El PSOE acusa a Catalá de facilitar la apropiación definitiva del Registro Civil por el colectivo de registradores al que pertenece Mariano Rajoy, presidente del Gobierno

Extracto de la intervención de Sr. Bedera Bravo, Diputado  del PSOE, con motivo del debate sobre el Proyecto de Ley de Medidas de Reforma Administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil celebrado en el Congreso de los Diputados el día 11 de diciembre, tras la intervención del Ministro de Justicia en que anunció que presentará enmiendas a este Proyecto de Ley para avanzar en la privatización del Registro Civil.

… “Su discurso es menos agresivo, menos frentista que el practicado por su antecesor … , pero prevalece la marca de fábrica del Partido Popular cuando legisla en materia de justicia. Es como si estuviera en su naturaleza, como le dijo el escorpión a la rana, y no supieran actuar de otra manera. Pues bien, esas señas de identidad que identifican su modo de proceder las volvemos a reconocer en este proyecto de ley.

Usted defendió con entusiasmo en su comparecencia la entrega del Registro a los registradores. …  Hizo también una encendida loa de la condición de funcionarios públicos de los registradores, para negar que entregarles el Registro Civil signifique su privatización. Lo acaba de reproducir mutatis mutandis cuando usted ha subido a la tribuna. Eso sí, se le ha olvidado citar la sentencia de 12 de noviembre de 2009 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando en su Sala tercera afirma textualmente: Los registradores no ejercen su actividad en calidad de órgano de derecho público, puesto que no están integrados en la Administración pública, sino que su actividad se realiza en el marco de una profesión asimilada a una profesión liberal. Entonces, señor ministro, es cuando nos asalta la gran pregunta: Señor Catalá, ¿es este el encargo que ha recibido del registrador Mariano Rajoy Brey? Esta es la pregunta que nos asalta. ¿Le ha sugerido el presidente del Gobierno —registrador en Santa Pola— que entregue el Registro Civil al cuerpo de registradores? Esta es la gran pregunta, pero se nos plantean muchas otras, porque si el Consejo General del Poder Judicial afirmaba en su informe que resultaría muy gravoso económicamente implantar los sofisticados sistemas de seguridad que se requieren y de los que, por cierto —según ha explicado usted ahora en el tema de la memoria económica—, la memoria del análisis de impacto normativo del proyecto no dice nada, la siguiente pregunta es cómo y quién va a sufragar este dispendio, porque en la ley que estamos debatiendo y a la que hemos presentado enmienda de devolución no se dice absolutamente nada. ¿Van aumentar los aranceles? ¿Se cobrará por el acceso a la ficha registral de cada ciudadano? ¿Pasarán los registradores a engrosar la lista de beatos por su desinteresada contribución al bien común?

¿Qué garantías hay de una adecuada gestión de los datos por personal no funcionario? Porque le recuerdo, señor ministro, más allá de la discusión sobre la calidad de funcionarios o no de los registradores, que quienes van a utilizar estos datos son personas que contrata y despide ese empresario registrador. ¿Qué servicio se puede dar si las oficinas se van a ubicar en determinados sitios? Etcétera, etcétera. Es decir, son demasiadas preguntas que no encuentran contestación en el proyecto de ley del Gobierno, que es de lo que estamos hablando en este momento.

Catalá pretende utilizar la regulación de las inscripciones de nacimiento y defunción desde los hospitales para avanzar en la privatización del Registro Civil

Lo que iba a ser el debate de totalidad del proyecto de ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, relativo a la regulación de las inscripciones de nacimiento y defunciones desde los hospitales ya contemplada en la Ley 20/2011 y respecto de la cual se pretende introducir supuestas mejoras técnicas, se convirtió en toda una declaración de intenciones del Ministro de Justicia Sr. Catalá para afianzar avanzar en la privatización del Registro Civil. 

Se debatió en el Congreso de los Diputados el pasado día 11 de diciembre el citado Proyecto de Ley, dado que el PSOE había presentado una enmienda a la totalidad de este Proyecto pidiendo su devolución al Gobierno. Allí subió a la tribuna el Sr. Catalá, para vender las excelencias del proyecto de ley que permitirá que se pueda promover desde los hospitales las inscripciones de nacimiento y defunción; idea que por cierto ya han vendido como propia dos ministros, Ruiz Gallardón y Catalá, y una Vicepresidenta del Gobierno, Saez de Santamaría, cuando ya consta en la Ley 20/2011, de Registro Civil, respecto de la cual el proyecto de Ley pretende introducir algunas mejoras técnicas. 

