civil moderno, telemático, de calidad, y plenamente desjudicializado que responda a las necesidades de la sociedad actual, que queremos todo, no tiene nada que ver con la concentración de oficinas registrales en capitales de provincia, es una cosa completamente distinta. 

Aragón, Extremadura, Andalucía, Castilla La Mancha, Castilla Leon, Asturias, Galicia, Cataluña, etc, son Comunidades Autónomas que no pueden tener Oficinas Generales de Registro Civil únicamente en su capital, o en las capitales de sus provincias, pues se obliga a largos o complejos desplazamientos a muchísimos de sus ciudadanos para hacer cualquier trámite registral que exija su presencia (expedientes de matrimonios civiles, juras de nacionalidad, cambios de nombres, reconocimientos de filiación, etc, por no hablar de una fe de vida u obtención de certificados).  Es el ciudadano el que debe ser el centro de atención del Registro Civil, y no los intereses corporativistas de algunos, que una vez que se confirme que los Letrados de la Administración de Justicia serán los responsables de las Oficinas Generales de Registro Civil, quieren un destino dorado, con personal a su servicio que les saque las castañas del fuego sin tener que dedicarse a otros cometidos profesionales.  

El artículo 103 de la Constitución Española establece, entre los principios conforme deben actuar la Administración Pública, los de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación. Difícilmente la concentración de oficinas de Registro Civil que establece la Ley 20/2011, y que con desacierto parece agravar la nota informativa del Ministerio, responde a dichos principios. 

Desde este blog hacemos un llamamiento al Ministro Catalá para que afronte una solución definitiva para el futuro del Registro Civil, buscando el mayor consenso entre todos los operadores jurídicos, y siempre teniendo por horizonte el mejor servicio público a los ciudadanos y no los intereses corporativistas de algunos. Ya es hora de que en España los Gobiernos de todos los colores sitúen de verdad a los ciudadanos como centro de su atención en la prestación de los servicios públicos.

Y también hacemos un llamamiento a las organizaciones sindicales, para que defiendan en la mesa sectorial que la reforma de la Ley 20/2011 debe establecer de forma inequívoca que habrá una Oficina General de Registro Civil en cada partido judicial, y que los Juzgados de Paz tendrán funciones delegadas. No puede ser, como hemos dicho muchas veces, que en aras de un Registro Civil moderno, telemático, de calidad, que responda a las necesidades de la sociedad actual, se haga una reforma que implique dar un peor servicio que el que se da en la actualidad. Sería imperdonable.

CCOO se reúne con el Director General de la Administración de Justicia para reiterarle sus propuestas sobre Registro Civil


CCOO informa que siguen trabajando para que el Registro Civil sea un servicio totalmente público, universal, gratuito, cercano al ciudadano y atendido exclusivamente por personal al servicio de la Administración de Justicia con todos sus derechos laborales, profesionales y retributivos.

CCOO ha remitido al Gobierno, a los grupos parlamentarios del Congreso y a las Consejerías de los Gobiernos Autonómicos con competencias transferidas su propuesta y sigue manteniendo reuniones con todos ellos para hacer valer las mismas.

Ya el Ministerio de Justicia, en la reunión de la mesa sectorial de negociación del 7 de febrero aceptó parte de las propuestas de CCOO y anunció verbalmente las modificaciones de la Ley 20/2011 del Registro Civil que pretendía remitir al Congreso de los Diputados, como son:


Texto de la Ley 20/2011
Modificaciones propuestas por el Ministerio
En cada Comunidad Autónoma o ciudad con Estatuto de Autonomía se ubicará al menos una Oficina General del Registro Civil. El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en la materia podrán crear en sus respectivos ámbitos territoriales, además, una Oficina General del Registro Civil por cada 500.000 habitantes.
Quitar el tope del número de oficinas del registro civil.
El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en la materia fijarán, en sus respectivos ámbitos territoriales, el emplazamiento de las Oficinas Generales del Registro Civil y determinarán, mediante las Relaciones de Puestos de Trabajo, las dotaciones de personal necesario.
Que los puestos de trabajo sean solo ocupados por personal de la Administración de Justicia.
En la forma y con los requisitos que reglamentariamente se determinen, las plazas de Encargados del Registro Civil se proveerán entre funcionarios de carrera del Subgrupo A1 que tengan la Licenciatura en Derecho o la titulación universitaria que la sustituya y entre secretarios judiciales.
Los Encargados de los Registros Civiles serán solo los Letrados de la Administración de Justicia.
Los funcionarios que no obtengan destino en las Oficinas Generales del Registro Civil, mediante un proceso de reordenación de efectivos serán destinados a las vacantes de los órganos judiciales o en su caso fiscales, dentro de la misma localidad. En el caso de no haber suficientes plazas vacantes se procederá a la modificación de las plantillas o en su caso de las Relaciones de Puestos de Trabajo.
El personal funcionario permanecerá en sus actuales puestos de trabajo en todos los casos.


