Publicada en el BOE la prórroga de la vacatio legis de la Ley 20/2011 de Registro Civil

Aparece publicada en el BOE de 12 de junio la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas.

La Disposición final primera de esta Ley amplía la vacatio de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, hasta el 30 de junio de 2020, mediante la modificación de la Disposición final décima de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, que pasará a tener la siguiente redacción:

La presente ley entrará en vigor el 30 de junio de 2020, excepto las disposiciones adicionales séptima y octava y las disposiciones finales tercera y sexta, que entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, y excepto los artículos 49.2 y 53 del mismo texto legal, que entrarán en vigor el día 30 de junio de 2017.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la entrada en vigor el 15 de octubre de 2015 de los artículos 44, 45, 46, 47, 49.1 y 4, 64, 66, 67.3 y disposición adicional novena, en la redacción dada por el artículo segundo de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil

Hasta la completa entrada en vigor de esta ley, el Gobierno adoptará las medidas y los cambios normativos necesarios que afecten a la organización y funcionamiento de los Registros Civiles.

Una observación: La Ley 5/2018 entra en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE. Si ha sido publicada en el BOE de 12 de junio, entre en vigor el 2 de julio. La anterior Disposición Final Décima de la Ley 20/2011 establecía su entrada en vigor el 30 de junio, por lo que durante 1 día, el día 1 de julio de 2018, la Ley 20/2011 estará en vigor... aunque es domingo.


El Senado aprueba la prórroga de la vacatio legis de la Ley 20/2011 hasta el 30 de junio de 2020

El Pleno del Senado acaba de aprobar la Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas, que contiene la modificación de la Disposición Final Décima de la Ley 20/2011, de Registro Civil, en el sentido de que dicha Ley " entrará en vigor el 30 de junio de 2020", excepto aquellas disposiciones que ya han entrado en vigor (Disposiciones adicionales séptima, octava y novena;  Disposiciones finales tercera y sexta; artículos 44, 45, 46, 47, 49.1, 2 y 4, 53, 64, 66 y 67.3). 

Adios, Rajoy. Gracias, Catalá

Desde el pasado viernes 1 de junio Mariano Rajoy ya no es Presidente del Gobierno. Bajo su mandato se ha producido el mayor ataque a los servicios públicos habido en democracia: con la excusa de la crisis se intentó la privatización de numerosos servicios públicos, supuestamente con el fin de reducir el déficit público, poniendo en manos privadas (y normalmente privilegiadas) asuntos que siempre habían tenido la consideración de servicios públicos, desde la gestión de los hospitales públicos hasta numerosos trámites administrativos y judiciales. 

Con Rajoy en el Gobierno, y con el apoyo de sus registradores - colaboradores, el Ministerio de Justicia con Ruiz Gallardón comenzó el asalto al Registro Civil. 

Primero, otorgando a los Registradores de la Propiedad la tramitación de los expedientes de nacionalidad por residencia hasta la puesta a disposición del Ministerio de Justicia, para la elevación del preceptivo informe-propuesta de resolución, al principio gratuita, con el fin de desbloquear la resolución de los expedientes de nacionalidad que el propio Ministerio había atascado al suprimir casi toda la plantilla destinada a su resolución.

Segundo, apoyando el borrador del Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros, que atribuía ya directamente a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles la gestión del Registro Civil, en beneficio propio (recordemos la redacción de su propuesta del art. 21.5 de la Ley 20/2011: "Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles sufragarán íntegramente los costes derivados de la prestación del servicio público del Registro Civil, incluyendo sus honorarios, mediante la aplicación de los correspondientes Aranceles"). Primer Anteproyecto que decayó gracias a la presión de los Notarios, que veían como se fortalecía la posición de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles en el tráfico jurídico en perjuicio de los Notarios. 

Tercero, apoyando el segundo borrador del Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros, más matizado (y por tanto más asumible para los Notarios), que contó con la oposición de un gran número de Registradores de la Propiedad que promovieron, y consiguieron, un cambio en la dirección del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, previa Asamblea histórica celebrada en Zaragoza. 

Cuarto, mediante la publicación del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, cuya Disposición Adicional Vigésima establecía lo siguiente: "A partir de la entrada en vigor en su totalidad de la Ley 20/2011, de 21 de julio, el Registro Civil estará encomendado a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles que en cada momento tengan a su cargo las oficinas del Registro Mercantil, por razón de su competencia territorial. Dichas oficinas se denominarán Oficinas del Registro Civil y Mercantil". Real Decreto Ley que luego se convertiría en la Ley 18/2014, y cuyos preceptos relativos al Registro Civil fueron estimados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional por entender que no concurrían las circunstancias de urgencia y necesidad que amparan este tipo de normas. 

Todo ello, bajo el amparo de Mariano Rajoy, Soraya Saez de Santamaría y la cohorte de Registradores que únicamente buscaban consolidar su posición en el tráfico jurídico ante las denuncias procedentes de la Unión Europea que ponían y ponen en riesgo no su existencia sino su privilegiado status en aras de la competitividad. 

Y en esto llegó Rafael Catalá. Tras la dimisión (autodimisión, pues él solito se montó un barullo para luego dimitir) de Ruiz Gallardón, se designó a Rafael Catalá como Ministro de Justicia. El cese de Gallardón vino acompañado del cese del Director General de Registros y del Notariado, Registrador Mercantil de Zaragoza, uno de los máximos soportes de la privatización del Registro Civil. 

Catalá apoyó inicialmente la privatización del Registro Civil, si bien recondujo el proyecto para el agrado del Colegio de Registradores. Ya no iban a ser los Registradores Mercantiles los que se harían cargo de los Registros Civiles, sino los de la Propiedad. No se iba a constituir la Corporación de Derecho Público encargada de la contratación del sistema informático único y de la aplicación de llevanza en formato electrónico del Registro Civil y su red de comunicaciones a que hacía referencia el Real Decreto Ley 8/2014, sino que iba a ser el propio Colegio de Registradores el que se haría cargo de dicha contratación. Y constituyó la Comisión Mixta de Colaboración entre el Ministerio de Justicia y el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, en materia de Registro Civil, encargada de coordinar el traspaso de la gestión del Registro Civil a dichos Registradores. 

Mientras la Comisión Mixta avanzó en su trabajo y se llevaron a cabo las primeras pruebas con la nueva aplicación, el colectivo de trabajadores y trabajadoras de los Registros Civiles, con el apoyo de las organizaciones sindicales (en especial CCOO, que nunca cejó en este empeño ni dio la batalla por perdida), empezó a coordinarse, hasta constituir la marea amarilla que inundó calles de Madrid en abril de 2015. Cuando ya todo parecía perdido, a finales de dicho mes el Ministerio de Justicia renunció a la privatización del Registro Civil, derogándose por medio de la Ley 19/2015 las disposiciones de la Ley 18/2014 que así lo establecían. Volvíamos a la casilla de salida. 

Nunca se ha explicado suficientemente qué motivó que un proyecto tan adelantado (las actas de la Comisión Mixta así lo atestiguan) decayese finalmente a tan sólo un par de meses de su entrada en vigor. Era necesario reformar la Ley 20/2011 ( y había en tramitación en el Congreso leyes que así lo permitían) y se había avanzado mucho en ello; existían problemas técnicos para la implantación de la nueva plataforma electrónica, y es cierto que las actas de las últimas reuniones de la Comisión Mixta muestran ciertas desavenencias entre el Ministerio de Justicia y el Colegio de Registradores, pero hay algo más que no conocemos y que sea lo que fuere supuso la derogación de la privatización del Registro Civil. 

Desde entonces, Catalá ha defendido siempre que el Registro Civil debe ser público, gratuito, cercano a los ciudadanos, con los LAJ como Encargados y el personal de la Administración de Justicia como funcionarios a su cargo. Ha defendido el mantenimiento de las oficinas de Registro Civil actuales, tanto en los Juzgados de Paz como en los partidos judiciales, aunque ello le haya llevado al enfrentamiento con el colectivo de LAJ, que quieren Oficinas exclusivas del Registro Civil, sin otras competencias procesales, en unas pocas ciudades de España, aunque ello sea en perjuicio del servicio público. 

