Defensa adjudica a Indra y Telefónica el nuevo Registro Civil electrónico, y Futuver presenta a su vez una oferta a Indra

- Futuver ya ha presentado una “oferta de sus productos y servicios” a Indra, pero aún no ha firmado ningún contrato.

- La corporación pública que debe firmar y pagar el contrato, de 40 millones de euros, no existe aún y ha sido cuestionada por el Consejo de Estado

Indra y Telefónica son las compañías elegidas por la empresa pública de Defensa Isdefe (Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España) para implantar el Registro Civil electrónico en España. La firma tecnológica que preside Javier Monzón, propiedad en un 20%de la estatal SEPI, se encargará del software, mientras que la operadora de César Alierta pondrá el Centro de Procesamiento de Datos (CPD), las instalaciones físicas del sistema. Futuver, la empresa especializada en software registral y centro de la polémica sobre la reforma de los registros planeada por el Gobierno, ya ha presentado a Indra “una oferta de sus productos y servicios”, aunque aún no ha cerrado ningún acuerdo, según explican fuentes de la firma asturiana.

El Ministerio de Justicia ha confirmado a infoLibre que Indra y Telefónica han conseguido la “adjudicación provisional” del contrato, cuyas condiciones e importe no son públicos al tratarse de un procedimiento negociado y sin publicidad. No obstante, fuentes conocedoras del concurso elevan el valor de la licitación a 40 millones de euros. Justicia no ha querido precisar la cuantía del contrato acogiéndose al carácter aún provisional de la adjudicación.

El departamento que ahora dirige Rafael Catalá justifica en razones de confidencialidad y máxima seguridad que haya dejado en manos de una empresa del Ministerio de Defensa tanto la redacción de los pliegos como la licitación y adjudicación del contrato. Pero tanta reserva no ha hecho más que alentar las sospechas de quienes no sólo se oponen a la reforma sino, además, la ven como una operación para beneficiar a Futuver.

Un portavoz de la empresa asegura que su intención es mantenerse fuera de “polémicas políticas” y niega que nadie en Futuver “conozca a Mariano Rajoy o a su hermano”, en alusión a Enrique, registrador de la Propiedad al igual que el presidente del Gobierno. Los opositores a la reforma relacionan a la firma de software con la asociación Arbo, con Enrique Rajoy y con los registradores que desde 2012 ocupan cargos en la Dirección General de los Registros y el Notariado.

El portavoz de la empresa precisa que Futuver ha presentado su oferta “a petición de Indra” y al igual que han hecho “otras muchas firmas”. Pero también reconoce que el suyo es el “software más avanzado y experimentado” y que, con la premura de plazos con que se ha licitado el contrato, Futuver cuenta con la ventaja de que “ya tiene el trabajo adelantado”. De hecho, la empresa asturiana lleva años trabajando para el Colegio de Registradores y fue la encargada de llevar a cabo la puesta al día de los expedientes de nacionalidad, que acumulaban un considerable retraso. Al mando de ese proyecto el ministerio puso a otro registrador, Javier Angulo, hasta ese momento administrador solidario de Futuver Rumanía SRL, que fue filial de Futuver Consulting SL. Ésta se ha encargado de informatizar los registros de México DF, del estado mexicano de Tamaulipas y de Panamá. También posee una delegación en Rumanía.

CCOO ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado al director general del Registro, José Joaquín Rodríguez –también registrador–, y al propio Angulo, por haber intervenido en “actividades, negociaciones y asesoramientos” vedadas a funcionarios públicos. El millar de registradores de la propiedad y mercantiles llevan meses enzarzados en una agria disputa en torno a este contrato y al que acaba de ser adjudicado por Isdefe, también por culpa de la reforma de los registros y la asunción del Registro Civil.

Una corporación inconstitucional

Una reforma que se mantiene a la espera de las decisiones del nuevo ministro de Justicia. El pasado 25 de septiembre el Consejo de Estado aprobó por unanimidad un dictamen que dejaba uno de los elementos del proyecto del Gobierno en condición precaria. Aunque se trata de un órgano consultivo y su opinión no es vinculante, el Consejo de Estado pedía al Ministerio de Justicia que rehiciera el proyecto de real decreto por el que crea una Corporación de Derecho Público para gestionar el nuevo Registro Civil electrónico. El dictamen tacha el texto de Justicia de “oscuro” y “confuso” en muchos de sus artículos, e incluso rechaza por “inconstitucional” alguno de ellos.

Según el Consejo de Estado, Justicia se ha “extralimitado” al “ampliar el ámbito de actividad de la corporación” del Registro Civil –lo único que le ordena la ley– a todos los registros –según aparece en el proyecto de real decreto, una norma de rango inferior–. También le reprocha que esa nueva corporación interfiera en las competencias que posee el Colegio de Registradores. Así, otorga al nuevo organismo “unas funciones –de representación– y estructura típicamente colegiales”, le atribuye competencias en materia de régimen disciplinario propias de un colegio profesional y establece como legislación supletoria la de los colegios profesionales. Todo ello supone “una lectura inconstitucional” del mandato que la ley dio al ministerio para crear esa corporación, advierte. Además, le permite regular las cuotas que deberán pagar los registradores, así como la “cesión ordinaria o extraordinaria de fondos” que el proyecto ley establece que el Colegio deberá hacer a la nueva corporación.

Precisamente una de las acusaciones que los registradores opositores a la reforma lanzan al Gobierno es que con ese organismo pretende crear un “colegio paralelo” para soslayar la oposición del gremio a sus reformas.

“Un proyecto coordinado, armónico y estable”

El dictamen del Consejo de Estado incluye un informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda, que recomendaba a Justicia someter la contratación del nuevo sistema informático a los “principios de publicidad y concurrencia”. Esa observación no se ha tenido en cuenta.

Una vez adjudicado el sistema informático del Registro Civil, debe ser la nueva Corporación de Derecho Público la que firme el contrato y lo pague. Una corporación que aún no existe y cuyo diseño legal un alto órgano del Estado ha puesto en entredicho. Sin contar con las acciones legales que tanto el Colegio de Registradores como la asociación Francisco Cárdenas y muchos de los registradores a título individual han anunciado contra el proyecto del Gobierno.

Preguntado ayer en el Senado por el dictamen del Consejo de Estado por la adjudicación sin publicidad y por el cisma en el Colegio de Registradores, el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, se limitó a expresar el “absoluto compromiso del Gobierno con la mejora del funcionamiento del Registro Civil” y con su desjudicialización. Por eso, añadió, Justicia presentará “un proyecto coordinado, armónico y estable para llevar un Registro Civil de calidad y desjudicializado”. Luego dijo no entender las “alusiones” que el senador del PSOE Antonio Rodríguez Esquerdo había hecho en su pregunta al Isdefe, el contrato opaco del sistema informático y la discordia entre los registradores..


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