Según se publicó ayer en determinados medios de
comunicación, el Director General de los Registros y del Notariado, Joaquín
Rodríguez Hernández, Registrador Mercantil de Zaragoza y uno de los máximos impulsores y responsables
de la privatización del Registro Civil, habría dimitido. A su dimisión, que
posiblemente formalizará en los próximos días, habría que sumar la del Subdirector General de Registros, Javier
Vallejo, Registrador de la
Propiedad de Avilés, y los registradores que estaban
en comisión de servicio como letrados de la DGRN a
su servicio.
Los
motivos de la dimisión parecen claros: tras la caída de
Ruiz Gallardón, y el informe negativo del Consejo de Estado al anteproyecto de
Real Decreto por el que se creaba la Corporación de
Derecho Público establecida en la Disposición Adicional 23
del Real Decreto Ley 8/2014, que se iba a encargar de gestionar la contratación
del sistema informático único y de la aplicación de
llevanza en formato electrónico del Registro Civil y su red de
comunicaciones y su posterior gestión,
mantenimiento, conservación y actualización, el nuevo Ministro de Justicia
decide incumplir lo dispuesto en el citado Real Decreto Ley, hoy Ley 18/2014, y
anuncia que no se va a crear la citada Corporación.
Dicho Anteproyecto de Real Decreto, del que sin duda alguna tenía
conocimiento Rajoy y que fue tachado de
inconstitucional por el Consejo de Estado, pone claramente
de manifiesto cuál era la intención de Rajoy y su entorno: aprovechar la
privatización del Registro Civil para implantar y controlar un nuevo sistema
registral en España que incluyera el registro civil, el de la propiedad, el
mercantil y el de bienes muebles, en formato electrónico y al margen del
Colegio de Registradores, al que paulatinamente vaciarían de competencias, con
grandes posibilidades de hacer negocio adicional por medio de empresas
participadas por Registradores mediante la oferta de un programa informático
específico para su implementación.
Acuciado por las duras críticas desde sectores jurídicos muy
cualificados, al parecer Rajoy aprovechó la dimisión de Gallardón y decidió dar
marcha atrás en la creación de la Corporación , para centrarse
en su objetivo principal: privatizar el Registro Civil, asumiéndolo los
Registradores, y de esta forma consolidar su posición (y sus beneficios) en el
tráfico jurídico a medio plazo, hoy cuestionado por la Unión Europea. Consecuentemente Rajoy habría
dado orden al nuevo Ministro para que buscara la paz con el Colegio de
Registradores, y consolide el proyecto, aunque ello suponga desairar al
Director General de los Registros y del Notariado, puesto en el cargo por Rajoy
y su entorno. Rajoy es un especialista en dejar atrás a los suyos para que nada
altere su beneficio propio, ya lo hizo con Gallardón. Rajoy, acorralado ante los escándalos en su partido, no quiere tener un frente abierto con el propio
colectivo al que pertenece que pueda poner en riesgo su proyecto personal
estrella.
Por todo ello, el nuevo Ministro de Justicia anunció que
abandonaba la idea de la Corporación y que
va a constituir una Comisión Mixta con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles para estudiar cómo pueden éstos gestionar el Registro
Civil, garantizando la gratuidad de los servicios que requieran los ciudadanos
y la titularidad estatal de los datos registrales y su máxima protección. O lo
que es lo mismo, negocia una fuente de financiación propia y suficiente del
Registro Civil para que el Colegio de Registradores colabore y no se oponga a
su asunción, vinculada seguramente al pago de una tasa o arancel a toda
Administración o Notario que acceda a la base de datos de Registro Civil,
imponiendo a todos los operadores jurídicos la necesidad de realizar consultas
de los asientos del Registro Civil antes de formalizar cualquier operación
civil, inmobiliaria o mercantil. Con lo que al final todos sufragaremos los
costes de la privatización.
Todo ello supone la modificación de la hoja de ruta que hasta el momento
desarrollaba la Dirección General de los
Registros y del Notariado, bajo la dirección de Joaquín Rodríguez Hernández,
que aunque inicialmente fue ratificado
en el puesto, habría presentado su dimisión junto con todo su equipo.
Para CCOO esta dimisión y el bodrio del Anteproyecto de Real Decreto de creación de
El
Director General dimitido fue uno de los que CCOO (único
sindicato) denunció en la vía penal ante la Fiscalía General del
Estado por no haberse inhibido en la toma de decisión de la privatización del
Registro Civil, junto al exministro Gallardón y el presidente del Gobierno, y
por supuestos conflicto de intereses, denuncia que sigue sus trámites legales.
Pero
la batalla no ha terminado: la dimisión de Ruiz Gallardón, del
Director General de los Registros y del Notariado y de su equipo, sólo supone
la paralización de una forma escandalosa de privatizar el registro civil, pues
contaba con la oposición del Colegio de Registradores de la Propiedad y
Mercantiles al que pertenecen los beneficiarios de dicha privatización. Ahora
Rajoy y Calatá buscan que en el proyecto de privatización del Registro Civil
trabajen junta y coordinadamente Ministerio de Justicia y Colegio de
Registradores, para llevarlo a buen
puerto. Pero el objetivo sigue siendo el mismo: privatizar un servicio
público, pasando a manos privadas que harán del mismo un negocio.
CCOO nunca ha cesado en la exigencia de que el Registro Civil siga siendo un servicio público servido por funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia, y así se los transmitió al ministro Catalá en la reunión mantenida la semana pasada y así seguirá haciéndolo con las medidas de presión que correspondan. CCOO no va a detenerse en las acciones que sean necesarias para detener esta privatización de un servicio público fundamental y así salvar los derechos de millones de personas. Mientras no logremos acabar con la decisión de este gobierno, que ya no puede esconder los múltiples escándalos que le rodean, no habremos logrado el objetivo: LOGRAR DETENER DEFINITIVAMENTE ESTA PRIVATIZACIÓN Y MANTENER DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EL REGISTRO CIVIL.
Al efecto CCOO va a impulsar en próximas fechas más acciones y contundentes para detener esta privatización, que
anunciará en breve.
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