El Gobierno vasco pedirá al nuevo ministro de Justicia que reconsidere la privatización del Registro Civil

El Ejecutivo autónomo apuesta por unos registros "públicos y gratuitos" y afirma que mantendrá los 252 puestos de trabajo adscritos "sea cual fuere la decisión final que adopte el Gobierno español".

El consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, afirma que la implantación del nuevo modelo diseñado por Alberto Ruiz Gallardón, supone "vaciar de facultades a las comunidades autónomas" en esta materia.

El consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, pedirá al nuevo de ministro de Justicia, Rafael Catalá, que reconsidere la privatización de los Registros Civiles anunciada por su predecesor Alberto Ruiz Gallardón. Lo hará la semana que viene durante en la reunión de la Conferencia Sectorial.

Erkoreka ha comparecido en la Comisión de Instituciones, Seguridad y Justicia del Parlamento vasco para dar cuenta de la situación de los Registros Civiles en Euskadi ante las intenciones expresadas por el Gobierno español de trasladar sus funciones a los Registros Mercantiles.

En este sentido ha reiterado que Gobierno vasco "quiere que los Registros Civiles continúen siendo públicos y gratuitos" y que "se mantengan en Euskadi el ámbito de la Administración de Justicia". Por ello, ha dicho que en el caso de que el nuevo ministro de Justicia "siga adelante con los planes de su predecesor", el Ejecutivo "garantizará la totalidad de los puestos de trabajo de su personal en Euskadi". Erkoreka ha aclarado que relizará "un plan de readscripción de de efectivos" que destinará a la Nueva Oficina Judicial (NOJ).

El Registro Civil cuenta en Euskadi con 252 trabajadores que se encargan de realizar trámites legales obligatorios para los ciudadanos como el registro de nacimientos y defunciones. Durante la comisión celebrada en el Parlamento los sindicatos los sindicatos CCOO, ELA, LAB, CGT y UGT en la Administración de Justicia en Euskadi han realizado una concentración para mostrar el rechazo del colectivo a dicha privatización y "recordar también al Gobierno vasco que debe seguir reclamando las competencias que le corresponden y cumpla con los compromisos adquiridos".

Para CCOO la anunciada dimisión del Director de la DGRN pone de manifiesto los intereses espurios de la privatización del Registro Civil, impulsada y auspiciada por Rajoy

Según se publicó ayer en determinados medios de comunicación, el Director General de los Registros y del Notariado, Joaquín Rodríguez Hernández, Registrador Mercantil de Zaragoza y  uno de los máximos impulsores y responsables de la privatización del Registro Civil, habría dimitido. A su dimisión, que posiblemente formalizará en los próximos días, habría que sumar la  del Subdirector General de Registros, Javier Vallejo, Registrador de la Propiedad de Avilés, y los registradores que estaban en comisión de servicio como letrados de la DGRN a su servicio.

Los motivos de la dimisión parecen claros: tras la caída de Ruiz Gallardón, y el informe negativo del Consejo de Estado al anteproyecto de Real Decreto por el que se creaba la Corporación de Derecho Público establecida en la Disposición Adicional 23 del Real Decreto Ley 8/2014, que se iba a encargar de gestionar la contratación del sistema informático único y de la aplicación de llevanza en formato electrónico del Registro Civil y su red de comunicaciones  y su posterior gestión, mantenimiento, conservación y actualización, el nuevo Ministro de Justicia decide incumplir lo dispuesto en el citado Real Decreto Ley, hoy Ley 18/2014, y anuncia que no se va a crear la citada Corporación.

Dicho Anteproyecto de Real Decreto, del que sin duda alguna tenía conocimiento Rajoy y que fue tachado de inconstitucional por el Consejo de Estado, pone claramente de manifiesto cuál era la intención de Rajoy y su entorno: aprovechar la privatización del Registro Civil para implantar y controlar un nuevo sistema registral en España que incluyera el registro civil, el de la propiedad, el mercantil y el de bienes muebles, en formato electrónico y al margen del Colegio de Registradores, al que paulatinamente vaciarían de competencias, con grandes posibilidades de hacer negocio adicional por medio de empresas participadas por Registradores mediante la oferta de un programa informático específico para su implementación.

Acuciado por las duras críticas desde sectores jurídicos muy cualificados, al parecer Rajoy aprovechó la dimisión de Gallardón y decidió dar marcha atrás en la creación de la Corporación, para centrarse en su objetivo principal: privatizar el Registro Civil, asumiéndolo los Registradores, y de esta forma consolidar su posición (y sus beneficios) en el tráfico jurídico a medio plazo, hoy cuestionado por la Unión Europea. Consecuentemente Rajoy habría dado orden al nuevo Ministro para que buscara la paz con el Colegio de Registradores, y consolide el proyecto, aunque ello suponga desairar al Director General de los Registros y del Notariado, puesto en el cargo por Rajoy y su entorno. Rajoy es un especialista en dejar atrás a los suyos para que nada altere su beneficio propio, ya lo hizo con Gallardón. Rajoy, acorralado ante los escándalos en su partido, no quiere tener un frente abierto con el propio colectivo al que pertenece que pueda poner en riesgo su proyecto personal estrella. 

Por todo ello, el nuevo Ministro de Justicia anunció que abandonaba la idea de la Corporación y que va a constituir una Comisión Mixta con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles para estudiar cómo pueden éstos gestionar el Registro Civil, garantizando la gratuidad de los servicios que requieran los ciudadanos y la titularidad estatal de los datos registrales y su máxima protección. O lo que es lo mismo, negocia una fuente de financiación propia y suficiente del Registro Civil para que el Colegio de Registradores colabore y no se oponga a su asunción, vinculada seguramente al pago de una tasa o arancel a toda Administración o Notario que acceda a la base de datos de Registro Civil, imponiendo a todos los operadores jurídicos la necesidad de realizar consultas de los asientos del Registro Civil antes de formalizar cualquier operación civil, inmobiliaria o mercantil. Con lo que al final todos sufragaremos los costes de la privatización.