Pero estas mejoras técnicas, además del anuncio del supuesto ahorro de millones y millones de euros en caso de aprobarse que no justifica el Sr. MInistro cómo ha hecho el cálculo, van a venir acompañadas, según afirmó el Ministro, de otras cuestiones relativas al Registro Civil, como la regulación de la inscripción de la gestación subrogada (madres de alquiler), obligada tras una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que obliga a su registro en bien del menor, y de una nueva vuelta de tuerca en la privatización del Registro Civil, salvando la necesidad de informes de los organismos preceptivos (Consejo de Estado, etc) que necesitaría si fuese un proyecto de Ley independiente. Pues al final Catalá convirtió y centró su intervención no en el proyecto de ley presentado, sino en la defensa de la privatización del Registro Civil y de su asignación a los Registradores, y en cómo avanzar en esta locura, para lo cual anunció que introducirá enmiendas en este proyecto de ley que nada tienen que ver con el registro de nacimientos y defunciones desde los hospitales. 

Catalá rechazó que estemos ante una privatización del Registro Civil, porque los Registradores Mercantiles son funcionarios públicos pues así lo dice la Ley Hipotecaria. Sólo Catalá y el portavoz del PP en el Congreso ven en los Registradores Mercantiles el carácter de funcionarios públicos, y desprecian la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de diciembre de 2009 que dice que no lo son porque se dictó en un asunto relativo a liquidación del IVA, cuando lo que hace dicha Sentencia es precisamente, para resolver dicha cuestión, entrar en el fondo de la naturaleza jurídica de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles. Todos los grupos de la oposición dieron pruebas de conocer la sentencia y resumieron acertadamente sus pronunciamientos.

El Ministro insistió en los razonamientos de Gallardón para justificar la privatización: que supone seguir adelante con la desjudicialización del Registro Civil establecida en la Ley 20/2011 (cuando esta ley no prevé su privatización ni su salida del ámbito de las Administraciones Públicas), que hay que hacer frente al elevado número de quejas que llegan sobre el funcionamiento del Registro Civil (casi todas ellas debidas al colapso creado por el propio Ministerio de Justicia en la resolución de los expedientes de adquisición de la nacionalidad española), que la Ley 20/2011 carece de memoria económica para ponerla en marcha ( acaso la tiene la Ley 18/2014 que lo privatiza directamente, que no dice cómo se financiará y sustentará??) y que los Registradores también son funcionarios públicos (las críticas unánimes al respecto de todos los partidos de la oposición bastaron para sacar los colores al Ministro).

Para paliar la chapuza del Real Decreto Ley 8/2014, luego Ley 8/2014, el Ministro anunció la presentación de enmiendas que ha pactado directamente con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, quienes al parecer sí que tienen la legitimidad para negociar las leyes que les niegan a los parlamentarios y parlamentarias de los demás partidos. Estas enmiendas serán las siguientes:

- No se va a llevar adelante la creación de la corporación de derecho público que la Ley 18/2014 pretendía. La llevanza del Registro Civil será efectuada por los registradores, pero no mediante ninguna personificación jurídica intermedia, sino a través del propio Colegio de Registradores.
- El Colegio de Registradores será el que ponga a disposición del Ministerio de Justicia una plataforma electrónica en materia de registro civil y nacionalidad que hará posible el registro civil electrónico.
- Se diseñará una nueva organización que responda a una estructura de oficinas generales que se establecerán en todas las capitales de provincia, en las islas y en las poblaciones de más de 100.000 habitantes.
- Se regulará la colaboración en materia registral con las oficinas consulares, los registros de la propiedad o los juzgados de paz.

Debe destacarse que sigue sin resolverse cómo se financiará el Registro Civil, y quedan las dudas planteadas en su día por el propio Ministerio de Justicia y la Asociación de Registradores Arbo, defensora a ultranza de la privatización del Registro Civil, sobre la capacidad de los servicios informáticos del Colegio de Registradores para hacer frente a la plataforma electrónica del Registro Civil, que ahora no saldrá a concurso. 

En definitiva, se utiliza una ley que pasaba por allí para subirse al carro de la privatización e impulsarla. El Colegio de Registradores, antes tan beligerante con la privatización, ahora sólo hace números. El servicio público no les importa ni a unos ni a otros. 

Adjuntamos enlace a Diario de Sesiones del Congreso del 11 de diciembre, en que aparecen las palabras del Ministro y la contestación dada por los representantes de los partidos de la oposición, de la que nos iremos haciendo eco en este blog. 

CCOO presenta una ILP para garantizar que el Registro Civil siga público

CCOO ha presentado en el Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con la que pretende que el Parlamento rechace la Ley 18/2014 de 15 de octubre, aprobada en exclusiva con los votos del Grupo Parlamentario del PP y que en sus disposiciones adicionales recoge la privatización del Registro Civil y la entrega de su gestión a los registradores mercantiles.

