Los Secretarios judiciales lamentan que Justicia siga con su plan de ceder el Registro Civil a los registradores

El Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) lamenta que el nuevo titular del Ministerio de Justicia, Rafael Catalá, siga adelante con su plan de ceder el Registro Civil a los registradores de la propiedad y mercantiles, lo que consideran un medida de privatización.

En una nota emitida este viernes, recuerdan que con la entrada en vigor de la Ley 18/2014 de medidas urgentes para el crecimiento, competitividad y eficiencia, el Gobierno de Mariano Rajoy atribuye el Registro Civil a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, pasando a llamarse Oficinas del Registro Civil y Mercantil, a las que impone, además, la adaptación a las demarcaciones territoriales de los Registros Mercantiles.

Desde el Ministerio de Justicia, tanto por el anterior titular, Alberto Ruiz-Gallardón, como por el actual, se ha tratado de justificar la medida, según este colectivo, alegando que "no se trata de una privatización" y que el colectivo al que se encomienda tiene condición de "funcionarios públicos" que simplemente tiene un "régimen retributivo singular".

"Pero todos los funcionarios públicos, todos los operadores jurídicos y toda la sociedad española conocemos perfectamente que, mientras su régimen legal no se modernice, las oficinas de los denominados "registros vinculados a la fe pública" funcionan como empresas que contratan y despiden trabajadores en un régimen corporativo priviliegiado heredado de la etapa preconstitucional, y que constituye una anomalía en los países de nuestro entorno", aduce el sindicato.

Como dato, señalan que la asociación profesional de dicho sector pertenece a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales.

"En definitiva, sólo podríamos coincidir con la versión del Gobierno en que no se trata de una liberalización, pero sí estamos ante una verdadera privatización controlada y ciertamente privilegiada", añade el comunicado.

Además, el SISEJ considera que la decisión del Gobierno tiene también consecuencias económicas. "Queremos destacar que en los presupuestos generales del Estado para 2015, al igual que en los de 2014, se ha destinado una partida de alrededor de 25 millones de euros más para este cambio, a lo que hay que sumar más de 130 millones de euros ya invertidos durante los últimos años para la modernización, informatización y digitalización del Registro Civil", explican.

Finalmente, el SISEJ manifiesta que el Gobierno está a tiempo de corregir esta equivocada decisión, para lo cual tendrá todo su disposición al diálogo.

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