Las propuesta de Catalá, desgraciadamente, no se han plasmado en los tres años que han pasado desde la derogación de la privatización del Registro Civil en la necesaria reforma de la Ley 20/2011, de Registro Civil. El equipo de Catalá no ha sabido, o no ha querido, defender un proyecto de reforma de la Ley 20/2011 que contuviera los puntos propuestos por Catalá ante las organizaciones sindicales. Han trabajado al margen de su grupo parlamentario, y ello llevó a que el grupo parlamentario del PP tuviese que defender en el Congreso una Proposición de Ley de reforma de la Ley 20/2011 elaborada por el equipo del Ministerio de Justicia claramente insuficiente, proposición que tuvo el voto desfavorable en su toma en consideración pese a su acertada defensa tanto por la portavoz del PP en la Comisión de Justicia como por el propio Catalá. En ese momento primaron intereses corporativos, pues para el PSOE, las asociaciones de Jueces y Secretarios lo importante era infringir una derrota a Catalá fuese en el tema que fuese, y con tal fin se movieron entre los grupos parlamentarios (especialmente con Ciudadanos) para lograr que la Proposición de Ley no prosperase. La Proposición de Ley era mala, insuficiente, pero podía mejorarse sustancialmente en fase de enmiendas. Su rechazo, y la falta de cupo para que Podemos pudiera defender su Proposición de Ley de reforma de la Ley 20/2011 durante este periodo de sesiones, lleva directamente a la prórroga de la vacatio legis de la Ley 20/2011 durante dos años, que ahora tendrá que empezar a gestionar el PSOE, cuyo portavoz de Justicia en el Congreso, Juan Campo, es el máximo valedor de dicha Ley cuyas lagunas e imprecisiones permitió el intento de privatización del Registro Civil. 

Rafael Catalá ha sido un Ministro de Justicia reprobado; ha tenido al colectivo de Jueces, Fiscales y Secretarios en su contra por intereses esencialmente corporativos (principalmente económicos); no ha llevado a término lo discutido hasta la saciedad con las organizaciones sindicales y deja una Administración de Justicia, a nuestro juicio, peor de lo que se encontró; se ha rodeado de un equipo de trabajo que, a nuestro juicio, no ha plasmado lo que el Ministro, con buen talante, defendía en sus reuniones con los colectivos antes citados y que se ha aislado del trabajo del Grupo parlamentario; el Ministerio ha gestionado de forma pésima todo el tema de nacionalidades (sobre esto escribiremos en un post posterior) ... Pero ha defendido que el Registro Civil siga siendo público y gratuito, ha defendido que sea prestado por personal de la Administración de Justicia, ha defendido que se mantengan como oficinas del Registro Civil tanto los Juzgados de Paz como los Registros Civiles de cada partido judicial, y eso no era sencillo cuando tanto las presiones de parte del Partido Popular, las Leyes aprobadas, los máximos dirigentes del Gobierno y muchos Registradores de la Propiedad próximos al establishment defendían lo contrario. Muchas veces hemos estado tentados de quitar su foto del diseño de este blog, porque dejó de ser responsable hace tiempo del intento de privatización del Registro Civil. Y aunque sólo sea por ello, aunque su trabajo se haya quedado a mitad de camino, aunque hoy sigan las incertidumbres sobre el futuro del Registro civil ante una Ley 20/2011 que hay que reformar sí o sí, desde este blog estamos agradecidos a Rafael Catalá. 

Por todo ello, adios Rajoy, y gracias, Catalá. 

La tramitación en el Senado de la Ley que contiene la prórroga de la vacatio legis de la Ley 20/2011 sigue su curso: se votará en el pleno de 5 de junio

La tramitación de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas, que contiene la prórroga por dos años de la vacatio legis de la Ley 20/2011, de Registro Civil, sigue su curso. 

Finalizado el plazo de presentación de enmiendas, éstas aparecen publicadas en el BOCG de fecha 25 de mayo. Sólo se han presentado 9 enmiendas a la Proposición de Ley, ninguna propuesta de veto a la proposición, y las enmiendas no afectan a la disposición que contiene la prórroga de la vacatio legis. 

Según aparece en la web del Senado está prevista la votación del dictamen de la Comisión de Justicia del Senado relativo a esta proposición de Ley el próximo 5 de junio. En caso de que no se acepte ninguna de las enmiendas la Proposición quedará aprobada definitivamente; en caso de que se acepte alguna de las enmiendas presentadas, la Proposición volverá al Congreso para su votación final.

Un fallo informático atasca las concesiones de nacionalidad

La digitalización de la Administración ha tenido una consecuencia inesperada que afecta a cientos de miles de inmigrantes en España. El Gobierno lanzó el Plan Intensivo de Nacionalidad en 2012, el cual solo se tramita de forma telemática desde 2015 para agilizar el proceso. Sin embargo, en 2017 se resolvieron un 78% menos de solicitudes que el año anterior por “un error informático”. Las peticiones también bajaron, pero solo un 19%. “La reducción [en las resoluciones] se debe a la migración de la aplicación informática, que se ha prolongado más de lo previsto y lo ha retrasado todo”, justifican fuentes de Justicia.

“Llevo ya casi cuatro años esperando”, explica Rosemary Moraes, brasileña de 51 años que vive en Madrid desde hace una década y tramitó su solicitud en diciembre de 2014: “No creo que haga falta tanto tiempo para resolver un expediente. Me siento frustrada”. Ella es uno de los ejemplos que pone de manifiesto que el sistema actual no da abasto. Ya no solo en 2017, cuando se resolvieron solo 28.077 peticiones, sino por el cúmulo de solicitudes anteriores sin resolver. A finales de 2017 había 409.889 pendientes, según los datos facilitados por el Ministerio de Justicia.

Pese a estas cifras tan abultadas, desde el organismo creen que la situación se resolverá: “En noviembre y diciembre se tramitaron casi la mitad de las de todo el año [unas 14.000]”. Sin embargo, si se mantiene este ritmo durante 2018, solo se llegaría a 84.000 expedientes cerrados y sería el segundo ejercicio con menos resoluciones de los que hay cifras (desde 2010).

“Hay que repensar el modelo actual porque hay un atasco muy grande”, aseguran desde el Defensor del Pueblo, que añade en su Informe anual de 2017: “Esto no solo afecta al solicitante, también a los miembros de su familia que pueden caer en situación de irregularidad documental, a pesar de contar con largos periodos de residencia legal en España”. Una circunstancia que se repite en multitud de casos, como el de Nadiya Balaban, ucraniana de 24 años que vive en Borja (Zaragoza). “Llegué a España cuando tenía nueve años. Presenté mi solicitud en diciembre de 2016, después de hacer los exámenes necesarios y cumplir todos los requisitos, pero todavía sigo esperando”, asegura.
Un fallo informático atasca las concesiones de nacionalidad

LLega al Senado la Proposición de Ley que contiene la prórroga de la vacatio legis de la Ley 20/2011 de Registro Civil, por dos años

Desde el 4 de mayo se encuentra en tramitación en el Senado la Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas, que contiene la prórroga de la vacatio legis de la Ley 20/2011, de Registro Civil, hasta junio de 2020. 

La enmienda que al efecto se introdujo en el Congreso en dicha Proposición de Ley se limita a la prórroga de la vacatio legis dos años más, sin ninguna otra modificación sustantiva de la Ley 20/2011. La redacción de la Disposición Adicional de la Proposición de Ley que la contiene reza así:

Disposición final primera. 

