El Gobierno cede ante la oposición, y tramitará la convalidación del Real Decreto Ley 8/2014 como proyecto de ley (pero ya ha entrado en vigor)

El Gobierno está abierto a tramitar como proyecto de ley el heterogéneo decreto ley que el Pleno del Congreso tiene previsto convalidar este jueves en un trámite muy criticado por la oposición, que considera que no va a someterse a un debate suficiente, pese a que modifica un total de 26 leyes. Así lo ha anunciado el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, quien también ha avanzado que será la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quien defienda el polémico texto desde la tribuna del hemiciclo.

En declaraciones a los medios en la Cámara Baja, Ayllón ha señalado que si algún grupo parlamentario solicita que ese decreto ley -que entró en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado el pasado fin de semana- se tramite como proyecto de ley, el Ejecutivo podría aceptarlo. Esta tramitación se haría por la vía de urgencia y los grupos podrían entonces presentar enmiendas.

"El Gobierno está abierto a que se tramite como proyecto de ley. No tenemos absolutamente ningún inconveniente en valorarlo y si se pueden producir modificaciones, bienvenidas sean", se ha limitado a decir evitando un adquirir un mayor compromiso.

Medidas necesarias y urgentes

Por lo demás, Ayllón ha rechazado todas las denuncias vertidas por la oposición, que se viene quejando de que el Gobierno y el PP hayan utilizado su mayoría absoluta para imponer que la convalidación del decreto ley tenga lugar ese jueves, tan sólo tres días después de que haya sido remitido al Congreso, y que las 47 medidas que modifican 26 leyes que afectan a varios ministerios se sometan a una única votación.

En primer lugar, el secretario de Estado ha defendido que, en contra de lo que sostiene la oposición, era necesario aprobar estas medidas mediante un decreto ley porque son "necesarias y urgentes". El amplio decreto ley, de 172 páginas, recoge desde una modificación del IRPF de los autónomos, la llamada garantía de empleo juvenil, la privatización de AENA, la liberalización de horarios comerciales o el traspaso de la gestión del Registro Civil a los registradores mercantiles. "Hay cosas que no pueden esperar a octubre", ha señalado Ayllón, incidiendo en que por ejemplo había que aprovechar el periodo estival para fomentar la contratación de jóvenes.

A su juicio, lo que ha demostrado la oposición este martes con sus críticas al Gobierno ha sido "cobardía parlamentaria" porque, ante la "posibilidad de tener que decir que las medidas del Gobierno no les parecen mal", han optado por sostener que "no les gusta el procedimiento".

Triquiñuelas dialécticas

"Esto es una triquiñuela dialéctica que no es de recibo", ha añadido Ayllón, quien ha emplazado a los que censuran el decreto a explicar a los autónomos, los jóvenes y los investigadores que se beneficiarán de él si son o no urgentes estas medidas. Además, ha apuntado que si a los demás grupos "les cuesta leerse" los casi 200 folios que ocupa el decreto ley, "mucho más ha costado escribirlos".

En cualquier caso, Ayllón ha mostrado su deseo de que este enfrentamiento con la oposición no afecte a la negociación sobre las medidas de regeneración democrática que están pendientes en la Cámara. De momento, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ya ha avanzado que no piensa volver a hablar de estos temas con el Ejecutivo, y también se han mostrado escépticos ante estas conversaciones el PSOE y UPyD.

Según Ayllón, los grupos y el Gobierno tienen que ser capaces de determinar cuáles son los espacios de debate porque "debatir en todo caso es bueno". "Un grupo no puede quejarse de que no hay debate para evitar que lo haya en otros muchos aspectos en los que el debate es absolutamente posible", ha aseverado.

Bronca en el Congreso

Todos los grupos de la oposición han abroncado este martes al Gobierno por haber utilizado un decreto-ley para modificar un total de 26 leyes que afectan a nueve ministerios y utilizar su mayoría absoluta para imponer, con métodos "caciquiles" que el Pleno del Congreso lo convalide este mismo jueves, sin dar la posibilidad a los grupos de presentar enmiendas, pudiendo hablar sólo 15 minutos y sin oportunidad de confrontar directamente con los ministros de los departamentos afectados.

Tras discutir a puerta cerrada con el Gobierno y el Grupo Popular en la Junta de Portavoces, los representantes de la oposición han hecho pública su indignación en la reunión de la Diputación Permanente del Congreso, que se ha producido después.

Todos los portavoces que han intervenido, salvo el del PP, han cargado contra el Gobierno, en primer lugar por "abusar" de los decretos leyes, una fórmula legislativa que, según han recordado, la Constitución sólo permite utilizar en caso de "extremada y urgente necesidad", condiciones que, en su opinión, no se dan ahora.

Engendro legislativo

Por eso la oposición se ha negado a que el decreto ley aprobado el pasado viernes, que llegó a la Cámara este lunes, sea convalidado tan sólo tres días después y ha denunciado que, al haber agrupado en un sólo texto la modificación de 26 leyes, ni siquiera van a poder debatir directamente con los nueve ministros de los departamentos afectados.

Así, desde el PSOE, su portavoz Soraya Rodríguez, ya había adelantado su intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el polémico decreto ley, que ha calificado de "engendro legislativo" y de "deleznable e insultante" para la labor parlamentaria. Además, ha denunciado que el debate que pretende sustanciar el PP el jueves sólo va a ser un "simulacro" y que no se va a poder presentar "ni una enmienda" a un texto de tanta entidad.

Rodríguez ha recordado que el artículo 86 de la Constitución establece que el Gobierno sólo puede aprobar medidas mediante decretos leyes si éstas son de "extraordinaria y urgente necesidad" y que, además, éstos no se pueden utilizar para regular cuestiones que afectan a los derechos fundamentales incluidos en el Título I de la Ley de Leyes. Según la socialista, el Gobierno ha incumplido todas estas condiciones porque lo que se aprueba con ese decreto podía esperar y, además, una de sus múltiples medidas afecta a un derecho fundamental, como es el derecho a la intimidad, habida cuenta de que, en virtud de la norma, la gestión de los datos personales de los ciudadanos que custodia el Registro Civil va a pasar a manos de los registradores mercantiles.

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada