¿ Constituye la asignación del Registro Civil a los Registradores Mercantiles un caso más de corrupción?

El Partido Popular está sembrado de casos de corrupción. A los casos Gurtel, Bárcenas, Jaume Matas, Cotino, la alcaldesa de Alicante, Baltasar en Ourense, etc, ahora hay que añadir la imputación de Angel Acebes, Secretario General del Partido Popular en los primeros años en que Mariano Rajoy accedió a la presidencia de dicho partido, por destinar fondos B de su partido para la compra de acciones de Libertad Digital, y la detención de más de 50 personas este lunes en una operación contra la corrupción municipal, entre ellos Angel Granados, ex número 2 del Gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. La ciudadanía, que tan mal lo está pasando con la crisis económica, observa absorta cómo frente a la receta de dura austeridad que nos ha aplicado sin piedad el Gobierno del Partido Popular, muchos de sus dirigentes se forraban y ganaban dinero a espuertas, utilizando en beneficio propio su privilegiada función pública.

La privatización del Registro Civil, mediante la asignación de éste a los Registradores Mercantiles, tras negarse a asumirlo los Registradores de la Propiedad si no tenían una fuente propia de financiación, ha sido tachada por muchos como un caso de tráfico de influencias, dado que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy es registrador de la propiedad, como su hermano, la nuera de Gallardón y otros familiares y personas allegadas. La marcha de Gallardón del Ministerio de Justicia, seguida hoy de la dimisión del Director y Subdirector General de Registros y del Notariado, abría una puerta a la esperanza de que el nuevo responsable del Ministerio de Justicia diese marcha atrás en el proyecto. 

Sin embargo, el nuevo Ministro de Justicia Rafael Catalá anunció en el Congreso de los Diputados y en las reuniones que está manteniendo con las organizaciones profesionales, colegiales y sindicales, la revisión de casi todos los proyectos de su antecesor, Alberto Ruiz Gallardón. De casi todos, porque lo único que ha dicho con lo que iba a seguir adelante es con la privatización del Registro Civil mediante su asignación a los Registradores Mercantiles. 


Los argumentos de Catalá para seguir adelante con la privatización del Registro Civil no se sostienen: afirma que continúa "con la legalidad vigente", cuando es una legalidad impuesta hace 3 meses por Real Decreto Ley, sin más apoyos que los del Partido Popular, y no tienen reparos en anunciar la revisión de otras "legalidades vigentes", como es la Ley de Tasas; afirma que sigue adelante con este proyecto porque "los registradores son funcionarios públicos", obviando que el personal que trabaja en las oficinas de los Registros de la Propiedad y Mercantiles no lo son, y que si los Registradores son funcionarios públicos lo es porque así lo dice la Ley Hipotecaria, no porque estén sujetos a los mismos deberes, obligaciones, incompatibilidades y retribuciones que el resto de funcionarios públicos. Lo dice hasta la Unión Europea.

Si todos los partidos de la oposición han mostrado su rechazo en la asignación del Registro Civil a los registradores mercantiles; si casi todas las organizaciones profesionales y sindicales han hecho lo mismo; si el propio Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles rechaza la asignación tal y como está diseñada en la ahora Ley 18/2014, si el propio Ministro ha manifestado que no va a seguir adelante con la creación de la Corporación de Derecho Público que iba a gestionar la contratación del sistema informático del registro civil y cuyo borrador de Real Decreto recibió un varapalo jurídico por parte del Consejo de Estado; si la mayoría de la ciudadanía, una vez enterada del proyecto del Gobierno lo rechaza; si no va a conseguir rédito electoral alguno; si el anterior Ministro de Justicia, el anterior Secretario de Estado de Justicia, y los anteriores Director y Subdirector General de los Registros y del Notariado, principales valedores de esta reforma, han dimitido o han sido cesado, etc. ¿por qué Rafael Catalá, Ministro de Justicia y que demostró tacto e inteligencia durante su anterior etapa en el Ministerio de Justicia no recula y deja sin efecto el proyecto de privatización del Registro Civil? Porque quien realmente está detrás de él es Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, Registrador de la Propiedad, hermano de registradores, afín al grupo de registradores asociados que defienden la asunción del Registro Civil para consolidar su posición en el tráfico jurídico (incluidos sus millonarios ingresos) y hacerse imprescindibles en estos tiempos de turbulencias, no para mejorar el servicio público.

Dicho de otra forma: ¿se habría atrevido este Gobierno de presentar y aprobar este proyecto, de no ser Rajoy, su familia, y la familia de Gallardón, registradores? ¿Habría mantenido el nuevo Ministro este proyecto, pese a las críticas que desde todos los sectores está recibiendo, de no ser el Sr, Rajoy presidente del Gobierno? La respuesta es, con casi toda seguridad, no.

La Real Academia de la Lengua define corrupción en las organizaciones, especialmente en las públicas, como "la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores". ¿Está aprovechando Rajoy su función como presidente del Gobierno para obtener un provecho en el colectivo al que pertenece él y su familia?.

Dice el refrán que "la mujer del César no le basta con ser honrada, debe parecerío". En todo este entramado Rajoy parece todo menos honrado.Y tal y como ha dicho la ministra de Fomento, Ana Pastor, en relación con el arresto de más de medio centenar de personas, entre ellas el exconsejero madrileño del Partido Popular Francisco Granados, "el que no sea honrado, no puede estar en política".

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