Golpe de Estado legislativo al Registro Civil

El traspaso de la gestión de los Registros Civiles a los Registradores Mercantiles por Decreto-Ley aprobado ayer, sin mención alguna en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, constituye un golpe de estado legislativo pues se priva a los legales representantes de los ciudadanos, que son las Cortes Generales, del debate de cómo debe ser gestionado este servicio público. La necesidad de prorrogar la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de Registro Civil, programada para este mes después de tres años de vacatio legis en que el Gobierno no ha hecho nada por implementarla, no justifica en modo alguno que sin debate previo por las Cortes Generales, mediante Decreto-Ley, se modifiquen sus puntos más esenciales, como son que los Registros Civiles queden fuera del marco de las Administraciones Públicas, que las Comunidades Autónomas pierdan las competencias ejecutivas que tienen en la materia y que se asigne su llevanza a personas que ejercen una función pública en régimen de negocio privado. En vez de elaborar un proyecto y someterlo a debate parlamentario, Gallardón ha negociado directamente con determinados Registradores Mercantiles, alguno de los cuales está en su equipo ministerial y a cuyo Colegio pertenece Rajoy y su familia, para asignarles por Decreto-Ley la llevanza del Registro, rompiendo el consenso que hubo con la Ley 20/2011. De república bananera.

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