Se modifica la disposición final décima de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, que pasará a tener la siguiente redacción: 

«Disposición final décima. Entrada en vigor. La presente Ley entrará en vigor el 30 de junio de 2020, excepto las disposiciones adicionales séptima y octava y las disposiciones finales tercera y sexta, que entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, y excepto los artículos 49.2 y 53 del mismo texto legal, que entrarán en vigor el día 30 de junio de 2017. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la entrada en vigor el 15 de octubre de 2015 de los artículos 44, 45, 46, 47, 49.1 y 4, 64, 66, 67.3 y disposición adicional novena, en la redacción dada por el artículo segundo de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil. Hasta la completa entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno adoptará las medidas y los cambios normativos necesarios que afecten a la organización y funcionamiento de los Registros Civiles

El plazo para presentar enmiendas y propuestas de veto a esta Proposición de Ley finaliza el 17 de mayo. Debemos recordar al efecto que la Proposición de Ley salió adelante en el Congreso con los votos favorables del Grupo Popular, que tiene mayoría en el Senado. 

Luz verde en el Congreso para la “vacatio legis” de 2 años de la Ley del Registro Civil, ahora queda el Senado

La proposición de Ley de desahucio exprés contra las ocupaciones ilegales, aprobada ayer por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, que actuaba con competencia legislativa plena -como si fuera un Pleno del Congreso-, llevaba en su interior una enmienda adicional que establece una prórroga de 2 años de la entrada en vigor de la Ley 20/2011 del Registro Civil, hasta el 30 de junio de 2020.

Esto supone que una vez que dicho texto legal será enviado al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Entonces la “vacatio legis” quedará aprobada y entrará en vigor, se prevé, el 27 de junio próximo.

Sera la quinta prórroga a esta Ley desde que fuera aprobada en 2011 por el Parlamento, bajo el último gobierno del PSOE.

“Nos hemos comprometido todos a trabajar sobre un texto nuevo en este periodo de tiempo, con objetivo de hacer un Registro Civil público, gratuito, accesible electrónicamente y que mantenga la cohesión territorial. Y a que sea aprobado con el máximo consenso”, declaró a Confilegal hace 5 días María Jesús Moro, portavoz del PP en dicha Comisión de Justicia.

La inclusión de dicha enmienda fue posible entonces gracias al acuerdo entre PP, PSOE, Ciudadanos, PNV y PdeCat, y la abstención del Grupo Confederal de Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea.

La prórroga de dos años estuvo ayer en un tris de fracasar ya que la mencionada “ley de los ocupas”, como se la conoce familiarmente en el Congreso de Diputados, fue aprobada por sólo un voto de diferencia, 19 -los del PP, Ciudadanos, PdeCAT y PNV- frente a 18 -los de PSOE, Unidos Podemos, ERC y Compromís-.

CCOO defiende que la prórroga de la vacatio legis de la Ley de Registro Civil debería incluir que el servicio público será prestado por el personal de la Administración de Justicia y el mantenimiento de su estructura territorial

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados acuerda prorrogar la entrada en vigor de la Ley 20/2011 de Registro Civil, hasta el 30 de junio de 2020, tal y como reclamaron CCOO y las demás organizaciones sindicales. 

La prórroga de la vacatio legis supone automáticamente la prórroga de la entrada en vigor de la competencia de los Notarios para tramitar expedientes previos al matrimonio civil.

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados acordó el jueves por decisión mayoritaria prorrogar 2 años más la entrada en vigor de la Ley 20/2011 del Registro Civil, de forma que dicha Ley entre en vigor el 30 de junio de 2020. Dicha prórroga se hará mediante una enmienda que se introducirá en una Proposición de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que está en trámite parlamentario (finalizado el periodo de presentación de enmiendas, pendiente de aprobación por dicha Comisión con iniciativa legislativa plena), y que luego debe ser convalidada por el Senado. 

De esta forma, los partidos políticos dan respuesta, en parte, a la exigencia de CCOO, que ante la imposibilidad de la toma en consideración de la Proposición de Ley de reforma de la Ley de Registro Civil presentada por el Grupo Parlamentario de Podemos en este periodo de sesiones, habíamos solicitado la inmediata presentación de una nueva prórroga de la vacatio legis por un plazo mínimo de dos años de la Ley 20/2011. 

La prórroga de vacatio legis es la consecuencia inevitable del rechazo en febrero a la toma en consideración de la Proposición de Ley de reforma de la Ley 20/2011, presentada por el Partido Popular, y la imposibilidad de la toma en consideración en este periodo de sesiones de la Propuesta de Ley de reforma de la Ley 20/2011 presentada por Podemos. La Ley 20/2011 no podía entrar en vigor el 30 de junio de 2018 porque falta su desarrollo tecnológico (implantación de programa para registro electrónico único, digitalización de todos las inscripciones posteriores a 1950), orgánico (cuál es su estructura territorial definitiva, quiénes son sus Encargados), funcional (a qué administración pertenecen sus personal) y reglamentario (normas de desarrollo de la Ley). 

A falta de conocer el texto de la enmienda de la Ley 20/2011 para la prórroga de la vacatio legis, es bastante probable que ésta se limite a modificar la fecha de su entrada en vigor establecida en la Disposición Final Décima. 

Frente a otras propuestas que han solicitado, sin más, esta prórroga, CCOO defiende que la misma debería ir más allá, debiendo incluir que el Registro Civil será prestado por el personal de la Administración de Justicia, el mantenimiento de las Oficinas de Registro actuales (una por partido judicial) y de las funciones delegadas de los Juzgados de Paz, puntos que tenían en común las Proposiciones de Ley del PP y Podemos y que, al menos respeto del primero de los puntos, había manifestado su conformidad Ciudadanos. Y ello porque la mera prórroga de la vacatio legis, si bien es una solución a corto plazo que permite mantener, por ahora, los Registros Civiles conforme a su estatus actual (dentro de la Administración de Justicia, cercano a los ciudadanos, servidos íntegramente por personal de la Administración de Justicia) no soluciona de forma definitiva el problema que la redacción vigente de la Ley 20/2011 motivó, y que dio lugar al intento de privatización del Registro Civil por parte de los Registradores de la Propiedad con el apoyo de Rajoy, sino que simplemente lo aplaza. 

La prórroga de la vacatio legis de la Ley de Registro Civil supone, automáticamente, la prórroga de la entrada en vigor de la competencia de los Notarios para tramitar expedientes previos al matrimonio civil, dado que conforme establece la Disposición Final Vigesimo Primera de la Ley 15/2015, de jurisdicción voluntaria, las modificaciones de los artículos del Código Civil y de la Ley de Registro Civil que lo harían posible entran en vigor “en la fecha de la completa entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil”. 

Una vez aprobada la prórroga de la vacatio legis, corresponde al Ministerio de Justicia elaborar y presentar un Proyecto de Ley de reforma de la Ley 20/2011 que responda de una vez a los criterios que ha manifestado el Ministro de Justicia de forma reiterada ante las organizaciones sindicales, y que a nuestro juicio contiene la Proposición de Ley presentada por Podemos. CCOO seguirá defendiendo, tal y como parece que el Ministerio de Justicia ha asumido, que el Registro Civil siga siendo un servicio público, gratuito, cercano a los ciudadanos, con los LAJ como Encargados del mismo, servido íntegramente por personal de la Administración de Justicia, con Oficinas en cada partido judicial, con funciones delegadas por los Juzgados de Paz. CCOO también defenderá la exclusividad de los Registros Civil para la tramitación de todos los expedientes registrales (incluidos los previos al matrimonio) y que la instrucción de las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española por residencia vuelvan a recaer sobre las Oficinas de Registro Civil. 

CCOO exige además al PSOE y a Ciudadanos que se unan sin tapujos a la mayoría parlamentaria y a la unanimidad sindical que defienden el mantenimiento de la estructura territorial actual de los registros civiles, con oficinas principales en todos los partidos judiciales y con oficinas delegadas en todos los Juzgados de Paz. 

