Los sindicatos preparan una 'ofensiva total' contra el 'decretazo' de privatización del registro

Sindicatos y empleados públicos de Justicia no salen de su asombro tras la aprobación el viernes por el Gobierno de atribuir la competencia del registro civil, a partir del 1 de julio del año que viene, a los registradores de la propiedad y mercantiles (que dicen que no lo quieren), una medida contra la que llevan protestando todo el año y que no esperaban que se produjera de esta manera.

“Ha sido un auténtico decretazo, al estilo Gallardón”, opina Carmen Romero, del sindicato STAJ y presidenta de la junta de personal de justicia en Ciudad Real, “el real decreto se ha impuesto sin ninguna negociación con los representantes de los trabajadores ni tiene en cuenta los derechos de la ciudadanía que deben acudir a los registros de forma obligatoria”, añade.

De entrada este viernes los funcionarios de Ciudad Real, muy activos todo el año contra esta y otras reformas judiciales, volverán a concentrarse junto a otros colectivos de la función pública contra el fondo y las formas de la medida.

STAJ afirma que “se opondrá por todos los medios a esta privatización del servicio público, que compromete miles de plazas de funcionarios de justicia”. “El Ministro de Justicia y el Gobierno que lo sustenta vulnera el derecho a la negociación de las condiciones de trabajo de los funcionarios de justicia que actualmente tienen encomendada esa función”, indican.

Desde este sindicato también se apela al hecho de que “las movilizaciones contra esta privatización deberán retomarse con más contundencia que nunca sin descartar la convocatoria de huelga”.

De la huelga también habla el sindicato CSIF, mayoritario en el sector, que asegura que iniciará en septiembre una campaña de movilizaciones, con concentraciones, manifestaciones y encierros, que culminarán en una convocatoria de huelga.

De manera paralela, CSIF anunció ayer en un comunicado que va iniciar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y con el Defensor del Pueblo para promover un recurso de inconstitucionalidad contra esta medida, además de estudiar otras medidas legales para detener ‘in extremis’ este proceso de privatización.

Este sindicato también está en conversaciones con el colectivo de trabajadores dependientes de los registros mercantiles y de la propiedad.

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