Informa CCOO no dará por finalizada la lucha hasta que en la propuesta por escrito del Ministerio de Justicia no se garantice, al menos, el mantenimiento de las actuales oficinas en todos los partidos judiciales y juzgados de paz y no se recupere para el servicio público las funciones del Registro Civil que han sido privatizadas en favor de Notarios, Registradores y otros colectivos.

Representantes de CCOO se han reunido nuevamente con el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, al que han vuelto a exigirle nuevas modificaciones legislativas para garantizar:

o Que se mantendrán oficinas principales de registro civil en cada partido judicial y oficinas delegadas en cada Juzgado de Paz.

o Que los expedientes de nacionalidad se puedan presentar y digitalizar en los Registros Civiles.

o Que los expedientes de nacionalidad se instruyan en los Registros Civiles.

o Que la competencia para la tramitación de los expedientes previos de matrimonio sea exclusiva del Registro Civil.

En Marea pide recuperar la gestión pública de los registros civiles y de los expedientes de nacionalidad

El portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, ha considerado necesario recuperar la gestión pública de los registros civiles así como de los expedientes de nacionalidad tras reunirse con representantes de la Plataforma por la defensa de un registro civil público.

En declaraciones a los medios tras el encuentro, el exmagistrado lucense, además de defender un registro civil público "gestionado 100% por funcionarios públicos", ha asegurado que los juzgados de paz deben prestar también "un servicio de cercanías a la ciudadanía gallega". Para ello, se ha mostrado partidario de derogar la normativa aprobada por exministro de Justicia Alberto Ruíz Gallardón, al argumentar que varios de sus desarrollos normativos "tenían como finalidad la privatización del registro". Al respecto, ha criticado que permitiese la "utilización de unos datos y un patrimonio que era público para beneficio de registradores y de notarios". "Es inaceptable y va en contra de las directrices y tendencias en el ámbito de la Unión Europea", ha manifestado.

Asimismo, en relación a los expedientes de nacionalidad, ha urgido recuperar "su gestión para lo público" ya que, según ha indicado, "se trata de un sector muy sensible en el que están comprometidos derechos de carácter fundamental", como el "derecho a la nacionalidad para quien cumple los requisitos". "No podemos deferirlo ni a la situación de capacidad económica ni a una situación de tramitación diferida en el tiempo, porque puede afectar a los derechos", ha manifestado. Por último, en relación a los juzgados de paz, ha asegurado que "deben continuar prestando el servicio público" que ofrecen hasta el momento "mejorando su formación" para "poder realizar funciones de conciliación de mediación" entre los vecinos. Además, ha recordado que prestan un servicio de "ciudadanía" a una población que "en muchos casos es dispersa y avejentada" por lo que ha recordado que "su función es esencial" para que los vecinos puedan realizar trámites sin tener que desplazarse de sus municipios.

20minutos, 09.02.2017

Luces y sombras en la propuesta del Ministerio sobre el futuro del Registro Civil

Sin duda alguna, la propuesta sobre el Registro Civil hecha ayer por los responsables del Ministerio de Justicia ante las organizaciones sindicales responde al núcleo de las reivindicaciones hechas desde este blog, que son que el Registro Civil sea público, gratuito, integrado en las Administración de Justicia, con los Letrados como Encargados del Registro Civil y servido íntegramente por personal de la Administración de Justicia. Sin duda un logro que está en el haber de todos los que han luchado sin descanso desde 2010 para que fuera así, y que no desfallecieron incluso durante los aciagos comienzos del año 2015 en que todo parecía perdido, alguna organización sindical abandonó la lucha y ésta se mantuvo principalmente gracias al empuje de compañeros y compañeras de Registros Civiles de toda España, cuyo punto culminante fue la manifestación celebrada el 11 de abril de 2015 en Madrid.

