Errores de tramitación elevan a 130 casos en un año las denegaciones de expedientes de nacionalidad en el Registro Civil de Ourense

Los profesionales de justicia empiezan a ver ejemplos de lo que consideran efectos de la última reforma promovida por Gallardón y que su sucesor al frente del ministerio, el exsecretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, -dispuesto en cambio a revisar la impopular ley de tasas- sigue implementando.

La privatización de los registros civiles, oficinas de trámite diario (desde certificados de defunción hasta expedientes de matrimonio y cambios de nombre), ganó un paso más con la publicación, el viernes en el BOE, de la Ley 18/2004, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. En las disposiciones adicionales vigésima a vigésimo quinta, se culminó con la entrega de la gestión a los registradores mercantiles.

Registradores de la propiedad y notarios ya se encargaban de la tramitación de las nacionalidades, realizando informe desfavorable o favorable a las solicitudes. Los profesionales tienen que pedir referencias a diferentes organismos, como la Seguridad Social o Hacienda, digitalizar y comprobar los documentos, y emitir el dictamen final. En base al criterio, Justicia decide si concede o no la nacionalidad. Tras todo el trámite privatizado, es la oficina pública la que se encarga de la notificación. El volumen de expedientes remitidos provoca un colapso por falta de medios humanos y técnicos, denuncian los trabajadores.

Según denuncia UGT Xustiza, en Ourense, la denegación de expedientes de nacionalidad ha ascendido en el año 2013 a un total de 130 casos, de los que un 10%, según el mismo sindicato, habrían sido mal denegados por haberse tramitado y digitalizado mal los expedientes por parte de los notarios y registradores. Los "cúmulos de errores" que los funcionarios dicen haber detectado explicarían que en la oficina de Ourense, suponen un porcentaje "muy alto" en comparación con el momento en el que la labor de tramitación aún correspondía al propio Registro Civil.

Retrasos y contenciosos

Las denegaciones por supuestos errores de los notarios y registradores suponen a los solicitantes "una gran indefensión", según resalta el responsable de UGT Xustiza, Manuel González Carvajal.

A la persona interesada solo le queda acudir a la vía contencioso administrativo en un juzgado central, lo que acarrea gastos a mayores en cuanto a los honorarios y costas del proceso, y las tasas para poder pleitear. Las esperas en estos casos, dicen desde el sector, pueden superar los 2 años hasta la resolución del recurso judicial. Según el sindicato UGT, estas barreras hacen que "muchos solicitantes desistan o inicien de nuevo el trámite cargando nuevamente al registro civil de trabajo".

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