Registro Civil, privatizando servicios públicos, por Ramón Cerdá

La privatización de un servicio público siempre es polémica, pero hay servicios que, bajo mi punto de vista son menos privatizables que otros. Uno de ellos es sin duda el Registro Civil; no le veo demasiado lógica a esa privatización, y desde luego las consecuencias me parecen reprobables. He estado leyendo bastante sobre el asunto y hay detalles que me han llamado especialmente la atención y que voy a detallar a continuación:

El Registro Civil es necesario para el Estado y existe desde 1870. Siempre ha sido gratuito y el ciudadano solo ha tenido que aportar los datos necesarios en cada caso, pero sin tener que, además, pagar tasas.

Hay que matizar que gratuito no significa que no nos cueste dinero a los ciudadanos porque, evidentemente, su coste se asume vía impuestos… que previamente hemos pagado nosotros. Con lo cual, una privatización en la que nos obligarán a pagar tasas, es una redundancia de costes para todos nosotros y un enriquecimiento indebido para quienes se beneficien de la privatización.

Aunque nadie lo dice, está claro que no nos van a bajar los impuestos por privatizar el Registro público. Los beneficiarios de su privatización serán los Registradores de la Propiedad que verán incrementados su ingresos de manera automática.

La privatización nos afectará en cosas como los certificados de nacimiento, de matrimonio o de defunción, que tendremos que pagar.

Como era un servicio público, todos sus costes eran absorbidos por el Estado a través de nuestros impuestos, pero no solo los gastos, sino también las inversiones. Como inversiones me refiero, por ejemplo, a los programas informáticos que se utilizan. Curiosamente esos programas que pagamos entre todos nos costaron 130 millones de euros y ahora SE LOS VAMOS A REGALAR a los Registradores de la Propiedad. Digo yo que si se privatiza y se les regala la inversión… el servicio debería seguir siendo gratuito, al menos durante algún tiempo.

Ya he dicho antes que no nos van a reducir impuestos, y eso es más evidente todavía si tenemos en cuenta que el hecho de privatizar el Registro Civil no va a suponer ningún ahorro para el Estado puesto que todos los funcionarios seguirán en los Juzgados.

Tanto el presidente del Gobierno como el Sr. Gallardón y sus familiares parece ser que pueden tener intereses directos (intereses económicos) en esta privatización. Se trata de un gran pastel a repartir entre muy pocos: menos de 800 registradores.

Los Registradores de la propiedad no tienen competencia y no tienen ningún peligro de que alguien monte otro Registro cerca del suyo, con lo cual nunca funcionarán las leyes del mercado en estas cosas.

El beneficio neto estimado (adicional) por cada uno de estos registradores es de 225.000 euros. Eso si no incrementan las tasas más de lo que tienen previsto, cosa que sin duda ocurrirá con el paso del tiempo.

No hay ningún otro ejemplo de un caso así en Europa donde los Registradores son simples asalariados del Estado y cobran un sueldo como cualquier otro funcionario.

Resulta curioso que el gobierno del Sr. Rajoy (titular de un Registro) aprobara una medida que permitiera a los políticos seguir siendo titulares de los Registros, pudiendo dejar a cargo de los mismos a otra persona que se encargue de su llevanza en su ausencia.

Según denunció la Asociación de Usuarios de Registros, la plaza de Santa Pola que mantiene el Sr. Rajoy le ha reportado más de 20 millones de euros.

Lo dicho; no me parece apropiado ni correcto que algo como el Registro Civil pase a manos privadas en forma de monopolio.

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