Pero no es oro todo lo que reluce, y frente las buenas noticias ya conocidas existen ciertas cuestiones que deben ser tratadas y solucionadas. Según informan las organizaciones sindicales (enlaces a la información ofrecida por CCOO, CSIF, UGT y STAJ) el Ministerio de Justicia pretende implementar su proyecto de Registro Civil en dos fases: 

. una primera, que se realizaría a ser posible antes de julio de este año (momento de la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de Registro Civil), para el cual se harían unas mínimas modificaciones en la Ley 20/2011, preferentemente consensuadas con organizaciones sindicales, asociaciones profesionales y partidos políticos, que permitan la entrada en vigor de dicha Ley salvo lo relativo al registro individual de cada persona (dado que para ello es preciso un programa informático que sustituya a Inforeg), lo que a su vez conllevará que tampoco entren en vigor las reglas de competencia (o mejor la desaparición de las reglas de competencia) para la práctica de asientos. Es esta primera fase todo se mantendría como hasta la fecha, si bien los Encargados de los Registros Civiles pasarían a ser ya los Letrados de la Administración de Justicia, con Oficinas de Registro Civil en cada partido judicial y Juzgados de Paz como Oficinas delegadas. 

- y una segunda fase, una vez que se implantase el programa que permita el nuevo registro personal. 

Es esta segunda fase donde aparecen las primeras sombras. Aunque nada se dijo en la reunión con las organizaciones sindicales, en la reunión que mantuvieron el mismo día 7 de febrero los representantes de las organizaciones de Letrados de la Administración de Justicia (según informan CNLAJ y SISEJ) el Ministerio les afirmó que en la primera fase "se mantendrá el despliegue territorial de los Registros de manera transitoria como está ahora, hasta que se desarrollen los estudios oportunos que lleven a hacer otra distribución territorial más conforme a la prevista en la Ley del 2011, y la herramienta informática (INFOREG) lo permita." Sisej critica en su página web que el Registro Civil se mantenga incardinado en los Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Paz, habiendo emitido una nota informativa al efecto.

El Ministerio asume gran parte de las propuestas y defenderá en las Cortes un Registro Civil público, gratuito, atendido sólo por personal de la Administración de Justicia, con Letrados como Encargados y con las mismas oficinas que en la actualidad.

Según informa CCOO, en la reunión de la Mesa Sectorial celebrada ayer el Ministerio de Justicia hizo cuyas una gran parte de las propuestas del documento presentado por CCOO la semana pasada. Los responsables del Ministerio de Justicia informaron de forma verbal sobre los ejes de la reforma de la Ley 20/2011, se comprometieron a presentar por escrito su propuesta en la siguiente reunión, así como a estudiar el resto de las propuestas del citado documento. 

El nuevo Registro Civil que propone el Gobierno, se pondrá en marcha el 1 de julio de 2017 en base a los siguientes ejes:

1. Carácter totalmente público del Registro Civil abandonándose cualquier opción de privatización. 

2. Registro Civil totalmente gratuito. 

3. Será un registro civil único para todo el Estado. 

4. Estará integrado en la Administración de Justicia, sin ningún menoscabo de los derechos profesionales del personal funcionario. Se introducirá en una disposición adicional que contenga que “los puestos de trabajo del Registro Central y de las Oficinas Generales solo podrán ser cubiertos por personal de la Administración de Justicia”. Y cada oficina será centro de destino conforme al artículo 521 de la LOPJ. 

5. Desjudicializado, sin ninguna intervención de Jueces y Magistrados. 

6. Los/as Encargados/as del Registro Civil pertenecerán al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y continuarán en servicio activo. 

7. Se dará una salida profesional adecuada (pendiente de determinar) de los actuales jueces encargados del Registro Civil Central y de los Registros Civiles Exclusivos. 

8. La demarcación territorial será la misma que la actual, con 431 oficinas abiertas, por lo que no se alterará el lugar de trabajo del personal funcionario afectado. 

9. Se mantienen las oficinas delegadas en los Juzgados de Paz. 

10. El nuevo folio único personal se implantará mediante una nueva aplicación tecnológica abandonándose Inforeg. 

11. Hasta que esté operativa la nueva aplicación informática se seguirá aplicando la legislación actual. 

12. Los y las Letradas de la AJU, Encargados/as de los Registros Civiles dependerán funcionalmente de la Dirección General de los Registros y el Notariado. 

