La privatización del Registro Civil amenaza la confidencialidad de los datos

Los trabajadores del Registro Civil en el País Vasco, los sindicatos con representación en la Administración de Justicia y diversos colectivos siguen peleando para tratar de evitar que este servicio público pase a manos de los registradores mercantiles y de la propiedad, que las inscripciones y certificaciones que ahora son gratuitas sean de pago y que los datos personales de todos los ciudadanos dejen de ser tramitados y custodiados por funcionarios.

“Hasta el último momento no podemos dar por perdido este servicio público, por todo lo que supone para la ciudadanía y porque hay datos muy sensibles que es importante que se mantengan bajo la custodia pública, no solo desde el punto de vista de la intimidad, sino también por su valor histórico e incluso sociológico”, afirma Mariano Gómez, tramitador del Registro Civil en Bizkaia y una de las personas que trabaja en la organización de las movilizaciones contra su privatización.

Tras la semana de Pascua, los sindicatos y los funcionarios de Justicia van a retomar las actuaciones en defensa de un Registro Civil público y gratuito y quieren involucrar en ellas a los partidos políticos, asociaciones profesionales y cívicas y a buena parte de la sociedad vasca, ya que ella será la principal afectada por el cambio drástico en este servicio que ha decidido aplicar el Gobierno español y que, según lo previsto, se consumará el próximo mes de julio.

Recientemente el ministro de Justicia, Rafael Catalá, mantuvo que julio es la fecha prevista para hacer la “transición” de los Registros Civiles desde los juzgados a los Registros de la propiedad y mercantiles. Sostuvo también que este traspaso permite “mantener un Registro Civil de calidad, público y gratuito”, y además cada vez más telemático, de forma que tendrá acceso a las inscripciones de defunciones y nacimientos que se realicen desde los propios centros sanitarios. El Ministerio de Justicia está ahora en la fase de articulación de este proceso de asignar las funciones a los registradores, “que son funcionarios públicos, con todas las garantías de control por parte” de su departamento, en cuanto a protección de datos y titularidad pública, insistió Catalá.

“NO SON FUNCIONARIOS” Ante esta afirmación rotunda de Rafael Catalá, Mariano Gómez puntualiza que el ministro “está jugando con las palabras”. “Es verdad que la forma de acceso de los registradores mercantiles y de la propiedad a su puesto es mediante oposición, pero una vez que consiguen la plaza son personas con interés privado, que trabajan y cobran mediante aranceles y que, como muy bien ha recogido la Unión Europea, no pueden ser considerados personas de Derecho público porque cobran aranceles y están sujetos a IVA. El ministro hace un juego de palabras para no decir que en realidad se va a privatizar el servicio”, explica el funcionario vasco. Añade que se debe hacer otra “reflexión”, que “resulta escandalosa”, sobre las intenciones del Ministerio. Y destaca el hecho de que “un Gobierno en el que priman registradores de la propiedad, incluido su presidente, está tomando una decisión que beneficia al cuerpo profesional al que pertenece. En cualquier otro país del mundo esto sería un escándalo”.

Las sospechas de favoritismo corporativo surgieron nada más anunciarse la decisión del Gobierno español de transferir las funciones del Registro Civil a los registradores mercantiles y de la propiedad, decisión que fue adoptada cuando Alberto Ruiz Gallardón era ministro de Justicia. Y es que para mucha gente no resulta casual que el servicio pase a manos de un grupo profesional al que pertenece el propio Mariano Rajoy y que tras haber vivido épocas de fuertes ganancias y elevado volumen de negocio, ha sufrido un recorte de ingresos como consecuencia de la crisis económica y la caída del mercado inmobiliario. Son muchos los sectores contrarios a la privatización del Registro Civil que han visto en el traspaso a los registradores una clara intención de beneficiar a estos profesionales, otorgándoles la responsabilidad de multitud de trámites obligatorios y que afectan a todos y cada uno de los ciudadanos sin excepción.

Los registradores mercantiles y de la propiedad -como recuerdan los sindicatos de la Administración de Justicia en la CAV- no son funcionarios, viven de los aranceles que cobran por sus trámites, certificaciones e inscripciones y, por lo tanto, diga lo que diga el ministro, lo lógico es que también cobren por sus nuevas actuaciones una vez asumidas las funciones de Registro Civil.

