Subsisten
agravados los problemas para la resolución de los expedientes de nacionalidad
tramitados conforme el procedimiento antiguo
CCOO denuncia
que el Ministerio de Justicia está fomentando la privatización del nuevo
procedimiento, al dar preferencia a las solicitudes electrónicas presentadas a
través de Abogados y Gestorías.
CCOO ha dirigido una carta al Defensor
del Pueblo en la que denuncia que, tras
dos años desde la retirada de la competencia de los Registros Civiles para
informar, revisar y recibir las solicitudes de adquisición de la nacionalidad
española por residencia que se tramitan conforme el procedimiento establecido
en el Real Decreto 1004/2015, sin que ninguna otra oficina pública realice las
funciones que venían desarrollando los Registros Civiles, se están vulnerando derechos administrativos de los ciudadanos
extranjeros para acceder a la nacionalidad española establecidos en la Ley
39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, y en concreto el derecho a obtener información y orientación acerca de los requisitos
jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes imponen a sus solicitudes;
a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los
procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y el de
asistencia a los interesados que carecen de medios electrónicos para presentar
por sí mismos sus solicitudes. Todo ello supone, a juicio de CCOO, una vulneración
del derecho a la
igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos públicos.
Ante la pérdida de competencia de los Registros Civiles para
informar, recibir y revisar las solicitudes de nacionalidad a partir del 30 de
junio de 2017 CCOO
interpuso una queja ante la Oficina del Defensor del Pueblo, por entender que
ello supondría la vulneración de numerosos derechos administrativos de los
ciudadanos extranjeros, al no existir ningún órgano administrativo que
sustituyera a los Registros Civiles como oficinas de referencia para la
tramitación de las solicitudes de nacionalidad. Dos años después, y tras
diversas actuaciones del Ministerio de Justicia a requerimiento del Defensor
del Pueblo, CCOO
denuncia ante éste que subsisten agravados los problemas en materia de
adquisición de la nacionalidad española por residencia:
1.-
Los ciudadanos extranjeros no tienen un organismo cercano, como son los
Registros Civiles, en donde informarse sobre los requisitos para la adquisición
de la nacionalidad española, documentación a presentar y trámites a realizar.
Sólo tienen la opción de informarse a través de la página web del Ministerio de
Justicia o contratar los servicios de un profesional (abogado, gestor
administrativo) que les asesore al respecto.
2.-
Los ciudadanos extranjeros no tienen un organismo ante el que cerciorarse de
que la documentación que acompañan a su solicitud de nacionalidad española es
la correcta y adecuada, ni para que se digitalice y tramite de forma
electrónica su solicitud.
CCOO denuncia que ante la dificultad del trámite administrativo
(conocimiento de requisitos, documentación a presentar) se ha fomentado con esta medida que los ciudadanos extranjeros
contraten los servicios profesionales de abogados y gestores administrativos
para su presentación por vía electrónica. Dado que muchos ciudadanos
extranjeros no pueden abordar el coste
de la contratación de dichos servicios profesionales se está produciendo, a
juicio de CCOO, vulneración del derecho a la igualdad de
todos los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos públicos.
CCOO
asimismo pone de manifiesto que el Ministerio de Justicia está tramitando y
resolviendo las solicitudes presentadas en formato electrónico, mediante un
plan de incentivos para personal del Ministerio de Justicia para la
calificación de expedientes de nacionalidad fuera de horas de trabajo, mientras
que las solicitudes presentadas en formato papel desde el año 2016 están sin
digitalizar, metadatar y por tanto pendientes de incoar el expediente
electrónico que permita iniciar su tramitación. Como la inmensa mayoría de
solicitudes electrónicas han sido presentadas por medio de profesionales previo
pago de sus honorarios, el Ministerio de Justicia está fomentando el uso de
esta vía frente a la de los ciudadanos extranjeros que no quieren o no pueden satisfacer sus honorarios y optan por
la vía del papel.
Respecto
a los llamados “procedimientos antiguos”, es decir, las solicitudes presentadas
antes del 15 de octubre de 2015, CCOO
denuncia que siguen siendo miles las solicitudes pendientes de resolver, con
numerosos problemas añadidos:
§
Retraso de años
en la resolución de los expedientes para los que se ha requerido que aporten
documentación adicional.
§
Requerimientos de
documentación adicional en muchos casos redundantes.
§
Elevado número de
recursos de reposición interpuestos contra las denegaciones de nacionalidad.
§
Contratación de
personal ajeno al Ministerio de Justicia (personas recién licenciadas en
Derecho) para la resolución de las resoluciones de dichos recursos, tras un
mínimo curso de formación.
§
Única opción de
acudir a la vía contenciosa para agilizar la resolución de estos expedientes.
CCOO
solicita al Defensor del Pueblo la continuación de la actuación abierta tras
nuestra queja y a que inste al Ministerio de Justicia para que realice las actuaciones
oportunas a fin de evitar la vulneración de los derechos administrativos de los
ciudadanos extranjeros que quieran adquirir la nacionalidad española en todo lo
relativo a la información sobre los trámites, revisión de su documentación,
consulta de dudas y presentación de su solicitud; en definitiva, de su derecho
a acceder a la nacionalidad española en
igualdad de condiciones, sin discriminación alguna por lugar de residencia,
acceso a nuevas tecnologías o recursos económicos con que pueda disponer.
Para CCOO la
solución a estos problemas pasa por que los Registros Civiles recuperen la
competencia para recibir las solicitudes, como hasta el 30 de junio de 2017;
por que los Registros Civiles puedan digitalizar y metadatar las solicitudes
que se presenten ante ellos; e incluso que los Registros Civiles puedan ser los
competentes para la instrucción de las solicitudes.
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