Por qué hay que modificar la Ley 20/2011. Parte V, restablecimiento de funciones registrales de los Juzgados de Paz


La Ley 20/2011 suprime las competencias de los Juzgados de Paz en materia de Registro Civil, para dejarlos únicamente en Oficinas de presentación de documentos junto con los Ayuntamientos (Disposición Adicional Quinta) y permitir al Juez de Paz la celebración de matrimonios civiles, sin competencia alguna en su tramitación (artículo 58).

Se reitera lo manifestado en el post anterior y se añade lo siguiente. La labor que realizan los 7.687 Juzgados de Paz en materia de Registro Civil ha sido y es esencial en la adecuada prestación del servicio público. Aun cuando los Juzgados de Paz, como Registros Civiles delegados, tienen sus competencias limitadas (no pueden resolver expedientes salvo los de matrimonio civil y fes de vida; precisan de instrucción del Juez Encargado del Registro Civil del que dependen para la práctica de la mayoría de asientos marginales) , su labor en la expedición de certificados y fes de vida, en la práctica de las inscripciones de nacimiento, matrimonio y defunción acaecidas en el municipio, y en la recepción de solicitudes de certificados y expedientes dirigidos a otros Registros Civiles ha permitido y permite que los ciudadanos no tengan que desplazarse para la práctica de actuaciones de Registro Civil, que tengan acceso rápido a los certificados de sus propias inscripciones, y que no se colapsen las Oficinas principales de que dependen. Es preciso poner en valor la labor callada de los miles de Jueces de Paz y del personal de la Administración de Justicia y los Ayuntamientos que atienden los Juzgados de Paz.

La Ley 20/2011 establece la desaparición de todas estas funciones de los Juzgados de Paz, salvo la mera recepción de solicitudes. Ello supondría un incremento exponencial del trabajo que realizan las Oficinas principales, pues se tendrían que hacer cargo de todo el trabajo que hoy realizan dichos Juzgados de Paz. Son muchos más los inconvenientes que las ventajas de la supresión de las funciones registrales por los Juzgados de Paz, funciones ya de por sí limitadas pero necesarias para dotar al Registro Civil de la capilaridad necesaria para que el servicio público llegue a toda la ciudadanía sin cortapisa alguna.  

Salvo que se procediera a la completa digitalización de los fondos del Registro Civil desde 1871, la supresión prevista de las funciones registrales de los Juzgados de Paz y de casi 300 Oficinas principales del Registro Civil supondría  el traslado de miles de libros de nacimiento, matrimonios, defunciones y tutelas a las futuras nuevas Oficinas principales de Registro Civil. Sólo de esta forma sería posible la expedición de certificaciones de las inscripciones no digitalizadas y la práctica de asientos marginales en las mismas, esencialmente en las inscripciones de nacimiento anteriores a 1950, hoy muy frecuentes (incapacidades, etc). Ello implicaría no sólo que cada municipio viera cómo los documentos que acreditan su historia de los últimos 150 años salen de sus archivos, sino también la necesidad de ampliar sustancialmente las instalaciones que hoy cuentan los Registros Civiles principales que subsistirían tras la entrada en vigor de la Ley 20/2011, así como de su personal para atender a la práctica de inscripciones y certificaciones respecto de los libros trasladados. Los ciudadanos que no vivieran en las localidades donde se ubicaran las nuevas Oficinas Generales de Registro Civil verían como, en aras de la modernidad, los certificados que podían obtener de un día para otro en sus Juzgados de Paz y Oficinas de Registro ahora tardan días, incluso semanas. Resultaría extraño y paradójico que en la actualidad un ciudadano pueda obtener de su Registro Civil su certificado de nacimiento o fe de vida y con la modernización del Registro Civil no.

La modernización del Registro Civil debe ser compatible con que los ciudadanos tengan, cuanto menos, el mismo acceso que tienen a sus inscripciones como el que tienen ahora, y con la misma rapidez y coste. La posibilidad del tratamiento digital o informatizado de las inscripciones desde las nuevas Oficinas de Registro Civil debe ser compatible con el acceso y certificación desde el Juzgado de Paz a las inscripciones practicadas en su municipio, bien directo por tratarse de inscripciones no digitalizadas, bien a través del programa informático correspondiente por tratarse de inscripciones incorporadas al sistema informático del Registro Civil. Sacar estos registros de los pueblos e impedirles su certificación directa supondría alejarles de una parte de la historia que atesoran y que les pertenece, y un empeoramiento del servicio público inasumible.

A nuestro juicio, la justificación del mantenimiento del  Juzgado de Paz como órgano auxiliar se pone de manifiesto en la necesidad de que de que se conserven en los mismos los libros de nacimiento, matrimonios y defunciones, sin perjuicio de su digitalización, así como en su colaboración en la tramitación de todo tipo de solicitudes y expedientes de Registro Civil, para prestar un adecuado servicio público a los ciudadanos. Los Juzgados de Paz deberían, cuanto menos, seguir pudiendo expedir los certificados de las inscripciones practicadas en su municipio, estén o no incorporadas al proceso de digitalización e informatización del Registro Civil; deberían poder practicar, previa instrucción del Encargado del Registro Civil, asientos marginales en inscripciones no incorporadas al Registro  electrónico; deberían poder seguir expidiendo fes de vida y estado, y seguir recibiendo todo tipo de solicitudes para su remisión a la Oficina General de Registro Civil competente, evitando con ello el desplazamiento de los ciudadanos a dichas Oficinas.

Tachar el mantenimiento de oficinas de Registro Civil en cada partido judicial y en cada Juzgado de Paz como anticuada, colapsada, obsoleta o ineficaz, como han hecho algunas organizaciones profesionales para justificar su desaparición, es desconocer por completo la función que realizan en materia de Registro Civil los Juzgados de Paz y las Oficinas existentes en cada partido judicial, y responde únicamente a intereses corporativistas. Si algo han demostrado los Juzgados de Paz en los 150 años de existencia del Registro Civil es su eficacia en el servicio público prestado, pues ha permitido que la inscripción de nacimientos, matrimonios y defunciones se fuera normalizando desde su creación en 1871 (de forma inmediata respecto de matrimonios y defunciones, más dilatada en el tiempo respecto de nacimientos) y que la obtención de todo tipo de certificados y fes de vida fuera y sea ágil y rápida.

Por todo ello se propone la modificación de la Ley 20/2011, a fin de que establezca:

·        Que los Juzgados de Paz constituyen Registros Civiles Delegados, dependientes de la Oficina General del partido judicial al que están adscritos.

·        Que el Juzgado de Paz mantenga competencias, cuanto menos, en la expedición de certificados de las inscripciones practicadas en el municipio, estén o no incorporadas al proceso de informatización del Registro Civil; en la práctica de asientos marginales en inscripciones no incorporadas al Registro Civil electrónico, previa instrucción del Encargado del Registro Civil; en materia de expedición de fes de vida y estado; en la recepción de todo tipo de solicitudes dirigidas a otros Registros Civiles; y en la práctica de diligencias de instrucción de expedientes que sean requeridos por Oficinas Generales o se establezcan legalmente.

Por qué hay que modificar la Ley 20/2011. Parte IV, la demarcación de las Oficinas Generales de Registro Civil


La Ley 20/2011 modifica radicalmente el modelo de implantación del Registro Civil actual (Oficinas en los 431 partidos judiciales; Registros Civiles Exclusivos en 16 partidos judiciales; Registros civiles delegados en los Juzgados de Paz) y lo sustituye, en su artículo 22, por la creación de una Oficina General de Registro Civil en cada Comunidad Autónoma o ciudad con Estatuto de Autonomía (salvo Canarias y Baleares, que contarían con una Oficina  General del Registro  Civil en cada una de las islas en que exista un Registro Civil principal), lo que daría lugar, salvo error u omisión, a 23 Oficinas Generales de Registro civil. Dicha Ley amplía este numero de Oficinas, permitiendo al Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas la creación, además, una Oficina General del Registro Civil por cada 500.000 habitantes; y excepcionalmente, por razón de la singular distribución de la población o por las características del territorio, se podrán crear otras tres Oficinas Generales en cada Comunidad Autónoma. En total, salvo error u omisión, se podría establecer hasta un máximo de 160 Oficinas Generales de Registro Civil, con muy desigual distribución territorial (por ejemplo, Castilla-León y Castilla La Mancha sólo podrían tener hasta 8 Oficinas Generales pese a la extensión de su territorio).