Deberán abordarse las modificaciones de la Ley 20/2011 para garantizar estos 12 ejes fundamentales, para establecer la reserva de función solo para los cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia, para ordenar la actividad profesional a través de una RPT, para determinar las funciones de las oficinas principales y delegadas y de su personal, para establecer el régimen de sustituciones de Encargados y Encargadas, etc. El Ministerio de Justicia pretende que la modificación de la Ley 20/2011 sea la mínima posible, a fin de posibilitar el máximo consenso posible en dicha modificación y su entrada en vigor en julio de este año.

En la reunión CCOO ha reiterado las propuestas contenidas en su documento que han quedado pendientes de ser contestadas por el Ministerio de Justicia en reuniones posteriores, entre las que cabe resaltar: 

- La recuperación para el Registro Civil de los expedientes de nacionalidad y de matrimonio actualmente encomendados a Registros de la Propiedad y Notarías. 

- El restablecimiento de los principios de competencia territorial.

- El establecimiento como centro de destino para el personal funcionario de las Embajadas y Consulados con funciones registrales.

- El incremento de las plantillas donde la carga de trabajo así lo justifique. 

- La implantación del nuevo sistema informático de forma pausada, con experiencias piloto, con participación de los usuarios y las usuarias y con formación exhaustiva para su utilización. 

- La asignación de funciones concretas y propias para el Cuerpo de Gestión, debidamente retribuidas y la sustitución desde este cuerpo a los/as Letrados/as Encargados/as con el 100% de sus retribuciones y derechos del cuerpo que se sustituye.  

- La asignación de puestos singularizados en la RPT a los cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial. 

CCOO, 08.02.2017

Catalá defiende ante los letrados de la Administración de Justicia un Registro Civil público, gratuito y digital, y apuesta porque el letrado asuma la dirección del registro en sustitución del juez

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha reunido esta mañana con las asociaciones de letrados de la Administración de Justicia CNLAJ, UPSJ, SISEJ y AINSEJU ante quienes se ha comprometido a poner en marcha la desjudicialización del Registro Civil para impulsar un modelo de servicio público, gratuito, electrónico y cercano al ciudadano. El ministro ha apostado porque sean los letrados de la Administración de Justicia quienes se encarguen de su dirección para lo que será necesario reformar la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil y analizar las cargas de trabajo de cada registro para lograr una organización más eficiente.

La negociación sobre el Registro Civil, pospueta hasta la celebración de Mesa Sectorial

La reunión que celebraron ayer Ministerio de Justicia y organizaciones sindicales más representativas no sirvió para que el Ministro de Justicia presentase su propuesta sobre Registro Civil, y ello pese a que figuraba como primer punto del orden del día.

Según informa CCOO la falta de concreción de las propuestas del ministerio volvió a ser la tónica general, exigiendo las organizaciones sindicales la garantía para el personal de la administración de justicia de que las reformas organizativas no afectarán en ningún caso a las retribuciones actuales en cada puesto de trabajo, que en ningún caso hubiera disminución de empleo público y que no se permitirá que haya ningún supuesto de movilidad geográfica forzosa.

Por boca de la Secretaria de Estado, el Ministerio de Justicia informó en materia de Registro Civil que su acuerdo final tiene que extenderse también a las CCAA con competencias transferidas. El Ministro de Justicia descató, según nota de prensa colgada en su página web, dos de las reformas estructurales que deberán acometerse en el marco de la Estrategia Nacional de Justicia. Por un lado, la reforma del proceso penal y, con ella, la creación de una Oficina Fiscal que desde un modelo de organización más racional y eficiente posibilite la agilización de la gestión procesal. Por otro, la reforma del Registro Civil, que se llevará a la mesa sectorial con el compromiso de proteger los derechos laborales de sus profesionales. El ministro ha defendido la actual organización del Registro Civil, público, gratuito y electrónico, y que esté llevado por funcionarios de la Administración de Justicia.

CCOO presentó en la reunión la propuesta a que hacemos referencia en el post anterior, que garantiza su mantenimiento en la Administración de Justicia, con todas las oficinas actuales y todos los puestos de trabajo. La próxima semana comenzarán las negociaciones sobre Registro Civil en el marco de la mesa sectorial.

CCOO presenta al Ministerio de Justicia su propuesta de Registro Civil público, gratuito, cercano a los ciudadanos y servido íntegramente por personal de la Administración de Justicia

CCOO propone la reforma de la Ley 20/2011, de Registro Civil, para que pueda entrar en vigor dentro del plazo previsto, basado en los siguientes ejes, que se desarrollan de forma pormenorizada y detallada en la propuesta remitida al Ministro.
 