El secretario General de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba, Luis Mena, ha explicado que esta ILP nace con dos prioridades fundamentales: Devolver el Registro Civil a la ciudadanía, manteniéndolo público y gratuito, y frenar las políticas privatizadoras del Gobierno del Partido Popular.

El sindicato defiende el derecho de la ciudadanía a que el Registro Civil siga siendo un servicio público y para ello es imprescindible su mantenimiento dentro del ámbito de la Administración pública. Para CCOO, la capacidad y la cualificación demostrada por el personal de la Administración de Justicia en sus ya más de 140 años en los que el Registro Civil ha sido servido por este personal, demuestra que ahí debe mantenerse, y que es “un error” la pretensión del Gobierno de sacarlo de su ámbito y proceder a su privatización.

CCOO ha manifestado su oposición a la privatización del Registro Civil y obligar a la ciudadanía a pagar por unos servicios obligatorios (inscripción y certificado de nacimiento, defunción, matrimonio y divorcio, nacionalidad, tutela, actos de última voluntad, etc.) que hasta el momento eran gratuitos. De hecho, según los datos de CCOO, sólo en Córdoba, los 500 funcionarios de la Administración de Justicia realizan más de 90.000 trámites judiciales anuales que de tener que pagar supondrían más de un millón de euros anuales.


Además, el sindicato ha criticado que después de que el Ministerio de Justicia haya gastado más de 127 millones de euros en la modernización e informatización de los registros civiles, se entregue a los intereses privados la gestión y cobro por actos obligatorios. Para Mena, la privatización de los registros civiles es “un nuevo recorte social que perjudica, una vez más, a las personas con ingresos más reducidos que van a ver imposible el acceso a la Justicia por las tasas y, ahora, por el pago por certificaciones obligatorias que ya pagan con impuestos y aranceles”.

Por ello, CCOO se opone a la cesión del Registro Civil y lo considera un deterioro del servicio público de la Justicia, porque “supone desmontar un servicio público gratuito para cedérselo a un colectivo que buscará intereses particulares y beneficios económicos a través del cobro de tarifas que actualmente no existen”, ha insistido el responsable sindical.

En el mismo sentido, CCOO ha propuesto realizar un llamamiento al resto de las organizaciones sociales y sindicales de la Administración de Justicia y asociaciones ciudadanas afectadas a formar un “frente común contra el desmantelamiento de la Administración de Justicia que este Gobierno está llevando a cabo”, ha apostillado Mena.

CCOO presenta una Iniciativa Legislativa Popular en defensa del Registro Civil como servicio público‏

CCOO ha presentado hoy, 16 de diciembre, en el Congreso de los Diputados, una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para garantizar el carácter de servicio público del Registro Civil, su gratuidad y la confidencialidad y privacidad de los datos personales de la ciudadanía. 

La Iniciativa Legislativa Popular de CCOO rechaza la Ley 18/2014, que privatiza el Registro Civil, defiende su mantenimiento en el ámbito público y para ello apostamos para que continúe servido, cómo en estos últimos 140 años, por el personal funcionario de la Administración de Justicia. 

Al amparo del artículo 87.3 de la Constitución española y de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular (modificada por la LO 4/2006, de 26 de mayo), la Confederación Sindical, la Federación de Servicios a la Ciudadanía y el Sector de la Administración de Justicia de CCOO presenta el martes 16 de diciembre una iniciativa legislativa popular (ILP) para defender el mantenimiento del Registro Civil como servicio público y gratuito.

CCOO defiende el derecho de la ciudadanía a que el Registro Civil siga siendo un servicio público, y para ello es imprescindible su mantenimiento dentro del ámbito de la Administración pública. 

Además, la capacidad y la cualificación demostrada por el personal de la Administración de Justicia en sus ya más de 140 años en los que el Registro Civil ha sido servido por este personal, demuestra que ahí debe mantenerse, y que es una aberración la pretensión del Gobierno de sacarlo de su ámbito y proceder a su privatización.

La presentación de esta ILP por CCOO tiene el objetivo de lograr que el Parlamento español rechace la Ley 18/2014 de 15 de octubre, aprobada en exclusiva con los votos del grupo parlamentario popular, rompiendo el consenso social establecido en torno a un Registro Civil público y gratuito, y que, además, tiene el rechazo frontal de la inmensa mayoría de la sociedad.

Dicha ley 18/2014 recoge, en sus disposiciones adicionales, vigésimo a vigesimoquinta, la privatización del Registro Civil y la entrega de su gestión a los Registradores Mercantiles, (disposición adicional vigesimoprimera).