La creación de estas Oficinas Generales permitiría que su Encargado y personal fuese descargado de cualquier otro cometido procesal, dedicándose en exclusiva a la llevanza del Registro Civil. La Ley 20/2011 también suprime cualquier competencia de los Juzgados de Paz en materia de Registro Civil, dejándolos como Oficina de presentación de escritos (Disposición Adicional Quinta).

La supresión de Oficinas de Registro Civil ha sido largamente contestada desde la aprobación de la Ley 20/2011. Han sido numerosos los pronunciamientos de Gobiernos autonómicos, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos en contra de la desaparición de las Oficinas de Registro Civil, principales o delegadas, ubicadas hoy en cada municipio de España. Muchos de estos pronunciamientos han sido auspiciados por el PSOE, enmarcada dentro de su lucha contra la despoblación y para evitar la pérdida de servicios del medio rural y ciudades medias.

El anterior Ministro de Justicia se comprometió con el mantenimiento de Oficinas de Registro civil en cada partido judicial y en cada municipio. Así, la Proposición de Ley de reforma de la Ley 20/2011, presentada por el Grupo Parlamentario Popular (cuya toma en consideración fue rechazada en febrero de 2018) establecía en la Disposición Adicional Primera lo siguiente: “Las Oficinas del Registro Civil mantendrán su ubicación en las mismas localidades en que se encuentran las sedes de los actuales Registros Civiles Municipales y de Paz. La Oficina del Registro Civil Central y las Oficinas de Registro Civil Consulares mantendrán sus actuales sedes.”

La realidad de la sociedad española dista mucho de la posibilidad de evitar el desplazamiento a las Oficinas de Registro Civil. Es ilusorio en este  momento pensar que el ciudadano no tendrá nunca la necesidad de personarse en la Oficina del Registro Civil.  La mejora de las comunicaciones y la posibilidad de presentar por medios tecnológicos las solicitudes no justifica un cambio de la índole que establece la Ley 20/2011, pasando de existir en la actualidad en España 8116 oficinas de Registro Civil, una por municipio (aunque con distintas competencias, dependiendo si el Registro Civil se ubica en la sede del partido judicial o en un Juzgado de Paz), a apenas 150 Oficinas en toda España.

Además, debe tenerse en cuenta que un elevado porcentaje de población, especialmente la de menos recursos económicos y la de mayor edad, tiene todavía dificultades de acceso a las nuevas tecnologías; que debe garantizarse el fácil acceso de los ciudadanos al Registro Civil como servicio público que es; que en cualquier caso el desplazamiento para la realización de un trámite en el Registro Civil no debería exceder de una hora a través de las vías de comunicación existentes; que existen muchos hechos de estado civil que no ocurren en hospitales o centros públicos (defunciones en residencias y domicilios particulares, etc); que la concentración de medios personales y materiales no supone necesariamente que las administraciones funcionen de forma más racional o económica, que deben tenerse cuenta las especificidades determinadas por la insularidad, las dificultades de comunicación, las características orográficas y comarcales, la existencia de población difícilmente registrable, de carácter estacional o permanente, los supuestos de acumulación urbana, de naturaleza industrial o turística, y los flujos o movimientos poblacionales.... En definitiva, garantizar la prestación eficaz de un servicio público es precisamente tener en cuenta todos estos factores y no solo el factor mercantilista o intereses economicistas o corporativos. Por ello, frente a otras opciones como la de dejar a cada Administración la determinación de cuántas Oficinas debe haber en cada Comunidad Autónoma (propuesta de la Conferencia Sectorial de Justicia del año 2017) o la de simplemente garantizar la existencia de Oficinas Generales en las capitales de provincia, desde este blog defendemos que el partido judicial, como demarcación propia de la Administración de Justicia y que ha sido utilizada tradicionalmente en España para la demarcación de los Registros de la Propiedad y Notarías, sea la unidad idónea para el establecimiento de las Oficinas Generales de Registro Civil.

La necesidad de completar trámites que se hayan iniciado desde los hospitales donde hayan acaecido los nacimientos o defunciones, las actuaciones registrales de destrucción de la paternidad matrimonial, la emancipación; la formalización de actas de nacionalidad: conservación, adquisición por opción, recuperación, pérdida, juramento; las actas de adquisición o conservación de vecindad civil; los expedientes registrales matrimoniales, la autorización de publicidad en supuestos de publicidad restringida, las pruebas testificales en expedientes de cambios de nombre, la expedición de fes de vida, etc, son actuaciones que requieren la presencia del interesado y otras personas en las dependencias registrales que hoy no cabe suplir por medios electrónicos.

La total supresión de las funciones registrales de los Juzgados de Paz y de muchos Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción establecida en la Ley 20/2011, que únicamente quedarían competentes para la recepción de escritos y solicitudes, representaría un alejamiento irreparable de los ciudadanos con respecto al servicio registral. A nuestro juicio resulta contrario a la cercanía de la Administración de Justicia al ciudadano pasar de 432 oficinas registrales actuales a una por Comunidad Autónoma y otras optativas por cada 500.000 habitantes o excepcionalmente 3 más por Comunidad Autónoma, sobre todo cuando han sido las oficinas registrales de los Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción las que como regla general menos quejas han recibido sobre su funcionamiento (colas, listas de espera, etc). Aunque la propuesta sea algo mejor, los mismos inconvenientes tendrá la concentración de Oficinas Generales en las capitales de provincia e islas, aun dejando a criterio de la Administración el mantenimiento de otras Oficinas Generales fuera de las capitales de provincia, pues la tendencia economista de nuestras Administraciones tendería a prevalecer sobre la del servicio público (tras la Conferencia Sectorial del año 2017 al menos 2 Comunidades Autónomas con gobiernos del PSOE afirmaron que, pese a la libertad de establecimiento de oficinas generales que resultaba de su propuesta, el número de Oficinas Generales que iban a mantener en ningún caso excedería de una por provincia). 

La concentración de los medios registrales prevista en la Ley 20/2011 no haría sino incrementar el problema actual que sufren los registros civiles de muchas capitales de provincia, que carentes de medios personales y materiales suficientes para hacer frente a la avalancha de peticiones en materia de nacionalidad, principalmente, dieron  lugar en muchos casos a quejas por el deficiente funcionamiento del servicio registral y a retrasos inasumibles en la tramitación de expedientes que permitan  a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos (contraer matrimonio, adquirir la nacionalidad española, etc).

A nuestro juicio, cada partido judicial debe contar con una Oficina de Registro Civil, como Oficina judicial singularizada.  Esta singularidad debe suponer que el personal de la Administración de Justicia que preste sus servicios en dichas Oficinas lo debe ser de forma exclusiva, sin realizar otras funciones jurisdiccionales, salvo en los partidos judiciales con un único Juzgado. La llevanza del Registro Civil es asumida en la actualidad, principalmente, por el personal que trabaja en el mismo, y sus Gestores realizan por delegación del Encargado las funciones relacionadas en el art. 44 y 46 del Reglamento del Registro civil, por lo que la intervención del Juez Encargado es mucho menos intensa que en la jurisdicción civil o penal. De hecho ha sido hasta la actualidad pacífica la llevanza del Registro civil por parte de los Jueces, de forma compartida con otros cometidos jurisdiccionales, porque es el personal del Juzgado y no el Juez el que esencialmente atiende al Registro civil.