PAGAR LOS TRÁMITES Mariano Gómez afirma que los funcionarios y los sindicatos están seguros de que el Registro Civil dejará de ser gratuito y esta seguridad se basa en “las enmiendas que ha ido introduciendo el PP en el proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil que se tramita actualmente en el Congreso, enmiendas que han sido escritas por los propios registradores”. Según Gómez, “el proyecto dice que las inscripciones obligatorias, como defunción o matrimonio, van a ser gratuitas, pero de los certificados no se dice nada. Es evidente que si esa función pasa a un sector profesional que cobra por aranceles va a estar tasada. Incluso está circulando por ahí la relación de lo que los registradores mercantiles y de la propiedad cobran por certificaciones, como la de bienes inmuebles, y en base a eso se hace un paralelismo y podemos estimar cuánto cobrarán por certificados que ahora son gratis. A eso hay que añadir que se han aumentado los hechos inscribibles obligatorios, lo que es otra forma de recaudar. A partir de ahora será obligatorio inscribir cualquier poder o testamento junto al acta de nacimiento y no hace falta ser muy listo para saber que los registradores no van a hacer gratis esas inscripciones”.

En cuanto a las posibles soluciones, Mariano Gómez recuerda que en Euskadi tenemos una pequeña ventaja respecto a otras comunidades autónomas, ya que hay una resolución del Parlamento Vasco contra los planes del Ministerio de Justicia. El funcionario del Registro también recuerda que “hace un año el Parlamento Vasco aprobó la posibilidad de que, si sigue adelante la privatización, pedir la transferencia ejecutiva del Registro Civil para el Gobierno vasco, que ya tiene la transferencia de personal y de medios materiales”. “Es una posibilidad que estaría bien explorar y que es muy conveniente, porque para el Gobierno Vasco sería una transferencia a coste cero, pues ya está pagando a los trabajadores y el material. La transferencia del servicio también sería importante desde el punto de vista histórico y sociológico, porque hay datos de generaciones y generaciones de vascos que pasarían a estar bajo la custodia del Gobierno Vasco. Esa siempre ha sido una baza muy interesante, pero ahora que la continuidad del Registro Civil como servicio público está en peligro podría ser una buena oportunidad para que de verdad y en serio Euskadi reclame esa transferencia”, apunta Mariano Gómez.

Los sindicatos con representación en la Administración de Justicia de la CAV han advertido a los ciudadanos de los riesgos de poner sus datos en manos de personal contratado por los registradores y remarcan la importancia del deber de confidencialidad de los funcionarios cuando se trata de manejar “los datos de todos y cada uno de los ciudadanos desde que nacen hasta que mueren, con todas las variables que se pueden ir dando a lo largo de su vida: estado civil, hijos, matrimonio, incapacidades, tutelas, adopciones, emancipación, reconocimientos de paternidad...”. Señalan que en el Registro Civil se llevan a cabo también otros trámites, como cambios de nombres o apellidos, su adecuación a la grafía vasca, adquisición de nacionalidad, vecindad civil foral vizcaina, matrimonios civiles y se dispensan las fe de vida y estado, “tan importantes para que las personas mayores puedan seguir cobrando las pensiones o seguros complementarios de empresa”.

“Por este motivo -añaden los sindicatos- es aún más escandaloso que no solo se intente acabar con un servicio público, dejándolo en manos con intereses privados, sino que además, con esta medida se deja en entredicho el derecho a la privacidad”, pues todos estos datos dejarán de estar custodiados por empleados públicos.

CAMBIOS EN EL REGISTRO

Tarifas. En base a los aranceles que cobran los registradores mercantiles se estima que tras la privatización registrar el nacimiento de un hijo o sacar una partida de nacimiento costará 20 euros, inscribir una defunción 40 euros, un matrimonio civil o el duplicado del libro de familia de 100 a 150 euros, e inscribir una comunidad vecinal 300 euros.

Aranceles. Los Registros de la Propiedad actúan como empresas; las tarifas de los registradores funcionan según unos precios llamados aranceles que “se determinarán a un nivel que permita la cobertura de los gastos de funcionamiento y conservación de las oficinas en que se realicen las actividades o servicios [...], incluida su retribución”.

Noticias de Alava, 07.04.2015

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