CCOO reclama al ministro de Justicia un acuerdo urgente para la reforma de la Ley 20/2011 del Registro Civil que garantice además todos los puestos de trabajo existentes en la actualidad
 
CCOO ha presentado en el día de hoy al Ministerio de Justicia su propuesta de reforma de la Ley 20/2011 de Registro Civil, para que éste siga siendo un servicio público integrado dentro de la Administración de Justicia, cercano, gratuito, accesible electrónicamente por las demás Administraciones y funcionarios públicos, y servido íntegramente por personal de la Administración de Justicia, y que debería entrar en vigor el 30 de junio de 2017, finalizando con ello la interinidad provocada desde la aprobación de dicha Ley.

Tras casi año y medio de interinidad, el Ministro Catalá anunció ante el Congreso de los Diputados el pasado 5 de diciembre la propuesta del Ministerio de Justicia, que es que la llevanza del Registro Civil sea 100 % pública, confiando que su atribución a los Letrados de la Administración de Justicia , con la idea además de crear las Oficinas Generales de Registro Civil singularizadas, dentro de los juzgados que atienden esta función, con plantillas de funcionarios de la Administración de Justicia; y que su gestión sea 100 % pública, con un sistema electrónico de gestión del Registro Civil de titularidad estatal, que permita la transición de las cuatro secciones actuales al folio personal.

Partiendo de dicha declaración, y en coherencia con las propuestas defendidas estos últimos 5 años, CCOO propone la reforma de la Ley 20/2011, de Registro Civil, para que pueda entrar en vigor dentro del plazo previsto, basado en los siguientes ejes:

1.- Registro Civil integrado en la Administración de Justicia. Mantenimiento de todos los puestos de trabajo existentes en la actualidad. 

 
2.- Registro civil servido por personal de la Administración de Justicia: 
  • Con Letrados como Encargados de los mismos 
  • Con Gestores con asunción de funciones en materia de calificación y sustitución de los Encargados 
  • Con la posibilidad de que Tramitadores y Auxilios puedan ostentar jefaturas de servicio en Oficinas de gran tamaño.
  • Apertura de los puestos de trabajo de los Registros Civiles Consulares al personal de la Administración de Justicia. 
3.Mantenimiento de la actual estructura de Oficinas de Registro Civil en cada partido judicial: 
  • Establecimiento de oficinas singularizadas de Registro Civil en cada partido judicial, excepto en partidos judiciales con un único Juzgado y Juzgados de Paz, en las que sus funcionarios compartirían la función registral con otras funciones procesales.
  • Potenciación de las Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz y Juzgados de Paz servidos por personal de la Administración de Justicia como Oficinas Delegadas de Registro Civil.
  • Restablecimiento de los principios de competencia territorial, excepto para la expedición de certificados de inscripciones informatizas o digitalizadas que podrían ser expedidos por cualquier Registro Civil. 
4.- Registro Civil electrónico, accesible por todas las Administraciones y funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
  • Implantación del folio único para cada persona. Incorporación al proceso de digitalización de todas las inscripciones de nacimiento practicadas desde 1935, así como los pueblos que restan.
  • Desarrollo de sistemas y aplicaciones informáticas comunes a todos los Registros Civiles para la tramitación de todo tipo de procedimiento registral.
  • Incorporación de todos los Registros Civiles Consulares a la base de datos de Registro Civil. Digitalización completa del Registro Civil Central.
  • Establecimiento de plataforma común de intercambio de información y comunicación entre registros. Incorporación de las Oficinas del Registro Civil a las previsiones de la Ley 18/2011, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la administración de Justicia. 
  • Acceso electrónico y gratuito al Registro Civil por parte de Administraciones Públicas y funcionarios públicos. 
5.- Exclusividad del Registro Civil en la tramitación de procedimientos relativos al estado civil.
  • Atribución a los Registros Civiles de la instrucción de los expedientes de nacionalidad, hoy atribuida a la DGRN.
  • Atribución de los expedientes previos al matrimonio civil a los Registros Civiles en exclusiva. 
  • Atribución a los Encargados de Registro Civil la resolución de los expedientes de jurisdicción voluntaria relativos al reconocimiento de filiación efectuados por menores de edad. 
CCOO considera que esta propuesta garantiza el mantenimiento del Registro Civil como servicio público, gratuito y cercano a los ciudadanos; que pone en valor el trabajo que se desarrolla en los mismos por los funcionarios de la Administración de Justicia; que supone la modernización del Registro Civil, y que garantiza la continuidad del servicio prestado y su accesibilidad a todos los ciudadanos.
 