Esta ILP, que impulsa y presenta CCOO, nace con tres objetivos fundamentales: 

1.- Devolver el Registro Civil a la ciudadanía, manteniéndolo público y gratuito.
2.- Frenar las políticas privatizadoras del gobierno del Partido Popular.
3.- Desenmascarar los oscuros intereses de algunos máximos responsables del gobierno, especialmente de su presidente, que se permite entregar un servicio público, del que no es su propietario, sino solo un servidor más, a la gestión privada, y lo que es aún más grave, a su gestión por un colectivo de élite, los registradores, del que forman parte tanto él como miembros de su familia, a los que las sentencias de la Unión Europea no considera funcionarios públicos.

Catalá comunica a los grupos del Congreso su intención de aprobar 'a toda máquina' las reformas pendientes de Justicia, entre ellas la privatización del Registro Civil

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha reunido con algunos portavoces de los grupos parlamentarios para comunicarles su intención de aprobar 'a toda máquina' las reformas pendientes en su departamento con el fin de sacarlas adelante durante los primeros meses de 2015, según informaron a Europa Press fuentes conocedoras de estos contactos.

Catalá es consciente de que el calendario parlamentario apremia y es necesario dar un empujón al gran volumen de normas pendientes si se quiere aprobarlas en el 'spring final' de la legislatura, habida cuenta de que solo queda un periodo de sesiones completo -- de febrero a junio-- antes de las elecciones generales.

Las reformas del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Jurisdicción Voluntaria, la Ley Hipotecaria y el Catastro Inmobiliario, del Registro Civil, del Estatuto de la Víctima, la transposición de varias directivas europeas o el "ajuste" de las polémicas tasas judiciales son las medidas que ocuparán la apretada agenda de los diputados.

SIN INFORMES CONSULTIVOS EN DOS POLÉMICAS REFORMAS

El Gobierno ha elegido la vía de enmiendas para modificar las tasas judiciales en el proyecto de asistencia jurídica gratuita y también para encomendar la gestión del Registro Civil a los registradores, a través de una reforma que obliga a los centros sanitarios a comunicar electrónicamente los nacimientos y defunciones. Con este trámite se ahorra los informes de los órganos consultivos.

Secretarios judiciales progresistas afean a Catalá que cambie de discurso pero no la política dañina en la Justicia

La Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) han censurado que el relevo en el Ministerio de Justicia ha traído consigo un discurso "menos agresivo", pero no ha supuesto "cambio alguno" en los perjudiciales efectos de la política del Gobierno en esta materia. En este sentido, cita el traspaso del Registro Civil a los registradores, cuya preparación es nula en el nuevo cometido y quienes ya cobran unas retribuciones "privilegiadas".

Para la asociación, se han confirmado los "peores augurios" al constatar que la llegada de un nuevo ministro a Justicia tiene un discurso "menos agresivo, más pactista pero en lo que interesa al Gobierno, y no al ciudadano".

En este sentido, ha acusado al Gobierno de partir de "datos erróneos y engañosos" al defender la encomienda de la gestión del Registro Civil a los registradores mercantiles y de la propiedad. "Se manifiesta que será gratuito, nadie se lo cree", ha remachado.

TRANSPARENCIA SOBRE LOS COSTES DE LA ENCOMIENDA

De este modo, ha pronosticado que se subirán el resto de aranceles para hacer frente a la gratuidad del Registro Civil o se cobrará no la inscripción inicial, pero sí las posteriores. Ha criticado también la intención del Gobierno de "regalar toda la informática y digitalización" que ha costado cerca de 200 millones de euros del erario público a los registradores.

Además, ha lamentado que su proyecto no se acompañe de una memoria económica ni de un desarrollo reglamentario. "Solo se ha efectuado una adenda en una ley ómnibus y sólo por ello, también con la lógica del Gobierno habría que rechazar el nuevo proyecto", ha expuesto, después de que Rafael Catalá criticara la falta de memoria económica en la norma del Gobierno socialista.

"Se parte de la base que los Registradores son funcionarios, pero se obvia que tienen una situación económica privilegiada, que no cobran del Estado, sino directamente de los particulares, y que ningún funcionario de la Administración, ni de lejos se acerca a su salarios o percepciones", ha señalado.

SECRETARIOS JUDICIALES PUEDEN ASUMIR ESTE SERVICIO A COSTE CERO

En esta línea, ha destacado el carácter liberal de la profesión del registrador y ha denunciado que no tienen "ninguna" preparación para gestionar el Registro Civil. Por ello, ha reiterado el ofrecimiento de los secretarios judiciales de hacerse cargo de esta tarea "a coste cero y servido con los funcionarios de Justicia".

Dicho esto, ha requerido que "se lleve a cabo lo dispuesto en la propia ley con la creación de un juzgado de primera instancia que asumiría el juez correspondiente con el secretario judicial y el resto del personal" para descargar al resto de juzgados de lo civil y utilizando la plantilla del Registro Civil.

