Los sindicatos convocan a huelga a los funcionarios del registro civil después del verano

El sindicato de funcionarios CSI-F  iniciará el próximo 1 de septiembre una campaña de concentraciones, manifestaciones y encierros entre los más de 2.500 trabajadores del Registro Civil. Entre los actos también se convocará una huelga contra el real decreto que encomienda la gestión del Registro Civil a los registradores mercantiles, una medida que el sindicato considera una "privatización".


CSI-F ha anunciado que iniciará una nueva ronda de contactos con los grupos parlamentarios para promover un recurso de inconstitucionalidad y estudiará las medidas legales oportunas para frenar esta iniciativa.

El sindicato calcula que la medida compromete "la estabilidad en el empleo de 2.500 personas" y cree que afectará a la gratuidad del servicio público "previsiblemente a través de futuros aranceles que recaerán en los bolsillos de los ciudadanos". El sindicato, avisa, además, que el nuevo proyecto de demarcación territorial de los Registros también "supondrá destrucción de empleo y perjudicará directamente al Registro Mercantil".

Según CSI-F, el real decreto ha sido impulsado "a espaldas de los sindicatos" y "sin contar con la unanimidad de las diferentes comunidades autónomas con competencias en materia de justicia".

Comisiones Obreras (CC.OO.) también ha rechazado de forma tajante la "privatización" del Registro Civil, la cual, señalan, supondrá que "los datos privados de toda la ciudadanía dejarán de estar gestionados por funcionarios públicos".

Según CC.OO., la decisión del Ejecutivo supondrá "la desaparición del Registro Civil", implicará el pago por la tramitación de numerosos expedientes y, posiblemente, en el futuro, por determinadas inscripciones y certificaciones y la pérdida de cerca de 4.000 empleos públicos, por lo que ha anunciado la convocatoria de una huelga el 8 de octubre.

También promoverá el día de la inauguración del año judicial, a mediados de septiembre, un gran acto de protesta unitario de todas las organizaciones sindicales, colectivos jurídicos y ciudadanos.

El sindicato hace un llamamiento a las demás organizaciones sindicales representativas en la Administración de Justicia para formar "un frente común" y apostar por una movilización "contundente" contra las últimas reformas impulsadas por el Gobierno.

Para el sindicato, esta propuesta supondrá que los datos privados de toda la ciudadanía dejarán de estar gestionados por funcionarios públicos, que habrá que pagar por la tramitación de numerosos expedientes y que se perderán cerca de 4.000 empleos públicos.

Javier Hernández, responsable de Acción Sindical del Sector de Administración de Justicia de CCOO, recuerda que el anteproyecto de reforma de la LOPJ implica la supresión de todos los partidos judiciales, las audiencias provinciales y los juzgados de paz, lo que obligará a los ciudadanos a largos y costosos desplazamientos.

La nueva LOPJ impone los planes de ordenación de recursos humanos, que serán "los instrumentos que sirvan al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas con competencias en la materia para suprimir miles de puestos de trabajo", según Hernández.

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