Por el mismo motivo, no se aprecia mayor inconveniente para que los Letrados de la Administración de Justicia puedan ser Encargados del Registro Civil y asuman dicha función de forma compartida con sus cometidos procesales habituales. Tal asunción de nuevas responsabilidades debe comportar una mayor retribución, pero no tiene por qué suponer exclusividad en la función registral cuando es el personal de la Oficina de Registro Civil quien asume la inmensa mayoría de las tareas de dicha Oficina. Tal y como sucede en la actualidad sólo en el caso de las ciudades más grandes se justifica que el Encargado del Registro Civil se dedique con exclusividad a dicha función.

La modernización del Registro civil nada tiene que ver con la modificación de su demarcación o la supresión de Oficinas, pues resulta perfectamente compatible la existencia de un Registro Civil único para toda España, informatizado y accesible electrónicamente, con el mantenimiento de Oficinas Generales en cada partido judicial, al igual que sucede en la Agencia Tributaria o la Seguridad Social. La modernización nunca puede implicar dar peor servicios.

Tampoco sería adecuado, como hemos dicho antes, dejar la libre determinación de la demarcación de Oficinas de Registro Civil a criterio de cada Comunidad Autónoma con competencias en la materia con cualquier redacción que permita grandes desigualdades en el territorio nacional, tal y como propuso la Conferencia Sectorial de Justicia en el año 2017 (proponía suprimir el número máximo de oficinas establecido en el art. 22 de la Ley 20/2011, pero no incrementaba el mínimo de una por Comunidad Autónoma, ciudad autónoma o isla). El ejercicio por parte del Estado de su competencia exclusiva en materia de Registro Civil, derivada del art. 149.1.18 de la Constitución Española, convierte al Estado en garante de que el servicio público del Registro Civil sea prestado en condiciones que aseguren la necesaria  coordinación general del sistema registral en todo el territorio del Estado. La demarcación debe responder de manera adecuada y eficiente a la demanda generada en la sociedad por las personas físicas afectadas en aras de su plena seguridad jurídica. Así resulta de la regulación que hace el Ministerio de Justicia respecto de otros Registros dependientes del mismo, como son los Registros de la Propiedad.

Por todo ello proponemos la modificación de la Ley 20/2011, a fin de que establezca que en cada partido judicial habría una Oficina General de Registro Civil.

Por qué hay que modificar la Ley 20/2011. Parte III, hay que definir de qué Administración depende funcionalmente el Registro Civil


La Ley 20/2011 no adscribe funcionalmente el Registro Civil a ninguna Administración Pública. Establece su dependencia del Ministerio de Justicia, designa a la Dirección General de Registros y del Notariado como centro superior directivo, consultivo y responsable último del Registro Civil  (artículos 2, 22.2, 25, 26, 85.1 y Disposición Adicional Segunda), pero no adscribe funcionalmente las Oficinas de Registro Civil a la Administración Estatal o Autonómica.

La Disposición Adicional Primera establece que la plazas de Encargado de las Oficinas Generales se provean “entre funcionarios de carrera del Subgrupo A1 que tengan la Licenciatura en Derecho o la titulación universitaria que la sustituya y entre secretarios judiciales”, en la forma y con los requisitos que reglamentariamente se determinen, correspondiendo la convocatoria y la resolución de los concursos para proveer las plazas de Encargado de las Oficinas Generales del Registro Civil, en sus respectivos ámbitos territoriales, al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en la materia.

La Ley no dice a qué Administración deben pertenecer los funcionarios que presten servicio en las Oficinas de Registro Civil, sino únicamente hace referencia, en la Disposición Adicional Primera, a que “el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en la materia fijarán, en sus respectivos ámbitos territoriales, el emplazamiento de las Oficinas Generales del Registro Civil y determinarán, mediante las Relaciones de Puestos de Trabajo, las dotaciones de personal necesario”.

Respecto del personal de la Administración de Justicia, la Ley 20/2011 simplemente permite optar a participar en la convocatoria de provisión de puestos de trabajo de las Oficinas Generales del Registro Civil, en la Disposición Transitoria Octava, al personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia que, en el momento de la entrada en vigor de la Ley, esté prestando servicios con destino definitivo en los Registros Civiles Únicos, allá donde los hubiere, o tenga asignadas funciones de registro en las oficinas judiciales con funciones de Registro Civil, y les otorga derecho preferente por una sola vez, dentro del ámbito territorial del órgano convocante, a obtener destino definitivo. La Ley Orgánica 8/2011, de 21 de julio, complementaria de la Ley del Registro Civil, suprimió como centro de destino de dicho personal “el Registro Civil Central y los Registros Civiles Únicos de cada localidad, donde los hubiese”, pero la reforma operada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, volvió a introducir al Registro Civil como centro de destino del personal de la Administración de Justicia.

Esta indefinición y la inexistencia de desarrollo reglamentario de la Ley 20/2011 permitió el intento de privatización del Registro Civil llevado a cabo desde el año 2012, mediante la atribución de la llevanza del Registro Civil por los Registradores de la Propiedad y Mercantiles. La privatización se plasmó en el Real Decreto-Ley 8/2014 de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, cuya Disposición Adicional Vigésima establecía lo siguiente: "A partir de la entrada en vigor en su totalidad de la Ley 20/2011, de 21 de julio, el Registro Civil estará encomendado a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles que en cada momento tengan a su cargo las oficinas del Registro Mercantil, por razón de su competencia territorial. Dichas oficinas se denominarán Oficinas del Registro Civil y Mercantil". Este artículo y demás concordantes fueron derogados por la Ley 19/2015,  de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, mediante enmienda a su Proyecto de Ley suscrita por todos los grupos parlamentarios.

Al efecto hay que recordar que en la enmienda a la totalidad que el Grupo parlamentario socialista presentó inicialmente al Proyecto de esta ley, se justifica la misma, entre otros motivos, en que “si bien la Ley de 2011, no se decantaba expresamente por la Ilevanza de los Registros Civiles españoles por los Secretarios Judiciales, estaba en el pacto tácito, pacto que con su actuación contradicen, constituyendo un nuevo ataque a un servicio público como es el de la justicia, en este caso, esencial para los ciudadanos ya que en él se residencia la garantía última de sus derechos”….”Por todo ello, el Grupo Socialista, en la línea de su defensa del servicio público de la Justicia, rechaza de plano la contrarreforma que se está llevando a cabo, que impone la privatización de la misma; rechaza de plano la privatización de los Registros, civil mediante el Real Decreto-ley 8/2014, posteriormente modificado por la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia en lo referido al Registro Civil, rechaza de plano el modelo ideológico que esconde el Proyecto de Ley, que abunda en una línea que no preserva el interés de la sociedad. En definitiva, los socialistas no apoyaremos medidas que devalúan y merman los derechos de los ciudadanos…”.

A nuestro juicio la Ley 20/2011 debe ser modifica a fin de establecer de forma inequívoca quiénes son los Encargados de las Oficinas de Registro Civil, qué personal funcionario presta servicios en las mismas, y a qué Administración se adscriben funcionalmente las Oficinas y el personal de los Registros Civiles, sin perjuicio de su dependencia del Ministerio de Justicia y la designación de la Dirección General de Registros y del Notariado como centro superior directivo, consultivo y responsable último del Registro Civil.

Dada la naturaleza jurídico pública del Registro Civil y los datos que en el mismo se contienen, su titularidad pública, el nivel alto de las medidas de seguridad que el mismo debe tener su base de datos ,  y su carácter esencial y fundamental para el ejercicio de los derechos derivados de la prueba que el mismo proporciona, consideramos que todas las personas encargadas del tratamiento de sus datos deben ser funcionarios públicos como mejor garantía de conservación, privacidad y confidencialidad de los datos incorporados al mismo. De esta forma queda adecuadamente garantizado el derecho a la intimidad de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales.

La atribución de los Registros Civiles a la Administración de Justicia ha sido pacífica hasta ahora y ha permitido desde 1871 el normal funcionamiento del Registro Civil sin sujeción a vaivenes políticos o cambios en las distintas administraciones, garantizando los funcionarios de la Administración de Justicia la objetividad e imparcialidad del Registro Civil y su sujeción, como administración registral, a las órdenes e instrucciones del Ministerio de Justicia y de la Dirección General del Registro y del Notariado.