Catalá detiene la reforma de los registradores liderada por el hermano de Rajoy

El nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha detenido la última fase de la reforma del Registro Civil que inició Gallardón y que había sido ideada por un grupo de registradores liderado por Enrique Rajoy, hermano del presidente del Gobierno.

Según diversas fuentes próximas al Ejecutivo, Catalá tiene ahora el mandato de negociar el detalle con el Colegio de Registradores, hasta hace unos días levantado en armas a cuento de esta reforma porque les obligaba a costear el mantenimiento del Registro Civil y les retiraba el control de todo el sistema informático registral.

Y precisamente este giro de Catalá provocó este lunes la dimisión de Joaquín Rodríguez, un registrador amigo de Enrique Rajoy y director general del Registro y Notariado, a quién muchos atribuían el oscuro propósito de dar el negocio electrónico a una empresa con nombres y apellidos, la compañía de servicios de software registral Futuver.

“Cuando se le preguntaba a Gallardón por este asunto decía que lo tenía todo controlado. Pero las noticias de la rebelión de los registradores salpicaron a Rajoy, y eso puso muy nerviosa a la gente en Moncloa. No se pueden permitir dar la impresión de que algo huele a escándalo antes de las elecciones, así que desde las más altas instancias se ha dado orden a Catalá de pararlo y negociar con los registradores, un lobby muy poderoso”, afirman fuentes cercanas al Gobierno. Estas mismas fuentes también sugieren que la reforma ha sido otro de los motivos de la caída de Gallardón.

¿ Constituye la asignación del Registro Civil a los Registradores Mercantiles un caso más de corrupción?

El Partido Popular está sembrado de casos de corrupción. A los casos Gurtel, Bárcenas, Jaume Matas, Cotino, la alcaldesa de Alicante, Baltasar en Ourense, etc, ahora hay que añadir la imputación de Angel Acebes, Secretario General del Partido Popular en los primeros años en que Mariano Rajoy accedió a la presidencia de dicho partido, por destinar fondos B de su partido para la compra de acciones de Libertad Digital, y la detención de más de 50 personas este lunes en una operación contra la corrupción municipal, entre ellos Angel Granados, ex número 2 del Gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. La ciudadanía, que tan mal lo está pasando con la crisis económica, observa absorta cómo frente a la receta de dura austeridad que nos ha aplicado sin piedad el Gobierno del Partido Popular, muchos de sus dirigentes se forraban y ganaban dinero a espuertas, utilizando en beneficio propio su privilegiada función pública.

La privatización del Registro Civil, mediante la asignación de éste a los Registradores Mercantiles, tras negarse a asumirlo los Registradores de la Propiedad si no tenían una fuente propia de financiación, ha sido tachada por muchos como un caso de tráfico de influencias, dado que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy es registrador de la propiedad, como su hermano, la nuera de Gallardón y otros familiares y personas allegadas. La marcha de Gallardón del Ministerio de Justicia, seguida hoy de la dimisión del Director y Subdirector General de Registros y del Notariado, abría una puerta a la esperanza de que el nuevo responsable del Ministerio de Justicia diese marcha atrás en el proyecto. 

Sin embargo, el nuevo Ministro de Justicia Rafael Catalá anunció en el Congreso de los Diputados y en las reuniones que está manteniendo con las organizaciones profesionales, colegiales y sindicales, la revisión de casi todos los proyectos de su antecesor, Alberto Ruiz Gallardón. De casi todos, porque lo único que ha dicho con lo que iba a seguir adelante es con la privatización del Registro Civil mediante su asignación a los Registradores Mercantiles. 


Los argumentos de Catalá para seguir adelante con la privatización del Registro Civil no se sostienen: afirma que continúa "con la legalidad vigente", cuando es una legalidad impuesta hace 3 meses por Real Decreto Ley, sin más apoyos que los del Partido Popular, y no tienen reparos en anunciar la revisión de otras "legalidades vigentes", como es la Ley de Tasas; afirma que sigue adelante con este proyecto porque "los registradores son funcionarios públicos", obviando que el personal que trabaja en las oficinas de los Registros de la Propiedad y Mercantiles no lo son, y que si los Registradores son funcionarios públicos lo es porque así lo dice la Ley Hipotecaria, no porque estén sujetos a los mismos deberes, obligaciones, incompatibilidades y retribuciones que el resto de funcionarios públicos. Lo dice hasta la Unión Europea.

Si todos los partidos de la oposición han mostrado su rechazo en la asignación del Registro Civil a los registradores mercantiles; si casi todas las organizaciones profesionales y sindicales han hecho lo mismo; si el propio Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles rechaza la asignación tal y como está diseñada en la ahora Ley 18/2014, si el propio Ministro ha manifestado que no va a seguir adelante con la creación de la Corporación de Derecho Público que iba a gestionar la contratación del sistema informático del registro civil y cuyo borrador de Real Decreto recibió un varapalo jurídico por parte del Consejo de Estado; si la mayoría de la ciudadanía, una vez enterada del proyecto del Gobierno lo rechaza; si no va a conseguir rédito electoral alguno; si el anterior Ministro de Justicia, el anterior Secretario de Estado de Justicia, y los anteriores Director y Subdirector General de los Registros y del Notariado, principales valedores de esta reforma, han dimitido o han sido cesado, etc. ¿por qué Rafael Catalá, Ministro de Justicia y que demostró tacto e inteligencia durante su anterior etapa en el Ministerio de Justicia no recula y deja sin efecto el proyecto de privatización del Registro Civil? Porque quien realmente está detrás de él es Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, Registrador de la Propiedad, hermano de registradores, afín al grupo de registradores asociados que defienden la asunción del Registro Civil para consolidar su posición en el tráfico jurídico (incluidos sus millonarios ingresos) y hacerse imprescindibles en estos tiempos de turbulencias, no para mejorar el servicio público.

Dicho de otra forma: ¿se habría atrevido este Gobierno de presentar y aprobar este proyecto, de no ser Rajoy, su familia, y la familia de Gallardón, registradores? ¿Habría mantenido el nuevo Ministro este proyecto, pese a las críticas que desde todos los sectores está recibiendo, de no ser el Sr, Rajoy presidente del Gobierno? La respuesta es, con casi toda seguridad, no.

