Los sindicatos alertan de registros civiles "menos gratuitos" con la privatización de Gallardón

El anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de que los registradores mercantiles asumirán la gestión de los registros civiles no ha sentado bien entre los sindicatos. Mientras aún está por ver si éstos se hacen cargo realmente de la gestión, CCOO, CSIF o SPJ-USO consideran que los ciudadanos "terminarán pagando" por realizar algunos de los trámites que ahora son totalmente gratuitos. Además, entienden que el hecho de que la gestión quede "en manos privadas" supone "una pérdida de garantía" para el usuario.


El secretario general de organización de SPJ-USO en Andalucía, Adriano Moreno, alarma asimismo de la "pérdida de la confidencialidad" de datos "sensibles" de los ciudadanos en los registros. "A nadie se le ocurriría que las bases de datos de la Policía o de la Guardia Civil las gestionaran manos privadas", ejemplifica sobre "los primos hermanos de los notarios", según denomina a los registradores que podrían hacerse cargo de los registros.

"Allí te cobran hasta por darte la hora; algunas cosas seguirán siendo gratis pero irán metiendo tarifas", señala Moreno, quien lamenta que el Ministerio "se cargue un servicio público esencial para beneficiar a unos colectivos en concreto que además parecen no estar de acuerdo". Ruiz-Gallardón "tiene la 'virtud' de cabrear a todo el mundo", comenta el representante sindical, quien apunta también "pérdida de empleo" entre los funcionarios y "reordenación de cientos de puestos" en Andalucía.

Los sindicatos hablan de un "efecto dominó" y de consecuencias "en cadena" tras la decisión del Ministerio que, por mucho que fuera esperada, prevén que tenga efectos "perversos" para el ciudadano. Temen con cierta certeza que trámites obligatorios gratuitos empiecen a costar dinero. "De alguna manera, lo va a pagar el ciudadano", señala Francisco Rueda, presidente del sector de Justicia de CSIF-A, que incide igualmente en otros "inconvenientes" como que los registradores "no tendrán la obligación de guardar silencio, como tienen los funcionarios" en el acceso a "la mayor base de datos de España que son los registros civiles".

"Un servicio menos público y menos gratuito" ante una "privatización innecesaria" y después de "una inversión de 180 millones" en la informatización que "le vamos a regalar a los registradores". El cambio en la gestión es también "el primer paso para la desaparición de los juzgados de paz". Añade que los registradores, además, "no tendrían por qué contratar a trabajadores laborales o interinos" y que la medida "afectará" de una forma u otra a los aproximadamente 700 trabajadores de los registros civiles en Andalucía (con un 30% de interinidad, aproximadamente), sin contar las poblaciones de menos de 7.000 habitantes donde son funcionarios municipales los que asumen la gestión.

La consecuencia a nivel laboral se traducirá, en concreto, en la pérdida de unos 250 puestos de funcionarios de Justicia interinos, que perderían su plaza en favor de funcionarios con plaza que ocuparían su puesto. En este sentido, José María Vico, responsable del sector de Justicia de la FSC de CCOO-A, denuncia también las "consecuencias personales" y de movilidad que tendrá la reordenación de puestos de trabajo. Vico alerta igualmente de las "consecuencias" que tendrá para el ciudadano el hecho de que estos órganos los lleven los registradores, que "son funcionarios públicos pero gestionan un negocio privado".

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