En cuanto a su encuadre dentro de la Administración de Justicia las Oficinas de Registro Civil deben constituir Centros de destino de la Administración de Justicia, tal y como se establece en la actualidad en la LOPJ, y al igual que existen otros centros de destino que no son estrictamente "judiciales"

Por todo ello entendemos necesaria la modificación de la Ley 20/2011, a fin de que establezca:

·        El mantenimiento de los Registros Civiles como un servicio publico más dentro del ámbito de la Administración de Justicia.

·        Que los Letrados de la Administración de Justicia, antes Secretarios Judiciales, sean en exclusividad los Encargados de las Oficinas Generales y Central del Registro Civil, tal y como se prevé en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 20/2011.

·        Que presten sus servicios en las Oficinas de Registro Civil, con carácter exclusivo, los funcionarios de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa, y Auxilio Judicial.

·        Que tanto las Comunidades autónomas con competencias en Administración de Justicia como aquellas con competencias ejecutivas en materia de Registro Civil conforme sus Estatutos de Autonomía tengan competencia en materia de medios personales y materiales de las Oficinas de Registro Civil ubicadas en su ámbito territorial, a excepción de las aplicaciones informáticas.

Por qué hay que modificar la Ley 20/2011 de Registro Civil. Parte II, Desarrollo de la aplicación para la implantación del Registro Civil Electrónico


La Ley 20/2011 modifica el modelo tradicional de constatación territorial de nacimientos, matrimonios, defunciones y tutelas, en que a través de la aplicación INFOREG (o de forma manual,  en aquellos Registros civiles no informatizados) cada Registro Civil introduce en su base de datos los hechos y actos concernientes al Registro Civil, de forma que existen tantas bases de datos como Registros Civiles existen, y lo sustituye por una base de datos electrónica única para toda España, en que se pueda compaginar la unidad de la información con la gestión territorializada y la universalidad en el acceso.

Ello implica el desarrollo de esta base de datos única, a la que podrían acceder todas las Oficinas de Registro Civil para introducir hechos o actos de estado civil relativos a una persona o expedir certificaciones, a la que se deberían incorporar todos los asientos practicados desde la información de los Registros Civiles y todas las inscripciones digitalizadas practicadas con anterioridad a dicha informatización.

La licitación de esta plataforma electrónica se ha retrasado en exceso.  El BOE de 13 de junio de 2017 publicó el Anuncio previo de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia, con  Objeto “Desarrollo, pilotaje y mantenimiento del sistema de información para la llevanza del Registro Civil Digital” (Expediente: ASE/2017/053). El BOE de 8 de agosto de 2017 publicó el Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia, con el Objeto de Servicios de desarrollo del Registro Civil digital (Expediente: ASE/2017/053). Finalmente se adjudicó la licitación con fecha 10 de mayo de 2018 en dos lotes:

Lote 1. Objeto del Contrato: Servicios de Oficina Técnica de control del proyecto de desarrollo. Adjudicatario: VECTOR SORTWARE FACTORY, S.L.

Lote 2. Objeto del Contrato: Desarrollo de la aplicación informática de gestión del Registro Civil Digital e implantación en pilotos. Adjudicatario: CAPGEMINI ESPAÑA, S.L.

Mientras no esté desarrollada la aplicación del Registro Civil Único Electrónico no podrá entrar en vigor, en su integridad la Ley 20/2011, de Registro Civil.

Sin embargo, desde el punto de vista tecnológico no sólo basta con el desarrollo de la citada aplicación, sino que además deben tenerse en consideración otras cuestiones:

1.- La Disposición Transitoria Segunda de la Ley 20/2011 establece la incorporación de los datos digitalizados desde 1950 que constan en la base de datos del Registro Civil a registros individuales. Ello implica que los datos anteriores a 1950 no son objeto de digitalización y por tanto incorporación a los registros individuales. Por lo tanto, subsistirá el Registro Electrónico con los libros de las inscripciones anteriores al año 1950, los cuales son objeto muy frecuente de certificación y de práctica de asientos marginales ( principalmente en las inscripciones de nacimiento, como son las incapacidades, apoderamientos preventivos, cambios de nombre, vecindades civiles, etc).

2.- No están digitalizadas todas las inscripciones practicadas a partir de 1950. Si bien los Registros Civiles principales tienen digitalizadas sus inscripciones posteriores al año 1950, no están digitalizadas todas las inscripciones practicadas en los Registros Civiles Consulares y remitidas al Registro Civil Central para formar los tomos de duplicados (se siguen encuadernando tomos de duplicados de inscripciones sin previamente digitalizar las inscripciones) ni están incorporados al programa INFOREG los Registros Civiles Consulares. Además, faltan por digitalizar muchas de las inscripciones de los Registros Civiles delegados (juzgados de Paz) practicadas con posterioridad al año 1950.

3.- No existe una plataforma electrónica común a todos los Registros Civiles para la tramitación y resolución de las calificaciones y expedientes, ni para la comunicación electrónica con los Registros Civiles o entre éstos y la DGRN. Se desconoce si está prevista la indexación del futuro Registro Civil Electrónico con una plataforma electrónica común de tramitación y gestión procesal.

Por todo ello, a nuestro juicio es preciso:

·        Que el Registro Civil sea completamente electrónico, con desaparición de los libros físicos, mediante el uso de las nuevas tecnologías, con asientos informáticos y firma electrónica. Deben incorporarse al proceso de digitalización las inscripciones practicadas en los Juzgados de Paz y en los Registros Civiles Consulares. De igual forma, deben incorporarse los Registros Civiles Consulares a la base de datos del Registro Civil Electrónico, de forma que no sea precisa la incorporación de las inscripciones practicadas en las mismas mediante duplicado remitido al Registro Civil Central.

·        Si no es posible, por cuestiones presupuestarias, la completa digitalización del Registro Civil desde su creación en 1871, debe procederse a la incorporación al proceso de digitalización de los nacimientos habidos a partir de 1930, dado el elevado número de inscripciones que se practican respecto de los nacidos entre 1930 y 1950, para poder iniciar respecto de las personas nacidas entre estos años su Registro individual con su inscripción de nacimiento.

·        Que se desarrolle un programa de gestión de expedientes y calificaciones único para todas las Oficinas de Registro Civil que permitan la tramitación de los mismos en forma electrónica, la rápida incorporación de lo resuelto en los mismos a las bases de datos de Registro Civil y la presentación electrónica de escritos y documentos por parte de ciudadanos, funcionarios y Administraciones públicas, sin perjuicio de su posibilidad de presentación por otros medios, en desarrollo de los principios de administración electrónica.

·        También debe desarrollarse una plataforma electrónica común a todos las Oficinas de Registro Civil, en que aparezcan todos los trámites normalizados, los requisitos y documentos precisos para la tramitación de cualquier trámite registral y que sirva de cauce de comunicación entre la Dirección General de Registros y del Notariado y las Oficinas de Registro Civil, y entre las propias Oficinas de Registro, todo en aras de la necesaria comunicación, unificación de criterios para todos los trámites registrales y uniformidad en la gestión.

Por qué hay que modificar la Ley 20/2011 de Registro Civil (parte I)


El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 14 de julio de 2011, aprobó por práctico consenso de las fuerzas parlamentarias el Proyecto de Ley del Registro Civil, procediéndose a la publicación en el Boletín Oficial del Estado el día 22 de julio de 2011 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil (en adelante Ley 20/2011).

Esta Ley, según resulta de su Exposición de Motivos, supone una modificación sustancial del modelo tradicional de Registro Civil existente en España desde su creación en el año 1871. Entre sus novedades cabe destacar las siguientes:

·       Suprime el tradicional sistema de división del Registro Civil en Secciones -nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas y representaciones legales- y crea un registro individual para cada persona a la que desde la primera inscripción que se practique se le asigna un código personal.

·       Establece que su llevanza sea asumida por funcionarios públicos distintos de aquellos que integran el poder judicial del Estado.