La Real Academia de la Lengua define corrupción en las organizaciones, especialmente en las públicas, como "la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores". ¿Está aprovechando Rajoy su función como presidente del Gobierno para obtener un provecho en el colectivo al que pertenece él y su familia?.

Dice el refrán que "la mujer del César no le basta con ser honrada, debe parecerío". En todo este entramado Rajoy parece todo menos honrado.Y tal y como ha dicho la ministra de Fomento, Ana Pastor, en relación con el arresto de más de medio centenar de personas, entre ellas el exconsejero madrileño del Partido Popular Francisco Granados, "el que no sea honrado, no puede estar en política".

Dimiten el Director y el Subdirector General de los Registros y el Notariado, máximos impulsores de la privatización del Registro Civil

Ha presentado su dimisión al ministro de Justicia, Rafael Catalá, el director general de los Registros y del Notariado (DGRN), Joaquín Rodríguez. Catalá ha aceptado el cese, que es extensivo al subdirector, Javier Vallejo, y a los registradores que estaban en comisión de servicios como letrados de la DGRN.

La dimisión de Rodríguez es consecuencia de los cambios introducidos por el ministro Catalá en el anteproyecto de Ley de Registro Civil, que han supuesto el inicio de negociaciones con el Colegio de Registradores para elaborar una nueva plataforma informática, la eliminación de la Corporación Pública y del anteproyecto de Demarcación. Rodríguez no asistió ya a la primera reunión de la Comisión mixta.




La revista El Notariado del Siglo XXI dedica su número a los graves interrogantes que suscita la cesión del Registro Civil a los Registradores Mercantiles.

La revista El Notariado del Siglo XXI dedica su número bimensual a los numerosos  interrogantes que suscrita la asunción del Registro Civil por parte de los Registradores Mercantiles, aprobado mediante el Real Decreto Ley 8/2014 con el único apoyo del Partido Popular, ahora reconvertido en Ley 18/2014. 

Bajo el títular en portada de "Las incertidumbres de la cesión del Registro Civil", cualificados profesionales analizan "el iter legislativo que nos ha conducido hasta aquí, la grave indefinición de la Ley en materia de financiación -con los problemas que suscita tanto desde el punto jurídico como económico- la dificultades de gestión del servicio y sus posibles alternativas, y algunas cuestiones de imprescindible desarrollo normativo todavía por concretar". Según el editorial de la revista que presenta estas colaboraciones "la cesión del Registro Civil a los registradores mercantiles operada por el Real Decreto Ley 8/2014 abre todo un conjunto de incertidumbres para el futuro que pueden dar al traste con el funcionamiento de un servicio hasta ahora ejemplar".

Adjuntamos enlace a la citada revista, y en los próximos días iremos publicando alguno de los artículos publicados en la misma.

Movilización de funcionarios contra el Gobierno por el "proceso de privatización" de la justicia

Los funcionarios judiciales no se conforman con las explicaciones dadas por el ejecutivo. Como cada semana vuelven a concentrarse ante la Ciudad de la Justicia para protestar por el proceso de privatización al que está sometiendo el Gobierno a un servicio público, básico y esencial como es la justicia. 

Desde CCOO esperaban que la dimisión de Gallardón al frente del Ministerio de Justicia traería consigo cambios en los proyectos legislativos que dejó sobre la mesa el que ha sido, según el sindicato, el peor ministro de Justicia de la democracia. Sin embargo, el nuevo ministro dejó claro que piensa seguir adelante con algunos proyectos de su predecesor, especialmente con la privatización del Registro Civil, "algo absolutamente incomprensible e inexplicable, salvo que existan motivos de índole económico e intereses ocultos tras esta expoliación de un servicio publico", como argumentan desde Comisiones Obreras. 

Justicia reabre el diálogo con el Colegio de Registradores Mercantiles para que gestionen el Registro Civil

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha reabierto el diálogo con el Colegio de Registradores Mercantiles y Bienes Muebles de España con el fin de crear una comisión mixta encargada de la reforma del Registro Civil, el cual será gestionado por registradores mercantiles y garantizará la "gratuidad de los servicios que requieran" los ciudadanos.

Catalá se ha reunido este viernes con representantes del Colegio de Registradores Mercantiles y Bienes Muebles de España a quienes ha manifestado que el Estado mantendrá la titularidad estatal de los datos registrales y garantizará su "máxima protección", según ha informado el Ministerio de Justicia.

Las conversaciones entre ambos organismos se aparcaron durante la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón, quien otorgó la gestión de este servicio a los registradores mercantiles y concedió el sistema informático a una Corporación Pública intermedia y no al propio Colegio que representa a todos los profesionales, algo que mereció el reproche del Consejo de Estado y que será corregido por el actual equipo de Justicia.

Catalá defiende la idea de su antecesor de encomendar a los registradores mercantiles el Registro Civil al entender que son funcionarios públicos, aunque retribuidos por aranceles y no por nómina. El PSOE aprobó en 2011 una reforma que desjudicializaba este servicio, si bien no concretaba qué empleados públicos se encargarían del mismo, entre quienes se ofrecieron los secretarios judiciales.

El Registro Civil protagonizará algunas de las medidas propuestas por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) que se están desarrollando mediante reformas legislativas remitidas a las Cortes. Entre ellas figura la que permitirá la tramitación electrónica desde los centros sanitarios tanto de los nacimientos como de las defunciones.

Los sindicatos han advertido de que no todos los empleados que trabajan en las oficinas registrales tienen carácter de funcionarios públicos, según ha corroborado la doctrina del Tribunal Supremo, y temen que, aunque la titularidad de los datos sea estatal, la gestión de los mismos esté en manos de trabajadores del ámbito privado y la información que recoge los datos más íntimos de todos los españoles pueda ser objeto de alguna utilización irregular, según han informado a Europa Press fuentes sindicales.

