El cambio en el Registro Civil amenaza con despidos y el cobro de servicios

Privatización y gratuidad son las dos cuestiones clave que determinarán el funcionamiento del Registro Civil después de que el Gobierno español haya decidido poner este servicio en manos de los registradores mercantiles. Este cambio de adscripción y las dudas que la polémica decisión ha generado afectan a toda la población de la Comunidad Autónoma Vasca -obligada por ley a registrar información personal y diversos trámites- y a casi 250 funcionarios de Justicia que trabajan en funciones del Registro Civil y cuyo futuro es todavía una incógnita.

Después de varios meses de rumores, idas y venidas, adjudicaciones frustradas y movilizaciones sociales, el pasado día 4 el Consejo de Ministros, a propuesta de Alberto Ruiz-Gallardón, aprobó un real Decreto-Ley que modifica la ley de 2011 que desjudicializa el Registro Civil de forma que serán los registradores mercantiles quienes se encarguen de la gestión del servicio aproximadamente dentro de un año. Durante estos doce meses de interinidad, los registradores -que no están de acuerdo en hacerse cargo del Registro en las condiciones marcadas por el Gobierno- tendrán que desarrollar una plataforma digital para procesar los datos y permitir la tramitación telemática de los certificados y expedientes.

EMPLEO Y ARANCELES Para los colectivos sindicales, profesionales y sociales opuestos a la salida del Registro Civil del ámbito de la Administración de Justicia las consecuencias de la medida son fáciles de prever. Además de una probable destrucción de puestos de trabajo -unos 4.000 en todo el Estado y 242 en Euskadi-, el cambio supone una privatización encubierta del Registro Civil, reducirá el número de oficinas de atención al ciudadano -ya que en la CAV hay muy pocos Registros Mercantiles-, aleja el servicio de la ciudadanía, pone datos “personales y sensibles” en manos de personas que no son funcionarios y trabajan “como una empresa” y hace muy improbable que los trámites sigan siendo gratuitos. Desde el punto de vista de los trabajadores de la Administración de Justicia del País Vasco, la posible pérdida de puestos de trabajo centra sus críticas y futuras movilizaciones contra el cambio aprobado. Para los ciudadanos el mayor riesgo estriba en la gestión de sus datos personales y en un futuro cobro de trámites que ahora son gratuitos.

“El Gobierno español ha dicho que no va a haber destrucción de puestos de trabajo una vez que los registradores mercantiles se hagan cargo del Registro Civil, pero no dice cómo reorganizará a los trabajadores, tanto a los que tienen plaza en propiedad como a los interinos. Esto afectaría a lo que llamamos territorio Ministerio, que son las comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias de Justicia. Aquí le corresponde al Gobierno Vasco poner encima de la mesa un compromiso por el mantenimiento del empleo, porque los funcionarios son suyos. Sin embargo, de momento solo liga la defensa del puesto de trabajo a la prestación del servicio y no se compromete”, señala Alejandro Gostin, delegado de ELA en la Administración de Justicia del País Vasco. El próximo jueves los representantes sindicales se reunirán con el consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, para abordar la situación del personal de las distintas oficinas del Registro Civil, muchas de las cuales están situadas en los juzgados de paz, afectados a su vez por la reforma de la Ley del Poder Judicial.

Alejandro Gostin apunta que los representantes de ELA pedirán al Gobierno Vasco “que solicite la aplicación de la Ley Zapatero aprobada por consenso en 2011 y que debía haber entrado en vigor este mes de julio”. “Esa ley -añade el sindicalista- desjudicializaba el Registro Civil y preveía la asunción de las competencias ejecutivas por las comunidades autónomas, aunque no determinaba qué administración o cuerpo funcionarial debía hacerse cargo”.

DUDAS “Será un Registro Civil público, gratuito, universalmente accesible, más cómodo y cercano para el ciudadano”, señaló el ministro de Justicia tras hacer pública su decisión. Pero sus afirmaciones no convencen, sobre todo en lo que se refiere a la gratuidad del servicio. Para empezar, la Administración que ha invertido 130 millones de euros en la digitalización de los libros y archivos, anuncia que en julio de 2015 entrará en funcionamiento una nueva plataforma digital de cuyo desarrollo se harán cargo los registradores mercantiles. La plataforma será financiada íntegramente por una nueva Corporación de derecho público formada por todos los registradores que están al frente de las oficinas mercantiles que se harán cargo de la llevanza del Registro Civil y -según el ministro- no supondrá ningún gasto para las arcas públicas y tampoco para los ciudadanos, puesto que en el Real Decreto-ley se dice expresamente que el servicio “continuará siendo gratuito, sin excepción”.

“Es evidente que lo que se ahorren las arcas públicas al final lo tendrá que pagar el ciudadano. El ministro dice ahora que el Registro Civil seguirá siendo gratuito y así salva las críticas, pero también anuncia un desarrollo reglamentario y yo veo claro que a medio plazo se cobrará”, vaticina Alejandro Gostin. “Hablamos de un servicio -añade- que prestan miles de personas y que atiende a millones de usuarios, además hay cientos de miles de documentos que se emiten, datos que se archivan y tramitan. Todo eso requiere personal, espacios físicos, sistemas informáticos... eso o se paga con impuestos o se paga cobrando al usuario, no hay más alternativas”. De hecho los registradores mercantiles, que viven de los aranceles, ya han dicho que se oponen a “afrontar el coste del nuevo sistema”.

REGISTRO CIVIL

Oficinas. Actualmente en el Estado español hay oficinas del Registro en 400 palacios de Justicia y 8.000 juzgados de paz.

Empleados. Trabajan en ellos unos 4.800 funcionarios, de los que unos 3.500 son interinos. 1.400 están en territorio Ministerio y 3.400 en comunidades con competencias transferidas.

CAV. En la CAV hay 242 funcionarios trabajando en funciones de Registro Civil.

Trámites. Al año se expiden, aproximadamente, unos 3,3 millones de certificados y copias desde el Registro Civil.

CAMBIO

Los registradores mercantiles y los de la propiedad forman un único colectivo. Cada uno tiene su propia empresa y contrata a sus empleados, que no dependen de la Administración.

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