·       Se diseña un Registro Civil único para toda España, informatizado y accesible electrónicamente. El Registro Civil se configura como una base de datos única que permite compaginar la unidad de la información con la gestión territorializada y la universalidad en el acceso.

·       Suprime las Oficinas de Registro Civil existentes en cada partido judicial, sustituyéndolas por una Oficina General por cada Comunidad o Ciudad Autónoma y otra más por cada 500.000 habitantes, pudiendo los ciudadanos presentar sus solicitudes a través de los Juzgados de Paz y los Ayuntamientos.

·       Permite las inscripciones de nacimiento y defunción mediante la remisión del documento oficial, acompañado de parte médico, por los centros sanitarios, para su posterior calificación por el Encargado del Registro Civil, evitando con ello la necesidad del desplazamiento a la Oficina de Registro Civil.

Según establece la Exposición de Motivos, “la complejidad de la Ley y el cambio radical respecto al modelo anterior aconsejan un extenso plazo de vacatio legis, que se ha fijado en tres años, para permitir la progresiva puesta en marcha del nuevo modelo, evitando disfunciones en el tratamiento de la información registral y la implementación de la nueva estructura organizativa”.

La Disposición Final Décima de la Ley 20/2011 establecía la entrada en vigor de esta Ley “ a los tres años de su publicación”, es decir, el 21 de julio de 2014,  excepto las disposiciones adicionales séptima y octava y las disposiciones finales tercera y sexta, que entraron en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

La Ley 20/2011 vino acompañada de la aprobación de la Ley Orgánica  8/2011, de 21 de julio, complementaria de la Ley del Registro Civil, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Esta Ley modificó los artículos 2.2, 100.1  y 445.1, derogó el artículo 86 y se suprimió un inciso de la letra A) del apartado 3 del artículo 521 de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, a fin de plasmar en la Ley Orgánica del Poder Judicial la desjudicialización del Registro Civil . La Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, volvió a introducir como centro de destino del personal de la Administración de Justicia “el Registro Civil Central y los Registros Civiles Únicos de cada localidad, donde los hubiese”, devolviendo a su redacción  anterior el art. 521.3 A) que había sido modificado por la Ley Orgánica 8/2011.

La Disposición Adicional 19 del Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, prorrogó la entrada en vigor de la Ley 20/2011, al 15 de julio de 2015. Dicho Real Decreto-Ley fue tramitado y aprobado posteriormente como Ley 18/2014, manteniendo la prórroga de la entrada en vigor hasta el 15 de julio de 2015. La Disposición final 4.12 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria, prorrogó la entrada en vigor de la Ley 20/2011 hasta el 30 de junio de 2017.  El artículo 2.10 de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil , modificó los artículos 44, 45, 47, 49. 1 y 4, 64, 66, 67.3 y Disposición Adicional Novena, estableciendo la entrada en vigor de estos artículos el 15 de octubre de 2015. El artículo único de la Ley 4/2017, de 28 de junio, de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, estableció la entrada en vigor de la Ley 20/2011 el 30 de junio de 2018, excepto los artículos 49.2 y 53 del mismo texto legal, que entraron en vigor el día 30 de junio de 2017. Finalmente la Disposición Final Primera de la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas, prorroga hasta el 30 de junio de 2020 la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de Registro Civil, a excepción de las disposiciones antes citadas que han ido entrando en vigor (artículos 44, 45, 46, 47, 49.1.2 y 4, 53, 64, 66, 67.3, disposiciones adicionales séptima, octava y novena, y las disposiciones finales tercera y sexta).

¿Qué ha sucedido para que la Ley 20/2011, que obtuvo la aprobación casi unánime de todos los grupos parlamentarios, 7 años después de su aprobación, no haya entrado en vigor más que unos pocos artículos, y se haya vuelto a diferir su entrada en vigor hasta el 30 de junio de 2020?. ¿Cómo es posible que la llevanza del Registro Civil, algo pacífico hasta el año 2011, haya generado tanta controversia en los últimos 7 años, hasta el punto de que haya habido un intento de privatización del mismo?

Por medio de este post y otros posteriores vamos a poner de manifiesto los inconvenientes que presenta la redacción actual de la Ley 20/2011, en cuya redacción no se tomó en cuenta ni se valoró la opinión de los Encargados de los Registros Civiles Únicos ni la de las organizaciones sindicales.

El Ministerio de Justicia la empieza a liar con las nuevas nacionalidades, pidiendo documentos para acreditar la residencia que no figuran en el listado de su página web

El Ministerio de Justicia sigue en su tónica de no dar pie con bola en la tramitación de las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española por residencia. Ya no es que se esté tardando más de 3 años en resolver las anteriores a la entrada en vigor del nuevo procedimiento establecido por la Ley 19/2015, sino que respecto de este nuevo procedimiento, cuya instrucción corresponde enteramente al Ministerio de Justicia, ya lo está torpedeando requiriendo nuevos documentos. 

Después de quitar la competencia desde junio de 2017 a los Registros Civiles para recibir las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española por residencia, desapareciendo el único órgano de la Administración que revisaba las solicitudes y requería en su caso para la presentación de documentos complementarios; después de impedir que los interesados puedan ejercitar su derecho a recibir una atención cercana y directa para la obtención de información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a las solicitudes que se propongan realizar, y que ha motivado una pregunta al respecto de la Oficina del Defensor del Pueblo al Ministerio de Justicia, sin que éste le haya respondido; ahora se les ocurre reclamar documentación adicional para acreditar la residencia continuada real en España durante el periodo necesario para adquirir la nacionalidad. 

Ya lo avisó la responsable del Ministerio de Justicia en el reciente Congreso de Nacionalidad celebrado en el mes de mayo de 2018 que el Ministerio iba a ejercitar un mayor control de las entradas y salidas de España del solicitante de nacionalidad, para así, comprobar que su residencia en España no sólo sea legal, sino real. Es decir, corroborar la continuidad de dicha residencia. Nada que objetar al respecto.... si los documentos para acreditar dicha continuidad supiesen los interesados que tienen que aportarlos junto con su solicitud. Pero no, el Ministerio de Justicia no hace mención alguna a tales documentos en su página web (se adjunta enlace a documentos a presentar en solicitud de nacionalidad). Y así llegamos al absurdo, una vez más, de necesidad de presentar documentación adicional que no fue requerida inicialmente ni el solicitante sabía que tenía que aportarla, lo que conllevará requerimiento al solicitante y nuevo retraso en la resolución de la solicitud. 

Así, el Ministerio de Justicia ha empezado a requerir a solicitantes que aporten la siguiente documentación, para acreditar la residencia real en España:

– Pasaportes del solicitante desde su llegada a España, con sellado de entrada y salida de desplazamientos, legibles.

– Certificado de Movimiento Migratorio expedido, en su caso, por el Organismo Nacional competente de su país de origen

– Informe de Vida Laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, contratos de trabajo, escolarización de hijos, alquileres, pago de recibos, y/o cualquier otro documento que permita comprobar la residencia efectiva en territorio nacional desde su llegada a España.

¿ Y si la persona no guarda su pasaporte caducado, habida cuenta de que con carácter general se requieren 10 años de residencia legal en España y con toda seguridad habrá renovado el pasaporte? ¿ Y si no existe Certificado de Movimientos Migratorios en el país de origen (en España no existe!!!!)? ¿No sería suficiente con aportar alguno de estos documentos? Pero lo peor de todo: si hay que presentar alguno de estos documentos para acreditar la residencia real, ¿por qué no lo indica el Ministerio de Justicia en su página web para evitar posteriores requerimientos?

Mucho, muchísimo tienen que cambiar en el Ministerio de Justicia y la DGRN los nuevos responsables del Ministerio de Justicia. 

Publicada en el BOE la prórroga de la vacatio legis de la Ley 20/2011 de Registro Civil

Aparece publicada en el BOE de 12 de junio la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas.

