El Registro Civil es el lugar al que todos tenemos que acudir varias veces a lo largo de nuestra vida para todo lo relacionado con el estado civil de las personas.
Una vez inscrito el nacimiento tendremos que realizar multitud de actos como pueden ser la solicitud de una fe de vida, pedir una certificación de nacimiento para hacer el D.N.I.,un expediente de matrimonio para casarnos por lo civil, solicitar una inscripción de incapacidad para la ayuda de la dependencia del abuelo y un sinfín de trámites más hasta el fallecimiento.
Es un servicio público y gratuito en todas sus actuaciones y está presente en las más de 7.000 localidades repartidas por la piel de toro.
Hace un par de años se acordó en el parlamento que la jefatura del Registro Civil dejara de estar encabezada por los jueces; así se dedicarían a enjuiciar y ejecutar los muchos asuntos que inundan los juzgados. Trabajo no les falta con los innumerables casos de los Gúrteles, Noos y un sinfín de asuntos para investigar en una época donde la corrupción y abusos de poder están al orden del día.
Desde hace algunos años ha habido varios intentos de asalto al Registro Civil por parte de los registradores de la propiedad. El ministro del PSOE, Francisco Caamaño, no cedió, en su día, ante la presión ejercida por el lobby de los registradores de la propiedad para hacerse con el Registro Civil.
Pero la ciclogénesis explosiva de las élites económicas llegó a nuestras costas con el Gobierno del PP y estando al frente del Ministerio de Justicia el Sr. Gallardón. Este personaje afirmó que no se iba a entregar el Registro Civil al lobby registral; pero mientras, urdía un plan con maniobras oscuras e interesadas que harán posible el acuerdo para regalar este servicio público a los registradores -“los funcionarios” de oro-.
Los registradores de la propiedad son unos funcionarios que han obtenido la plaza en una oposición; pero en todo lo demás de su proceder y organización nada tiene que ver con la función pública. Su funcionamiento es el de una pura empresa que busca el beneficio a toda costa y cuya retribución se nutre de los aranceles que pagamos todos. Contratan a los trabajadores a su antojo y se reservan para si un alto porcentaje de los beneficios obtenidos.
Algunos datos: Mariano Rajoy y dos de sus hermanos son registradores del Reino de España, destacando Enrique Rajoy como cabecilla del sector plus ultra y autor intelectual de la reforma registral. El ministro Gallardón también aporta al colectivo una nuera y cuñado; en esto sí que cumplen su palabra, la familia es lo primero.
Si miramos la evolución de la población española desde el año 1991 hasta el 2013, se ha pasado de 40 a casi 47 millones de habitantes; esto supone aumentar en millones los actos inscritos en muy pocos años. Parece increíble; pero en todos estos años la única plantilla de los Registros Civiles que ha aumentado considerablemente de número ha sido la última plaga de ratones que hubo hace unos días en el Registro Civil Central de Madrid.
El ministro de Justicia busca cualquier pretexto (la prostituida “eficacia”, el atasco de los expedientes de nacionalidad de los que sólo el Ministerio es responsable etc.) para urdir esta trama que busca acabar con otro servicio público gratuito esencial y entregarlo para el beneficio privado de la exclusiva élite registral. Altos cargos ministeriales han declarado abiertamente que en estos tiempos de crisis económica hay que buscar vías de negocio para los “pobres registradores”. El descenso de su producción registral no les permite mantener su alto nivel de vida.
Los registradores de la propiedad siempre manifestaron que sólo se harían cargo del Registro Civil si hay consenso de todas las partes implicadas. Y a todas luces no lo hay.
Dar este servicio público gratuito viene a representar la cantidad de unos 450 millones. Los registradores de la propiedad nos quieren hacer creer que lo van a asumir gratuitamente sin repercutir su coste en los ciudadanos. Lo que no nos quieren decir es que lo pagaremos de alguna manera fija (vía arancel, telemática, a través de gestorías, pago en B, ¿quizás en sobres?). Por otro lado anuncian que ellos no se harán cargo del Registro Civil por menos de 150 millones de euros al año de beneficio ¿En qué quedamos?
A cualquier empresario le gustaría que le dieran 46 millones de clientes cautivos en su negocio, obligados a acudir a sus dependencias .Y para redondear el gran golpe de negocio se les regala los 180 millones invertidos por el estado en mejoras tecnológicas, como fue la digitalización de las inscripciones posteriores al 1950.
En lo que respecta a los trabajadores se pretende hacer un ERE encubierto, despidiendo a miles de funcionarios interinos que trabajan actualmente en los registros civiles, incluyendo a los Juzgados de Paz que desaparecerían.
No contentos con todo esto; estos señores pretenden ampliar y de qué manera los actos obligatorios de inscripción que habrá que pagar convenientemente: a los ya existentes hay que añadir los cambios de domicilio, el otorgamiento de poderes, parejas de hecho, seguros de vida y accidentes, pensiones, testamentos… y cuantos estimen oportunos.
Otro asunto medular que levanta más que ampollas es la protección de los datos personales de la vida íntima y cívica de las personas. Los trabajadores de los registros de la propiedad no están sujetos a la obligación de guardar la confidencialidad de los datos que tengan a su disposición. Con todo esto estaríamos consintiendo que hagan el negocio que estimen conveniente con los datos de nuestra vida .Otra ley, en este caso la de protección de datos, que se pasan por el arco de sus cuidados intereses.
Los registradores de la propiedad llegarían a ser un nuevo poder (el súper ordenador del estado), omnisciente y omnipotente a modo del Gran Hermano Orweliano que todo lo ve y todo lo registra.
Concluyendo es más que evidente que este gobierno no cree en los servicios públicos y que desea vertebrar un acuerdo que busca la satisfacción de una casta registral que no tiene parangón alguno en el resto de Europa.
El presidente del Gobierno y el ministro de Justicia actúan con toda impunidad, sin que haya organismo fiscalizador alguno que ponga en entredicho el tráfico de influencias, conflictos de intereses que pudiera derivarse del presente caso.
En este asunto como en otros de la cosa pública es necesario mantener y enriquecer una masa crítica que haga posible que la voz del sentido común y cívico que está en la calle, sea parte activa de las decisiones que influyan en nuestra vida diaria.
Y estando en estas tierras no estaría de más cantar aquello de “…que vuelva al común del pueblo lo que del pueblo saliera”.
Fabian del Río Moro y nueve trabajadores del Registro Civil de Valladolid
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