El Senado descarta actuar para evitar colapso en el Registro Civil de Elche ( y así justifica su futura privatización)

Lo del Registro Civil de Elche no es sino una prueba más de cómo actúa el PP para justificar la privatización del Registro Civil y adjudicárselo a los Registradores Mercantiles. No deja de ser significativo que los Registros Civiles que más quejas recibe sobre su funcionamiento el Consejo General del Poder Judicial, y que utiliza el PP para justificar su privatización, correspondan a Administraciones gobernadas por el PP. 

Primero no dotan al Registro Civil de los medios adecuados para su funcionamiento, pese al gran incremento de población extranjera habida en determinadas zonas de España; en segundo lugar provoca el Ministerio de Justicia un mayor colapso en la resolución de los expedientes de nacionalidad, competencia del Ministerio, al paralizar prácticamente el número de expedientes resueltos en el primer semestre de 2012; luego se inventan la encomienda de gestión de la resolución de los expedientes de nacionalidad a los Registradores de la Propiedad, lo que venden como éxito (es lógico, 1000 registradores con su personal resuelven más expedientes que el escaso personal del Ministerio de Justicia que estaba dedicado a estos menesteres) y finalmente ante las reclamaciones para que se doten adecuadamente determinados Registros Civiles, como el de Elche (o el de Castellón, u otros muchos) se niegan a dotarlo, dando lugar al consiguiente cabreo ciudadano para luego poder justificar que, por un precio razonable, esto se hará mejor y más rápido por los Registradores Mercantiles, que deben ser una suerte del bálsamo de fierabrás del sistema registral español capaz de sufragar con sus cuantiosos beneficios el sistema del Registro Civil español. 

Adjuntamos al efecto el artículo publicado en La Vanguardia, que da título a este post.

Errores de tramitación elevan a 130 casos en un año las denegaciones de expedientes de nacionalidad en el Registro Civil de Ourense

Los profesionales de justicia empiezan a ver ejemplos de lo que consideran efectos de la última reforma promovida por Gallardón y que su sucesor al frente del ministerio, el exsecretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, -dispuesto en cambio a revisar la impopular ley de tasas- sigue implementando.

La privatización de los registros civiles, oficinas de trámite diario (desde certificados de defunción hasta expedientes de matrimonio y cambios de nombre), ganó un paso más con la publicación, el viernes en el BOE, de la Ley 18/2004, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. En las disposiciones adicionales vigésima a vigésimo quinta, se culminó con la entrega de la gestión a los registradores mercantiles.

Registradores de la propiedad y notarios ya se encargaban de la tramitación de las nacionalidades, realizando informe desfavorable o favorable a las solicitudes. Los profesionales tienen que pedir referencias a diferentes organismos, como la Seguridad Social o Hacienda, digitalizar y comprobar los documentos, y emitir el dictamen final. En base al criterio, Justicia decide si concede o no la nacionalidad. Tras todo el trámite privatizado, es la oficina pública la que se encarga de la notificación. El volumen de expedientes remitidos provoca un colapso por falta de medios humanos y técnicos, denuncian los trabajadores.

Según denuncia UGT Xustiza, en Ourense, la denegación de expedientes de nacionalidad ha ascendido en el año 2013 a un total de 130 casos, de los que un 10%, según el mismo sindicato, habrían sido mal denegados por haberse tramitado y digitalizado mal los expedientes por parte de los notarios y registradores. Los "cúmulos de errores" que los funcionarios dicen haber detectado explicarían que en la oficina de Ourense, suponen un porcentaje "muy alto" en comparación con el momento en el que la labor de tramitación aún correspondía al propio Registro Civil.

Los Secretarios judiciales lamentan que Justicia siga con su plan de ceder el Registro Civil a los registradores

El Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) lamenta que el nuevo titular del Ministerio de Justicia, Rafael Catalá, siga adelante con su plan de ceder el Registro Civil a los registradores de la propiedad y mercantiles, lo que consideran un medida de privatización.

En una nota emitida este viernes, recuerdan que con la entrada en vigor de la Ley 18/2014 de medidas urgentes para el crecimiento, competitividad y eficiencia, el Gobierno de Mariano Rajoy atribuye el Registro Civil a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, pasando a llamarse Oficinas del Registro Civil y Mercantil, a las que impone, además, la adaptación a las demarcaciones territoriales de los Registros Mercantiles.

Desde el Ministerio de Justicia, tanto por el anterior titular, Alberto Ruiz-Gallardón, como por el actual, se ha tratado de justificar la medida, según este colectivo, alegando que "no se trata de una privatización" y que el colectivo al que se encomienda tiene condición de "funcionarios públicos" que simplemente tiene un "régimen retributivo singular".

"Pero todos los funcionarios públicos, todos los operadores jurídicos y toda la sociedad española conocemos perfectamente que, mientras su régimen legal no se modernice, las oficinas de los denominados "registros vinculados a la fe pública" funcionan como empresas que contratan y despiden trabajadores en un régimen corporativo priviliegiado heredado de la etapa preconstitucional, y que constituye una anomalía en los países de nuestro entorno", aduce el sindicato.

Como dato, señalan que la asociación profesional de dicho sector pertenece a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales.

El BOE publica la Ley 18/2014, reproducción del infame RDL 8/2014 por el que se privatiza el Registro Civil

Aparece publicado en el BOE de hoy, 17 de octubre, la Ley 18/2014 de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que es el resultado de la tramitación como proyecto de Ley del Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, que establece en sus disposiciones adicionales vigésima a vigésimo quinta la privatización del Registro Civil mediante su entrega a los registradores mercantiles. 