La Disposición final primera de esta Ley amplía la vacatio de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, hasta el 30 de junio de 2020, mediante la modificación de la Disposición final décima de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, que pasará a tener la siguiente redacción:

La presente ley entrará en vigor el 30 de junio de 2020, excepto las disposiciones adicionales séptima y octava y las disposiciones finales tercera y sexta, que entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, y excepto los artículos 49.2 y 53 del mismo texto legal, que entrarán en vigor el día 30 de junio de 2017.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la entrada en vigor el 15 de octubre de 2015 de los artículos 44, 45, 46, 47, 49.1 y 4, 64, 66, 67.3 y disposición adicional novena, en la redacción dada por el artículo segundo de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil

Hasta la completa entrada en vigor de esta ley, el Gobierno adoptará las medidas y los cambios normativos necesarios que afecten a la organización y funcionamiento de los Registros Civiles.

Una observación: La Ley 5/2018 entra en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE. Si ha sido publicada en el BOE de 12 de junio, entre en vigor el 2 de julio. La anterior Disposición Final Décima de la Ley 20/2011 establecía su entrada en vigor el 30 de junio, por lo que durante 1 día, el día 1 de julio de 2018, la Ley 20/2011 estará en vigor... aunque es domingo.


El Senado aprueba la prórroga de la vacatio legis de la Ley 20/2011 hasta el 30 de junio de 2020

El Pleno del Senado acaba de aprobar la Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas, que contiene la modificación de la Disposición Final Décima de la Ley 20/2011, de Registro Civil, en el sentido de que dicha Ley " entrará en vigor el 30 de junio de 2020", excepto aquellas disposiciones que ya han entrado en vigor (Disposiciones adicionales séptima, octava y novena;  Disposiciones finales tercera y sexta; artículos 44, 45, 46, 47, 49.1, 2 y 4, 53, 64, 66 y 67.3). 

Adios, Rajoy. Gracias, Catalá

Desde el pasado viernes 1 de junio Mariano Rajoy ya no es Presidente del Gobierno. Bajo su mandato se ha producido el mayor ataque a los servicios públicos habido en democracia: con la excusa de la crisis se intentó la privatización de numerosos servicios públicos, supuestamente con el fin de reducir el déficit público, poniendo en manos privadas (y normalmente privilegiadas) asuntos que siempre habían tenido la consideración de servicios públicos, desde la gestión de los hospitales públicos hasta numerosos trámites administrativos y judiciales. 

Con Rajoy en el Gobierno, y con el apoyo de sus registradores - colaboradores, el Ministerio de Justicia con Ruiz Gallardón comenzó el asalto al Registro Civil. 

Primero, otorgando a los Registradores de la Propiedad la tramitación de los expedientes de nacionalidad por residencia hasta la puesta a disposición del Ministerio de Justicia, para la elevación del preceptivo informe-propuesta de resolución, al principio gratuita, con el fin de desbloquear la resolución de los expedientes de nacionalidad que el propio Ministerio había atascado al suprimir casi toda la plantilla destinada a su resolución.

Segundo, apoyando el borrador del Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros, que atribuía ya directamente a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles la gestión del Registro Civil, en beneficio propio (recordemos la redacción de su propuesta del art. 21.5 de la Ley 20/2011: "Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles sufragarán íntegramente los costes derivados de la prestación del servicio público del Registro Civil, incluyendo sus honorarios, mediante la aplicación de los correspondientes Aranceles"). Primer Anteproyecto que decayó gracias a la presión de los Notarios, que veían como se fortalecía la posición de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles en el tráfico jurídico en perjuicio de los Notarios. 

Tercero, apoyando el segundo borrador del Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros, más matizado (y por tanto más asumible para los Notarios), que contó con la oposición de un gran número de Registradores de la Propiedad que promovieron, y consiguieron, un cambio en la dirección del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, previa Asamblea histórica celebrada en Zaragoza. 

Cuarto, mediante la publicación del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, cuya Disposición Adicional Vigésima establecía lo siguiente: "A partir de la entrada en vigor en su totalidad de la Ley 20/2011, de 21 de julio, el Registro Civil estará encomendado a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles que en cada momento tengan a su cargo las oficinas del Registro Mercantil, por razón de su competencia territorial. Dichas oficinas se denominarán Oficinas del Registro Civil y Mercantil". Real Decreto Ley que luego se convertiría en la Ley 18/2014, y cuyos preceptos relativos al Registro Civil fueron estimados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional por entender que no concurrían las circunstancias de urgencia y necesidad que amparan este tipo de normas. 

Todo ello, bajo el amparo de Mariano Rajoy, Soraya Saez de Santamaría y la cohorte de Registradores que únicamente buscaban consolidar su posición en el tráfico jurídico ante las denuncias procedentes de la Unión Europea que ponían y ponen en riesgo no su existencia sino su privilegiado status en aras de la competitividad. 

Y en esto llegó Rafael Catalá. Tras la dimisión (autodimisión, pues él solito se montó un barullo para luego dimitir) de Ruiz Gallardón, se designó a Rafael Catalá como Ministro de Justicia. El cese de Gallardón vino acompañado del cese del Director General de Registros y del Notariado, Registrador Mercantil de Zaragoza, uno de los máximos soportes de la privatización del Registro Civil. 

Catalá apoyó inicialmente la privatización del Registro Civil, si bien recondujo el proyecto para el agrado del Colegio de Registradores. Ya no iban a ser los Registradores Mercantiles los que se harían cargo de los Registros Civiles, sino los de la Propiedad. No se iba a constituir la Corporación de Derecho Público encargada de la contratación del sistema informático único y de la aplicación de llevanza en formato electrónico del Registro Civil y su red de comunicaciones a que hacía referencia el Real Decreto Ley 8/2014, sino que iba a ser el propio Colegio de Registradores el que se haría cargo de dicha contratación. Y constituyó la Comisión Mixta de Colaboración entre el Ministerio de Justicia y el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, en materia de Registro Civil, encargada de coordinar el traspaso de la gestión del Registro Civil a dichos Registradores. 

Mientras la Comisión Mixta avanzó en su trabajo y se llevaron a cabo las primeras pruebas con la nueva aplicación, el colectivo de trabajadores y trabajadoras de los Registros Civiles, con el apoyo de las organizaciones sindicales (en especial CCOO, que nunca cejó en este empeño ni dio la batalla por perdida), empezó a coordinarse, hasta constituir la marea amarilla que inundó calles de Madrid en abril de 2015. Cuando ya todo parecía perdido, a finales de dicho mes el Ministerio de Justicia renunció a la privatización del Registro Civil, derogándose por medio de la Ley 19/2015 las disposiciones de la Ley 18/2014 que así lo establecían. Volvíamos a la casilla de salida. 

Nunca se ha explicado suficientemente qué motivó que un proyecto tan adelantado (las actas de la Comisión Mixta así lo atestiguan) decayese finalmente a tan sólo un par de meses de su entrada en vigor. Era necesario reformar la Ley 20/2011 ( y había en tramitación en el Congreso leyes que así lo permitían) y se había avanzado mucho en ello; existían problemas técnicos para la implantación de la nueva plataforma electrónica, y es cierto que las actas de las últimas reuniones de la Comisión Mixta muestran ciertas desavenencias entre el Ministerio de Justicia y el Colegio de Registradores, pero hay algo más que no conocemos y que sea lo que fuere supuso la derogación de la privatización del Registro Civil. 

Desde entonces, Catalá ha defendido siempre que el Registro Civil debe ser público, gratuito, cercano a los ciudadanos, con los LAJ como Encargados y el personal de la Administración de Justicia como funcionarios a su cargo. Ha defendido el mantenimiento de las oficinas de Registro Civil actuales, tanto en los Juzgados de Paz como en los partidos judiciales, aunque ello le haya llevado al enfrentamiento con el colectivo de LAJ, que quieren Oficinas exclusivas del Registro Civil, sin otras competencias procesales, en unas pocas ciudades de España, aunque ello sea en perjuicio del servicio público. 