Asimismo, CCOO entiende necesario (y hasta obligatorio, a la vista del informe del Defensor del Pueblo 2017 en esta materia) que el Gobierno modifique ya el Real Decreto 1004/2015, que aprobó el Reglamento para la tramitación de las solicitudes de adquisición de nacionalidad española por residencia, a fin de que los ciudadanos extranjeros puedan volver a recibir información sobre los trámites de nacionalidad, revisar sus documentos y presentar sus solicitudes a través de los Registros Civiles, tal y como sucedía hasta junio de 2017. Al efecto, CCOO se va a dirigir al Ministro de Justicia interesando la reforma urgente de dicho Real Decreto.

La Comisión de Justicia acuerda prorrogar la entrada en vigor de la Ley de Registro Civil hasta el 30 de junio de 2020

La Comisión de Justicia acordó, el jueves, prorrogar 2 años la entrada en vigor de la Ley 20/2011 del Registro Civil, hasta el 30 de junio de 2020, tras un acuerdo al que llegaron PSOE, PP, Ciudadanos, PNV y PdeCat, con la abstención del Grupo Confederal de Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea.

Según ha explicado a Confilegal María Jesús Moro, portavoz del PP en dicha Comisión, dicha “vacatio legis” (la quinta desde la aprobación de la ley en 2011) tomará la forma legal de enmienda adicional a la proposición de Ley para delimitar normativamente la situación de vivienda desocupada y para que los ayuntamientos puedan regular bonificaciones potestativas, conocida familiarmente como “la ley de los ocupas”.

“Fue incorporada ayer a la ponencia y el próximo martes, 24 de abril, será aprobada en la Comisión de Justicia, que, ese día, tendrá competencia legislativa plena, por lo que, después, será enviada al Senado”, añadió.

El objetivo es que, de acuerdo con los calendarios, entre en vigor el 27 de junio. Con tiempo.

“Nos hemos comprometido todos a trabajar sobre un texto nuevo en este periodo de tiempo, con objetivo de hacer un Registro Civil público, gratuito, accesible electrónicamente y que mantenga la cohesión territorial. Y a que sea aprobado con el máximo consenso”, concluyó.

La portavoz en la Comisión de Justicia del Partido Popular afirma en twiter haberse llegado a un acuerdo para la prórroga da la vacatio legis de la Ley 20/2011 hasta el 30 de junio de 2020

La portavoz del Partido Popular en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, María Jesús Moro, publicó ayer en su cuenta de twitter el siguiente mensaje: "Hoy en Justicia hemos alcanzado acuerdo para prorrogar hasta 30 de junio de 2020 la entrada en vigor de la Ley de Registro Civil. Seguiremos trabajando por un Registro Civil público, gratuito, accesible económicamente, que mantenga cohesión territorial y con máximo consenso".

Tal y como hemos ido informando en este blog, la prórroga de vacatio legis es la consecuencia inevitable del rechazo a la toma en consideración de la Proposición de Ley de reforma de la Ley 20/201, presentada por el Partido Popular,  y la imposibilidad de la toma en consideración en este periodo de sesiones de la Propuesta de Ley de reforma de la Ley 20/2011 presentada por Podemos. La Let 20/2011 no puede entrar en vigor el 30 de junio de 2018 porque falta su desarrollo tecnológico, su desarrollo reglamentario, y cubrir todas las lagunas e indefiniciones que en materia de organización y adscripción funcional y orgánica presenta. 

Una vez tengamos más información sobre este acuerdo informaremos al respecto. 

Sábado 14 de abril, por un Registro Civil público, gratuito, próximo a los ciudadanos y servido por personal de la Administración de Justicia


CCOO insta al PSOE a dejar de defender el cierre de las oficinas del Registro Civil

El Sector de la Administración de Justicia de CCOO se ha dirigido a las organizaciones territoriales del PSOE solicitándoles que insten a su Grupo Parlamentario para que se una al resto de grupos que defienden el mantenimiento de la actual estructura territorial de este servicio público. 

Con el argumento de la informatización del Registro Civil, la representación del PSOE en el Congreso de los Diputados sigue defendiendo, prácticamente en solitario, la aplicación literal de la Ley 20/2011 del Registro Civil (que tras sucesivas prórrogas entraría en vigor el próximo 1 de Julio) que dispone que solo habrá una oficina del Registro Civil en cada Comunidad Autónoma, Ceuta, Melilla e islas mayores y, de modo excepcional, un máximo de tres más por Comunidad Autónoma, frente a la situación actual en la que todos los municipios disponen de una oficina principal o delegada. 

En el último trimestre del pasado año 2017, tanto el Grupo Popular como el de Unidos Podemos presentaron en el Congreso sendas proposiciones de Ley de modificación de la Ley 20/2011 y ambas proposiciones coincidían en modificar dicha ley, entre otros aspectos, para mantener la misma estructura territorial actual del Registro Civil, es decir, una oficina en cada una de las localidades que son cabeza de Partido Judicial y una en cada uno de los Juzgados de Paz. 

El sindicato pone en duda que la posición que defiende el PSOE en el Congreso sea compartida por sus organizaciones territoriales, más próximas a los municipios, ni desde luego, que sus representantes municipales apoyen el cierre del Registro Civil de su localidad. CCOO se ha dirigido por escrito a estos cargos intermedios del PSOE solicitándoles que “en la medida que Vd., su equipo y los y las ediles de su partido de los pequeños y medianos municipios comparta nuestras posiciones, se dirija a la organización Federal del PSOE y al Grupo Parlamentario Socialista para que modifiquen esta tajante posición y logren llegar a un acuerdo con el resto de grupos parlamentarios que consiga evitar el cierre de los Registros Civiles de las poblaciones de su ámbito territorial, junto a las del resto del Estado”. 

La plataforma SOS Registro Civil convoca una manifestación en Madrid para el día 14 de abril

La plataforma SOS Registro Civil, constituida por funcionarios y funcionarias de Registros Civiles, han convocado para el próximo día 14 de abril concentraciones ante las sedes de los principales partidos políticos una manifestación en Madrid. 

Bajo el lema "No al cierre del Registro Civil" y en defensa de un "Registro Civil público, gratuito, próximo al ciudadano y servido por funcionarios de la Administración de Justicia", los lugares de concentración son los siguientes:

9.30. Concentración ante la sede de Ciudadanos., c/Alcalá 253, en la acera de enfrente.
10.15. Concentración ante la sede de Partido Popular, en c/Génova 13, en la acera de enfrente.
11.15. Concentración ante la sede del Partido Socialista Obrero Español, en c/Ferraz 70, en la acera de enfrente.
12.15. Concentración ante la sede de Podemos, en c/Zurita 23, en la acera de enfrente. 

La manifestación, entre las 12.30 y las 14.30, se iniciará con una concentración en la Glorieta de Ruiz Jiménez y discurrirá por la calle San Bernardo hasta el nº 45, sede del Ministerio de Justicia. 

Podemos no presentará para su toma en consideración en el actual periodo de sesiones la Proposición de Ley de reforma de la Ley 20/2011

Según pudimos conocer en la tarde del martes, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea no puede presentar para su toma en consideración durante el actual periodo de sesiones la Proposición de Ley de reforma de la Ley 20/2011, de Registro Civil, por haber agotado el cupo de las Proposiciones que puede presentar. 

Esta Proposición de Ley se había convertido en la última alternativa para la reforma de la Ley 20/2011 antes de su entrada en vigor, prevista para el 30 de junio. De hecho, tras el rechazo por el Congreso de los Diputados de la toma en consideración de la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular para la reforma de la Ley 20/2011, mucho menos ambiciosa y claramente confeccionada por el Ministerio de Justicia, los responsables del Ministerio iniciaron contactos con Podemos para un posible apoyo a la toma en consideración de la Proposición de Ley de Podemos, enviando al efecto la pasada semana el documento sobre comentarios a dicha Proposición de Ley y que debería haber abierto un trabajo conjunto sobre dicha Proposición. 

