"Quieren convertir un servicio público gratuito en uno de pago y pase usted por caja"

Inscribir a un recién nacido, obtener una fe de vida o diligenciar un expediente de matrimonio, trámites hasta ahora gratuitos, empezarán a costarle el dinero al ciudadano cuando entre en vigor la reforma del Registro Civil que perfila el ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Así lo aseguran los funcionarios de justicia, que protagonizaron una nueva movilización ante la sede del Registro Civil granadino, ubicado en el edificio judicial de La Caleta.

Un funcionario, miembro del sindicato profesional de la justicia (SPJ-USO), se disfrazó de soldado romano para llamar la atención de los usuarios que formaban una de las habituales colas en la entrada del Registro Civil. «El Estado ha invertido más de 180 millones de euros en digitalizar e informatizar los registros civiles de todo el país, una inversión que ha salido del bolsillo de todos los contribuyentes y de la que se van a beneficiar sin coste alguno los registradores de la propiedad para su propio y exclusivo beneficio», explicó este representante de los trabajadores.



Desde SPJ-USO aseguran que la privatización «no va a suponer ahorro alguno para las arcas públicas pues el personal que actualmente realiza esas funciones seguirá prestando sus servicios en la administración, aunque será trasladado de forma forzosa».

Frente al temor expresado por los sindicatos, que anunciaron que seguirán las movilizaciones de denuncia por este asunto, el Ministerio de Justicia dio por rotas el lunes pasado sus negociaciones con el Colegio de Registradores para delegarles el servicio. La causa no es otra que la pretensión de los registradores de cobrar aranceles por algunos trámites mientras que Ruiz-Gallardón se ha comprometido a garantizar la gratuidad del servicio. El ministerio busca alternativas y sigue sin descartar que el Registro Civil pase a manos no judiciales.

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