Para la UPSJ, la única buena noticia es que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha manifestado su intención de considerar la alternatividad un "principio inspirador" en el proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria que tramita el Gobierno.

PSOE-Soria pide al ministro de Justicia que no privatice el Registro Civil

Este viernes el ministro de Justicia “tiene una buena oportunidad para concretar si va a eliminar el tasazo judicial que, concretamente, a los sorianos les va a costar casi un millón de euros, en estos dos últimos años, en la justicia para ricos que impone la mayoría absoluta del PP, a lo que hay que sumar los costes, molestias y sesgo ideológico, para privatizar, encima todas las gestiones, tan usuales para la ciudadanía como es el Registro Civil”. Con estas palabras el diputado socialista por Soria en el Congreso, Félix Lavilla, mostraba su disconformidad con la gestión del Gobierno sobre esta materia.

Para el aforado olvegueño se da la circunstancia, que el actual titular del Departamento, Rafael Catalá ha sido el responsable, hasta hace muy pocos días, de gestionar las inversiones en el Ministerio de Fomento que han discriminado a la provincia, incluida la paralización de suelo público en el polígono industrial de Valcorba. “Estaría bien que la presidenta del PP de Soria junto con el actual ministro de Justicia, realizaran el viaje a Soria en tren, y nos explicaran a los sorianos por qué el PP ha marginado a Soria en materia ferroviaria y encima, ahora, en el Senado, el propio PP ha quitado del Presupuesto General del Estado, 13,54 millones de euros, para la línea Soria-Torralba, para la Plataforma Logística, o para pagar la A-15”.

Para Lavilla, “no puede ser que un 54 % de los sorianos votasen al PP por sus faltas promesas de empleo y más inversiones (entre las que se encontraba la Autovía del Duero, el AVE a Soria y decenas de promesas más, que han sido totalmente incumplidas, y lo único que tenemos es más despoblación, más paro y más inversiones. La provincia se está desangrando poblacionalmente y un elemento crucial que acelera la despoblación es la degradación de los servicios, entre los que se encuentra, en este caso, los servicios de Justicia”.

Con relación a la privatización del Registro Civil, el diputado soriano ha afirmado que esta reforma no responde a una necesidad urgente de la sociedad, “sino a una voluntad del Gobierno, apoyada en su mayoría parlamentaria, de facilitar la apropiación definitiva del Registro Civil en manos de unos pocos, el colectivo de registradores al que pertenece el presidente del Gobierno”.

En sus críticas, el aforado socialista ha añadido que con el actual Gobierno “se cruje a los sorianos a impuestos, se les machaca con tasas y tasazos, como los judiciales, se privatizan servicios básicos, como el Registro en Justicia, las inversiones en Soria son invisibles, y lo único que notamos es cómo se incrementa la despoblación en Soria con este Gobierno de la desigualdad y la injusticia social”.

Justicia dará vía enmienda el Registro Civil a los registradores y el PSOE pregunta si es orden del "registrador Rajoy"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado este jueves que la encomienda de la gestión del Registro Civil a los registradores mercantiles se hará vía enmienda al proyecto de ley que obliga a los centros sanitarios a comunicar electrónicamente los nacimientos y fallecimientos a estas oficinas.

Así lo ha hecho saber en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde el PSOE ha defendido la retirada de este proyecto de ley y el resto de grupos de la oposición ha coincidido en cargar contra la "privatización" del Registro y criticar que un cambio de modelo de tan calado se realice a través de enmiendas.

"¿Le ha sugerido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, registrador de la propiedad en Santa Pola, entregar el Registro Civil al Cuerpo de Registradores?. Esta es la gran pregunta", ha preguntado el diputado socialista Mario Bedera, encargado de defender la enmienda de totalidad de su grupo.

Catalá ha advertido de que los Registros Civiles han acabado "colapsados" y que el 50 por ciento de las quejas recibidas sobre el funcionamiento de la Justicia se refiere al Registro Civil, sus tiempos de espera, sus horarios de atención al público o sus insuficientes plantillas.

Según ha explicado, la nueva estructura girará en torno a oficinas generales en capitales de provincia, islas y poblaciones de más de 100.000 habitantes con la colaboración de consulados y oficinas colaboradoras, como juzgados de paz y registros de la propiedad.

Tras criticar que la norma aprobada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero que desjudicializaba el Registro Civil no contenía una medida económica "rigurosa", Catalá ha defendido que poner este servicio en manos de los registradores no es una "contrarreforma" y calificar de "demagógico" considerarlo una privatización.