Aun se están digitalizando los expedientes de nacionalidad de finales del 2014 y primeros del 2015. ¿Para cuándo la instrucción completa de los expedientes para los Registros Civiles?

Según información suministrada por el Ministerio de Justicia ante las llamadas de cientos de solicitantes de nacionalidad española que presentaron su solicitud desde finales de 2014, el Ministerio de Justicia está todavía digitalizando dichos expedientes, junto con los de inicios del 2015; en la actualidad llevan digitalizados unos 60.000 expedientes, y dicen que dentro de poco se volcarán al sistema para iniciar la fase de instrucción que conforme la normativa previa al RD 1004/2015 corresponde a la DGRN, momento a partir del cual se podrá consultar su estado a través de la página web del Ministerio de Justicia. De las presentadas a partir de octubre de 2015, en formato papel o eletrónicamente, a través de los Registros Civiles u otros registros públicos, ni se sabe cuándo se empezará su tramitación. 

Es decir, que mientras el Ministerio de Justicia ha criticado duramente la parte de la tramitación de los expedientes de nacionalidad competencia de los Registros Civiles hasta octubre de 2015, justificando con ello la atribución a la DGRN de toda la instrucción de los expedientes de nacionalidad desde octubre de 2015, así como la pérdida de competencias de los Registros Civiles para la recepción de solicitudes desde julio de este año, los hechos demuestran una vez más que el culpable del colapso en la tramitación de los expedientes de nacionalidad es, principal y esencialmente, la DGRN. 

Todo esto viene a cuento de la reunión de la mesa sectorial que va a tener el Ministerio de Justicia con las organizaciones sindicales el próximo 2 de febrero, con la asistencia del Ministro Catalá, en que el Ministerio va a exponer su propuesta para el Registro Civil, que según sus manifestaciones quedará dentro de la Administración de Justicia. Conseguido lo primero y fundamental, lo segundo es dotar de competencias al Registro Civil, por el bien y el buen servicio a los ciudadanos a los que nos debemos. 

La función de los Registros civiles en España no ha sido hasta la fecha únicamente la constatación y publicidad de los actos y hechos relativos al estado civil, sino que también coadyuvan a la formación de actos de estado civil (reconocimiento de paternidad no matrimonial, emancipación, adquisición o conservación de la vecindad civil, adquisición, conservación y pérdida de la nacionalidad española, autorización para contraer matrimonio civil, cambios de nombre y apellidos, etc), lo que supone simplificación de los trámites para los ciudadanos y los profesionales, gratuidad de los mismos y evitar discrepancias de doble calificación (notarios/jueces/profesionales y registradores de la propiedad/mercantiles) sobre la legalidad de los actos en cuya formación se interviene. 

Sin embargo, durante la legislatura 21011-2015 el PP, en su afán de atribuir la llevanza del Registro Civil a los Registradores de la Propiedad, fue quitando algunas de estas competencias a los Registros Civiles, a fin dejar a los Registros Civiles únicamente con competencias en materia de inscripción de hechos y actos de estado civil y su publicidad. Los Registradores no querían el modelo de Registro Civil existente sino uno más cómodo para ellos, sin afluencia de público a sus oficinas, dedicado casi exclusivamente a registrar y certificar previo paso por caja. Y ello llevó a que los dos expedientes de Registro Civil más demandados y que mayores recursos humanos precisan, como son los expedientes previos al matrimonio civil y los de adquisición de la nacionalidad española por residencia, pueden quedar fuera de la competencia del Registro Civil (los primeros, con competencia compartida con los Notarios a partir de julio de este año, los segundos de forma definitiva desde octubre de 2015).

El Registro Civil debe ser un servicio público cercano a los ciudadanos, con implantación en todos los partidos judiciales y con Juzgados de Paz como Oficinas Delegadas (y IV)

Mantenimiento de los Juzgados de Paz como Oficinas Delegadas del Registro Civil.

Los Juzgados de Paz han desarrollado y desarrollan en la actualidad una función esencial en la llevanza del Registro Civil, llevando a cabo tareas registrales sencillas bajo la supervisión del Encargado del Registro civil.

