Para el PP los servicios públicos como el Registro civil son una carga y por tanto lo mejor es privatizarlos

Las afirmaciones del Gobierno en su intento de justificar la privatización del Registro civil son de vergüenza. Que el Ministerio de Justicia intente ahora justificar la privatización del Registro Civil en la memoria justificativa y de impacto económico del Real Decreto-Ley 8/2014 en que sus costes de explotación "dejarán de ser una carga para los Presupuestos Generales del Estado" y para las cuentas de las comunidades con las competencias transferidas ya que sus gastos pasarán a ser sufragados por los propios registradores, puede valer para privatizar la sanidad, la educación, las carreteras, hasta el propio Ministerio de Justicia. 

Con esta justificación no es que estemos ya ante la quiebra del Estado social que preconiza la Constitución Española, de forma que los servicios públicos sean sufragados con cargo a los impuestos que pagamos todos los ciudadanos en función de nuestra capacidad económica (aunque luego los más ricos son los que menos pagan), sino que estamos ante una reforma puramente ideológica, propia del ultraliberalismo más atroz, que defiende que los servicios que presta el Estado deben ser los mínimos, y que los servicios públicos deben ser prestados por empresas privadas, para enriquecimiento de sus dueños y sin garantía alguna en la prestación del servicio público. 

El Ministerio de Justicia miente cuando afirma que con su atribución a los registradores mercantiles se aprovecharán las infraestructuras materiales y el personal del que dispone este colectivo, "sin coste alguno para la Administración ni para los ciudadanos". Pues resulta evidente que el coste del servicio repercutirá en los ciudadanos, bien estableciendo más pronto que tarde aranceles por los servicios de Registro Civil, bien aumentando los aranceles y demás contrapartidas que cobran los Registradores Mercantiles por sus servicios como tales. 

Miente el Ministerio cuando destaca que la configuración electrónica del Registro conllevará un "notable ahorro de costes" para las Administraciones como consecuencia de la interconexión de datos, precisando que "no existen alternativas distintas a las formuladas que permitan alcanzar" estos objetivos, cuando todos los que manejan el programa Inforeg saben y tienen acceso a las inscripciones informatizadas y digitalizadas de cualquier Registro Civil de España, y que la negativa del Ministerio de Justicia a su desarrollo es lo que impide a día de hoy tanto que no se puedan expedir las certificaciones desde cualquier Registro Civil como que las Administraciones no puedan acceder telemáticamente a los datos de Registro sino sólo a través de dichas certificaciones.

Resulta asimismo ridículo que justifique que no sean los Secretarios Judiciales los encargados de los Registros Civiles en “varias "dificultades, entre ellas, el mantenimiento a cargo de los PGE, concursos de personal y traslado y nuevos inmuebles destinados a estas oficinas”. Ridículo porque las oficinas y el personal ya existen, y la convocatoria de concursos es norma habitual en la función pública. ¿Qué pasa, Gallardón, que no va a tener coste alguno la dotación de personal, medios informáticos e inmuebles para que los Registradores Mercantiles asuman el Registro Civil???

Para finalizar en su justificación de por qué no son los Secretarios y el personal de la Administración de Justicia los responsables de la llevanza del Registro Civil, el Ministerio de Justicia remata afirmando "supondría consumir valiosos recursos de la Administración de Justicia, imprescindibles en dicho ámbito". Como si la Administración de Justicia precisara urgentemente del personal actual del Registro Civil para su adecuado funcionamiento, cuando dejan de nombrar interinos porque entienden que los servicios están adecuadamente cubiertos, no se crea Juzgado alguno ni se aumenta la dotación de personal de los existentes. Además no existe duda alguna que asumida la llevanza del Registro Civil por los Registradores en muy breve plazo se amortizarán todos los puestos de trabajo de la Administración de Justicia que hasta la fecha estuviesen destinados en sus oficinas.

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