"Me parece sorprendente que se quiera dudar de la condición de funcionarios públicos de los registradores de la propiedad y mercantiles", ha agregado el ministro.

"ALGO HUELE A PODRIDO"

Por su parte, el diputado socialista Bedera ha preguntado a Catalá si ha recibido este "encargo" de Mariano Rajoy, registrador de la Propiedad de profesión y si este colectivo pasará a ser "beato desinteresado por su contribución al bien común" sin cobrar nada a cambio por esta gestión.

"Nos piden un cheque en blanco que el PSOE no está dispuesto a dar porque sucede como en Hamlet, 'Algo huele a podrido en Dinamarca'", ha proseguido Bedera. El PNV, por boca de Emilio Olabarria, ha dado su apoyo a su enmienda de totalidad ante los "enigmas de la peculiar reforma del Registro Civil".

Olabarria ha recordado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró en 2009 que la actividad de los registradores se produce en el mercado asimilable a una profesión liberal.

La Izquierda Plural también ha mostrado su intención de votar a favor de la enmienda de totalidad al entender que la "privatización" supone la "mayor injerencia sobre el Poder Judicial" de los últimos años y ha exigido explicaciones sobre "el oscuro objeto de deseo", la plataforma informática del Registro Civil y sobre cómo influirá a otros aranceles de los registradores.

La líder de UPyD, Rosa Díez, ha anunciado la abstención de su grupo al no considerar suficiente la iniciativa socialista para devolver el texto al Gobierno. Desde CiU, Jordi Jané, ha dicho que se abstendrán con la confianza de que se despejen "las sombras de duda" durante el trámite parlamentario.

La ley que privatiza el Registro Civil obliga a declarar si hay o no matrimonio al inscribir a un hijo

La reforma del Registro Civil repesca la obligación de los padres de declarar si están casados o solteros a la hora de inscribir a los recién nacidos. Cuando se creía que este precepto del tardofranquismo estaba superado, el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, lo ha mantenido tal como lo restauró su antecesor, Alberto Ruiz Gallardón. Catalá seguirá adelante con la privatización del Registro Civil y la consiguiente pérdida de 2.500 empleos en la administración judicial. El único avance de la reforma registral es que el Gobierno ha tenido que admitir la inscripción de los nacidos en “vientre de alquiler” porque le obliga la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Para ello Catalá anunció enmiendas del Grupo Popular al texto gubernamental.

La presentación de las reformas de la administración de Justicia en materia de subastas judiciales y del Registro Civil que realizó el jueves Catalá ante el pleno del Congreso resultó decepcionante para quienes esperaban una rectificación de la privatización del Registro que decretó Gallardón. Como es sabido, el 4 de julio pasado, el Consejo de Ministros, presidido por el registrador de la propiedad en excedencia de Santa Pola (Alicante), Mariano Rajoy Brey, aprobó por Real Decreto, una figura que la Constitución sólo contempla en casos de extraordinaria urgencia y necesidad, la privatización del Registro Civil a favor de los registradores de la propiedad, del Registro Mercantil en este caso. Con anterioridad, Gallardón había asignado a los registradores los trámites con el argumento de que iba a resolver el atasco de los expedientes de nacionalidad, lo que provocó un fiasco con corrupción y supuso un grave quebranto económico para el Colegio de Registradores de la Propiedad.

Catalá afirmó que no habrá marcha atrás en la privatización y evitó replicar al socialista Mario Bedera y a Gaspar Llamazares, de Izquierda Plural, que consideraron equivocada esa decisión. El primero le preguntó si “eso (la privatización) es el encargo que ha recibido del registrador de Santa Pola” y el segundo se confesó sorprendido porque “mantiene el despropósito” de la privatizar un servicio público del Estado y da un nuevo paso hacia “una justicia de mercado”. Las insinuaciones de Bedera de que “algo huele a podrido” y la afirmación de Llamazares de que “han cambiado el ministro, pero no el talante”, sumieron a Catalá en un mayor mutismo.

Al eliminar las oficinas del Registro Civil, el Ministerio de Justicia liquida 2.500 empleos. Aunque el ministro anterior dijo que los funcionarios pasarán a los juzgados, los empleados interinos de la administración judicial ven amenazado su futuro y la renovación de sus contratos. La privatización ha soliviantado a los sindicatos y asociaciones de la administración judicial, la judicatura y a un amplio sector de los propios registradores de la propiedad, que no son funcionarios, sino titulares de un servicio social fundamental que se rigen y cobran un arancel a los usuarios, con lo que acabarán cobrado por un servicio público hasta ahora gratuito como es la inscripción de la filiación y la defunción y los certificados a los ciudadanos que los necesiten.