Las propuesta de Catalá, desgraciadamente, no se han plasmado en los tres años que han pasado desde la derogación de la privatización del Registro Civil en la necesaria reforma de la Ley 20/2011, de Registro Civil. El equipo de Catalá no ha sabido, o no ha querido, defender un proyecto de reforma de la Ley 20/2011 que contuviera los puntos propuestos por Catalá ante las organizaciones sindicales. Han trabajado al margen de su grupo parlamentario, y ello llevó a que el grupo parlamentario del PP tuviese que defender en el Congreso una Proposición de Ley de reforma de la Ley 20/2011 elaborada por el equipo del Ministerio de Justicia claramente insuficiente, proposición que tuvo el voto desfavorable en su toma en consideración pese a su acertada defensa tanto por la portavoz del PP en la Comisión de Justicia como por el propio Catalá. En ese momento primaron intereses corporativos, pues para el PSOE, las asociaciones de Jueces y Secretarios lo importante era infringir una derrota a Catalá fuese en el tema que fuese, y con tal fin se movieron entre los grupos parlamentarios (especialmente con Ciudadanos) para lograr que la Proposición de Ley no prosperase. La Proposición de Ley era mala, insuficiente, pero podía mejorarse sustancialmente en fase de enmiendas. Su rechazo, y la falta de cupo para que Podemos pudiera defender su Proposición de Ley de reforma de la Ley 20/2011 durante este periodo de sesiones, lleva directamente a la prórroga de la vacatio legis de la Ley 20/2011 durante dos años, que ahora tendrá que empezar a gestionar el PSOE, cuyo portavoz de Justicia en el Congreso, Juan Campo, es el máximo valedor de dicha Ley cuyas lagunas e imprecisiones permitió el intento de privatización del Registro Civil. 

Rafael Catalá ha sido un Ministro de Justicia reprobado; ha tenido al colectivo de Jueces, Fiscales y Secretarios en su contra por intereses esencialmente corporativos (principalmente económicos); no ha llevado a término lo discutido hasta la saciedad con las organizaciones sindicales y deja una Administración de Justicia, a nuestro juicio, peor de lo que se encontró; se ha rodeado de un equipo de trabajo que, a nuestro juicio, no ha plasmado lo que el Ministro, con buen talante, defendía en sus reuniones con los colectivos antes citados y que se ha aislado del trabajo del Grupo parlamentario; el Ministerio ha gestionado de forma pésima todo el tema de nacionalidades (sobre esto escribiremos en un post posterior) ... Pero ha defendido que el Registro Civil siga siendo público y gratuito, ha defendido que sea prestado por personal de la Administración de Justicia, ha defendido que se mantengan como oficinas del Registro Civil tanto los Juzgados de Paz como los Registros Civiles de cada partido judicial, y eso no era sencillo cuando tanto las presiones de parte del Partido Popular, las Leyes aprobadas, los máximos dirigentes del Gobierno y muchos Registradores de la Propiedad próximos al establishment defendían lo contrario. Muchas veces hemos estado tentados de quitar su foto del diseño de este blog, porque dejó de ser responsable hace tiempo del intento de privatización del Registro Civil. Y aunque sólo sea por ello, aunque su trabajo se haya quedado a mitad de camino, aunque hoy sigan las incertidumbres sobre el futuro del Registro civil ante una Ley 20/2011 que hay que reformar sí o sí, desde este blog estamos agradecidos a Rafael Catalá. 

Por todo ello, adios Rajoy, y gracias, Catalá. 

La tramitación en el Senado de la Ley que contiene la prórroga de la vacatio legis de la Ley 20/2011 sigue su curso: se votará en el pleno de 5 de junio

La tramitación de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas, que contiene la prórroga por dos años de la vacatio legis de la Ley 20/2011, de Registro Civil, sigue su curso. 

Finalizado el plazo de presentación de enmiendas, éstas aparecen publicadas en el BOCG de fecha 25 de mayo. Sólo se han presentado 9 enmiendas a la Proposición de Ley, ninguna propuesta de veto a la proposición, y las enmiendas no afectan a la disposición que contiene la prórroga de la vacatio legis. 

Según aparece en la web del Senado está prevista la votación del dictamen de la Comisión de Justicia del Senado relativo a esta proposición de Ley el próximo 5 de junio. En caso de que no se acepte ninguna de las enmiendas la Proposición quedará aprobada definitivamente; en caso de que se acepte alguna de las enmiendas presentadas, la Proposición volverá al Congreso para su votación final.

Un fallo informático atasca las concesiones de nacionalidad

La digitalización de la Administración ha tenido una consecuencia inesperada que afecta a cientos de miles de inmigrantes en España. El Gobierno lanzó el Plan Intensivo de Nacionalidad en 2012, el cual solo se tramita de forma telemática desde 2015 para agilizar el proceso. Sin embargo, en 2017 se resolvieron un 78% menos de solicitudes que el año anterior por “un error informático”. Las peticiones también bajaron, pero solo un 19%. “La reducción [en las resoluciones] se debe a la migración de la aplicación informática, que se ha prolongado más de lo previsto y lo ha retrasado todo”, justifican fuentes de Justicia.

“Llevo ya casi cuatro años esperando”, explica Rosemary Moraes, brasileña de 51 años que vive en Madrid desde hace una década y tramitó su solicitud en diciembre de 2014: “No creo que haga falta tanto tiempo para resolver un expediente. Me siento frustrada”. Ella es uno de los ejemplos que pone de manifiesto que el sistema actual no da abasto. Ya no solo en 2017, cuando se resolvieron solo 28.077 peticiones, sino por el cúmulo de solicitudes anteriores sin resolver. A finales de 2017 había 409.889 pendientes, según los datos facilitados por el Ministerio de Justicia.

Pese a estas cifras tan abultadas, desde el organismo creen que la situación se resolverá: “En noviembre y diciembre se tramitaron casi la mitad de las de todo el año [unas 14.000]”. Sin embargo, si se mantiene este ritmo durante 2018, solo se llegaría a 84.000 expedientes cerrados y sería el segundo ejercicio con menos resoluciones de los que hay cifras (desde 2010).

“Hay que repensar el modelo actual porque hay un atasco muy grande”, aseguran desde el Defensor del Pueblo, que añade en su Informe anual de 2017: “Esto no solo afecta al solicitante, también a los miembros de su familia que pueden caer en situación de irregularidad documental, a pesar de contar con largos periodos de residencia legal en España”. Una circunstancia que se repite en multitud de casos, como el de Nadiya Balaban, ucraniana de 24 años que vive en Borja (Zaragoza). “Llegué a España cuando tenía nueve años. Presenté mi solicitud en diciembre de 2016, después de hacer los exámenes necesarios y cumplir todos los requisitos, pero todavía sigo esperando”, asegura.
Un fallo informático atasca las concesiones de nacionalidad

LLega al Senado la Proposición de Ley que contiene la prórroga de la vacatio legis de la Ley 20/2011 de Registro Civil, por dos años

Desde el 4 de mayo se encuentra en tramitación en el Senado la Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas, que contiene la prórroga de la vacatio legis de la Ley 20/2011, de Registro Civil, hasta junio de 2020. 

La enmienda que al efecto se introdujo en el Congreso en dicha Proposición de Ley se limita a la prórroga de la vacatio legis dos años más, sin ninguna otra modificación sustantiva de la Ley 20/2011. La redacción de la Disposición Adicional de la Proposición de Ley que la contiene reza así:

Disposición final primera. 

Se modifica la disposición final décima de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, que pasará a tener la siguiente redacción: 

«Disposición final décima. Entrada en vigor. La presente Ley entrará en vigor el 30 de junio de 2020, excepto las disposiciones adicionales séptima y octava y las disposiciones finales tercera y sexta, que entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, y excepto los artículos 49.2 y 53 del mismo texto legal, que entrarán en vigor el día 30 de junio de 2017. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la entrada en vigor el 15 de octubre de 2015 de los artículos 44, 45, 46, 47, 49.1 y 4, 64, 66, 67.3 y disposición adicional novena, en la redacción dada por el artículo segundo de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil. Hasta la completa entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno adoptará las medidas y los cambios normativos necesarios que afecten a la organización y funcionamiento de los Registros Civiles

El plazo para presentar enmiendas y propuestas de veto a esta Proposición de Ley finaliza el 17 de mayo. Debemos recordar al efecto que la Proposición de Ley salió adelante en el Congreso con los votos favorables del Grupo Popular, que tiene mayoría en el Senado. 

