Publicada la 6ª enmienda de gestión de los expedientes antiguos de nacionalidad a los Registradores de la Propiedad, mientras persiste el desastre creado en la tramitación de las anteriores encomiendas

Aparece publicada en el BOE de hoy la Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se publica una nueva encomienda de gestión al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, para la tramitación de expedientes de nacionalidad por residencia correspondiente a los expedientes tramitados conforme el procedimiento previsto en la Ley de Registro Civil de 1957 (es decir, los previos al Reglamento 1004/2015) entre los años 2016 y 2019.

Esta sexta encomienda, en la que se prevé que los Registradores resuelvan unos 56.000 expedientes, tiene como contraprestación un precio de  1.677.732 €

La encomienda, la primera del supuesto gobierno progresista del PSOE,  supone volver a contratar, esto es, privatizar, la tramitación de las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española por residencia, ante la incapacidad declarada de a Dirección General de Registros y del Notariado, de realizar las tareas de instrucción y tramitación de dichos expedientes hasta el momento inmediatamente anterior a aquel en que la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil eleva el preceptivo informe-propuesta de resolución al órgano competente, conforme al artículo 367 del Reglamento del Registro Civil.

La encomienda, según la cláusula Segunda.1, tiene por objeto los expedientes de nacionalidad por residencia de procedimiento antiguo que hayan sido recibidos en la DGRN desde el 1 de enero de 2016 hasta el 30 de junio de 2019 y que se estima que aproximadamente alcanzarán el número total de 56.000. Es decir, quedan excluidas las solicitudes de adquisición de nacionalidad española por residencia presentadas conforme el nuevo procedimiento establecido en la Disposición Final Séptima de la Ley 19/2015. 

Esta encomienda es un punto y seguido en la vergonzosa actuación del Ministerio de Justicia, antes con el PP y ahora con el PSOE, desde finales del año 2011, que primero permitió la acumulación de miles de solicitudes de nacionalidad española sin darles trámite, luego impulsó su resolución supuestamente gratuita por los Registradores de la Propiedad en una materia absolutamente ajena a su función y como primer paso para el intento de regalarles la gestión del Registro Civil,  y ha continuado, una vez frustrada la privatización del Registro Civil, con el pago de cuantiosas sumas del erario público para realizar el trabajo que el Ministerio de Justicia ha sido incapaz de llevar a cabo. 

Pero lo peor de todo es que los problemas que llevamos denunciando en este blog desde hace años, con la tramitación por parte de los Registradores de la Propiedad (zapatero, a tus zapatos), subsisten. En los Registros Civiles estamos hartos de recibir requerimientos para que ciudadanos rumanos que han presentado certificados plurilingües de nacimiento (que conforme el Convenio correspondiente están dispensados de traducción y apostilla) tengan que volver a presentar otros certificados de nacimiento; o que se les requiera para que presenten nuevo certificado de antecedentes penales de Rumanía, cuando se ha aportado certificado a tal efecto expedido por el Ministerio de Justicia en España previa consulta con las autoridades rumanas. La mitad de Registradores siguen sin enterarse de la legislación española, y siguen siendo cientos, miles, los expedientes anteriores a 2016 tramitados conforme el procedimiento antiguo pendientes de resolver. Y el Ministerio de Justicia no ejerce control alguno sobre los requerimientos que a diario remiten los Registradores para trámites adicionales. Que los ciudadanos extranjeros tengan que acudir al recurso contencioso administrativo para acelerar la concesión de la nacionalidad, tras un año de espera desde la presentación de sus solicitudes, es una muestra más del fracaso de quien diseñó las encomiendas de gestión y de quienes han ideado el nuevo procedimiento de nacionalidad. Queda claro que los culpables de este desaguisado no éramos los Registros Civiles, sino la DGRN y ahora los Registradores de la Propiedad. 

No sólo eso. Cuando se requiere al ciudadano extranjero para que aporte nuevos documentos, la documentación se remite a la DGRN, donde guarda el sueño de los justos junto con el resto de la documentación que de ordinario se remite a dicho organismo hasta que alguien la abre, la digitaliza y la remite al Registrador de turno, que luego tarda una eternidad en hacer la propuesta de resolución. 

El Ministerio de Justicia, ahora del PSOE, quiere vender una supuesta buena gestión en la tramitación de los expedientes de nacionalidad, los antiguos y los modernos conforme el Reglamento 1004/2015, pero la realidad es que un año después de la moción de censura la situación es igual o peor, pues el retraso en su resolución se sigue acumulando. Si además se sigue confiando en los Registradores de la Propiedad, para quienes el tema de los expedientes de nacionalidad apenas tiene interés en sus cuantiosos negocios, y así lo demuestran día a día, apaga y vámonos.

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