¿Alguien se imagina un Registro Civil en suspensión de pagos? Con la asignación del Registro Civil a los Registradores Mercantiles esto sería posible

Según publica el periódico Levante dos fedatarios públicos de Valencia se acogen a la Ley Concursal al no poder afrontar el pago de sus deudas y entran en concurso como personas físicas, con lo que la supervisión judicial implica también sus cuentas y bienes personales.

Conforme dicho artículo los concursos de acreedores han alcanzado a los notarios de Valencia. La débil recuperación del mercado inmobiliario y de la actividad económica en general han provocado que al menos dos despachos de la ciudad se hayan visto incapaces de afrontar sus deudas y compromisos financieros y hayan decidido acogerse a la Ley Concursal, según confirmaron desde el Colegio Notarial de Valencia, que no obstante, declinaron ofrecer información sobre la identidad de los afectados.

Los notarios ejercen un servicio público por delegación. Son funcionarios públicos con un régimen especial que no pueden constituir sociedades mercantiles para ejercer su labor. Su condición a la hora de contratar y montar sus despachos profesionales es similar a la de un autónomo. Son empresarios pero todos sus ingresos computan como Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de ella se descuentan los gastos en los que incurren para desarrollar su actividad: Contratación de personal, alquiler o compra de activos inmobiliarios para situar sus despachos, etc.

Cuando solicitan el concurso de acreedores, como ha ocurrido en los dos casos mencionados, no lo hacen como una empresa, sino como personas físicas. Esto implica que la tutela judicial alcanza no sólo a las cuentas bancarias y bienes relacionados con la actividad notarial, sino también a su patrimonio personal, ya sea liquidez en cuentas, inmuebles o ahorro.

«Si te descuidas, en un concurso como persona física se va todo por delante», afirma un notario consultado por este diario. Según explica, los sucesivos gobiernos centrales han rechazado modificar el régimen de los fedatarios públicos para que puedan constituir sociedades profesionales, como ocurre, por ejemplo en Francia.

«Un notario tiene que tener a gente trabajando para poder cumplir con su obligación. Algunos generaron estructuras grandes y ha habido una merma tremenda del volumen de trabajo», explican fuentes del Colegio Notarial de Valencia. Según estas mismas fuentes se han producido también impagados de grandes clientes que han complicado la situación de algunos notarios.

Estructuras familiares

Sobre el hecho de que siete años después de haber iniciado la crisis haya despachos que aún no han ajustado sus estructuras las mismas fuentes señalan que en muchos casos se trata de estructuras casi familiares basadas en la confianza. «Trabajamos con gente que intentas aguantar antes de despedir. Se intenta mantener el grupo de trabajo pero cuando no puedes la situación se convierte en irreversible».

La débil recuperación también explica la situación de los dos notarios que han optado por la vía del concurso. «Todos pensábamos que mejoraría, pero la recuperación ha tardado y el repunte es muy pequeño», indican desde el colegio.

Otra razón que explica el ahogo financiero son las inversiones y deudas adquiridas por los fedatarios, bien por negocios paralelos a su actividad o compras personales bien por querer ampliar plantilla e instalaciones. Al bajar la carga de trabajo, disminuyen los ingresos y el fedatario no puede afrontar sus compromisos financieros, lo que le aboca al concurso.

Esto mismo podría pasar tras la privatización del Registro Civil y su asignación a los Registradores Mercantiles, pues la condición de funcionario público de los Registradores Mercantiles y las relaciones laborales con sus empleados son prácticamente idénticas que los Notarios. Sólo el mantenimiento de los servicios públicos dentro de las Administraciones Públicas garantiza su estabilidad y viabilidad presente y futura. 

El PSOE rechaza la reforma del Catastro y de la Ley Hipotecaria porque privatiza el registro de la propiedad, y reitera su rechazo a la privatización del Registro Civil

El PSOE ha registrado en el Congreso una enmienda de totalidad pidiendo la devolución al Gobierno del proyecto de ley de reforma de la Ley Hipotecaria y de la Ley del Catastro Inmobiliario, al considerar que su único objetivo es privatizar el registro de la propiedad y consolidar las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica en las últimas décadas en contra del carácter aconfesional del Estado consagrado en la Constitución.

El texto, que será debatido por el Pleno de la Cámara Baja el próximo jueves y que recoge Europa Press, reprocha el "carácter sesgado" del proyecto de ley, que a su entender pretende desplazar el peso de la información sobre las fincas existentes desde el Catastro a "otras bases de carácter privado no controladas por el Estado".

Y es que actualmente el Catastro es "la pieza esencial" del sistema, ya que recoge la descripción física de las fincas y su valoración a efectos fiscales, mientras que el Registro sólo incluye los derechos reales sobre los inmuebles.