En esta situación, dado que no hay tiempo para que otros grupos parlamentarios presenten una nueva Proposición de Ley, ni tampoco para que el Gobierno presente un Proyecto de Ley al respecto ante los trámites previos que tendría que superar, sólo cabe la prórroga de la vacatio legis de Ley 20/2011, porque tal y como está redactada no puede entrar en vigor: no está realizado el desarrollo tecnológico que permitiría la implantación del Registro Civil Único, no está completa la digitalización del Registro Civil a partir de 1950, no se especifica quiénes pueden ser los "Funcionarios del Grupo A licenciados en Derecho" que pueden ser además de los LAJ los encargados del Registro civil, no se especifica a qué administración deben pertenecer los funcionarios que presten servicios en las futuras oficinas de Registro Civil, no se detalla de qué administración dependen funcionalmente el Encargado y demás personal del Registro Civil, no están elaboradas las rpts de las Oficinas de Registro civil, etc. Es decir, todas las lagunas e incertidumbres creadas por la Ley 20/2011 se mantienen, culpa principalmente de una ley que en estos aspectos es deficiente (la unanimidad en su aprobación no es garantía de su acierto) y de un Ministerio de Justicia que en los tres años que casi median desde que acordó derogar la privatización impulsada por Gallardón ha sido incapaz de articular una propuesta seria y convincente al respecto.

En conclusión, estamos en las mismas que hace casi un año. La prórroga de la vacatio legis se torna inevitable, y sigue haciendo falta una modificación de la Ley 20/2011 que garantice lo que los trabajadores y trabajadoras de los Registros Civiles y las organizaciones sindicales venimos demandando: que la Ley sea garantía de que el Registro Civil sea un servicio público gratuito, cercano a los ciudadanos, servido por personal de la Administración de Justicia, con los LAJ como Encargados, con Oficinas de Registro Civil en cada partido judicial y con oficinas delegadas en los Juzgados de Paz. Cuestiones que eran recogidas de forma satisfactoria, a nuestro juicio, por la Proposición de Ley de Podemos y que ahora, por cuestiones de orden interno parlamentario, no puede ser debatidas antes del 30 de junio.  

Por último, y en contraste con los palos que se les va a dar desde otros foros, desde este blog agradecemos al Grupo Podemos la presentación de la Proposición de Ley, por recoger las aspiraciones de los trabajadores y trabajadoras de los Registros Civiles. Ante la inactividad del Ministerio de Justicia, que dejó pasar los meses sin promover iniciativa alguna, su Proposición de Ley presentada en octubre de 2017 reactivó el debate sobre el futuro del Registro Civil, sobre sus competencias, sobre el rechazo a la privatización de cualquiera de los servicios que éste presta y sobre la necesidad de que el Registro Civil sea cercano a los ciudadanos (alejándose de los corporativismos que en defensa de sus intereses propios olvidan  que el Registro Civil es un servicio público, no un mero puesto de trabajo). Lamentamos que no se vaya a poder tomar en consideración su Proposición en este periodo de sesiones, porque siempre será mejor trabajar sobre un Proyecto que recoge nuestras aspiraciones que sobre otro que es claramente insuficiente (como era la Proposición del PP), o sobre una mera vacatio legis.  

Seguiremos trabajando. 

El PSOE sigue sin enterarse: denuncia la posible desaparición del Registro Civil de Cartagena cuando es por una ley instada por su partido, que además se niega a modificar

Lo del PSOE cada vez es peor. El fin de semana pasado ha aparecido publicado en diversos medios de comunicación la denuncia que hace la Ejecutiva local del PSOE en Cartagena sobre la posible desaparición del Registro Civil de dicha localidad. Adjuntamos enlace a su página web

Según dicha información "el PSOE de Cartagena ha denunciado que el Ministerio de Justicia continúa con su plan de eliminar los Registros Civiles en los municipios en junio de este año, sin haber dotado previamente a las administraciones locales de los medios materiales y humanos necesarios para que sea éstas las que suplan sus funciones... “Si los planes del Ministerio se confirman, a partir del 30 de junio de este año, el Registro Civil de Cartagena cerrará sin que los ayuntamientos estén preparados para asumir sus competencias”, ha indicado. "Desconocemos dónde se va a ubicar la Oficina administrativa del Registro Civil de la Comunidad Autónoma, aunque previsiblemente estará en la ciudad de Murcia; no se ha informado adecuadamente a los ayuntamientos de las competencias que van a tener que asumir y tampoco se ha formado a personal cualificado o dotado de presupuesto.“La intención del Gobierno central es trasladar la responsabilidad de este servicio a la administración local que tendrá que explicar a los ciudadanos que todas las gestiones que antes eran gratuitas ahora estarán sujetas al pago de tasas”, ha señalado la viceportavoz. 

Señores y señoras del PSOE: la Ley 20/2011 de Registro Civil, que permitiría la desaparición del Registro Civil de Cartagena, fue auspiciada por el PSOE y defendida por su actual portavoz en la Comisión de Justicia, Juan Campo. Esta persona rechaza modificar la Ley 20/2011, y promueve la desaparición de las Oficinas de Registro Civil no ubicadas en capitales de provincia e incluso de la mayoría de éstas. Esta ley es la que saca a los Registros Civiles fuera de la Administración de Justicia, pero no dice en qué Administración queda encuadrada (desde luego, en la administración local no). Si quieren protestar, vayan a su Ejecutiva federal. 

CCOO entiende insuficiente la propuesta del Ministerio de Justicia a la proposición de Unidos Podemos sobre Registro Civil, pues se limita a reiterar la Proposición del PP rechazada por el Congreso de los Diputados

El Ministerio de Justicia remitió el pasado 27 de marzo a las organizaciones sindicales un documento denominado “Concordancias y discrepancias con la Proposición del Grupo Parlamentario Podemos sobre la reforma de la Ley de Registro Civil”, conforme se había comprometido a hacerlo en la reunión mantenida con las organizaciones sindicales el pasado 28 de febrero. Por medio de dicho documento, el Ministerio de Justicia pone de manifiesto sus principales desacuerdos con la Proposición de Ley de Podemos, y debería implicar el inicio de una negociación con el Ministerio de Justicia para que el Grupo Parlamentario Popular apoye la toma en consideración de la Proposición de Podemos, sin perjuicio de las enmiendas que puedan presentarse en sede parlamentaria.

Analizado el documento, el Ministerio de Justicia se limita a proponer una modificación en la Proposición de Podemos para introducir de nuevo el mismo articulado que la Proposición de Ley del Partido Popular sobre Registro Civil, y cuya toma en consideración fue rechazada por el Congreso de los Diputados en sesión plenaria de fecha 13 de febrero, rechazando todas las propuestas que vayan más allá de dicho articulado, y todo ello en base a un supuesto “Proyecto” cuyos pormenores desconocemos, más allá de las meras declaraciones de intenciones manifestadas por el Ministro de Justicia en la reunión del 28 de febrero. 

Es decir, mediante la modificación de las Disposiciones Adicionales y Transitorias de la Ley 20/2011, el Ministerio acepta que el Registro Civil siga siendo un servicio público, con los LAJ como Encargados de las Oficinas de Registro Civil, servido por personal de la Administración de Justicia, y manteniendo las Oficinas del Registro Civil su ubicación en las mismas localidades en que se encuentran las sedes de los actuales Registros Civiles Municipales y de Paz. Sin embargo, la propuesta del Ministerio de Justicia sigue presentando los inconvenientes ya denunciados, de una propuesta que fue tachada de insuficiente por el Congreso de los Diputados, entre los que cabe resaltar:

§ No establece qué competencias tendrán los Registros Civiles hoy ubicados en los Juzgados de Paz. De nada sirve decir que mantendrán su ubicación en sus actuales sedes si no se concretan sus competencias. 