La Ley 18/2014 es reproducción exacta del RD 8/2014 lo que demuestra la desvergüenza del Gobierno y del Ministerio de Justicia que, pese a la oposición de todos los grupos parlamentarios, de todos las organizaciones profesionales del ámbito de la Justicia, de cientos de organizaciones ciudadanas y de cientos de Ayuntamientos e incluso de algún Parlamento Autonómico, mantiene su decisión. Además la Ley mantiene, a pesar de las manifestaciones del nuevo ministro, la disposición adicional relativa a la Corporación de Derecho Público para la contratación del sistema informático y su posterior gestión, mantenimiento, conservación y actualización a pesa de que el Consejo de Estado, en su dictamen de fecha de 25 de septiembre, pone en cuestión esta disposición y la tacha de oscura y confusa, rechazando partes del texto por posible inconstitucionalidad y reclama al Gobierno que lo rehaga en profundidad.

Justicia renuncia a crear un ‘colegio paralelo’ de registradores y promete diálogo para la reforma

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dado marcha atrás en el proyecto de reforma de los registros que había emprendido su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, y ha renunciado a crear la corporación de derecho público que, tras integrar a los registradores mercantiles, iba a encargarse de la llevanza del Registro Civil electrónico.

Así lo ha anunciado el propio ministro en su primera intervención ante la Comisión de Justicia del Congreso. Después de meses de enfrentamiento entre el Colegio de Registradores y el Ministerio de Justicia por la reforma que planeaba Ruiz-Gallardón, Catalá ofreció “diálogo a los operadores jurídicos y los colegios profesionales”. “No hay reforma posible sin colaboración de los funcionarios públicos a los que se dirige”, aseguró ante los diputados. A continuación se comprometió a “revisar el proyecto inicialmente concebido para la llevanza del Registro Civil”. Éste pasará a manos de los registradores mercantiles, una vez que los de la propiedad se negaron a hacerse cargo de él.

Así, Catalá creará una comisión mixta entre el Ministerio de Justicia y el Colegio de Registradores, que será la encargada ahora de “diseñar un sistema que haga posible la máxima mejora del servicio, empleando de modo más eficaz los recursos existentes y garantizando lagratuidad de los servicios así como la titularidad estatal de los datos registrales y su máxima protección”. 

El viraje de Justicia se produce después de que el Consejo de Estado emitiera un dictamen el pasado 25 de septiembre en el que instaba al ministerio a rehacer, de arriba abajo, el proyecto de real decreto por el que creaba una nueva corporación de derecho público para gestionar el Registro Civil electrónico. Según el órgano que preside José Manuel Romay Beccaría, Justicia se extralimitaba al conceder a esa corporación competencias no sólo sobre el Registro Civil, sino sobre todos los registros –mercantiles y de la propiedad–. Además, le otorgaba competencias que interferían en las que son propias del actual Colegio de Registradores, desde el régimen disciplinario hasta el ingreso de cuotas o la cesión de fondos. Precisamente, una de las acusaciones del gremio contra Ruiz-Gallardón era que pretendía crear “un colegio paralelo” para soslayar la oposición de los registradores a sus reformas.

La oposición exige a Catalá que derogue las tasas y no entregue el Registro Civil a los registradores mercantiles

Los grupos de la oposición, PSOE, Izquierda Plural, PNV, CiU y el Grupo Mixto, han coincidido este miércoles en exigir al nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, que derogue las tasas judiciales, que no entregue el Registro Civil a los registradores mercantiles y que sea "realista" en sus planes legislativos habida cuenta de que queda apenas un año de legislatura.

Así se han expresado los distintos portavoces durante la comparecencia de Catalá en la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para explicar su calendario de medidas legislativas. Su antecesor, Alberto Ruiz Gallardón, dejó diez proyectos pendientes en la Cámara Baja y queda menos de un año de actividad parlamentaria.

El PSOE cree «clandestina e innecesaria» la privatización de los registros civiles

La secretaria de Relaciones Políticas del PSOE de La Rioja, Victoria de Pablo, expresó ayer el «rechazo frontal» de su formación a la privatización de los registros civiles en favor de los mercantiles concretada de forma «innecesaria y clandestina» el pasado miércoles en el Senado en el contexto del denominado proyecto de Ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Un «cajón de sastre» que, tanto en este punto como en el recorte de derechos en materia de sanidad u otros ámbitos responde al «programa oculto» del PP y cuya tramitación por vía de urgencia ha «hurtado el debate e impide la confrontación de ideas».

Las críticas socialistas alcanzan a prácticamente todos los frentes. Desde el interés por acelerar el trámite a pesar de que está previsto entrar en vigor el 15 de julio del año próximo hasta la «imposición» de un servicio esencial -expedición de partidas de defunción o nacimiento, fes de vida, etcetéra- a unos profesionales que lo rechazan. «El Colegio de Registradores ha manifestado su total discrepancia a esa cesión mientras quienes lo realizan ahora optan por seguir llevándolo », afirmó De Pablo para augurar un «fracaso anunciado» ante las reticencias expresadas por parte de los principales operadores del sector.

El coste fue otro de los aspectos censurados por la dirigente socialista. «Se han 'regalado' los 128 millones que conllevó la informatización de los registros civiles judiciales hace tres años y ahora se requerirá otra cuantiosa partida para actualizar las oficinas mercantiles», apuntó para, al mismo, rebatir que el proyecto de Ley garantice la gratuidad del servicio tal y como defiende el PP. «Se crea una empresa pública -Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España- que se nutrirá de los presupuestos públicos, de forma que los registradores que cobran por aranceles seguirán haciéndolo, pero ahora lo pagaremos todos vía impuestos». Y como remate, las dificultades de desplazamiento que tendrán muchos ciudadanos en la comunidad si las gestiones se centran en el único registro mercantil situado en Logroño, ante lo cual reclamó que «por lo menos» se mantengan las funciones de registro civil en las nueve agrupaciones riojanas de juzgados de paz. «El consejero de Justicia, Emilio del Río, debe dar explicaciones de su silencio y sumisión a una medida que afecta a todos los riojanos», concluyó.

