La ley que privatiza el Registro Civil obliga a declarar si hay o no matrimonio al inscribir a un hijo

La reforma del Registro Civil repesca la obligación de los padres de declarar si están casados o solteros a la hora de inscribir a los recién nacidos. Cuando se creía que este precepto del tardofranquismo estaba superado, el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, lo ha mantenido tal como lo restauró su antecesor, Alberto Ruiz Gallardón. Catalá seguirá adelante con la privatización del Registro Civil y la consiguiente pérdida de 2.500 empleos en la administración judicial. El único avance de la reforma registral es que el Gobierno ha tenido que admitir la inscripción de los nacidos en “vientre de alquiler” porque le obliga la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Para ello Catalá anunció enmiendas del Grupo Popular al texto gubernamental.

La presentación de las reformas de la administración de Justicia en materia de subastas judiciales y del Registro Civil que realizó el jueves Catalá ante el pleno del Congreso resultó decepcionante para quienes esperaban una rectificación de la privatización del Registro que decretó Gallardón. Como es sabido, el 4 de julio pasado, el Consejo de Ministros, presidido por el registrador de la propiedad en excedencia de Santa Pola (Alicante), Mariano Rajoy Brey, aprobó por Real Decreto, una figura que la Constitución sólo contempla en casos de extraordinaria urgencia y necesidad, la privatización del Registro Civil a favor de los registradores de la propiedad, del Registro Mercantil en este caso. Con anterioridad, Gallardón había asignado a los registradores los trámites con el argumento de que iba a resolver el atasco de los expedientes de nacionalidad, lo que provocó un fiasco con corrupción y supuso un grave quebranto económico para el Colegio de Registradores de la Propiedad.

Catalá afirmó que no habrá marcha atrás en la privatización y evitó replicar al socialista Mario Bedera y a Gaspar Llamazares, de Izquierda Plural, que consideraron equivocada esa decisión. El primero le preguntó si “eso (la privatización) es el encargo que ha recibido del registrador de Santa Pola” y el segundo se confesó sorprendido porque “mantiene el despropósito” de la privatizar un servicio público del Estado y da un nuevo paso hacia “una justicia de mercado”. Las insinuaciones de Bedera de que “algo huele a podrido” y la afirmación de Llamazares de que “han cambiado el ministro, pero no el talante”, sumieron a Catalá en un mayor mutismo.

Al eliminar las oficinas del Registro Civil, el Ministerio de Justicia liquida 2.500 empleos. Aunque el ministro anterior dijo que los funcionarios pasarán a los juzgados, los empleados interinos de la administración judicial ven amenazado su futuro y la renovación de sus contratos. La privatización ha soliviantado a los sindicatos y asociaciones de la administración judicial, la judicatura y a un amplio sector de los propios registradores de la propiedad, que no son funcionarios, sino titulares de un servicio social fundamental que se rigen y cobran un arancel a los usuarios, con lo que acabarán cobrado por un servicio público hasta ahora gratuito como es la inscripción de la filiación y la defunción y los certificados a los ciudadanos que los necesiten.

Al margen de la privatización ya decretada, la reforma restaura la obligación de los progenitores de los recién nacido de declarar en la ficha de filiación si están casados o no. Esa obligación había sido suprimida por la ley 20/2011, de junio de 2011, sobre la regulación del Registro, aunque, de hecho, los nuevos responsables del PP en el Ministerio de Justicia nada hicieron por modificar los impresos de filiación. El socialista Bedera dijo que la reposición de ese precepto es “un reflejo del pasado, sin razón ni fundamento”. Y Jordi Jané, de CiU, afirmó que “la filiación matrimonial y no matrimonial es propia de épocas obsoletas e impresentables”. ¿Por qué hay que declarar en 2014 si se está casado o se es pareja de hecho para registrar a un hijo? ¿Porque lo imponía Gallardón y lo mantiene su sucesor? Eran las preguntas que se hacían algunos diputados. Los grupos parlamentarios tienen hasta el 18 de diciembre para presentar enmiendas parciales.

A las enmiendas apelará el PP para superar la prohibición de registrar como hijos propios a los nacidos por gestación subrogada o vientre de alquiler. España es uno de los siete países de la UE que prohíbe la filiación de los nacidos en vientre ajeno, pero la sentencia del Tribunal Europeo del 26 de junio pasado que condenó a Francia por no registrar a dos niños nacidos en Estados Unidos, donde ese método es legal, ha obligado al ministro a rectificar.

La reforma establece el acceso directo de los centros sanitarios al Registro Civil mediante una plataforma informática cuyo coste no mencionó el ministro, aunque sí dijo que evitará 856.000 trámites presenciales de los familiares de los nacidos y fallecidos y les supondrá un ahorro estimado en 64 millones de euros anuales. Se entiende que los que nacen y mueren fuera de los hospitales son una minoría y ya se reglamentará el procedimiento para que accedan a la plataforma registral o acudan en persona a nadie sabe qué dependencias si se cierran las oficinas del Registro.

Y aquí llega otra problema que la ley no resuelve y Catalá prefirió no mencionar: la Organización Médica Colegial (Colegios de Médicos) ofreció su plataforma para canalizar los nacimientos y fallecimientos, pero al no ser una organización de la administración pública el Consejo de Estado se pronunció en contra; la empresa de ingeniería de Defensa, Isdefe, ofertó otra plataforma, pero las dudas de constitucionalidad desaconsejaron aceptar la oferta. Finalmente todo indica que el registro informático vendrá de la unión de hecho entre el Ministerio de Justicia y el Registro Mercantil, como si las personas fueran mercancía y los registradores no tuvieran suficiente cometido. Esto sin contar que según el Tribunal Europeo de Justicia no son organismos de derecho público.

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