Luz verde en el Congreso para la “vacatio legis” de 2 años de la Ley del Registro Civil, ahora queda el Senado

La proposición de Ley de desahucio exprés contra las ocupaciones ilegales, aprobada ayer por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, que actuaba con competencia legislativa plena -como si fuera un Pleno del Congreso-, llevaba en su interior una enmienda adicional que establece una prórroga de 2 años de la entrada en vigor de la Ley 20/2011 del Registro Civil, hasta el 30 de junio de 2020.

Esto supone que una vez que dicho texto legal será enviado al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Entonces la “vacatio legis” quedará aprobada y entrará en vigor, se prevé, el 27 de junio próximo.

Sera la quinta prórroga a esta Ley desde que fuera aprobada en 2011 por el Parlamento, bajo el último gobierno del PSOE.

“Nos hemos comprometido todos a trabajar sobre un texto nuevo en este periodo de tiempo, con objetivo de hacer un Registro Civil público, gratuito, accesible electrónicamente y que mantenga la cohesión territorial. Y a que sea aprobado con el máximo consenso”, declaró a Confilegal hace 5 días María Jesús Moro, portavoz del PP en dicha Comisión de Justicia.

La inclusión de dicha enmienda fue posible entonces gracias al acuerdo entre PP, PSOE, Ciudadanos, PNV y PdeCat, y la abstención del Grupo Confederal de Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea.

La prórroga de dos años estuvo ayer en un tris de fracasar ya que la mencionada “ley de los ocupas”, como se la conoce familiarmente en el Congreso de Diputados, fue aprobada por sólo un voto de diferencia, 19 -los del PP, Ciudadanos, PdeCAT y PNV- frente a 18 -los de PSOE, Unidos Podemos, ERC y Compromís-.

CCOO defiende que la prórroga de la vacatio legis de la Ley de Registro Civil debería incluir que el servicio público será prestado por el personal de la Administración de Justicia y el mantenimiento de su estructura territorial

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados acuerda prorrogar la entrada en vigor de la Ley 20/2011 de Registro Civil, hasta el 30 de junio de 2020, tal y como reclamaron CCOO y las demás organizaciones sindicales. 

La prórroga de la vacatio legis supone automáticamente la prórroga de la entrada en vigor de la competencia de los Notarios para tramitar expedientes previos al matrimonio civil.

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados acordó el jueves por decisión mayoritaria prorrogar 2 años más la entrada en vigor de la Ley 20/2011 del Registro Civil, de forma que dicha Ley entre en vigor el 30 de junio de 2020. Dicha prórroga se hará mediante una enmienda que se introducirá en una Proposición de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que está en trámite parlamentario (finalizado el periodo de presentación de enmiendas, pendiente de aprobación por dicha Comisión con iniciativa legislativa plena), y que luego debe ser convalidada por el Senado. 

De esta forma, los partidos políticos dan respuesta, en parte, a la exigencia de CCOO, que ante la imposibilidad de la toma en consideración de la Proposición de Ley de reforma de la Ley de Registro Civil presentada por el Grupo Parlamentario de Podemos en este periodo de sesiones, habíamos solicitado la inmediata presentación de una nueva prórroga de la vacatio legis por un plazo mínimo de dos años de la Ley 20/2011. 

La prórroga de vacatio legis es la consecuencia inevitable del rechazo en febrero a la toma en consideración de la Proposición de Ley de reforma de la Ley 20/2011, presentada por el Partido Popular, y la imposibilidad de la toma en consideración en este periodo de sesiones de la Propuesta de Ley de reforma de la Ley 20/2011 presentada por Podemos. La Ley 20/2011 no podía entrar en vigor el 30 de junio de 2018 porque falta su desarrollo tecnológico (implantación de programa para registro electrónico único, digitalización de todos las inscripciones posteriores a 1950), orgánico (cuál es su estructura territorial definitiva, quiénes son sus Encargados), funcional (a qué administración pertenecen sus personal) y reglamentario (normas de desarrollo de la Ley). 

A falta de conocer el texto de la enmienda de la Ley 20/2011 para la prórroga de la vacatio legis, es bastante probable que ésta se limite a modificar la fecha de su entrada en vigor establecida en la Disposición Final Décima. 

Frente a otras propuestas que han solicitado, sin más, esta prórroga, CCOO defiende que la misma debería ir más allá, debiendo incluir que el Registro Civil será prestado por el personal de la Administración de Justicia, el mantenimiento de las Oficinas de Registro actuales (una por partido judicial) y de las funciones delegadas de los Juzgados de Paz, puntos que tenían en común las Proposiciones de Ley del PP y Podemos y que, al menos respeto del primero de los puntos, había manifestado su conformidad Ciudadanos. Y ello porque la mera prórroga de la vacatio legis, si bien es una solución a corto plazo que permite mantener, por ahora, los Registros Civiles conforme a su estatus actual (dentro de la Administración de Justicia, cercano a los ciudadanos, servidos íntegramente por personal de la Administración de Justicia) no soluciona de forma definitiva el problema que la redacción vigente de la Ley 20/2011 motivó, y que dio lugar al intento de privatización del Registro Civil por parte de los Registradores de la Propiedad con el apoyo de Rajoy, sino que simplemente lo aplaza. 

La prórroga de la vacatio legis de la Ley de Registro Civil supone, automáticamente, la prórroga de la entrada en vigor de la competencia de los Notarios para tramitar expedientes previos al matrimonio civil, dado que conforme establece la Disposición Final Vigesimo Primera de la Ley 15/2015, de jurisdicción voluntaria, las modificaciones de los artículos del Código Civil y de la Ley de Registro Civil que lo harían posible entran en vigor “en la fecha de la completa entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil”. 

Una vez aprobada la prórroga de la vacatio legis, corresponde al Ministerio de Justicia elaborar y presentar un Proyecto de Ley de reforma de la Ley 20/2011 que responda de una vez a los criterios que ha manifestado el Ministro de Justicia de forma reiterada ante las organizaciones sindicales, y que a nuestro juicio contiene la Proposición de Ley presentada por Podemos. CCOO seguirá defendiendo, tal y como parece que el Ministerio de Justicia ha asumido, que el Registro Civil siga siendo un servicio público, gratuito, cercano a los ciudadanos, con los LAJ como Encargados del mismo, servido íntegramente por personal de la Administración de Justicia, con Oficinas en cada partido judicial, con funciones delegadas por los Juzgados de Paz. CCOO también defenderá la exclusividad de los Registros Civil para la tramitación de todos los expedientes registrales (incluidos los previos al matrimonio) y que la instrucción de las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española por residencia vuelvan a recaer sobre las Oficinas de Registro Civil. 

CCOO exige además al PSOE y a Ciudadanos que se unan sin tapujos a la mayoría parlamentaria y a la unanimidad sindical que defienden el mantenimiento de la estructura territorial actual de los registros civiles, con oficinas principales en todos los partidos judiciales y con oficinas delegadas en todos los Juzgados de Paz. 

Asimismo, CCOO entiende necesario (y hasta obligatorio, a la vista del informe del Defensor del Pueblo 2017 en esta materia) que el Gobierno modifique ya el Real Decreto 1004/2015, que aprobó el Reglamento para la tramitación de las solicitudes de adquisición de nacionalidad española por residencia, a fin de que los ciudadanos extranjeros puedan volver a recibir información sobre los trámites de nacionalidad, revisar sus documentos y presentar sus solicitudes a través de los Registros Civiles, tal y como sucedía hasta junio de 2017. Al efecto, CCOO se va a dirigir al Ministro de Justicia interesando la reforma urgente de dicho Real Decreto.