CCOO emplaza a Gallardón a un debate público sobre su decisión de privatizar los Registros Civiles

CCOO ha hecho pública una hoja denunciado e informado hace días que el ministro de Justicia pretende aprobar en un próximo e inmediato consejo de ministros (el Ministerio de Justicia sigue sin decidir si será el próximo viernes 4 de julio o en el siguiente del 11 de julio) un Real Decreto Ley, que, además de prorrogar la entrada en vigor de la ley 20/2011 sobre los Registros Civiles hasta julio de 2016, procederá a su privatización, e incluirá más que probablemente que, a partir de junio de 2015, los registradores mercantiles puedan ya acceder a la plataforma electrónica que creará el ministro de Justicia, por lo que podrían asumir competencias de los registros civiles gradual y progresivamente, especialmente los Registros Civiles que comparten sus tareas con las jurisdiccionales (Juzgados de Primera Instancia o Primera Instancia e Instrucción con tareas de Registro Civil además, y Juzgados de Paz).

Para CCOO, la pretensión del Ministro de Justicia de aprobar, mediante un Real Decreto Ley, la entrega a los registradores mercantiles de los registros civiles, es un acto infame: Gallardón pretende convertir en legal, y por la puerta de atrás, lo que es una decisión ilegítmia, pues hurta a millones de personas a un servicio público, universal y gratuito.

CCOO acusa a Gallardón de no decir la verdad en sus declaraciones públicas.

La creación de la plataforma electrónica o digital de la que habla el ministro de Justicia en su nota de prensa (emitida la tarde del 24 de junio, en que anunció en el Senado esta decisión) es la principal justificación que aduce Gallardón para proceder a la privatización de los registros civiles, a pesar de que conoce que contraviene la legalidad y la norma de la Unión Europea que no permite que el coste de dicha plataforma se haga mediante los aranceles pagados por los servicios efectuados por el Registro Mercantil, cuyo destino solo puede sufragar el coste de estos servicios, pero no costes ajenos.

En el mismo sentido anterior, que Gallardón haya justificado que el coste y puesta en marcha de la plataforma digital será a cargo de los registradores mercantiles, y sin coste alguno para la ciudadanía, ha sido refutado públicamente incluso por el Decano del colegio de los registradores, que lo ha rechazado y ha mantenido que no es posible disponer de las cuotas porque “son ingresos del Colegio de registradores y ningún registrador puede disponer de ese acto individual”.

Gallardón anuncia que el modelo elegido para privatizar los Registros Civiles es el adecuado porque hay un registrador mercantil por provincia, cuando sabe que esto es claramente insuficiente y que la actual estructura de los Registros Civiles, servidos por personal de la Administración de Justicia en Registros Civiles únicos, Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción y Juzgados y Agrupaciones de Juzgados de Paz, es muy superior, y con medios adecuados, a los que se ha negado siempre el ministro de Justicia, es mucho más fiable y eficiente. 

Además, en la nota de prensa emitida por el Ministerio de Justicia se afirma que se va a mantener la gratuidad de los trámites para los ciudadanos y el empleo existente, y esto se demostrará en no mucho tiempo que Gallardón volverá a engañar y no cumplirá tampoco con esa promesa. Igual que no ha cumplido con su compromiso de que la aprobación de la ley de Tasas iba a mantener la garantía del acceso de toda la población a la tutela judicial efectiva. Porque hoy, a cientos de miles de españoles se les ha hecho imposible seguir defendiendo sus legítimos derechos en la vía judicial, (desde su aprobación, los recursos se han reducido en más de un 30 %): Gallardón ya les ha condenado sin juicio.

CCOO también advierte a la ciudadanía que Gallardón igualmente pretende que las competencias de los expedientes de nacionalidad y matrimonio se hurten definitivamente a los Registros Civiles y su gestión pase a los notarios, dejando de ser gratuitos con el consiguiente coste para millones de personas.

Ante la sarta de falsedades y justificaciones que no se sostienen, mantenidas por Gallardón, y porque hay motivos más que sobrados para denunciar presuntos conflictos de intereses en la entrega de los Registros Civiles a los registradores mercantiles (¿o acaso, por ejemplo, es casualidad que el actual director general de los Registros y del Notariado, nombrado en ese puesto por Gallardón, sea a su vez Registrador Mercantil de Zaragoza?),

Por todo ello CCOO emplaza al Ministro de Justicia a un debate público sobre la decisión de privatizar los Registros Civiles, porque los ciudadanos no tienen que soportar más mentiras. 

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