CCOO mantendrá su oposición frontal a la privatización del Registro Civil, cuya continuidad anunció el Ministro Catalá, y convocará movilizaciones

La declaración de Catalá en el Congreso sobre la decisión del nuevo equipo del Ministerio de Justicia de mantener la privatización de los Registros Civiles, confirma que la misma se sustenta en que es el mismo presidente del gobierno el máximo responsable de esta escandalosa decisión. Y demuestra que existen intereses ocultos al adoptarla, pues el nuevo ministro ha sido incapaz de replicar con argumentos sólidos a las acusaciones que se han vertido por algunos grupos parlamentarios de que los registradores no son funcionarios públicos, tal y como dictaminó el Tribunal de Justicia Europeo y como viene denunciando CCOO.

CCOO, 16.10.2014

Catalá revisará los grandes proyectos de Gallardón, salvo la privatización de Registro Civil

El nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, revisará los grandes proyectos pendientes de su predecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, según ha anunciado ante la Comisión de Justicia del Congreso. De esa revisión solo se librará la atribución de los registros civiles a los registradores de la propiedad, que aún está en marcha y que ha provocado notable polémica, porque desde distintos sectores se ha considerado como una privatización de este servicio público.

...La revisión de la gestión de su antecesor llegó hasta el registro civil. En este punto, Catalá no escuchó la críticas de los grupos y defendió la idea de su antecesor, negando que sea una privatización. Su tesis es que "los registradores pueden ser un cuerpo de funcionarios y no es una privatización". Anunció que creará una comisión con el Colegio de registradores, siempre con la tutela de Justicia.

Defensa adjudica a Indra y Telefónica el nuevo Registro Civil electrónico, y Futuver presenta a su vez una oferta a Indra

- Futuver ya ha presentado una “oferta de sus productos y servicios” a Indra, pero aún no ha firmado ningún contrato.

- La corporación pública que debe firmar y pagar el contrato, de 40 millones de euros, no existe aún y ha sido cuestionada por el Consejo de Estado

Indra y Telefónica son las compañías elegidas por la empresa pública de Defensa Isdefe (Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España) para implantar el Registro Civil electrónico en España. La firma tecnológica que preside Javier Monzón, propiedad en un 20%de la estatal SEPI, se encargará del software, mientras que la operadora de César Alierta pondrá el Centro de Procesamiento de Datos (CPD), las instalaciones físicas del sistema. Futuver, la empresa especializada en software registral y centro de la polémica sobre la reforma de los registros planeada por el Gobierno, ya ha presentado a Indra “una oferta de sus productos y servicios”, aunque aún no ha cerrado ningún acuerdo, según explican fuentes de la firma asturiana.

El Ministerio de Justicia ha confirmado a infoLibre que Indra y Telefónica han conseguido la “adjudicación provisional” del contrato, cuyas condiciones e importe no son públicos al tratarse de un procedimiento negociado y sin publicidad. No obstante, fuentes conocedoras del concurso elevan el valor de la licitación a 40 millones de euros. Justicia no ha querido precisar la cuantía del contrato acogiéndose al carácter aún provisional de la adjudicación.

El departamento que ahora dirige Rafael Catalá justifica en razones de confidencialidad y máxima seguridad que haya dejado en manos de una empresa del Ministerio de Defensa tanto la redacción de los pliegos como la licitación y adjudicación del contrato. Pero tanta reserva no ha hecho más que alentar las sospechas de quienes no sólo se oponen a la reforma sino, además, la ven como una operación para beneficiar a Futuver.

Un portavoz de la empresa asegura que su intención es mantenerse fuera de “polémicas políticas” y niega que nadie en Futuver “conozca a Mariano Rajoy o a su hermano”, en alusión a Enrique, registrador de la Propiedad al igual que el presidente del Gobierno. Los opositores a la reforma relacionan a la firma de software con la asociación Arbo, con Enrique Rajoy y con los registradores que desde 2012 ocupan cargos en la Dirección General de los Registros y el Notariado.

PSOE exige a Catalá aclarar el "negociete" del Registro Civil. Catalá defiende su entrega a los Registradores Mercantiles

El senador del PSOE Antonio Julián Rodríguez Esquerdo ha exigido este miércoles al ministro de Justicia, Rafael Catalá, aclarar qué "negociete" existe detrás de la cesión del Registro Civil a los registradores mercantiles y qué relación tiene con la sociedad Isdefe, empresa de ingeniería en Defensa que ha resultado adjudicataria de los programas tecnológicos del Registro y que aparecía en un correo electrónico intercambiado con el socio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres.

En la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, el senador socialista ha expuesto que Gallardón no dimitió solo por la reforma del aborto, sino por "otro enredo de menor trascendencia pública, pero que afectaba al presidente y a sus hermanos" como es la encomienda del Registro Civil a los registradores mercantiles.

En este sentido, ha denunciado que la reforma contempló la adjudicación millonaria bajo un "procedimiento negociado y sin publicidad" del sistema informático a la sociedad Isdefe, una empresa pública dependiente del Ministerio de Defensa, que "el señor Diego Torres también conoce bien".

El socialista ha expresado que el Consejo de Estado puso objeciones a esta "oscura" reforma llena de "interrogantes", por lo que ha instado al ministro a aclarar el "embrollo" y la Corporación de Derecho Público que gestionará el nuevo Registro Civil electrónico.

En su respuesta, el ministro ha eludido hacer referencia a estas dudas y ha expresado que el socialista ha hecho alguna alusión que "no he entendido demasiado bien". Con todo, ha defendido su apuesta por un servicio de calidad, eficacia, desjudicializado, que utilice las nuevas tecnologías y que pueda ser llevado a cabo por registradores.

"Son funcionarios públicos que ejercen su actividad por mandato de Justicia, las bases de datos son de titularidad pública y hay una corporación de derecho público que es el Colegio de los Registradores, el órgano representativo que desempeña labores de coordinación y funciones de dar soporte electrónico a las aplicaciones informáticas de los registros", ha concluido.

El PSOE asegura que privatizar el registro civil responde al programa oculto del PP

La secretaria de Relaciones Políticas del PSOE de La Rioja, María Victoria de Pablo, ha señalado hoy que "la privatización de los registros civiles responde al programa oculto del PP" y ha pedido al consejero de Justicia, Emilio del Río, que explique su "silencio" y "sumisión" ante esta medida.

