El Ministerio de Justicia, según El Pais, afirma que hasta enero de 2017 Registradores Mercantiles y Jueces llevarán a medias el Registro Civil

El Real Decreto Ley 8/2014 , en su Disposición adicional decimonovena, dice que "La Ley 20/2011, de 21 de julio, en la parte que al día de la publicación de este Real Decreto-ley no hubiera entrado en vigor, lo hará el día 15 de julio de 2015."

Sin embargo, publica el diario El Pais que Jueces y registradores llevarán a medias el Registro Civil hasta 2017. Según dicho artículo "el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el real decreto ley por el que se delega en los registradores mercantiles la gestión del Registro Civil, que ahora llevan los jueces. Ese cambio de manos (solo de gestión, porque la titularidad seguirá siendo pública) se hará en varias fases: hasta julio de 2015 todo seguirá igual, mientras se desarrolla una nueva plataforma tecnológica para informatizar los trámites; entre julio de 2015 y enero de 2017, los registradores se harán cargo de las nuevas inscripciones pero los jueces y funcionarios judiciales continuarán expidiendo las copias de certificados antiguos y colaborando en la reorganización del servicio. A partir del 1 de enero de 2017, el Registro Civil será íntegramente gestionado por los registradores mercantiles, según ha explicado el subsecretario de Justicia, Juan Bravo."

De la lectura atenta del Real Decreto Ley no aparece esta información que publica El Pais. Podría ser que en la modificación que hay que hacer de la Ley 20/2011, esta vez por los cauces legales ordinarios (y no a golpe de ilegal Real Decreto Ley) se establezca esta ampliación del periodo en que los Registradores Mercantiles asumirán por completo el Registro Civil, pero a día de hoy, con lo publicado en el BOE hasta la fecha y la información que facilita el Ministerio de Justicia en su página web no hay nada de nada. 

Por otro lado, añade este periódico que de las 5.600 personas (440 jueces, cerca de 400 secretarios judiciales y 4.800 funcionarios judiciales) que lo gestionan ahora se pasará a una plantilla de apenas 1.600: los 120 registradores mercantiles que hay en España y su personal contratado. Y de 440 oficinas se pasará a 60. Bravo sostiene que eso no será un problema: alega que, al informatizar el servicio, todo se agilizará. De hecho, el compromiso del ministerio es que, cuando el sistema esté a pleno rendimiento, para el "80% de los trámites" los ciudadanos "no tendrán que acercarse físicamente al registro", porque el intercambio de documentación será directamente entre administraciones.

Puestos de trabajo en riesgo

El colectivo de secretarios judiciales y los sindicatos CSI-F y CC OO también han arremetido contra el cambio de gestión del Registro. No solo porque temen la privatización a medio o largo plazo sino porque sostienen que acabará con miles de puestos de trabajo. El subsecretario de Justicia ha afirmado que en los próximos días se aprobará una "norma complementaria" en la que explicará cómo se reubicará a los funcionarios judiciales que dejen de trabajar en el registro, y ha asegurado que todos los puestos de trabajo, funcionarios e interinos, que dependen del ministerio se mantendrán.

La mayor parte de los puestos de trabajo, sin embargo, dependen de las comunidades, porque la Administración de Justicia está transferida a todas las comunidades menos a cinco (Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Baleares y Murcia). De los 4.800 funcionarios judiciales que realizan ahora labores de Registro Civil, unos 3.400 dependen de las comunidades autónomas, y 700 de estos son interinos.

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