§ Mantiene la desaparición de criterios de competencia en la calificación y práctica de las inscripciones, lo que dificulta la adecuada planificación y despliegue de las actuales oficinas de Registro civil, y mucho nos tememos que pueda servir en el futuro para el cierre de Oficinas hoy ubicadas en sedes de partidos judiciales. 

§ Rechaza la recuperación de competencias en materia de nacionalidad, sea para recibir las solicitudes tal y como se hacía hasta junio de 2017, sea para instruir los expedientes de nacionalidad. 

§ Insiste en mantener la competencia compartida de los Notarios en la tramitación de los expedientes previos al matrimonio civil. 

§ Centraliza la función registral en su Encargado, ignorando la labor que realiza el personal de la Administración de Justicia en los Registros Civiles. 

§ Rechaza la reforma de la Ley de Jurisdicción Voluntaria en materia de aprobación de reconocimientos de filiación efectuado por menores de edad, sin ser consciente del problema que surgirá para su constancia una vez se complete la desjudicialización del Registro Civil.

Ante la insuficiencia de la propuesta del Ministerio de Justicia, que se limita a querer que aceptemos por esta vía la Proposición de Ley del Partido Popular cuya toma en consideración fue rechazada por el Congreso de los Diputados, CCOO va a remitir un documento al Ministerio de Justicia, Partido Popular y Unidos Podemos, en el que expondrá su punto de vista a la propuesta del Ministerio de Justicia, y que en esencia viene a defender el articulado propuesto por Podemos por ser el que realmente garantizaría que el Registro Civil siga siendo un servicio público, gratuito, cercano a los ciudadanos, servido en exclusiva por personal de la Administración de Justicia, con el mantenimiento de la actual estructura territorial, incluidos los Juzgados de Paz dotados de competencias, y de todos los puestos de trabajo. Es decir:

Ø      Que se establezca de forma clara que habrá Oficinas de Registro Civil en cada partido judicial, así como Oficinas delegadas en cada Juzgado de Paz, estableciendo sus funciones y normas de competencia.

Ø      Que se reconozca la exclusividad de las Oficinas de Registro civil para la tramitación de todos los expedientes de Registro Civil, incluidos los previos al matrimonio civil.

Ø      Que se recuperen las competencias en materia de nacionalidad, poniendo fin al caos creado por el Ministerio de Justicia y del que se hace eco el Defensor del Pueblo en su Informe 2017.

Ø      Que se reconozca en la Ley la labor que a diario presta el personal de la Administración de Justicia en los Registros Civiles, abandonando la concepción decimonónica que quiere mantener el Ministerio de Justicia.

Ø      Que se solucionen los problemas que se derivarán de la desjudicialización del Registro civil (aprobación de reconocimientos de filiación, recepción de declaraciones de emancipación, expedientes de cambio de sexo, etc).

A juicio de CCOO, si el Ministerio de Justicia entiende que la Proposición de Podemos coincide en muchos elementos esenciales con la proposición que en su día planteó el Grupo Parlamentario Popular, lo que no puede hacer es  tratar de imponer una reforma ya rechazada, sino posibilitar que el PP apoye la toma en consideración de la Proposición de Podemos y presente en la tramitación parlamentaria las enmiendas que considere oportunas, para su debate.

CCOO va a instar a la celebración urgente de una reunión con el mismo, en que éste concrete su Proyecto sobre registro civil a que hace mención constante en su documento. También entendemos necesario que Ministerio de Justicia y Podemos inicien ya conversaciones para la toma en consideración de la Proposición de Podemos sobre Registro Civil, sin que el Ministerio de Justicia pueda imponer un punto de vista ya rechazado por el Congreso.

CCOO, 02.04.2018

Por qué es viable que el PP apoye la Proposición de Ley de Podemos y se pueda llegar a un punto de encuentro en la reforma de la Ley 20/2011, de Registro Civil

Aun cuando pasan los días sin que el Ministerio de Justicia remita a las organizaciones sindicales y a Podemos, tal y como afirmó que iba a hacer hace casi 4 semanas, sus enmiendas a la Proposición de Ley de reforma de la Ley 20/2011 de Registro Civil, presentada por el Grupo parlamentario de Podemos en el Congreso de los Diputados, para nosotros sigue siendo la mejor opción para la reforma de la citada Ley, y ello aun cuando sea muy probable que dicha reforma no esté lista antes del 30 de junio de 2018.

Consta que el Ministro de Justicia no quiere más vacatio legis; consta que el Ministerio de Justicia quiere acabar con la interinidad de los Registros Civiles desde la aprobación de la Ley 20/2011; consta que las organizaciones sindicales y los trabajadores de los Registros Civiles quieren llegar ya a una solución que ponga fin a tanta incertidumbre.  

Más allá de las dificultades que desde el punto de vista político-partidista suponga que el PP pueda apoyar la toma en consideración de una proposición de Podemos, y más cuando Podemos votó en contra de la toma en consideración de la proposición del PP de reforma de la citada Ley (por ser insuficiente, tal y como manifestó la Diputada de Podemos en el debate ), lo cierto es que ambas proposiciones de Ley defienden que el Registro Civil sea público, gratuito, cercano a los ciudadanos, integrado en la Administración de Justicia, con los LAJ como Encargados del mismo, con el mantenimiento de los Registros Civiles principales en cada partido judicial y de los Juzgados de Paz como Registros Civiles delegados, todos ellos servidos por personal de la Administración de Justicia. Es decir, ambas proposiciones coinciden en sus lineas maestras

En este momento podríamos decir que hay tres bloques en el debate sobre el Registro Civil:

- Quienes quieren mantener el Registro Civil dentro de la Administración de Justicia, con la misma planta que en la actualidad (si bien discrepan sobre las competencias que deben asumir las Oficinas principales y delegadas de Registro Civil). Son el PP y Podemos.

- Quienes quieren sacar el Registro Civil fuera de la Administración de Justicia y de su personal, con el diseño original establecido en la Ley 20/2011. Es el Psoe. 

- Quienes quieren mantener el Registro Civil dentro de la Administración de Justicia, servido por su personal y con los LAJ como Encargados, pero con supresión de las funciones registrales de los Juzgados de Paz y con el establecimiento de Registros Civiles Exclusivos, desvinculados de los partidos judiciales y sin otras competencias procesales, en la línea establecida por la Ley 20/2011. Son las Asociaciones de Secretarios Judiciales (hoy LAJ), y al parecer Ciudadanos. 

El personal de la Administración de Justicia, las organizaciones sindicales, y numerosos gobiernos municipales y de comunidades autónomas han optado reiteradamente por la primera de las tres opciones. El Psoe se queda solo en defensa de su propuesta, que desgraciadamente hoy es el texto de la Ley 20/2011. Las Asociaciones de Secretarios Judiciales esencialmente quieren el beneficio propio de sus afiliados (supuesto prestigio y por supuesto mayores retribuciones), aunque sea a costa de deteriorar el servicio público (modernizar no es dificultar el acceso de los ciudadanos a dicho servicios). 

Llegados a este punto, la Secretaria de Estado de Justicia debe cumplir con lo prometido, e iniciar el debate que pueda permitir encontrar puntos de encuentro entre el Ministerio de Justicia, el Grupo PP y Podemos, para que se pueda aprobar la toma en consideración de la Proposición de Ley de Podemos, remitiendo para ello las enmiendas a dicha proposición de Ley de forma inmediata. No hay excusa posible para que después de 4 semanas no las haya remitido. Como es lógico, y visto lo sucedido en el Congreso con la toma en consideración de la propuesta del PP, Podemos no va a arriesgarse al rechazo en la toma en consideración de su Proposición de Ley, y está pendiente de que el Ministerio de Justicia dé el paso que lleva anunciando desde hace casi un mes. 

En este blog estamos convencidos de que se puede encontrar un punto de encuentro en la reforma de la Ley 20/2011 entre casi todos los partidos políticos, excepto el Psoe de Campo que va a su aire y camino del desastre. El primer paso lo tiene que dar, en firme, el Ministerio de Justicia, por mediación de Rafael Catalá y la Secretaria de Estado de Justicia. Basta de declaraciones, pongámonos a trabajar. 

