CCOO reclama directamente al Ministro de Justicia que presente ya el proyecto de modificación de la Ley 20/2011, y que devuelva a los Registros Civiles las competencias en materia de nacionalidad

En el día de ayer el Ministro de Justicia, acompañado por toda la plana mayor del Ministerio (Secretaria de Estado, Secretario General, Director General de Relaciones con la Administración de Justicia y el Subdirector General de Medios Personales), se ha reunió con las organizaciones sindicales, reunión a la que fueron convocados sin conocer que la pretensión de dicha reunión era solo la de un acto propagandístico más del Gobierno para aparentar un acuerdo (que no existe) sobre lo que para ellos es una magnífica OEP, la convocada para 2017.

En dicha reunión CCOO ha reiterado su rechazo a la Oferta de Empleo Público, tanto por la forma (no se ha negociado en la Mesa Sectorial) como por el fondo (el número de plazas es insuficiente, no se recupera el 50% de las plazas para la promoción interna, no se incorporan las plazas de refuerzo con más de tres años de antigüedad, no se convocan plazas en todos los cuerpos). 

En la reunión, por ser asuntos de extraordinaria e inaplazable urgencia, CCOO ha reclamado al Ministerio en la persona de su titular que de forma inmediata tiene que entregar el proyecto de modificación de la Ley 20/2011 del Registro Civil para garantizar de una vez por todas que seguirá siendo gratuito, cercano al ciudadano, atendido en exclusiva por personal de la administración de justicia, con oficinas en todos los partidos judiciales y juzgados de paz y totalmente público, recuperándose para el registro civil las competencias que en materia de nacionalidad le han sido arrebatadas recientemente.

El registro civil no acepta desde hoy los expedientes para la nacionalidad española

El viernes 30 de junio, los extranjeros que querían optar a la nacionalidad española todavía podian dirigirse al Registro Civil. Hoy ya solo serán capaces de hacerlo desde un ordenador, en internet, mediante un proceso telemático cuya gestión cuesta 100 euros. Según el Ministerio de Justicia, la idea se ha adoptado para agilizar un proceso lentísimo y reducir su complejidad, a la vez que se mejora la seguridad jurídica “a través de una mayor objetividad”. El nuevo modelo de tramitación lleva en marcha en régimen transitorio desde mediados de 2015. Hasta hoy, los solicitantes podían elegir entre personarse en el Registro Civil o hacerlo por vía telemática.

La tramitación de expedientes de nacionalidad lleva tiempo envuelta en una polémica, ya que en los últimos años los registradores de la propiedad han ganado protagonismo en esta gestión, generando resistencias entre sindicatos y abogados de extranjería. A través de dos encomiendas de 2 y 4 millones de euros, el ministerio de Justicia les encargó tomar parte para resolver el monumental atasco existente hasta mediados de 2015.

La salida de los registros civiles del proceso se gestó en esta ley de julio de 2015, posteriormente desarrollada en un real decreto. Abogados de extranjería consultados creen que se trata de un cambio que no va a solucionar los dilatados tiempos de espera ni los atascos (las resoluciones tardan hasta tres años) y que ha encarecido el proceso para los solicitantes. 

Los abogados de extranjería consultados no creen que el atasco en las tramitaciones de nacionalidad se haya generado en los registros civiles, sino en la propia Dirección General del Registro. “Se ha hecho todo esto bajo el argumento de que se tarda mucho en resolver los expedientes, cuando todo el mundo sabe que el problema gordo no ha estado nunca en los registros civiles", coinciden en el CSIF.

Hasta octubre de 2015, las gestiones para obtener la nacionalidad española eran gratuitas. Desde la aprobación de la reforma, los solicitantes asumen costes de entre 185 y 310 euros en función de su procedencia (los hispanohablantes están exentos del examen de español). “Se está recaudando un dinero enorme por la naturalización de residencia. Por un lado tenemos el examen del Instituto Cervantes, que cobra 85 euros por la prueba de conocimientos socioculturales y 185 euros por el examen de español más barato. Y a eso hay que sumar los 100 euros de la tramitación inicial”, comenta Aurelia Álvarez, catedrática de derecho público de la Universidad de León.

