Los sindicatos alertan de 110 despidos en Extremadura si se privatiza el registro civil

La plataforma de los sindicatos con representación en la Administración de Justicia alertaron ayer del despido de 110 trabajadores en Extremadura de llevarse a cabo la privatización de los registros civiles, lo que supondrá además la aplicación de tasas de entre 20 y 30 euros por cada certificado.

El portavoz de esta plataforma, Vicente Alegre Corchero, se expresó así en declaraciones a los medios con motivo de la concentración que protagonizaron una treintena de personas a las puertas del Palacio de Justicia de Mérida para protestar por la privatización de los registros civiles y la supresión de plazas.

El calendario de concentraciones se prolongará hasta el mes de abril y se llevarán cabo también en Badajoz, Don Benito-Villanueva de la Serena o Zafra, entre otras localidades.

El Ministerio de Justicia -dijo- pretende entregar las competencias en esta materia a los registradores de la propiedad, con lo que el registro civil dejará de ser público y los ciudadanos tendrán que pagar entre 20 y 30 euros por gestiones que ahora son gratis, como certificados de nacimiento, defunción o matrimonio. Otros expedientes como los referidos a cambio de nombre o nacionalidad son bastante «más complejos» y, por tanto, resultarán más caros, indicó.

Igualmente, este proyecto implica la amortización de las plantillas, con el despido de 3.500 trabajadores de toda España de los registros civiles, pues se pretende reubicar en los juzgados a los titulares de una plaza, en algunos casos de forma «forzosa», y despedir a los interinos.

La concentración de esta mañana coincide con la reunión ayer en Mérida de un representante del Ministerio con la Junta de Personal para explicarle la adaptación de la plantilla del juzgado.

Comisión mixta

Corchero lamentó que «no se esté escuchando nada» a los representantes de los trabajadores pues el proyecto de privatización del registro civil «está pendiente de una Comisión Mixta de los registrados de la propiedad con el ministerio».

A día de hoy -afirmó- las negociaciones están paradas después del rechazo manifiesto de la opinión pública al pago de servicios actualmente gratuitos, y espera que finalmente se dé «marcha atrás en esta reforma en contra de los intereses de los ciudadanos».

Concretó que, una vez llevado a cabo todo el proceso de la reforma de la administración de justicia, Extremadura pasaría de 1.000 trabajadores que hay en la actualidad a 400. En España se produciría el despido de 10.000 sobre 40.000 trabajadores. En el ámbito de la comunidad, ha apuntado el representante sindical, los despidos ascenderían a 600 después de sumar los 110 de los registros civiles, 138 con la supresión de las agrupaciones de juzgados de paz, y más de 200 con la reducción de los partidos judiciales, pues quieren pasar de 19 a 7.

Además, recordó otras medidas que contempla esta reforma de la justicia como la asunción por parte de los notarios de los trámites de separación y divorcio de mutuo acuerdo y la jurisdicción voluntaria, hasta ahora gratis, y las citaciones de los procedimientos en el orden civil por parte de los procuradores.

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