Hoy los Juzgados de Paz son competentes para inscribir cuantos hechos acaecen en su término municipal (matrimonios, defunciones), para inscribir los nacimientos ocurridos en hospitales si los padres tienen su domicilio en dicho municipio (pues casi nunca en el municipio de los Juzgados de Paz existe hospital) y para inscribir asientos marginales en las inscripciones de nacimiento, matrimonio o defunción practicados en el Juzgado de Paz. Además pueden tramitar los expedientes de matrimonio civil y fes de vida,  recibir cualquier tipo de solicitud para remitir al Registro competente, y expedir los certificados de los hechos inscritos en el municipio.

Conforme el vigente art. 46 del Reglamento del Registro Civil, “en los Registros Municipales, el Juez de Paz actúa por delegación del Encargado y con iguales facultades, salvo en los expedientes. En su virtud, extenderá las inscripciones dentro del plazo de nacimiento de hijos habidos en matrimonio, las ordinarias de defunción, las de matrimonio en forma religiosa mediante la certificación respectiva, las de matrimonio en forma civil cuyo previo expediente haya instruido, y las notas marginales que no sean de rectificación o cancelación. No deberá, sin embargo, extender ningún otro asiento, salvo en casos de urgente necesidad, sin recibir instrucción particular y por escrito del Encargado, solicitada y despachada inmediatamente, la cual será archivada con los demás antecedentes relativos al asiento, reservándose minuta el Encargado. En todo caso, cumplirá cuantos cometidos reciba del Encargado del Registro.”. Además el Juez de Paz es competente, bajo la dirección del Encargado y por delegación de éste, para instruir el expediente previo al matrimonio y para autorizar o denegar su celebración (art. 239 RRC), para tramitar los expedientes de fes de vida y estado (art. 364 RRC), así como para recibir peticiones cuando la oficina competente de Registro civil, a la que se dará inmediato traslado, radique en otro término o demarcación (art. 2 RRC). Todo ello ha supuesto y supone una descarga de trabajo en los Registros Civiles principales enorme y desgraciadamente nunca suficientemente valorada.

La entrada en vigor de un Registro Civil enteramente electrónico supone un cambio sustancial de las funciones de los Juzgados de Paz respecto de las inscripciones informatizadas (las posteriores a 1950):

El Registro Civil debe ser un servicio público cercano a los ciudadanos, con implantación en todos los partidos judiciales y con Juzgados de Paz como Oficinas Delegadas (III)

Oficinas Generales de Registro Civil en cada partido judicial

Una vez justificado por qué entendemos que, salvo en ciertas poblaciones como hasta ahora en los Registros Civiles exclusivos, el Letrado Encargado puede compartir la llevanza del Registro Civil con otros cometidos procesales, toca determinar cuál ha de ser, a nuestro juicio, la planta de las Oficinas Generales de Registro Civil. 

Tal y como se ha dicho en el post anterior, la Ley 20/2011 modifica la organización territorial actual de los Registros Civiles (una por cada partido judicial), estableciendo en su artículo 22 la existencia de una Oficina General del Registro Civil por Comunidad Autónoma o ciudad con Estatuto de Autonomía, permitiendo al Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en la materia crear en cada Comunidad Autónoma , además, una Oficina General del Registro Civil por cada 500.000 habitantes y excepcionalmente, por razón de la singular distribución de la población o por las características del territorio, otras tres Oficinas Generales. La Disposición Adicional quinta de dicha Ley establece la previsión de que ciudadanos puedan presentar la solicitud y la documentación necesaria para las actuaciones ante el Registro Civil en los Juzgados de Paz. 

La realidad de la sociedad española dista mucho de la posibilidad de realizar la mayoría de trámites por Internet, tal y como invita la Ley 20/2011. La mejora de las comunicaciones y la posibilidad de presentar por medios tecnológicos las solicitudes no justifica un cambio de la índole que establece la Ley 20/2011, pasando de existir en la actualidad en España 8116 oficinas de Registro Civil, una por municipio, a apenas 160 Oficinas en toda España. Quien defienda la drástica reducción de Oficinas de Registro Civil prima la gestión ad intra de dicha oficina sobre el servicio público que se da a los ciudadanos. 

El Registro Civil debe ser un servicio público cercano a los ciudadanos, con implantación en todos los partidos judiciales y con Juzgados de Paz como Oficinas Delegadas (II)

¿Encargado del Registro Civil con dedicación exclusiva o compartiendo su labor con otras tareas procesales?

