Frenemos la privatización del Registro Civil, un servicio público que pagamos todos

En 2013 el Gobierno aprobó la Ley de Tasas Judiciales y comenzó el globo sonda sobre la privatización del Registro civil. Mediante la creación de la Plataforma Justicia para todos, se logró detener la privatización del registro civil, aunque no de la ley de tasas. A finales de enero de 2014, el Presidente-Decano del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, remitió una carta a los afiliados del colegio poniendo en su conocimiento que el Ministerio de Justicia les va a entregar el Registro Civil. Esta carta es filtrada a la prensa, pues muchos Registradores de la Propiedad se niegan a llevar los Registros Civiles.

Se filtra también que ya ha existido la primera reunión entre el Colegio de los Registradores y el Ministerio, y que el Ministerio va a respetar las propuestas de los Registradores sobre auto organización de los Registros Civiles, sin ningún conocimiento oficial al respecto, comienzan a diseñar una estrategia de movilizaciones para frenar las maniobras del ministro Gallardón.

Durante todo este tiempo UGT ha pedido reuniones con los secretarios judiciales y con asociaciones de usuarios y consumidores y partidos políticos. La primera reunión se celebró por parte de UGT con el grupo socialista. El próximo jueves mantendremos reunión con FACUA, que se ha opuesto rotundamente a esta privatización. Hoy martes hay reunión con el grupo PP y todos los sindicatos de la Administración de Justicia.

La semana pasada tuvimos noticia también por los medios de comunicación de que los Registradores de la Propiedad se oponían a responsabilizarse de los Registros Civiles con las pautas que le imponía el Ministerio de Justicia: gratuidad del servicio y puestos de trabajo.

Otro problema son los locales, pues es imposible prestar este servicio en los establecimientos actuales de los Registros de la Propiedad; el Registro Civil necesita un espacio mayor. Desde UGT nos preguntamos, ¿quién va a pagar esos locales? ¿Se van a destruir como mínimo 3500 puestos de trabajo en la Administración de Justicia? ¿Quién va a preservar ahora los datos tan sensibles y privados que se manejan en un Registro Civil? Los datos de los ciudadanos, relativos a la patria potestad, sexualidad, afiliación, tutelas, estado civil, nacionalidad... ¿quedarían en manos privados, sujetas a la venta a empresas privadas?

UGT reclama que este servicio pertenece a la Administración de justicia desde el año 1870 y ha funcionado muy bien incluso en situaciones muy precarias de recursos humanos y técnicos. ¿Por qué privatizar ahora que se están informatizando todos los procesos, pagado por los presupuestos generales del estado y por tanto por todos los ciudadanos?

¿No será que el presidente del Gobierno y dos hermanos, junto al cuñado y nuera del Ministro de Justicia pertenecen a este colectivo que además ha visto mermado sus ingresos por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria?

El sindicato de justicia de FSP-UGT ha pedido reunión con el Ministro de Justicia y otros responsables del ministerio sobre este tema. Hemos hecho la propuesta de que el Registro Civil permanezca en manos de la Administración de Justicia, una vez entre en vigor la Ley 20/2011, de 22 de julio. El sindicato de justicia de FSP-UGT solicita reunirse con sindicatos de secretarios judiciales y asociaciones de consumidores, que también se oponen a esta privatización.

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