La prórroga de la vacatio legis de la Ley 20/2011 es una opción, pero antes debería intentarse la aprobación de la Proposición de Ley de Reforma de dicha Ley presentada por Podemos o al menos dotar de contenido la prórroga de la vacatio legis


Según pasan las semanas, parece bastante improbable que antes del 30 de junio de 2018, fecha oficial de entrada en vigor de la Ley 20/2011 de Registro civil, se complete una reforma de esta ley en los términos que defendemos desde este blog y las organizaciones sindicales, que permita mantener el Registro Civil como servicio público y gratuito dentro de la Administración de Justicia, con su demarcación actual en Partidos Judiciales y Juzgados de Paz, servido enteramente exclusivamente por personal de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, con los LAJ como Encargados. El rechazo a la proposición de Ley de reforma de la Ley 20/2011 presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que hubiera permitido entrar en el debate de las enmiendas a dicha ley, así como las lógicas reticencias de Podemos a solicitar la toma en consideración de su Proposición de Ley sin garantías de éxito a la vista de la postura defendida por el PSOE y Ciudadanos en el debate de la Proposición del PP, complica mucho el debate y modificación de la mencionada Ley antes del 30 de junio de 2018, cuando debería entrar en vigor. Y de ahí que algunos opten, sin más, por apostar por la prórroga de la vacatio legis de la Ley 20/2011, para ganar tiempo para el debate de su reforma.

Sin embargo, desde este blog entendemos que se puede conseguir algo más que la mera prórroga de la vacatio legis. Prórroga por otro lado obligada, porque ni están desarrollados los programas que permitirán en su día la implantación del Registro Civil único, ni se ha aprobado desarrollo reglamentario que determine en qué administración queda circunscrito el Registro Civil o quiénes pueden ser sus encargados además de los LAJ (que chapuza, Campo), ni de aquí a junio se van a aprobar las rpts de las Oficinas Generales, etc. No hay opción posible: no puede entrar en vigor la Ley 20/2011 el 30 de junio de 2018 con su actual redacción.

La prórroga de la vacatio legis es inevitable si no se modifica la Ley 20/2011; prórroga que debe estar incluida en una Ley o en un Real Decreto-Ley que debe ser posteriormente ratificado en el Congreso. Es decir, que se quiera o no se quiera, va a haber modificación de la Ley 20/2011 antes del 30 de junio, aunque sólo sea para prorrogar su entrada en vigor. Y aquí viene la cuestión: ¿por qué limitar la reforma de la Ley 20/2011 a la prórroga de su vacatio legis? ¿Por qué no intentar su modificación en aquellos aspectos en que existe cierto consenso (aunque hablar de esto con Campo, portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia en el Congreso, es una pérdida de tiempo) y garantizar ya, antes de la completa entrada en vigor de la Ley 20/2011, aquellos aspectos que son fundamentales para nosotros, como es el mantenimiento de los Registros Civiles como servicio público dentro de la Administración de Justicia, servidos por personal de dicha Administración?

Y es que no debemos olvidar de dónde venimos y dónde estamos. Venimos de una Ley que saca a los Registros Civiles fuera de la Administración de Justicia (se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial incluso para excluirlos como centros de destino), donde simplemente se recoge una preferencia para poder seguir trabajando en las futuras Oficinas a quienes trabajen en los Registros Civiles a la entrada en vigor de la Ley, que deja en la indefinición quiénes son sus responsables, que suprime la gran mayoría de Registros Civiles principales existentes en la actualidad, que deja sin competencias a los Juzgados de Paz, y que ante las dificultades para su entrada en vigor permitió a un grupo de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, con el apoyo de Rajoy y Gallardón, hacerse con el Registro Civil en lo que constituía un claro intento de privatización de un servicio público.

¿Dónde estamos? Pues estamos con un Ministro de Justicia que defiende en la actualidad los mismos principios básicos que las organizaciones sindicales, más allá de las discrepancias sobre cuestiones técnicas o competencia en materia de expedientes. Con un grupo parlamentario Popular, hoy mayoritario en el Congreso y con mayoría absoluta en el Senado, que defiende el Registro civil como servicio público, gratuito, con mantenimiento de las oficinas en todos los partidos judiciales y juzgados de paz, integrado dentro de la Administración de Justicia. Es decir, por primera vez en mucho tiempo, el partido en el Gobierno defiende los mismos postulados básicos que organizaciones sindicales y personal destinados en los Registros civiles. Es el PSOE, con su portavoz de Justicia en el Congreso, quien quiere dejar todo tal y como establece la Ley 20/2011, sacando a los Registros Civiles de la Administración de Justicia y suprimiendo la gran mayoría de las actuales oficinas de Registro Civil y todos los Juzgados de Paz (luego se les llena la boca cuando hablan de luchar contra la despoblación en el medio rural), la principal oposición al proyecto de Registro Civil que hoy, Ministerio, sindicatos y personal de justicia, defendemos.

De ahí que apoyemos desde este blog la postura que las organizaciones sindicales han defendido ante el Ministro de Justicia y el Grupo parlamentario popular en las últimas reuniones: hay que trabajar por una mayoría que permita la toma en consideración de la proposición de Ley de Podemos ( a quien sinceramente agradecemos su trabajo en esta materia), que recoge a nuestro juicio todas las aspiraciones de la inmensa mayoría de organizaciones sindicales y funcionarios en materia de Registro Civil, e incluye los postulados que en materia organizativa y funcional defiende el Ministro de Justicia y el PP en el Congreso. Es muy probable que no dé tiempo, antes del 30 de junio, a finalizar la tramitación parlamentaria de la proposición de Ley de Podemos, pero al menos comenzar los trabajos para su reforma permitiría acabar de una vez por todas con la incertidumbre que pesa sobre los casi 5.000 funcionarios que tienen funciones de Registro Civil y cuyos puestos de trabajo desaparecerían con el nuevo modelo de Oficinas Generales fuera de Justicia.

¿Y si Podemos no quiere someter a la toma en consideración del Congreso su proposición, ante la dificultad de que tenga la mayoría necesaria para abrir el trámite de enmiendas? Porque visto lo visto en el debate de la proposición del PP, tanto el PSOE como Ciudadanos no están de acuerdo con un modelo de Registro Civil contenido en la proposición de Podemos que estructuralmente ya rechazaron al no votar la proposición del PP. En tal caso, no quedaría otro remedio que bien por la vía de enmiendas a una Ley en tramitación parlamentaria que vaya a ser aprobada, bien por la vía de un Real Decreto-Ley a convalidar posteriormente en el Congreso, se modifique la Ley 20/2011 para prorrogar la vacatio legis.

Pero esa modificación, a nuestro juicio, debería ser “sustantiva”. Es decir, que ya que hay que modificar necesariamente la Ley 20/2011, ¿por qué no ampliar su modificación para cambiar las disposiciones adicionales primera y segunda, estableciendo en las mismas de forma clara que los LAJ serán los Encargados del Registro Civil, y que su personal serán los funcionarios de la Administración de Justicia? Porque en esto, salvo el PSOE de Campo, hay consenso. Y de esta forma ganaríamos algo esencial y fundamental, que hoy, texto en mano, no tenemos.

Y en tal caso, luego el Ministerio de Justicia debería presentar un Proyecto de Ley de reforma de la Ley 20/2011, para su debate parlamentario, que entre en los demás aspectos conflictivos de la Ley y para el que será necesario que trabajemos desde todos los ámbitos para buscar mayorías , para permitir su entrada en vigor de forma plena tan pronto sea posible, de forma satisfactoria para los ciudadanos que es a quien va dirigido el servicio público del Registro Civil. Proyecto de Ley sobre el cual, visto lo visto, difícilmente habrá consenso, pero en cualquier caso se ya se enmarcaría dentro de lo primero y primordial: que el Registro Civil sea un servicio público gratuito servido por funcionarios públicos de la Administración de Justicia, porque así ya lo diría la Ley 20/2011.