De Pablo, en una nota, se ha referido a que el Senado, el pasado día uno, aprobó la privatización de los registros civiles, medida que ha rechazado al considerarla "innecesaria" y "clandestina", al efectuarse dentro de un proyecto de Ley de medidas urgentes para el pleno crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

Ha añadido que al tramitar esta iniciativa de forma urgente "hurta" el debate parlamentario e "impide" el debate y la confrontación de las ideas y argumentos.

"El Gobierno del PP impone al colectivo de los registradores un servicio que no quieren y se lo quita a quien sí quiere seguirlo llevando", ha asegurado De Pablo, para quien esta situación es un "despropósito".

Ha recordado que el Colegio de Registradores ha manifestado su discrepancia a esta cesión del servicio público y cree que la "imposición" de este servicio "tan esencial" con "todos los afectados en contra" es garantía de un "fracaso" anunciado.

El Consejo de Estado insta a reexaminar "en profundidad" la "oscura" reforma del Registro Civil impulsada por Gallardón

El Consejo de Estado ha instado al Gobierno a "reexaminar en profundidad" la reforma del Registro Civil impulsada por el ministro de Justicia dimisionario, Alberto Ruiz-Gallardón, dirigida a encomendar este servicio público a los registradores.


Así figura en el dictamen, al que ha tenido acceso Europa Press, que el órgano consultivo emitió al proyecto del real decreto-ley por el que se aprueban los Estatutos de la Corporación Pública que desarrollará el sistema informático del nuevo Registro Civil.

El órgano consultivo describe este texto como "oscuro" por los numerosos "interrogantes" que suscita y concluye que ganaría claridad y precisión si la gestión de esa corporación se encomendara directamente al Colegio de Registradores.

De esta forma, se evitaría una duplicidad de funciones y servicios corporativos, así como problemas relacionados con el régimen disciplinario de los registradores, la gestión de los recursos económicos o el pago de cuotas. Sin embargo, el Colegio de Registradores Mercantiles y de la Propiedad mostró su oposición a asumir esta función sin ninguna contraprestación.

¿CUÁL ES EL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REFORMA?

Cree que no se ha detallado suficientemente el impacto económico y social de la reforma y echa en falta una mayor regulación en la financiación, estructura, órganos y naturaleza jurídica de la nueva Corporación que contratará y gestionará el sistema informático del nuevo Registro Civil electrónico.

"Entiende este Consejo de Estado que la atribución a la Corporación de unas funciones y una estructura típicamente colegiales, con aplicación supletoria de la legislación de Colegios Profesionales, supone una lectura inconstitucional del mandato de la disposición adicional vigesimotercera del Real Decreto-ley en relación con el artículo 36 de la Constitución Española", sostiene.

Además de cuestiones más nimias como que el real decreto equivoca la fecha de la Ley del Registro Civil, el Consejo de Estado advierte de que regula cuestiones que "exceden del ámbito propio de la norma reglamentaria", como el sistema informático a otros registros o el resideño del mapa de oficinas registrales.

Ese Real Decreto-Ley regula esta Corporación para gesetionar el sistema informático del Registro Civil y remite a una futura norma reglamentaria la regulacion de su financiación, estructura y sus órganos.

UGT pide a Rafael Catalá que paralice la "privatización" del Registro Civil

UGT ha pedido al nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, que paralice la "privatización del Registro Civil iniciada por su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón".

En una carta remitida al nuevo titular de Justicia, UGT le solicita una reunión para plantearle ésta y otras reivindicaciones del sindicato.

Entre los asuntos fundamentales que tratarán figura el inicio de las negociaciones del anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, informa UGT, que también quiere dialogar sobre la carrera profesional de los funcionarios de la Administración de Justicia y sobre la necesidad de disminuir "la alta tasa de temporalidad que padecen estos trabajadores".

Para solventar esta última cuestión, UGT ha reclamado la convocatoria de una oferta de empleo público con la posibilidad de negociar un concurso restringido como se han producido otros anteriormente.

El texto remitido por UGT recoge además otras reivindicaciones como fomentar la promoción interna facilitando los procesos selectivos, negociar una nueva orden de interinos, la modernización de la Administración de Justicia impulsado el expediente digital, un plan de igualdad para el sector y activar las políticas de prevención de riesgos.

STAR continúa su lucha "por una justicia de calidad y eficiencia como servicio público"

El Sindicato de Trabajadores de la Administración Riojana (STAR) solicita al consejero de Presidencia y Justicia, Emilio del Río, y que éste "por extensión" transmita al nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, "la problemática que se produce al entrar en vigor el Real Decreto Ley 8/2014 de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento de la competitividad y la eficiencia, respecto al control de los registros civiles en todo el territorio español". 

Para STAR dichos registros "serian gestionados por personal ajeno a la Administración de Justicia, como en este caso son los Registradores Mercantiles". 

STAR considera que "se debe llevar a cabo una modificación de esta norma, revocando la privatización del Registro Civil, ya que esto supone por un lado la pérdida de un servicio público para los ciudadanos, y por otra parte, la consecuente pérdida de puestos de trabajo del personal interino que se encuentre en los mismos y el obligado traslado a otros puestos de los funcionarios titulares, desplazando a su vez nuevamente a los interinos que ocupen puestos dentro de los juzgados". 

Por otro lado STAR insta "a la revisión" del Anteproyecto de Ley de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya que el con el establecimiento de los Tribunales Provinciales de Instancia, en La Rioja "desaparecerían o se verían reducidos en sus funciones los Juzgados de Haro y Calahorra". Esto supondría "la centralización de todos los juzgados en Logroño, quedándose sin este servicio la población del resto de la Comunidad Autónoma".

El Consejo de Estado echa por tierra la reforma del Registro Civil de Gallardón

Algunos pensarán que se está haciendo leña del árbol caído, pero hay otros que más bien lo comparan con Atila por aquello de que por donde pasó no creció la hierba. No ha sido únicamente la ley del Aborto, que ha terminado por costarle el cargo, ni la ley Orgánica del Poder Judicial, que ha abierto un intenso debate social. También la reforma y privatización del Registro Civil en una operación que está empezando a salpicar al mismísimo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y que se ha convertido en serio motivo de polémica tras el reciente ‘suicidio político’ de Alberto Ruiz-Gallardón. Entre todos lo mataron y él solo se murió.

