La privatización del Registro Civil se llevará por delante 96 empleos en Asturias

La inscripción de los recién nacidos, las defunciones, matrimonios y cambio de nombre. Hasta ahora estos trámites se libran de forma gratuita en las ventanillas del Registro Civil por parte de funcionarios del Ministerio de Justicia. El esquema está llamado a desaparecer en un año.

Así lo ordena el Real Decreto Ley de 172 páginas que el Gobierno central aprobó el viernes. El documento modifica de urgencia 26 leyes en vigor e incluye seis disposiciones adicionales según las cuales las funciones del Registro Civil serán traspasadas a los registradores mercantiles, profesionales privados que hasta ahora cobran por cada gestión.

El asunto tiene en pie de guerra a los sindicatos porque «se trata de una privatización encubierta que se llevará por delante 96 puestos de trabajo en Asturias», explica Elena Casas, de UGT. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, asegura que el ciudadano no abonará tasa alguna ante los registradores de la propiedad por las gestiones que se le van a confiar y que será el Estado quien retribuya el trabajo. «Nosotros creemos que hay una destrucción de empleo público y que lo que pagas ahora con impuestos, lo acabarás volviendo a pagar en un futuro», opone Casas. La modificación amenaza también a los 24 Juzgados de Paz de la región, «a los que si les quitas este cometido los dejas con muy pocas funciones», agregó.

Los delegados de la Junta de Personal y la Plataforma de Justicia se reunieron ayer con el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, para analizar la cuestión. El portavoz del Ejecutivo regional confió que el Ministerio de Justicia había comunicado la iniciativa «durante una reunión de un grupo de trabajo de la Conferencia Sectorial, al mismo tiempo que el Consejo de Ministros aprobaba la medida». El Principado rechaza el mecanismo y reclamará que la medida se tramite «con el rigor que precisa».

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