Rajoy dispara el coste de la nacionalidad con otra privatización: El gobierno de Mariano Rajoy fuerza desde el lunes a pagar hasta 400 euros por la obtención de la nacionalidad española

Los inmigrantes que aspiren a obtener la nacionalidad española tendrán que pagar más a partir del lunes. El registro civil no sólo dejará de atender las solicitudes de nacionalidad española, sino que tampoco dará información sobre los trámites para obtenerla.

El gobierno de Mariano Rajoy, a través del ministerio de Justicia, ha enviado una notificación a todos los funcionarios para que se abstengan incluso de informar a los inmigrantes que deseen nacionalizarse. A partir de ahora, esos trámites serán gestionados por procuradores y gestores administrativos, que cobrarán por la gestión.

Sólo los inmigrantes con todos sus documentos digitalizados y con dominio de herramientas informáticas podrán presentar la solicitud por vía electrónica, un proceso que es complejo y no al alcance de la mayoría de población inmigrante, según los gestores y abogados de extranjería.

De trámite gratuito a 400 euros en tasas

Obtener la nacionalidad española no tenía coste alguno hasta octubre de 2015. A partir de entonces, los inmigrantes tienen que pagar por cada trámite. Además, deben abonar la tasa por la tramitación del servicio por las dos pruebas de cultura y la de idiomas, obligatoria para los países de habla diferente a la castellana.

Hasta ahora, el trámite costaba entre 190 y 300 euros. Pero con la exclusión de la presentación gratuita de solicitudes en los registros civiles, los extranjeros en proceso de nacionalización tendrán que asumir nuevos costes de gestores, lo que elevará fácilmente hasta los 400 euros el trámite público.

Seis millones en gasto a los registradores de la propiedad

El gobierno de Mariano Rajoy preparó la privatización del registro civil que diseñó el exministro Alberto Ruiz Gallardón. El rechazo de los trabajadores y del sector público obligó al gobierno a dar marcha atrás en el polémico plan.

Se han conservado casi todos los procedimientos en la gestión pública, pero los trámites de nacionalidad se han privatizado sin prácticamente oposición ni de los funcionarios ni de los sindicatos.

Pero los nuevos procedimientos, atascados en el cuello de botella de la dirección general del registro y del notariado, dependiente del ministerio de Justicia, ha hecho que las solicitudes estén prácticamente paralizadas desde finales de 2014.

300.000 inmigrantes en la espera de respuesta

Casi ningún inmigrante que haya pedido la nacionalidad ha recibido noticias desde entonces. Para desatascar la situación, el gobierno ha recurrido a los registros de la propiedad, a quienes ha repartido 6 millones de euros para hacer el trabajo que anteriormente estaba en manos de los registros civiles.

Los funcionarios calculan que unos 300.000 inmigrantes están en espera de las resoluciones. Los registros civiles apenas comienzan a recibir, año y medio después, las primeras resoluciones.

Los registradores civiles fueron contratados para desatascar el enorme trabajo paralizado pero sus funciones han levantado una ola de quejas.

“Tienen otros criterios diferentes a los de los funcionarios y muchos afectados por denegaciones han recurrido y han ganado”, explica Javier Jordán De Urries, portavoz de justicia del sindicato Csif. “Al tardar tanto, los documentos vencen y los registradores deniegan”.

Buena parte de las quejas tienen que ver con la mala digitalización de los expedientes, según explican funcionarios del registro civil. Los registradores de la propiedad, que reciben dinero público para desatascar los expedientes, han trasladado la digitalización de los documentos a terceras empresas. Y con el enorme volumen, no siempre quedan bien escaneados. Y su necionalidad queda denegada, aunque cumplan con los requisitos.