La nueva encomienda de gestión de nacionalidad (que nos va a costar a los españoles 4 millones de euros, por el momento) a los Registradores de la Propiedad vuelve a dar la razón a CCOO, cuando denuncia que el Registro Civil ni será público ni gratuito, si no detenemos su privatización

CCOO ha reclamado reiteradamente que el Ministerio de Justicia cese en su decisión de otorgar la gestión de los expedientes de nacionalidad a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, y que ahora ha vuelto a formalizar mediante la tercera encomienda de gestión. Por cierto, lo que antes era gratuito hoy cuesta 4 millones de euros. 

El Proyecto de Ley de Nacionalidad de Sefardíes, en el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, tal y como ha entrado en el Senado, contiene una regulación extensa de los expedientes de adquisición de la nacionalidad española por residencia que incorpora la solución que CCOO lleva meses proponiendo para evitar las encomiendas de gestión de las nacionalidades a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles que, una y otra vez, conlleva multitud de problemas (tramitación por personal desconocedor de la documentación y trámites de nacionalidad, requerimientos absurdos de más documentación, denegaciones injustificadas de nacionalidad con el consiguiente aumento de recurso administrativos, expedientes presentados hace años que siguen sin resolverse, etc) además de los altos costes (ahora 4 millones de euros) que han supuesto. 

CCOO propuso reiteradamente que se modificase el artículo 222 del Reglamento del Registro Civil, a fin de que se permitiese a los Registros Civiles principales realizar la fase de instrucción del expediente que corresponde según dicho artículo al Ministerio de Justicia, y que no fueran los Registradores de la Propiedad y Mercantiles los que realizarán dicho trámite, previa a la propuesta de resolución del Expediente. De esta forma el Ministerio de Justicia simplemente tendría que resolver si concedía o no la nacionalidad, evitando traslados innecesarios de expedientes, requerimientos absurdos de documentación, ir y venir de documentos para su digitalización que luego se pierden, etc, y el coste de ello era cero. Pues bien, el Proyecto de Ley introduce que toda la tramitación del expediente, incluida la petición de informes (Dirección General de Policía, Presidencia, Penales, etc) que realiza el Ministerio de Justicia (y hoy por su encomienda los Registradores) se realice por los Registros Civiles principales, y que éstos eleven el expediente directamente para su resolución al Ministerio de Justicia. 

Para CCOO no es de recibo que sea precisamente a partir del 15 de julio cuando el Ministerio de Justicia ponga en marcha la medida de que deben ser los Registros Civiles los encargados de la realización de la fase de instrucción del expediente de nacionalidad que corresponde al Ministerio de Justicia, qué casualidad, la fecha en la que el Gobierno pretende poner en vigor la entrega de su gestión a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles. Antes, para abrir boca, les regala 4 millones de euros por una tramitación que tanto el Ministerio como los Registradores de la Propiedad proclives a la privatización del Registro Civil presumían de realizar de forma gratuita.

CCOO acusa al Ministerio de Justicia de perseguir por todos los medios el beneficio de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, a costa del servicio público y de los derechos de la ciudadanía. Ahora obligará a los ciudadanos extranjeros que quieran adquirir la nacionalidad a tener que pagar aranceles a los Registradores por ello, lo que claramente constituye, aunque lo niegue Catalá, una privatización de un servicio público y el fin de su gratuidad. 

CCOO, 21.04.2015

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