Decisión abusiva

La reciente decisión del ministro de Justicia sobre el "traspaso" de funciones de los Registros Civiles a los registradores mercantiles de la propiedad representa la transferencia de información y de recursos públicos a profesionales privados e independierntes, los cuales antes o después exigirán retribución económica por gestionar dicha prestación pública, gratuita para los ciudadanos españoles desde la creación de la Ley de Registros Civiles, de 17 de junio de 1870, que entró en vigor en enero de 1971. Gratuidad que se mantuvo hasta hoy mismo a lo largo del tiempo y de las sucesivas leyes de Registro Civil creadas en ese lapso.

La verdad es que no se puede imponer a profesionales independientes la actual gratuidad, por lo que es muy posible que, a medio plazo, haya que rascarse el bolsillo al utilizar los servicios de los departamentos adscritos a la situaciones de nacimientos, matrimonios, defunciones y tutelas, que son el meollo del Registro Civil.

La explicación ofrecida por el Gobierno justificando la medida en la necesidad de "descongestionar y agilizar" las prestaciones de este servicio público es poco creíble teniendo en cuenta el coste añadido de volcar toda la información pública en despachos privados, aparte de que se desconoce la existencia de un plan de redefinición de funciones de los funcionarios de Justicia que hasta la fecha, venían encargándose del desarrollo de las funciones de los Registros Civiles.

Es más posible que la justificación de la medida tenga que ver con el descenso de la actividad y los ingresos de los Registros de la Propiedad debidos a la dilatada e inclemente crisis que padecemos, y a la antigua profesión del Presidente del Gobierno -registrador de la propiedad-, sensible a los argumentos de sus compañeros de profesión, reclamando la atribución de una medida que les permita paliar el descenso de ingresos citado. Por eso es muy posible suponer que, antes de que pase mucho tiempo, la "privatización" de la actividad del antiguo Registro Civil acabe por costarnos dinero a todos. Porque siempre ocurre igual: se privatiza una actividad pública que, automáticamente, sufre un encarecimiento exponencial.

La mayor parte de la gente, distraída en noticias volátiles, no da la importancia debida a este recorte de derechos que se le va a imponer más pronto que tarde. Incluso puede que acepte sin rechistar pagar 10 ó 20 euros por la partida de defunción de un familiar próximo, necesaria para sustanciar derechos sucesorios. Entonces se percatarán que se trata, como siempre, de sacarle los "cuartiños" del bolsillo al pobre pagano, que para eso está.

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada