El Gobierno culmina la privatización del Registro Civil. 'Cuánto nos va a costar'

“Tras más de 143 años de historia como servicio público prestado por el Estado, el actual Gobierno central, con nocturnidad y alevosía, en un sábado de julio y por Decreto-Ley, ha decretado, unilateralmente, la privatización del Registro Civil. La entrega manu militari, de su llevanza y gestión, a los registradores mercantiles (pues los registradores de la propiedad, de nuevo, en un comunicado del Colegio de Registradores del 4 de julio, se niegan a asumir tal competencia) se aprobó el pasado viernes en Consejo de Ministros y se publicó en el BOE del sábado, escondida entre las disposiciones adicionales del Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia” han denunciado los sindicatos del Sector de Justicia de Almería (UGT, CSIF, CCOO y STAJ). 

Las organizaciones sindicales censuran la forma utilizada por el Gobierno para acometer “este atropello ciudadano acudiendo al Real Decreto-Ley, cuando este está previsto según establece el art. 86.1, sólo para casos de extraordinaria y urgente necesidad”, asegurando que “el ministro ya conocía desde su toma de posesión que la Ley del Registro Civil entraba en vigor el 21 de julio de 2014, por tanto, esta forma de legislar a través de Real Decreto Ley vulnera la Constitución Española, tal y como ha venido recogiendo el Tribunal Constitucional en reiterada Jurisprudencia”. 

Para UGT, CSIF, CCOO y STAJ, la aprobación de este Real Decreto-Ley supone:

Privatizar un servicio público, poniendo en las manos de una Corporación de Registradores Mercantiles millones de datos personales y privados de todos los españoles, que hasta ahora cuentan con el control del Estado. Es necesario no olvidar que los registradores actúan como empresas organizadas, que pueden contratar o despedir a sus empleados, que no son funcionarios, y que por lo tanto no tienen el deber de secreto, ni pueden ser juzgados penalmente por su revelación. 

Privatizar un servicio público que funciona óptimamente, que llega al último rincón de España, y que cuenta con el apoyo de toda la ciudadanía. Un servicio público en el que se han invertido más de 130 millones de euros en la última década, para su modernización tecnológica. Inversión de la que se van a aprovechar sus nuevos ‘propietarios’.

El apoyo del Gobierno a las mentiras del Ministro de Justicia cuando justifica la privatización del registro civil en las quejas ciudadanas por su mal funcionamiento y de las que, maliciosa e intencionadamente, oculta su contenido. Dicha quejas se refieren, exclusivamente, a las solicitudes de nacionalidad por residencia, en un número que llegó a superar, en un momento dado y puntual, que no hoy, el medio millón de solicitudes, cuando dichos registros carecían de los medios suficientes para su tramitación (medios humanos y tecnológicos necesarios que el Sr.Gallardón se negó a proveer). Es necesario tener en cuenta que los expedientes de nacionalidad no suponen ni el 10 % del trabajo que soportan los registros civiles. 

Además, añaden las siguientes consecuencias:

Con la privatización el ciudadano tendrá que pagar por un servicio hasta ahora gratuito, puesto que, hasta hoy, los registros civiles se financian, vía impuestos, desde los Presupuestos Generales del Estado. Los costes de gestión y funcionamiento, en manos de los registradores mercantiles, lo tendrán que pagar los ciudadanos cuando el Gobierno lo decida. Lo que podría ocurrir en cualquier momento o una vez finalice el período electoral previsto para los años 2014-2015. Además hay que tener en cuenta que las sedes de los registradores mercantiles son limitadas y reducidas , y por lo tanto el ciudadano no tendrá, como ahora, su registro civil en la sede de cada Juzgado de Paz, que desaparecen como sedes registrales, por lo que se tendrá que desplazar, como mínimo, hasta la sede registral, por ejemplo, en todos los casos en los que sea necesario sus presencia física (por ejemplo, para el otorgamiento de las fe de vida y estado que se le requieran...).

La privatización del registro civil supondrá el trasvase de más de 3.000 funcionarios, en toda España, desde su actual destino, en los registros civiles, a los nuevos que ocupen, una vez sea efectiva la privatización , lo que provocará no solamente la aplicación retroactiva de derechos de destino adquiridos y la reordenación obligatoria sin la aprobación de las RPTs correspondientes, sino el efecto cascada de desplazamiento y cese de todos los funcionarios interinos que ocupen plazas vacantes. Efectos que, pesar de afectar directamente a las condiciones de trabajo de los empleados judiciales, no han sido negociados previamente en las mesas de negociación, pues la privatización se ha acordado ya por un decretazo.

Por todo ello, se oponen “radicalmente a esta decisión”, anunciando que “vamos a tomar todas las iniciativas necesarias, de acción sindical y jurídica, para combatir esta decisión que lo único que persigue es privatizar el Registro Civil y entregar el mismo a un lobby influyente dirigido por altos cargos del Ministerio de Justicia y que tienen fuertes intereses económicos para defender, aún con el rechazo mayoritario del Colegio de Registradores, tal medida”.

Así mismo, han reiterado que “defendemos que somos los mejores para asumir y continuar con el nuevo registro civil con criterios de agilidad, eficiencia, uniformidad, manteniendo el carácter gratuito y debe continuar en manos públicas y no en manos privadas dado los derechos fundamentales que regula esta ley Derecho a la Intimidad art. 18 de la Constitución Española filiación, adopciones, sexo, estado civil, capacidad, nombre y apellido y todas las modificaciones que se produzcan”.

De nuevo, los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia, se concentrarán, el próximo jueves, 10 de julio, desde las 11.00 hasta las 11.30 horas, en las inmediaciones de la Ciudad de la Justicia de Almería, en protesta ante el cierre del Registro Civil.

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