El enésimo varapalo ‘póstumo’ contra la labor del hasta hace unos días ministro de Justicia lo acaba de dar el Consejo de Estado en su esperado dictamen sobre la Corporación de Derecho Público auspiciada por Ruiz-Gallardón para modernizar los registros en España. La intención resultaba encomiable pero el procedimiento ha dejado mucho que desear hasta el punto de que los propios registradores afectados han considerado que una especie de ‘mano negra’ ha estado urdiendo un pelotazo a costa del negocio de casi 80 millones de euros anuales que supone en España la actividad registral.

El Gobierno, a instancias de Ruiz-Gallardón, ha aprobado uno más de sus recurrentes decretos-leyes con objeto de traspasar la gestión informática de los registros a una entidad de nueva creación que vendrá a sustituir al Colegio de Registradores. La constitución de este organismo estaba contemplada dentro del conglomerado legislativo de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia que fue aprobado en julio por el Consejo de Ministros. Los estatutos de la Corporación Pública que se encargará del sistema registral electrónico han dado lugar a un expediente del Consejo de Estado cuya resolución es realmente demoledora para los promotores del proyecto.

El dictamen del máximo órgano consultivo del Gobierno señala que la atribución a la citada Corporación de unas funciones y una estructura típicamente colegiales, con aplicación supletoria de la legislación de Colegios Profesionales, “supone una lectura inconstitucional del mandato de la disposición adicional vigesimoséptima del Real-Decreto-ley 8/2014, en relación con el artículo 36 de la Constitución Española”. El Consejo de Estado concluye que la normativa impulsada por Ruiz-Gallardón “se extralimita al pretender un ámbito de actividad de la Corporación” al tiempo que denuncia la pretensión de modificar normas legales de cara a la gestión integrada de los registros civil y mercantil, tal y como pretende el Ministerio de Justicia.

Trabajadores/as de la Administración de Justicia vuelven a concentrarse contra la privatización de los Registros Civiles, convocados por CCOO

Ayer, 1 de octubre, trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia convocados por CCOO, de nuevo en solitario, se han concentrado en diversas ciudades de España para volver a exigir la retirada de la privatización de los Registros Civiles, el mismo día que se debatía en el Senado (de vuelta del Congreso) el proyecto de ley de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (procedente del Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio), que incluye en sus disposiciones adicionales 19ª a 24ª la privatización de los Registros Civiles, que se ha tramitado por el procedimiento de urgencia en la Comisión de Economía y Competitividad, sin llevarse ni siquiera al pleno ni del congreso ni del senado, demostración palpable de que el sistema de debate de leyes tan trascendentales para los derechos de la ciudadanía, son hurtados al debate y conocimiento de las millones de personas afectadas por estas reformas, discutiéndose en comisiones para que la trascendencia sea mucho menor, pues incluso pasa desapercibido para la inmensa mayoría de los medios de comunicación.

CCOO sigue impulsando, y no va a parar, estas movilizaciones con objeto de que se retiren por el nuevo ministro de Justicia los proyectos de reforma de la LOPJ y de la privatización de los Registros Civiles. Pues es imprescindible lograr estos objetivos por lo mucho que está en juego: un servicio público indispensable y los derechos de miles de trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia y de la ciudadanía.

CCOO, como ha informado estos días, ha reclamado ya por escrito al nuevo ministro de Justicia, nada más tomar posesión el pasado lunes 29 de septiembre, que no siga el camino de Gallardón que, sin escuchar el clamor de miles de personas, implantó la ley de tasas judiciales para seguir con reformas como la privatización de los Registros Civiles o el proyecto de reforma de la LOPJ que, junto a la modificación de la ley del aborto, le desautorizaron completamente ante la ciudadanía y el conjunto del personal de la Administración de Justicia. Y esta desautorización le llevó a la dimisión que no tuvo más remedio que presentar la semana pasada.

La cesión del Registro Civil a los registradores mercantiles (o el problema del polizón)

Los economistas nos dicen que algo falla en el mercado cuando alguien se beneficia de determinados servicios sin pagar los correspondientes costes, incluidos los ligados al riesgo de la operación. O bien ese alguien comparte los costes, que tiene capacidad para imponer a los demás, pero es el único que percibe los beneficios. En Economía, a las personas favorecidas por tales situaciones se les denomina free riders. En español se utiliza más frecuentemente la expresión “problema del polizón”. ¿Se nos ha colado un polizón en esta polémica cesión del Registro civil a los registradores mercantiles? Parece que sí, o al menos así lo cree el Colegio Nacional de Registradores. Vamos a explicarlo.

La asunción del Registro Civil por los registradores mercantiles implica un riesgo mayúsculo para el conjunto de la profesión, concretamente el derivado de su financiación. Si este tema no llega a resolverse convenientemente y se produce un colapso financiero (o un escándalo) que obliga a intervenir al Estado, la probable solución final implicaría con toda seguridad acabar con el estatuto personal que en la actualidad disfrutan los registradores y con la consiguiente creación de una Agencia Nacional Registral al modo británico. Un paso, además, increíblemente fácil y lucrativo de realizar para el Estado, especialmente una vez que los propios registradores proporcionen la plataforma informática, la homogeneización de todos los registros, la coordinación registral y la organización personal. Como que con tres artículos bastaría. Esto es lo que debieron pensar hace más de un año los registradores reunidos en Zaragoza cuando rechazaron el caramelo envenenado.

Pero si los registradores mercantiles (una parte reducida del Colegio nacional) han decidido ahora asumir el reto, podría parecer que el riesgo no es tan grave, ¿no? Pues a primera vista no se entiende. Analicémoslo despacio. Existen cuatro vías posibles de financiación del Registro Civil (teniendo en cuenta además que caben soluciones mixtas):