CCOO rechaza la propuesta del Ministerio de Justicia sobre la situación en que quedarán los trabajadores de los Registros Civiles tras su privatización

El Ministerio de Justicia ha remitido la convocatoria de mesa sectorial para el martes 22 de julio, con un único punto: la negociación de una disposición transitoria, que incluirían en la modificación de la ley 20/2011 de los Registros Civiles, SOBRE EL RÉGIMEN TRANSITORIO DEL PERSONAL DE JUSTICIA DESTINADO EN LOS REGISTROS CIVILES.

El plazo que ha dado el Ministerio de Justicia para esa negociación acaba el martes 22 de julio, fecha en la que ha convocado la única mesa sobre este fundamental asunto, cuando el texto lo ha remitido el día 17, jueves, con el brillante argumento del subsecretario de Justicia, de que ese es el plazo para presentar enmiendas al proyecto de modificación de la ley 20/2011 de los Registros Civiles. ¡Cómo si no hubiera tenido tiempo el Gobierno de negociar esta situación, desde octubre de 2012, en que anunciaron por primera vez la privatización de los Registros Civiles!

La propuesta que remite el Ministerio es para CCOO absolutamente inaceptable, porque no garantiza todos los puestos de trabajo actualmente existentes en los Registros Civiles, ni los del ámbito transferido ni los del no transferido y ni siquiera garantiza las retribuciones actuales.

CCOO ha anunciado al Ministerio de Justicia que presentará un texto alternativo a su propuesta para garantizar y asegurar todos y cada uno de los puestos de trabajo actualmente existentes de todos los órganos que actualmente realizan funciones de Registro Civil, incluidos los Juzgados y Agrupaciones de Juzgados de Paz. Y CCOO va a mantener la batalla para lograr que se revierta la decisión de privatizar los Registros Civiles, con todas las actuaciones que sean necesarias. 

Esta propuesta del Ministerio de Justicia, que rechaza plenamente CCOO, demuestra, una vez más, que son ciertas las afirmaciones de CCOO cuando manifiesta en la mesa sectorial, y en las notas informativas, que las palabras de los responsables del Ministerio de Justicia carecen de valor, y solo se conocen sus verdaderas intenciones cuando se comprueba en un texto escrito que es lo que pretenden realmente.

Porque que el Ministerio haya asegurado verbalmente en la reunión del 10 de julio de que va a crear unas nuevas oficinas que sustituyan a los Juzgados de Paz, y que respetará la existencia de los partidos judiciales, solo comprobaremos la veracidad y la plenitud de esas afirmaciones en el momento en que lo demuestre, llevándolo a la LOPJ con una redacción incontestable, y que obligue a todas las Administraciones a cumplirla. 

CCOO exige un texto articulado de la LOPJ, que establezca taxativamente y con meridiana claridad que se mantendrán todos y cada uno de los partidos judiciales y todos y cada uno de los Juzgados y Agrupaciones de Juzgados de Paz, y respetando todas las plantillas y todos los puestos de trabajo actuales. Solo de esa forma, merecerá la consideración de que Gallardón no falta a la verdad. 

CCOO considera también imprescindible que en la reforma de la LOPJ se elimine la facultad que se otorga a las Administraciones para que puedan utilizar la movilidad funcional y geográfica forzosa, o que puedan aprobar planes de ordenación de recursos humanos para amortizar plantillas.

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