Justicia entrega el Registro Civil a los registradores mercantiles pese a la negativa del propio colectivo

Su colegio estatal denuncia el "desconocimiento" de Gallardón sobre el sector. Los funcionarios de Vigo ven una "privatización encubierta".


El Consejo de Ministros da luz verde al Real Decreto que reforma la ley del Registro Civil y entrega su gestión a los registradores mercantiles a través de una nueva plataforma digital que procesará los datos y será de titularidad pública. La escueta nota colgada por el Ministerio de Justicia reitera que el coste del sistema informático será asumido por el colectivo y que "los trámites seguirán siendo gratuitos para el ciudadano".

Lo más sorprendente de la decisión es que además de contar con el "rechazo absoluto" de los funcionarios del Registro Civil de Vigo y del grueso de ciudades españoles, el propio Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España que deben asumir las competencias expresaron ayer su "disconformidad" con el cambio y con que se les imponga a ellos el gasto. "La decisión demuestra un claro desconocimiento de la estructura del cuerpo de registradores, formado por un único grupo de funcionarios que sirven indistintamente e los registros de la propiedad y en los mercantiles, y puede originar problemas jurídicos, de organización y de funcionamiento".

Los representantes de los registradores añaden que traspasarles el funcionamiento del Registro Civil "puede además entrar en colisión con normas del Derecho Comunitario y su jurisprudencia", si bien el Gobierno mantiene sus planes y ayer mismo defendía el nuevo sistema. "El objetivo de la reforma es evitar los desplazamientos y las colas actuales en los registros", al tiempo que garantiza el mantenimiento de todos los puestos de trabajo "en el territorio Ministerio".

Desde Alternativas na Xustiza, Pablo Valeiras advierte que este matiz excluye de ese compromiso laboral a los trabajadores de los registros gallegos, donde las competencias están en manos del Gobierno gallego. El grupo mantiene su rechazo a lo que considerna una "privatización encubierta del servicio" y anuncian nuevas movilizaciones tras el verano para exigir que se mantenga el Registro Civil dentro del ámbito judicial y seguir presionando para que el texto final que Justicia lleve al Parlamento incluya a Vigo como sede de un tribunal de instancia propio.

"Nadie se cree que los trámites vayan a seguir siendo gratuitos y nos preocupa que se entregue la gestión del servicio precisamente a un colectivo que públicamente se ha manifestado contrario a esta decisión. Gallardón gestiona en contra del sector y de los intereses de los ciudadanos", reitera su portavoz.

La desjudicialización del Registro Civil está aprobada desde 2011, pero la primera intención del Gobierno era dar su gestión a los registradores de la propiedad, no a los mercantiles, decisión que pilló por sorpresa a los funcionarios de Vigo hace una semana.

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada