Aparece publicado en el BOE de hoy, 17 de octubre, la Ley 18/2014 de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que es el resultado de la tramitación como proyecto de Ley del Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, que establece en sus disposiciones adicionales vigésima a vigésimo quinta la privatización del Registro Civil mediante su entrega a los registradores mercantiles.
La Ley 18/2014 es reproducción exacta del RD 8/2014 lo que demuestra la desvergüenza del Gobierno y del Ministerio de Justicia que, pese a la oposición de todos los grupos parlamentarios, de todos las organizaciones profesionales del ámbito de la Justicia, de cientos de organizaciones ciudadanas y de cientos de Ayuntamientos e incluso de algún Parlamento Autonómico, mantiene su decisión. Además la Ley mantiene, a pesar de las manifestaciones del nuevo ministro, la disposición adicional relativa a la Corporación de Derecho Público para la contratación del sistema informático y su posterior gestión, mantenimiento, conservación y actualización a pesa de que el Consejo de Estado, en su dictamen de fecha de 25 de septiembre, pone en cuestión esta disposición y la tacha de oscura y confusa, rechazando partes del texto por posible inconstitucionalidad y reclama al Gobierno que lo rehaga en profundidad.
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