Trabajemos ahora, por tanto, por algo más que la mera prórroga de la vacatio legis de la Ley 20/2011. No sabemos cuánto más durará esta legislatura, a la vista de las dificultades del Gobierno en conseguir apoyos de otras fuerzas parlamentarias, ni cuánto más durará Rafael Catalá como Ministro de Justicia, a la vista de los numerosos frentes que tiene abiertos. Hoy tenemos una coyuntura parlamentaria y un Ministro de Justicia que nos es favorable, y dudamos mucho, a la vista de las encuestas, que tras unas nuevas elecciones se mantengan ambos (el liberalismo de que hace gala Ciudadanos es el que ha permitido la privatización de los servicios públicos en muchos países). No nos conformemos por quedarnos como estamos un año más, porque ya lo hicimos tras la vacatio legis inicial de 3 años y ya sabemos cómo estuvo a punto de acabar todo.


El Grupo Popular muestra disposición al diálogo con otras fuerzas políticas para dar solución definitiva al Registro Civil, con mantenimiento de estructura y demarcación actuales, dentro de la Administración de Justicia

En la tarde de ayer 13 de marzo los sindicatos representativos de Justicia CSIF, STAJ, CCOO y UGT han mantenido reunión con la Portavoz parlamentaria del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, en la que han expresado su  preocupación ante la situación generada tras el rechazo a la toma en consideración por el resto de Grupos parlamentarios de la propuesta del Grupo Popular para reformar la Ley 20/2011. En estos momentos los únicos funcionarios que pueden dar continuidad al Registro civil más allá del 1 de julio de este año son los funcionarios de Justicia. Por este motivo, deben producirse ya los cambios necesarios en la ley y/o no aprobarse una nueva “vacatio legis” 

En este sentido, los cuatro sindicatos han vuelto a defender sin fisuras el mantenimiento del Registro Civil como servicio público y gratuito dentro de la Administración de Justicia, con su demarcación actual en Partidos Judiciales y Juzgados de Paz, servido enteramente exclusivamente por personal de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, con los LAJ como Encargados. Asimismo, han trasladado a la portavoz popular la opinión del Ministro de Justicia que coincide básicamente con este planteamiento. 

Los sindicatos, de forma unánime han traslado a la portavoz popular su malestar por la actitud del resto de Grupos parlamentarios en su negativa a tramitar una ley a la que podrían haber presentado cuantas enmiendas hubieran considerado oportunas. 

En segundo lugar, le han pedido que su grupo no obstaculice la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Unidos Podemos. Una propuesta que coincide con el modelo defendido por las cuatro organizaciones sindicales recuperando funciones que se han ido perdiendo por el camino y que comparte el modelo organizativo que ha defendido el Ministro de Justicia en la reunión del pasado 28 de febrero y que se contemplaba en la proposición de ley que promovió el propio Grupo parlamentario popular. 

La Portavoz parlamentaria popular les ha mostrado su plena disposición a encontrar puntos de encuentro de manera que se facilite la toma en consideración de la propuesta del Grupo Unidos Podemos, -cuyo trámite está a la espera, únicamente, de que dicho Grupo lo solicite a la Mesa del Congreso-. Así mismo, ha tomado nota de sus peticiones, señalando no obstante el escaso plazo que resta hasta la entrada en vigor el 30 de junio de la Ley 20/2011, por lo que es posible que sea precisa la solución propuesta por algunos de una nueva vacatio legis, pero sin dejar de tramitar la reforma de la Ley, algo que las organizaciones sindicales consideran prioritario para acabar de una vez por todas con la incertidumbre que pesa sobre los casi 5.000 funcionarios que tienen funciones de Registro Civil y cuyos puestos de trabajo desaparecerían con el nuevo modelo de Oficinas Generales fuera de Justicia.

Hoja conjunta de las cuatro organizaciones sindicales, 13.03.2018

Catalá defiende ante las organizaciones sindicales un Registro Civil público, gratuito, cercano a los ciudadanos, dentro de la Administración de Justicia, gestionado por funcionarios de la Administración de Justicia y con la estructura territorial actual en Partidos Judiciales y Juzgados de Paz

Nota informativa conjunta de CCOO, CSIF, STAJ y UGT en relación con la reunión celebrada ayer con el Ministro de Justicia Rafael Catalá. 

El Ministro afirma que está dispuesto a utilizar la proposición de ley de Unidos Podemos como punto de partida para modificar la Ley 20/2011 del Registro Civil en los términos que ha anunciado, pero que antes de apoyar dicha proposición en el Congreso, quiere negociar con los representantes de las y los trabajadores para llegar a un acuerdo definitivo

Todos los sindicatos hemos manifestado que apoyamos la proposición de Ley de Unidos Podemos como vehículo normativo para dar una solución definitiva al modelo de Registro Civil y hemos reclamado al ministro Catalá que el Grupo Popular la apoye en el Parlamento español.

Si bien, todos los sindicatos representativos hemos manifestado nuestro acuerdo con las palabras del Ministro Catalá, porque representan un avance sustancial del Ministerio de Justicia sobre sus posiciones iniciales, las intervenciones al final de la reunión del Ministro y de la Secretaria de Estado de Justicia ponen un borrón preocupante sobre sus intenciones finales.

Ambos, pero especialmente la Secretaria de Estado, han manifestado claramente, que, para apoyar la proposición de Ley de Unidos Podemos en la toma de consideración en el Congreso (que para los sindicatos es la única opción posible para que, antes del 30 de junio de 2018 y si no se quiere una nueva prórroga, pueda debatirse en el Congreso y aprobarse la reforma de la Ley 20/2011 en el camino de defender el Registro Civil como lo ha sido durante 140 años), ponen una condición: van a trasladar a los sindicatos representativos sus desacuerdos con la misma y nos emplazan a negociar.

Los sindicatos representativos les hemos trasladado que se apoye desde el Grupo Popular la toma en consideración de la proposición de Ley de Unidos Podemos, ya que contiene todo lo que contenía la proposición de Ley del Grupo Popular que no fue aprobada, y que presenten las enmiendas que consideren, tanto desde dicho grupo como desde el resto. De esa manera, se empezaría a tramitar en el Congreso esta proposición de reforma de la Ley 20/2011, que contiene la inmensa mayoría de las reclamaciones de las y los trabajadores en defensa del Registro Civil, y se abriría el camino definitivo para solucionar de una vez esta situación, que ya dura 6 años, y sin perjudicar el derecho de los grupos parlamentarios a defender sus enmiendas para mejorar el proyecto desde la perspectiva de cada grupo. Las organizaciones sindicales hemos interesado al Ministro que, si fuese necesario, mientras se tramita la modificación de la Ley 20/2011, se prorrogase la vacatio legis de la citada Ley, introduciendo en la norma que prevea la vacatio todos los puntos aceptados por el Ministro en su intervención. 

Pero parece que lo que pretende el Ministro y la Secretaria de Estado es que los sindicatos avalemos enmiendas del Gobierno a la proposición de Ley de Unidos Podemos, porque son líneas rojas para el Gobierno y el Grupo Popular, para de esa forma poder justificar su voto favorable a un proyecto ante la ciudadanía, que ha sido elaborado por otro Grupo.

La próxima semana el Ministerio de Justicia nos remitirá los contenidos que rechazan sobre la proposición de Ley de Unidos Podemos, y que quieren presentar para negociación con los sindicatos, antes de tomar la decisión de apoyar o no la toma en consideración de dicha proposición de Ley. 

Los sindicatos hemos trasladado al ministro de Justicia, a la secretaria de Estado de Justicia y a todo el equipo (ha asistido también, entre otros, el director de los Registros y del Notariado), que estamos dispuestos a negociar, pero que debe ser el Ministerio el que traslade su propuesta inicial.