Justicia renuncia a crear un ‘colegio paralelo’ de registradores y promete diálogo para la reforma

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dado marcha atrás en el proyecto de reforma de los registros que había emprendido su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, y ha renunciado a crear la corporación de derecho público que, tras integrar a los registradores mercantiles, iba a encargarse de la llevanza del Registro Civil electrónico.

Así lo ha anunciado el propio ministro en su primera intervención ante la Comisión de Justicia del Congreso. Después de meses de enfrentamiento entre el Colegio de Registradores y el Ministerio de Justicia por la reforma que planeaba Ruiz-Gallardón, Catalá ofreció “diálogo a los operadores jurídicos y los colegios profesionales”. “No hay reforma posible sin colaboración de los funcionarios públicos a los que se dirige”, aseguró ante los diputados. A continuación se comprometió a “revisar el proyecto inicialmente concebido para la llevanza del Registro Civil”. Éste pasará a manos de los registradores mercantiles, una vez que los de la propiedad se negaron a hacerse cargo de él.

Así, Catalá creará una comisión mixta entre el Ministerio de Justicia y el Colegio de Registradores, que será la encargada ahora de “diseñar un sistema que haga posible la máxima mejora del servicio, empleando de modo más eficaz los recursos existentes y garantizando lagratuidad de los servicios así como la titularidad estatal de los datos registrales y su máxima protección”. 

El viraje de Justicia se produce después de que el Consejo de Estado emitiera un dictamen el pasado 25 de septiembre en el que instaba al ministerio a rehacer, de arriba abajo, el proyecto de real decreto por el que creaba una nueva corporación de derecho público para gestionar el Registro Civil electrónico. Según el órgano que preside José Manuel Romay Beccaría, Justicia se extralimitaba al conceder a esa corporación competencias no sólo sobre el Registro Civil, sino sobre todos los registros –mercantiles y de la propiedad–. Además, le otorgaba competencias que interferían en las que son propias del actual Colegio de Registradores, desde el régimen disciplinario hasta el ingreso de cuotas o la cesión de fondos. Precisamente, una de las acusaciones del gremio contra Ruiz-Gallardón era que pretendía crear “un colegio paralelo” para soslayar la oposición de los registradores a sus reformas.

¿Quién firmará y pagará el nuevo sistema informático? 

En la intención del anterior ministro, esa nueva corporación debía ser la encargada de firmar y pagar el contrato del nuevo sistema informático integrado del Registro Civil, que acaba de ser adjudicado a Indra y Telefónica. Los pliegos del concurso y la elección final de los ganadores ha corrido a cargo no del Ministerio de Justicia, sino de una empresa dependiente del Ministerio de Defensa, Isdefe. El procedimiento ha sido negociado y sin publicidad. Es decir, Isdefe invitó a tres empresas a presentarse al concurso cuyas condiciones no son de acceso público. Fuentes consultadas por infoLibre sitúan el valor del contrato, no obstante, en los 40 millones de euros. 

Catalá, o esa comisión mixta que acaba de anunciar, deberán decidir ahora qué organismo firma y financia ese sistema informático. La adjudicación ha sido el centro de una encendida controversia entre el Colegio y el ministerio. También entre los propios registradores, buena parte de los cuales veían en la reforma y en la adjudicación opaca una maniobra para beneficiar a una empresa, Futuver. A la que relacionan con los registradores que trabajan desde 2012 en la Dirección General de los Registros, con una asociación profesional denominada Arbo y, finalmente, con Enrique Rajoy, hermano del presidente del Gobierno y también registrador como él.

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