Una de las cuestiones más delicadas, y que con gran probabilidad tendrá su reflejo en la extensión de la planta de los Registros Civiles, es si sus Encargados-Letrados deben tener dedicación exclusiva a las tareas registrales o pueden compartir éstas con otras de carácter procesal. En función de la respuesta que se dé a este interrogante podrá o no mantenerse un modelo de Registro Civil similar al actual, con Oficinas Generales en cada uno de los 431 partidos judiciales de España. Si el Encargado debe tener exclusividad en su función, o se amplía extraordinariamente el número de funcionarios del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, o se reducen drásticamente el número de oficinas generales del Registro Civil, lo que implicará la pérdida de servicios en la mayor parte de las poblaciones que no sean capital de provincias. A todos nos gustaría que se pudiesen mantener las 432 Oficinas de Registro Civil con Encargados dedicados en exclusividad pero ello económicamente no parece sostenible porque supondría crear más de 400 nuevas plazas de Letrados, mucho de los cuales se cruzarían de brazos durante gran parte de su jornada laboral.

En el post anterior ya adelantábamos que para nosotros el Encargado del Registro Civil (Letrados de la Administración de Justicia) debería poder asumir otras funciones jurisdiccionales (de  jurisdicción civil), y que sólo en el caso de las ciudades más grandes el Letrado - Encargado del Registro Civil se dedicaría  con exclusividad a dicha función. Ahora vamos a intentar explicar por qué.

El vigente artículo 27.1 de la Ley 38/1998, de 28 de diciembre, de Planta y Demarcación Judicial (cuya derogación prevé la Disposición Derogatoria de la Ley 20/2011, de Registro Civil, cuando ésta entre en vigor), establece que “las plazas de Jueces o Magistrados encargados con exclusividad del Registro Civil serán las del Registro Civil Central de Madrid y las demás previstas en el Anexo VI. En las poblaciones que cuenten con más de 500.000 habitantes y en aquellas otras en que se juzgue conveniente en atención al volumen de población y al alto número de actuaciones de esta naturaleza, podrán establecerse mediante Orden ministerial otras plazas de Jueces o Magistrados encargados con exclusividad del Registro Civil.

En la actualidad existen 431 Registros Civiles principales, uno por partido judicial, al que hay que añadir el Registro Civil Central. Como desarrollo del art. 27 de de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, de los 432 Registros Civiles principales sólo en 16 sus Jueces Encargados se dedican con carácter exclusivo al Registro Civil. Todos los demás se encuentran a cargo de un Juez de 1ª Instancia asistido por un Letrado de la Administración de Justicia que realizan actividades registrales de forma parcial, compartiendo dicha función con otras de carácter civil e incluso penal, sin que por ello su funcionamiento desmerezca respecto de los Registros Civiles exclusivos. Por lo tanto la exclusividad en las tareas registrales en España es la excepción, no la norma.

El PSOE tiene reticencias a que se mantengan los Registros Civiles en los Juzgados mixtos

Según informa CCOO, en el marco de las reuniones que el Sector de Justicia de CCOO viene manteniendo con los distintos grupos parlamentarios una delegación de CCOO se reunió ayer 29 de diciembre con una delegación del grupo socialista del Congreso de los Diputados encabezada por su portavoz en la Comisión de Justicia, el diputado Juan Carlos Campo. 

CCOO ha solicitado al portavoz socialista su apoyo para defender en los trámites legislativos sus propuestas, basadas en el empleo público estable y de calidad, en la defensa del servicio público y en la recuperación de los derechos recortados durante la crisis económica y entre las que ha señalado como de máxima urgencia el mantenimiento de los Registros Civiles en el ámbito de la Administración de Justicia, manteniéndose también todas las oficinas actuales en los registros civiles exclusivos, juzgados de primera instancia o mixtos con competencias y juzgados de paz.

La representación del PSOE se ha mostrado en general favorable a las propuestas de CCOO, si bien ha sido el único partido que ha presentado reticencias al mantenimiento de todas las oficinas de los Registros Civiles en los partidos judiciales y juzgados de paz, argumentando que la informatización de este servicio y su centralización en un registro único no hacen necesario la existencia de todas estas oficinas, opinión que CCOO ha rebatido afirmando que se debe seguir apostando por un servicio público gratuito, universal, cercano a la ciudadanía y atendido por personal especializado como solo es, en este caso, el de los cuerpos de la Administración de Justicia.