NUEVAS BASES DE DATOS

Sin embargo, ahora se intenta "sustituir el actual sistema, que ha probado sobradamente su seguridad, eficiencia y eficacia, por un sistema de bases privadas", en lo que a juicio del PSOE supone "una suerte de privatización del Registro de la Propiedad". "En definitiva, se desplaza el Catastro, de una manera evidente, hacia otros cometidos que no interfieran con el Registro", insisten los socialistas.

En este sentido, aseguran que mientras en los últimos años el Gobierno no ha "estrenado" siquiera la última reforma de la Ley Hipotecaria en lo que tiene que ver con la publicidad de los datos que publican los registros, sí ha permitido que organismos como el Colegio de Registradores crearan sus propias bases de datos y números de identificación de fincas, "diseñados exclusivamente para competir con la puesta en práctica de la Referencia Catastral en los libros registrales".

De este modo, en varias comunidades ya se usan estas referencias privadas en lugar de los identificadores del Catastro, con la consecuente inseguridad jurídica para los ciudadanos. E incluso se extiende el "afán invasivo" del Registro hasta el punto de atribuirle calificaciones de cuestiones físicas o "competencias del juez o del notario".

"Sólo quedaba santificar con una ley que adecuara la legalidad (de esta forma de actuar), y es lo que viene a hacer este proyecto", resume el PSOE, que además niega que el cambio vaya a conllevar un ahorro de costes para el erario público sino todo lo contrario.

Además, el principal partido de la oposición acusa al Ejecutivo de presentar un proyecto "en extremo reglamentista" con el único objetivo de que los posibles recursos se tengan que presentar ante el Tribunal Constitucional (TC), que sólo puede pronunciarse sobre su constitucionalidad y presenta más dificultades para impungar sus resoluciones, en lugar de que sea el Supremo (TS) el que valore su adecuación a la ley.

"El PSOE rechaza de plano la contrarreforma de la Justicia que está llevando a cabo el PP con su mayoría absoluta, imponiendo su privatización; rechaza de plano la privatización de los registros Civil y de la Propiedad, y rechaza de plano el modelo que permite la apropiación del Registro de la Propiedad por un cuerpo que se define como funcionarial para aprovecharlo en interés propio y no en beneficio de la sociedad", zanja la enmienda.

El Registro Civil de A Estrada estará operativo hasta julio del próximo año

El Registro Civil de A Estrada que luce desde mediados de año un lazo negro anunciando su fecha de defunción en el año 2014 tras 143 años de servicio se mantendrá operativo por lo menos hasta julio de 2015. A pesar de que con la reforma planteada por el ex-ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se preveía que dejase de estar operativo a finales de 2014, las modificaciones aplicadas en la ley aseguran su mantenimiento hasta el 15 de julio. Una vez pasada esta fecha todavía está por definir como se procederá, por lo que desde el registro de A Estrada prevén que no será un parón repentino de la actividad.

El Gobierno central aprobó el pasado mes de octubre la modificación de la ley que afecta a estas entidades y que provocará que sus funciones sean encomendadas a los Registradores de la Propiedad. Además con la entrada de esta ley el Registro Civil pasará a conocerse como Oficinas del Registro Civil y Mercantil. En A Estrada se realizaron numerosas manifestaciones en contra del cierre de esta entidad, que provocaría que los vecinos tuvieran que trasladarse hasta Pontevedra para realizar trámites gratuitos como inscribir a un hijo en el registro.


Nota: esta es la primera gran consecuencia de la privatización del Registro Civil y su asunción por los Registros Mercantiles: la desaparición de todas las oficinas de Registro Civil ubicadas en municipios que no sean capitales de provincia, cualquiera que sea su población. La Ley 20/2011 abrió la veda para suprimir los registros civiles de los pueblos, al establecer que sólo habría una oficina general de Registro Civil por comunidad autónoma, más otra por cada 500.000 habitantes y otras dos más posibles en función del territorio. La Ley de Gallardón restringe aun más la localización de las oficinas de Registro Civil, pues sólo habrá allá donde haya Registro Mercantil, es decir, capitales de provincia.

Que nadie se engañe con la posibilidad de que las solicitudes de cualquier trámite puedan efectuarse en los Juzgados de Paz. Estos no tendrán capacidad de certificar y los libros del Registro Civil, historia de cada municipio de los últimos 145 años, se guardarán en un almacén lejos de la localidad que los vio nacer. Y todo para que los Registradores Mercantiles hagan caja, consoliden su posición en el tráfico jurídico frente a las criticas de la Unión Europea por su función calificadora y sus retribuciones, y se hagan con el pastel de la seguridad jurídica preventiva, en detrimento de Notarios y Administraciones. 

Por eso es fundamental que entre todos paremos la privatización del Registro Civil. Aún estamos a tiempo.