SISEJ advierte que la gestión por registradores mercantiles del Registro Civil deteriora el servicio público


El Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) ha señalado este viernes que la decisión del Consejo de Ministros de encomendar a los registradores mercantiles la gestión de los registros civiles supone "ratificar una vez más el camino emprendido por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el deterioro del servicio público de la Administración de Justicia y su privatización".

"Tras la generalización de las tasas judiciales para impedir que los ciudadanos accedan a la justicia, utilizando como justificación que se abusa de la justicia, el Gobierno da una nueva estocada ahora en un aspecto tan sensible como la gestión del Registro Civil", según este colectivo.

Los secretarios advierten que la gestión del Registro Civil "afecta directamente a los derechos a la intimidad reconocido en el artículo 18 de la Constitución Española en aspectos como el nacimiento o la defunción. Pero también a la filiación, el nombre y apellidos, el sexo, el estado civil, la capacidad de las personas y la modificación de cualquiera de ellos".

Por ello, consideran de "extrema gravedad" que contradiciendo la vigente Ley, que fue fruto del consenso parlamentario, se pretenda sustraer de la administración pública este registro entregándolo a los Registradores Mercantiles, "que aún accediendo mediante una oposición a su cargo, funcionan dentro del tráfico mercantil más, y contratan, despiden y ordenan directrices a sus trabajadores como una empresa más que busca clientes para mejorar su cuenta de resultados".

El sindicato reitera que es el colectivo de los secretarios judiciales el mejor preparado para gestionar la gestión de este servicio público "con criterios de agilidad, eficiencia y uniformidad" y que lo más importante es que permanezca en manos públicas.

EXTERNALIZACIÓN

"El Ministerio de Justicia ha faltado al respeto y la consideración a los secretarios judiciales, tras reiteradas promesas de que asumiríamos esta competencia", señalan para añadir que "discrepa profundamente" con su atribución a los registradores mercantiles "por ser una materia ajena a su función, que afecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos y por tratarse de un primer paso para externalizar definitivamente este servicio público fundamental a otros operadores mercantiles".

Junto a ello, añaden que "nadie puede creer que la privatización del Registro Civil no implicará costes a la ciudadanía para poder obtener certificaciones cuya necesidad imperativa queda fuera de toda duda". .

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